En Cajibío el tiempo no pasa: se acumula. Se queda pegado a la tierra, como el barro en las botas del campesino que vuelve del monte. Por eso las masacres no son fechas: son estaciones del miedo.
La primera llegó en noviembre de 2000, en El Carmelo. Era madrugada. Los hombres armados entraron como entra la helada: sin ruido, pero matando. Sacaron a la gente de las casas, revisaron cédulas, leyeron listas. Tres campesinos quedaron tirados al borde del camino. No eran guerrilleros. Eran sembradores. Pero en Cajibío, para los armados, sembrar ya era sospechoso.
Días después, en La Pedregosa, el terror volvió a pasar lista. Jóvenes campesinos, muchachos que no habían salido nunca del municipio, fueron sacados de sus casas, torturados y asesinados. Los mataron con sevicia, como si el castigo tuviera que ser ejemplar. El mensaje era claro: protestar se paga. Vivir también.
Porque nada de esto fue casual. Estas masacres no fueron errores ni excesos: fueron respuesta. En 1999, Cajibío había sido escenario de una gran movilización campesina, con bloqueos de vías y exigencias elementales: tierra, trabajo, vida digna. El Estado escuchó, sí, pero con fusiles prestados.
El castigo final llegó el 15 de enero de 2001, en La Rejoya, a plena luz del día. Una chiva detenida en la carretera. Diez campesinos bajados uno por uno. Acusados de ser milicianos. Ejecutados. La escena fue tan pública que parecía una advertencia nacional: esto les pasa a los que se mueven.
Todo ocurrió bajo el gobierno de Andrés Pastrana, el mismo que hablaba de paz mientras el paramilitarismo se expandía como política no escrita. Porque aquí hay que decirlo sin rodeos: hubo relación, connivencia y cooperación.
La Tercera Brigada y el Batallón José Hilario López no fueron espectadores. Armaron, financiaron y permitieron la actuación de las Autodefensas de Ortega —también llamadas Bloque Mártires de Ortega—, que participaron activamente en estas masacres.
Veinticinco años después, la impunidad es casi perfecta. Justicia y Paz no resolvió nada. Los paramilitares mintieron con descaro: dijeron que las víctimas eran guerrilleros. Una verdad mentirosa, repetida hasta el cansancio. Muchos de ellos están hoy en libertad, caminando los mismos caminos que las familias de las víctimas, siendo aún un peligro.
La ironía es brutal: existe una acción de grupo en el Consejo de Estado donde esos mismos jefes paramilitares, con desparpajo, reconocen que fueron apoyados económicamente por la Brigada Tercera y la Brigada 29. Lo dicen ellos. Está escrito. Y no pasa nada.
En 2021, las tres masacres fueron declaradas crímenes de lesa humanidad. Y los casos fueron admitidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Gustavo Petro se comprometió con las víctimas a una solución amistosa internacional. Pero hasta hoy, no hay verdad plena, no hay reparación, no hay justicia.
Ni siquiera con un gobierno progresista, las víctimas campesinas del Cauca han encontrado alivio. Siguen reuniéndose. Siguen denunciando. Siguen esperando. Muchas ya están viejas. Algunas se están muriendo sin ver justicia.
La historia no pide discursos. Pide decisiones.
Y hoy, esa posibilidad —mínima, frágil, pero real— está en manos del Presidente de la República.
Porque Cajibío no necesita compasión.
Necesita, de una vez por todas, verdad y justicia.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo