La democracia colombiana no suele romperse con tanques ni con golpes de Estado visibles. Se debilita de otra manera: con trámites, con decisiones “técnicas”, con interpretaciones legales que parecen neutras, pero que siempre golpean al mismo lado. Eso es lo que hoy ocurre en Colombia: una guerra jurídica que no busca corregir errores electorales, sino impedir que ciertos sectores participen en política.
En ese escenario aparece, una vez más, Álvaro Uribe Vélez. No firmando resoluciones ni dando órdenes públicas, sino influyendo a través de abogados, decisiones judiciales y órganos del Estado que actúan cuando la participación democrática amenaza con cambiar el mapa del poder. No es una sospecha: es una forma de operar que se repite.
Para entender lo que pasa hay que explicar primero algo básico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la entidad que decide quién puede o no participar en elecciones, consultas y procesos electorales. Debería ser un árbitro neutral. Pero cuando quienes deciden tienen vínculos políticos directos con una de las partes, ese arbitraje se rompe.
Eso es exactamente lo que ocurre con la consulta del 8 de marzo. La participación de Iván Cepeda Castro no se está discutiendo en un debate político abierto, sino en despachos del CNE. Y quien tiene poder de decisión allí es un conjuez que fue abogado defensor de Uribe en el mismo proceso penal donde Cepeda fue reconocido oficialmente como víctima. A pesar de ese conflicto evidente, no se ha declarado impedido y sigue decidiendo como si nada.
Para alguien que no conoce el derecho, esto se puede explicar así: es como si el abogado de una de las partes de un conflicto fuera el juez que decide sobre los derechos del otro. En cualquier democracia seria, eso obliga a apartarse del caso. Aquí, en cambio, se normaliza y se pide creer en una imparcialidad que no existe ni siquiera en apariencia. Así, la justicia electoral deja de ser árbitro y empieza a jugar el partido.
Lo ocurrido con la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle del Cauca confirma que no se trata de un hecho aislado. Una solicitud presentada por Nicolás Farfán Namén pretende tumbar esa lista usando una interpretación forzada del artículo 262 de la Constitución, especialmente del llamado límite del 15 %. Ese porcentaje nunca fue creado para impedir inscribir listas, sino para regular efectos posteriores de las elecciones. Hoy se usa como excusa para sacar competidores del juego antes de que la gente vote.
El Valle del Cauca no es cualquier lugar. Cali no es un detalle menor. Son territorios donde la izquierda y el Pacto Histórico han crecido desde abajo: en universidades, barrios, sindicatos, movimientos ambientales y procesos comunitarios. Atacar esa lista es una prueba piloto. Si funciona allí, el mismo mecanismo puede usarse contra otras listas ya demandadas en distintos departamentos. El mensaje es claro: quien crece demasiado puede ser excluido por vía jurídica.
Esto no es defensa del Estado de derecho. Es uso del derecho como arma política. No es control electoral. Es control de la democracia desde los tribunales. Cuando se ponen en duda consultas, cuando se borran listas con interpretaciones creativas, cuando deciden jueces con conflictos evidentes, lo que está en juego no es un trámite, sino algo mucho más grave: quién tiene derecho a representar a la gente.
La democracia colombiana no está perdiendo en las urnas. Está siendo cercada en oficinas, resoluciones y decisiones “técnicas”. Y eso debería preocupar incluso a quienes hoy celebran estas maniobras, porque cuando se acepta que la ley sirva para excluir al adversario, mañana cualquiera puede ser el excluido.
Aquí no sobra la política.
Sobra el miedo al voto.
Y cuando el poder le teme a la voluntad popular, no judicializa por amor a la Constitución, sino por miedo a perder el control.
Por Justicia & Dignidad
Periodismo independiente e investigativo