Que no nos mareen: el salario mínimo siempre ha subido en Colombia. Con Álvaro Uribe Vélez, pasó de unos $309.000 en 2002 a $515.000 en 2010: ocho años de incrementos moderados, técnicos, previsibles, y cero escándalos. Con Juan Manuel Santos, la historia fue similar: aumentos “responsables”, entre 4 % y 7 % anuales, cuidadosamente calibrados para no incomodar al empresariado, siempre acompañados del mismo libreto sobre la “confianza inversionista”. Nadie gritó, nadie habló de catástrofes económicas, nadie anunció el fin del mundo.
Y ahora el drama. Con Gustavo Petro el salario mínimo sube 16 % en 2023, 12 % en 2024, 9,54 % en 2025 y 22,7 % en 2026. Los números son claros. El pánico también. Columnistas indignados, empresarios alarmados, economistas de micrófono rápido y redes sociales convertidas en un muro de lamentos. Como si pagar mejor a quienes trabajan fuera una herejía económica y no una obligación mínima de cualquier sociedad que se tome en serio a sí misma.
Hay, sin embargo, un detalle que la aristocracia y sus voceros omiten con cuidado: el Decreto del salario mínimo se apoya en estudios de la Organización Internacional del Trabajo sobre salario vital, que parten de las necesidades reales de las personas trabajadoras y sus familias, incluido el requerimiento calórico mínimo. Durante años, el salario mínimo en Colombia no alcanzó ni siquiera para cubrir ese umbral básico. Eso significa una verdad incómoda: millones de personas yendo a trabajar mal alimentadas, sosteniendo con su cuerpo una economía que jamás se preguntó si podían comer tres veces al día.
Pretender productividad, competitividad y desarrollo con hambre no es economía: es explotación, es una forma de esclavitud moderna. El salario mínimo no es solo una cifra contable; es un debate ético, social y cultural que fue aplazado durante décadas para no incomodar a empresarios, aristocracias y multinacionales. Nunca se pensó en la dignidad del trabajador. En los gobiernos de derecha —Uribe, Santos, Duque— el salario mínimo no cubría las necesidades básicas: si pagabas arriendo, no quedaba para alimentación, transporte o servicios. ¿Por qué los trabajadores deben pasar necesidades? ¿Por qué el escándalo cuando a los de abajo les alcanza para vivir?
La respuesta es simple y vieja: mezquindad de clase. La de una derecha que gobernó durante años a favor de la explotación laboral y hoy grita porque ese orden se resquebraja. No sorprende tampoco que la rama judicial intente tumbar el decreto: en Colombia la justicia suele favorecer a los ricos, no a las clases vulnerables. Es una justicia clasista. Los costos de operación de cualquier empresa deben incluir un salario vital; de lo contrario, lo que hay es lucro basado en trabajo no pagado.
Hoy gritan porque, por primera vez, el Estado pensó en los de abajo y no en los de siempre. No es miedo a la inflación. No es rigor técnico. Es miedo de clase. Y cuando quede aún más en evidencia la aporofobia de una derecha que gobierna solo para los ricos, el pueblo irá —con toda legitimidad— a una Constituyente para convertir en derechos fundamentales lo que es esencial para una vida digna. La derecha, como tantas veces, se delata sola.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo