En otros tiempos —cuando todavía existía un mínimo pudor democrático— la derecha colombiana disfrazaba sus impulsos más sombríos detrás de palabras rimbombantes: “seguridad democrática”, “orden”, “institucionalidad”, “Estado fuerte”. Eran eufemismos: un lenguaje de salón para justificar lo injustificable. Pero ahora ya ni eso. En la campaña actual la ultraderecha ha decidido sincerarse: no prometen, confiesan. Y en esa sinceridad brutal aparece el verdadero programa: un proyecto de poder sustentado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, anunciado sin maquillaje y defendido con el entusiasmo de inquisidores con Twitter.
Ahí está Paloma Valencia proponiendo —sin rubor— cortar agua, comida y recursos a comunidades indígenas que protesten, como si el derecho a la alimentación fuera una propina que el Estado da o quita según su humor. El bloqueo de vías, para ella, se combate con hambre: una estrategia que haría sonrojar hasta al más torpe comandante del viejo Estado de Sitio. Es normalizar el castigo colectivo —prohibido por el derecho internacional— como receta de orden público.
Pero Paloma no está sola en esta feria de horrores. Abelardo de la Espriella, siempre dispuesto a jugar al caudillo tropical, propone retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la CIDH y remata con retórica de guerra: “destripar a la izquierda”, “dar de baja” al que no se someta. A este paso su programa se resume en dos frases: salir del sistema internacional para que nadie registre lo que se hace adentro, y después actuar con impunidad.
Miguel Uribe Londoño aporta su cuota: no contento con la retórica beligerante, ha sugerido transformar el Ministerio de Defensa en un Ministerio de Guerra. No es mero maquillaje semántico; es un diagnóstico: no defender, sino declarar la guerra. El nombre lo dice todo: legislando el belicismo, institucionalizando la ofensiva como política de Estado.
María Fernanda Cabal, por su parte, no se queda atrás: afirmar que “ser de izquierda debería ser ilegal”, recomendar exorcismos ideológicos y promover la expulsión política de sectores enteros de la vida urbana son manifestaciones que nadie medianamente democrático debería tomar a la ligera. Pedir la criminalización de la pluralidad es abrazar el peor angelito autoritario.
Y lo grotesco de este desfile no es sólo retórico: es jurídico y moral. Ninguno de esos predicadores de la ley parece haber leído el artículo 22 de la Constitución, ese simple mandato republicano que dice, con claridad, que la paz es obligatorio derecho y deber de todos los colombianos. ¿Cómo proponen quienes desconocen ese artículo que el país avance hacia la convivencia? ¿Con hambre, exclusión, expulsiones y ministerios de guerra?
Sacar a Colombia de organismos internacionales no es una ocurrencia administrativa; es la llave maestra para blindar acciones que, sin escrutinio, pueden derivar en atropellos. El desdén por comunidades étnicas, la criminalización de la protesta y la retórica de exterminio configuran una ecuación que no necesita ser resuelta con fórmulas: ya tiene nombre: riesgo de autoritarismo.
En Colombia las derechas no tienen ideología; tienen fusiles. Hoy, además de fusiles, tienen sinceridad. Y esa sinceridad resulta más peligrosa que mil mentiras elegantes: porque ya no intentan seducir; amenazan. No es campaña. Es advertencia. Y mientras la izquierda tropieza con trampas institucionales y litigios que buscan impedir su unión, quienes proclaman la guerra afinan la maquinaria para cuando el poder les caiga en las manos. Más vale prestar atención: cuando la democracia se queda sin vigilantías, la paz constitucional —la del artículo 22— es la primera en el mercado de remates.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo