La Iglesia Catolica y las elecciones 2026: el comunicado que incomoda a la derecha colombiana
Hemos vuelto
Paloma y Oviedo: pa’ lo mismo
En Colombia la política tiene una habilidad extraordinaria: cambiar de nombre sin cambiar de sustancia. Cuando un proyecto se desgasta, no se reforma; se rebautiza. Se le pone otro eslogan, otra estética, otra promesa de “renovación”. Y listo: lo viejo vuelve a circular como si fuera nuevo.
La más reciente versión de ese fenómeno podría llamarse el palomismo.
La candidata presidencial Paloma Valencia eligió como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo. La alianza se presenta como una mezcla elegante de liderazgo político y tecnocracia moderna. Un proyecto renovado de la derecha colombiana.
Pero basta mirar un poco la trayectoria.
Oviedo fue director del DANE durante el gobierno de Iván Duque, un gobierno que surgió del proyecto político impulsado por Álvaro Uribe Vélez. Es decir: su carrera pública se desarrolló dentro del mismo ecosistema político que hoy intenta presentarse como novedad.
Y si uno sigue el árbol genealógico ideológico, aparece también la línea económica de María del Rosario Guerra, una de las voces más representativas del pensamiento económico del uribismo.
Así que la supuesta renovación empieza a parecer bastante familiar.
La fórmula Valencia–Oviedo no parece tanto una ruptura como una reorganización interna del mismo proyecto: el uribismo ideológico representado por Valencia y el uribismo tecnocrático representado por Oviedo.
Una derecha que intenta cambiar de piel sin cambiar de huesos.
Para muchos críticos el balance histórico de ese proyecto llamado uribismo ha estado marcado por escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico en distintos episodios de la vida pública y graves violaciones a los derechos humanos que el país todavía discute y juzga.
Ese es el peso histórico que carga el nombre.
Por eso resulta curioso que la solución política sea simplemente cambiar la etiqueta.
El uribismo se pone alas.
Oviedo aterriza en la fórmula.
Y el proyecto aparece con nombre nuevo.
Pero en el fondo es la misma cosa.
Lo mismo de siempre.
El mismo proyecto.
El mismo libreto.
Paloma más Oviedo.
O, dicho en castellano popular:
pa’ lo mismo.
Es decir: palomismo.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Miss Bala: ni reina ni congresista
En la política colombiana hay carreras que se queman solas. A veces por exceso de ambición, a veces por exceso de micrófono. Y a veces —como en este caso— por exceso de bala.
Laura Gallego, conocida en redes como “Miss Bala”, descubrió en estas elecciones una lección sencilla: los discursos de odio y las amenazas de muerte no sirven ni para ser reina de belleza ni para ser congresista.
Primero perdió la corona de Señorita Antioquia después de que circularan videos donde preguntaba alegremente en entrevistas:
“¿Bala para Petro o bala para Daniel Quintero?”
Y cuando alguien respondía, sugería que al presidente, por lo menos, le dieran “un cachazo”.
Después decidió ampliar su repertorio. Llamó al presidente “cáncer”, lo insultó repetidamente en redes y, como si el debate político necesitara todavía más degradación, propuso en un video que el hijo de 15 años del senador Iván Cepeda fuera enviado a la guerrilla.
No es fácil imaginar un curso de derecho constitucional que recomiende esas estrategias.
Porque, pedagógicamente hablando, ahí aparecen varios posibles delitos:
Amenazas contra figuras públicas.
Instigación a la violencia.
Hostigamiento, figura incluida en la legislación colombiana contra discursos que promueven violencia o discriminación.
Y, en el caso del comentario sobre el hijo de Cepeda, exposición de un menor de edad a violencia política.
En cualquier democracia seria, frases así al menos abrirían una discusión judicial.
Pero en Colombia la Fiscalía parece tener un oído selectivo. Algunas palabras viajan rápido hacia los despachos judiciales; otras, en cambio, parecen perderse en el aire.
Donde sí hubo reacción fue en otro tribunal menos burocrático: las urnas.
La candidata no logró ser congresista, ni siquiera en Antioquia, tierra donde el discurso de “mano dura” ha sido históricamente rentable.
Y ahí está la pequeña moraleja política de esta historia.
Mientras algunos siguen creyendo que la política se gana prometiendo bala, el electorado empieza a enviar otra señal: Colombia está cambiando y las promesas de muerte ya no seducen tanto al pueblo.
Tal vez la justicia llegue después.
Pero por ahora, la democracia ya dictó su primer veredicto.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Los pacientes del pabellón de quemados
La noche electoral dejó un curioso espectáculo en la política colombiana: el pabellón de quemados. No el de los hospitales, claro, sino ese otro, más ruidoso y teatral, donde van a parar los políticos que confundieron el eco de las redes con el voto de la gente.
El paciente más ilustre del pabellón fue Álvaro Uribe Vélez, que no alcanzó curul en el Senado. El mismo que durante décadas giró como un sol político alrededor del cual orbitaban partidos, generales, columnistas y opinadores. Pero hasta los soles se apagan. Y el país, que todavía recuerda las sombras de la violencia de las últimas décadas —desde el paramilitarismo hasta los falsos positivos que oficialmente suman 6.204 y que muchos creen bastante más— parece haber decidido cambiar de página.
En la cama contigua se encuentra Katherine Miranda, quien llegó al Congreso con votos progresistas pero terminó haciendo una oposición más entusiasta que la de los propios opositores. El amor, dicen, todo lo transforma: su relación sentimental con el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez terminó convirtiéndola, políticamente hablando, en una militante uribista con carnet verde. Y el electorado, que suele ser menos romántico que los políticos, simplemente dejó de votarla.
Más allá, en el área de espectáculos, yace Miguel Polo Polo, cuyo mayor aporte legislativo fue producir escándalos virales. Entre burlas a las madres de los falsos positivos, ausencias en el recinto y discursos pensados más para TikTok que para el Congreso, su carrera política terminó pareciéndose más a un reality show que a un proyecto legislativo.
A su lado está Lina María Garrido, la versión femenina del mismo espectáculo. Convirtió el Capitolio en un teatro experimental: conversaciones con una rata de plástico, llamados a Donald Trump para invadir Colombia y una colección de escenas diseñadas para volverse virales. Funcionaron… pero solo en redes.
En otra camilla descansa Angélica Lozano, que pasó buena parte de la legislatura haciendo oposición al gobierno mientras coincidía con entusiasmo con las iniciativas de la derecha.
Y no podía faltar Jorge Enrique Robledo, quien alguna vez fue uno de los senadores más respetados de la izquierda. Pero el ego —ese viejo incendiario de carreras políticas— lo llevó a una cruzada obsesiva contra Gustavo Petro, terminando por consumir el prestigio que había construido durante años.
Finalmente aparece Vicky Dávila, emperatriz del botón “me divierte”. Hizo un cálculo aritmético sencillo: pensó que cada reacción en redes equivalía a un voto. La realidad electoral le demostró que no. Ahora, dicen, prepara su regreso al periodismo. Aunque con tantos “me divierte”, quizá debería considerar seriamente la comedia.
La moraleja es simple:
las redes hacen ruido, provocan indignación y generan carcajadas. Pero las urnas —esas viejas, silenciosas y obstinadas urnas— siguen contando votos.
Y esta vez, el pueblo colombiano decidió pasar factura.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
¿Otra vez el E-14? Cuando el espacio en blanco se vuelve fraude
¿Se acuerdan de las elecciones del 13 de marzo de 2022? Se acuerdan de las fotografías que circularon en redes sociales: formularios E-14 con tachaduras, cifras sobrepuestas, números escritos encima de otros números, casillas intervenidas después del cierre de la votación. No fue una percepción aislada. Fue un episodio que dejó cifras oficiales.
La Procuraduría General de la Nación informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que recibió 2.069 quejas relacionadas con ese proceso electoral. De ellas, 1.306 fueron evaluadas, lo que derivó en 1.207 decisiones inhibitorias, 70 indagaciones preliminares y 32 investigaciones disciplinarias. Las quejas incluían irregularidades en el diligenciamiento del formulario E-14: formularios sin firma, errores en los totales, cifras ilegibles, tachaduras, inconsistencias entre el número de votantes y los votos registrados y la necesidad de reconteos.
La Registraduría Nacional, por su parte, reportó 10 tipos de errores recurrentes en 5.109 mesas de votación, lo que involucró a cerca de 31.000 jurados, con posibles consecuencias disciplinarias o penales evaluadas por la Fiscalía y la Procuraduría. No fueron rumores: fueron datos oficiales.
Uno de los puntos críticos fue el manejo de los espacios sin votación. Cuando una casilla queda en blanco, queda abierta físicamente. Abierta a que posteriormente pueda incorporarse una cifra. Abierta a que aparezca un número donde antes no había nada. Ese riesgo fue parte de las denuncias que motivaron quejas, investigaciones y reconteos.
A pesar de esos antecedentes, el registrador nacional actual, Hernán Penagos Giraldo, ha sostenido públicamente que las casillas del formulario E-14 deben dejarse en blanco cuando no exista votación, instrucción que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa. A esa postura se ha sumado la insistencia del Centro Democrático en que los espacios permanezcan en blanco. Todo esto ocurre después de que la propia Procuraduría reconociera la sensibilidad del E-14 y anunciara para 2026 su expedición en triple copia y su digitalización como medidas de blindaje.
Aquí es donde surge la alarma. Con antecedentes documentados de irregularidades asociadas al E-14, insistir en dejar espacios en blanco incrementa un riesgo conocido. No se trata de afirmar que el fraude ya ocurrió; se trata de advertir que las condiciones que podrían facilitarlo existen. Y es legítimo decir —como advertencia política y jurídica— que sectores de la derecha colombiana, junto con decisiones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, estarían configurando un escenario que podría facilitar un fraude de gran escala, precisamente por mantener prácticas que debilitan la integridad material del documento.
Cuando hay más de dos mil quejas, más de mil evaluaciones, decenas de indagaciones y múltiples investigaciones relacionadas con un mismo formulario, cualquier decisión que aumente su fragilidad debe ser cuestionada. Blindar no es solo digitalizar; blindar también es cerrar las puertas que permiten la alteración posterior.
Por eso proponemos acción. Por eso acudimos a la administración de justicia. Como ciudadanas y ciudadanos tenemos el deber de dejar constancia cuando advertimos riesgos graves para derechos fundamentales. No para acusar personas, sino para proteger la democracia.
Desde Justicia y Dignidad estamos impulsando una tutelatón para solicitar reglas claras y preventivas: que las casillas sin votación del E-14 se cierren con una marca uniforme que impida su uso posterior y que se prohíba dejar espacios en blanco. Es una medida mínima frente a un riesgo máximo.
En el documento Drive encontrarás el modelo de la tutela y el tutorial para radicarla. Solo necesitas tu cédula y tu firma.
Porque los derechos no se declaman: se defienden.
Y la democracia, cuando está en riesgo, se defiende en la justicia.
Justicia & Dignidad
Del periodismo investigativo a la acción jurídica popular.
🔹 Tutorial para radicar la tutela en línea
🔹 Accede a los documentos, modelos y recursos en Drive:
👉 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1svnylId0ppxfh9aXtxjo9AdPLoa0RkyP
Señor(a)
JUZGADO CONSTITUCIONAL – OFICINA DE REPARTO
Ciudad
Ref.: Acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación democrática, a la transparencia electoral y a la seguridad jurídica.
Yo, la suscrita, identificada civilmente como aparece al pie de mi firma y domiciliada según los datos que allí reposan, actuando en nombre propio, respetuosamente interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la vulneración y amenaza actual de los derechos fundamentales que se indican a continuación.
- PARTES
Accionante
La persona suscrita, identificada y domiciliada como aparece al pie de la firma.
Entidades accionadas
- REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
Solicito el amparo de los siguientes derechos fundamentales:
- Derecho a elegir y ser elegido (artículo 40 de la Constitución Política).
- Derecho a la participación democrática efectiva.
- Derecho a la transparencia electoral.
- Derecho a la seguridad jurídica y a la confianza legítima.
- Derecho al debido proceso administrativo y electoral (artículo 29 de la Constitución Política).
III. HECHOS
- El formulario E-14 constituye el documento base para el registro, transmisión y publicidad de los resultados electorales de cada mesa de votación, siendo determinante para el preconteo, el escrutinio y la confianza ciudadana en los resultados electorales.
- En procesos electorales anteriores, particularmente en las elecciones del 13 de marzo de 2022, se presentaron denuncias ciudadanas, quejas formales e investigaciones administrativas, disciplinarias y penales relacionadas con irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E-14, situación reconocida por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y documentada por diversos medios de comunicación.
- Entre las denuncias formuladas se advirtió que, en múltiples mesas de votación, las casillas dejadas en blanco en los formularios E-14 facilitaron la inclusión posterior de cifras, lo cual infló los resultados a favor de determinados candidatos o listas, afectando la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
- La Procuraduría General de la Nación informó que recibió miles de quejas relacionadas con el proceso electoral de 2022, entre ellas irregularidades en el diligenciamiento del formulario E-14, tales como errores numéricos, tachones, correcciones sobre correcciones, ausencia de firmas y dificultades de lectura, lo cual dio lugar a reconteos, compulsas de copias e investigaciones disciplinarias y penales contra jurados de votación.
- La Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció igualmente que el uso de espacios en blanco, correcciones posteriores y marcas no uniformes dificultó la transmisión de resultados y generó escenarios de duda razonable sobre la fidelidad de las cifras consignadas inicialmente.
- En el actual proceso electoral, la instrucción de dejar los espacios del formulario E-14 en blanco cuando no exista votación revive un riesgo previamente advertido y documentado, pues los espacios en blanco:
- facilitan la incorporación posterior de cifras;
- dificultan la trazabilidad y el control ciudadano;
- aumentan el riesgo de manipulación de resultados electorales; y
- debilitan la confianza legítima en el sistema democrático.
- Existen denuncias públicas y antecedentes verificables que señalan que el inflado de cifras en los formularios E-14 ha sido posible precisamente por la existencia de espacios en blanco, afectando de manera directa el derecho fundamental a elegir y ser elegido y la transparencia electoral.
- Históricamente, como práctica de control material del documento electoral, se ha utilizado el asterisco u otra marca uniforme para cerrar las casillas sin votación, medida que reduce significativamente la posibilidad de fraude, impide la adición posterior de cifras y fortalece la integridad y transparencia del proceso electoral.
- La propia Procuraduría General de la Nación, al anunciar para las elecciones de 2026 la expedición del formulario E-14 en triple copia y su digitalización, ha reconocido la necesidad de blindar el proceso electoral, lo cual resulta insuficiente si no se acompaña de reglas claras, obligatorias y uniformes sobre el diligenciamiento de los espacios sin votación.
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Artículo 40 de la Constitución Política: derecho fundamental a participar en la conformación del poder político.
- Artículos 1, 2 y 209 de la Constitución Política: principios de democracia, transparencia, publicidad y moralidad administrativa.
- Artículo 29 de la Constitución Política: debido proceso aplicable a las actuaciones administrativas y electorales.
- Jurisprudencia constitucional reiterada sobre la necesidad de reglas claras, previsibles y uniformes en los procesos electorales como condición esencial de la legitimidad democrática.
- PRETENSIONES
Respetuosamente solicito al despacho judicial:
- AMPARAR los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación democrática, a la transparencia electoral y a la seguridad jurídica.
- ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, bajo la vigilancia de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que establezca y aplique de manera inmediata una regla clara, pública y obligatoria conforme a la cual todas las casillas del formulario E-14 correspondientes a candidatos o listas sin votación deban cerrarse mediante un ASTERISCO u otra marca uniforme, como medida preventiva para evitar el inflado posterior de cifras y la manipulación de resultados electorales.
- ORDENAR que se PROHÍBA expresamente dejar espacios en blanco en los formularios E-14, por constituir un riesgo probado para la transparencia, la seguridad jurídica y la democracia.
- ORDENAR a las entidades accionadas adelantar acciones pedagógicas y de capacitación claras y uniformes dirigidas a jurados de votación, testigos electorales y ciudadanía sobre el diligenciamiento correcto del formulario E-14.
- SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente solicito al despacho judicial decretar MEDIDA PROVISIONAL, en atención a la existencia de una amenaza real, actual e inminente a los derechos fundamentales invocados.
La instrucción impartida por la Registraduría Nacional del Estado Civil consistente en dejar espacios en blanco en el formulario E-14 cuando no exista votación, en el contexto de un proceso electoral en curso, expone de manera inmediata el documento electoral a posibles alteraciones posteriores, riesgo ya advertido y documentado en procesos electorales anteriores y que dio lugar a múltiples denuncias, investigaciones y reconteos.
El diligenciamiento de los formularios E-14 constituye un acto irreversible en sus efectos, de manera que permitir que continúe una práctica que facilita la manipulación de cifras haría nugatoria la protección judicial posterior, configurándose un perjuicio irremediable.
En consecuencia, solicito se ordene como medida provisional:
- SUSPENDER provisionalmente la aplicación de cualquier instrucción administrativa, circular o directriz que disponga dejar espacios en blanco en los formularios E-14.
- ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, mientras se decide de fondo la presente acción, disponga que todas las casillas del formulario E-14 correspondientes a candidatos o listas sin votación sean cerradas mediante una marca uniforme (asterisco o línea).
- ORDENAR que dicha instrucción provisional sea comunicada de manera inmediata a jurados de votación, comisiones escrutadoras y demás autoridades electorales.
La medida solicitada es proporcional, necesaria y urgente, no interfiere con el calendario electoral ni con la autonomía administrativa de la organización electoral, y tiene como único propósito prevenir un daño grave e irreparable a la transparencia del proceso democrático y al ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.
VII. PRUEBAS
Solicito se tengan como pruebas, entre otras:
- BLU Radio – Las deficiencias que encontró la Procuraduría en las elecciones del 13 de marzo de 2022:
https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/promesas-y-propuestas/las-deficiencias-que-encontro-la-procuraduria-en-las-pasadas-elecciones-del-13-de-marzo-ex40 - El País – Fiscalía y Procuraduría definirán si investigan a jurados de votación por errores en los E-14:
https://www.elpais.com.co/politica/fiscalia-y-procuraduria-definiran-si-investigan-a-jurados-de-votacion-por-errores-en-los-e-14.html - RTVC Noticias – Petro cuestiona el formulario E-14 y advierte riesgo de fraude electoral:
https://www.rtvcnoticias.com/politica/petro-cuestiona-el-formulario-e-14-y-advierte-riesgo-de-fraude-electoral - Infobae – Polémica por espacios en blanco en el formulario E-14:
https://www.infobae.com/colombia/2026/02/19/gustavo-petro-se-despacho-contra-thomas-greg-sons-por-polemica-de-espacios-en-blanco-en-formulario-e-14-el-mayor-peligro-de-corrupcion/ - Procuraduría General de la Nación – Por primera vez el formulario E-14 se expedirá en triple copia y será digitalizado:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/por-primera-vez-formulario-E14-expedir-triple-copia-va-digitalizar-procurador-general-gregorio-eljach.aspx
VIII. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
La presente acción procede por cuanto:
- Existe una amenaza real, actual y concreta a derechos fundamentales.
- No existe otro mecanismo judicial idóneo e inmediato para garantizar la transparencia y seguridad jurídica del proceso electoral.
- El perjuicio es inminente, dada la vigencia y desarrollo del calendario electoral.
- JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí invocados.
Atentamente,
Firma
Nombre y apellidos:
Cédula de ciudadanía:
Domicilio y correo electrónico:
Correo electrónico para notificaciones:
No habrá consulta de izquierda el 8 de marzo
El 8 de marzo no habrá consulta de izquierda. No es una consigna ni un arrebato retórico: es un hecho político. Sin Iván Cepeda Castro, impedido por el Consejo Nacional Electoral, lo que queda no es una contienda ideológica sino un trámite administrativo: una consulta sin izquierda, sin proyecto y sin electorado propio.
El llamado Frente por la Vida intenta ocupar ese vacío. Pero basta ejercer un mínimo de memoria —esa facultad que en Colombia se considera subversiva— para entender de qué se trata. Roy Barreras, su principal promotor, fue uribista. No de paso ni por confusión: hizo campaña, defendió el proyecto y creció políticamente en la órbita del poder que hoy dice combatir. Cambiar de discurso no borra el trayecto recorrido. En política, el origen importa. Y ese origen lo inscribe, sin maquillaje semántico, en la derecha.
Algo parecido —aunque con menos estridencia ideológica y más tecnocracia— ocurre con Daniel Quintero Calle. Su paso por el santismo, como viceministro de Economía Digital, lo ubica en una derecha más pulcra, menos gritona, pero derecha al fin: institucional, empresarial, funcional al modelo y notoriamente antiderechos cuando se trata de movimientos sociales, protesta o garantías colectivas. No es la derecha del garrote, pero sí la del contrato, la neutralidad moral y la gerencia sin pueblo.
El resto de los inscritos completa el cuadro: Martha Viviana Bernal Amaya, Héctor Elías Pineda Salazar y Edison Lucio Torres. Nombres desconocidos, sin trayectoria pública verificable en el debate nacional, sin movimiento social que los respalde, sin base electoral identificable y sin vida política visible. No representan corrientes: representan formularios. No encarnan luchas: llenan casillas. Pretender que de ahí pueda surgir una división de la izquierda es concederles una importancia política que, sencillamente, no tienen.
Por eso no hay de qué preocuparse. Esta consulta no le quita votos a la izquierda porque no compite con ella. Si algo puede ocurrir —y ocurrirá— es que reste apoyos a las consultas del centro y de la derecha, disputando un electorado que nunca ha sido progresista. El fantasma de la fragmentación sirve más para el titular alarmista que para el análisis serio.
El propio Gustavo Petro lo dijo sin rodeos: no votará en consulta. No es abstención; es señal política. Un guiño inequívoco a Iván Cepeda. Mantener vivo el proyecto de izquierda y progresista implica, por tanto, volarse —en el sentido más electoral del término— por Cepeda, hoy excluido por una decisión que huele menos a legalidad que a cálculo.
La situación, sin embargo, no es fácil. El Consejo Nacional Electoral ha tendido trampas, y la Registraduría Nacional del Estado Civil históricamente ha sabido jugar ese mismo juego, más aún con empresas contratistas cuestionadas como la de Greg Sason, cuya sombra sobre los procesos electorales nunca termina de disiparse. Trampas hay por todo lado. No es paranoia: es experiencia.
La única salvación posible sigue siendo la misma de siempre: votar masivamente, como se hizo con Petro. Frente al fraude, el antídoto no es la indignación sino la avalancha. Y esa avalancha, hoy, no pasa por una consulta vacía, sino por sostener con claridad el proyecto que representa Iván Cepeda. Lo demás es ruido. Y el ruido, como se sabe, no vota.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
¿Qué pasaría si Colombia copiara el modelo Bukele? Una advertencia para 2026
Hay informes que no se leen: se advierten. El más reciente reporte de Human Rights Watch sobre El Salvador en 2025 no describe un país lejano ni exótico, sino un modelo político exportable. Y eso es lo inquietante: lo que allí ocurre es exactamente lo que una parte de la derecha colombiana admira, justifica y aspira a replicar si regresa al poder en 2026.
Empecemos por las cifras, pero traducidas a Colombia, para que no parezcan abstractas. En El Salvador, el 1,9 % de la población está hoy privada de la libertad. Es una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
En Colombia, con cerca de 52 millones de habitantes, ese porcentaje equivaldría a casi un millón de personas presas. Un millón. Hoy Colombia tiene alrededor de 100.000 personas privadas de la libertad. El llamado “modelo Bukele” multiplicaría por diez la población carcelaria del país. No es una metáfora: es una proyección aritmética.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción permanente, prorrogado 45 veces, que suspendió garantías básicas. Más de 90.000 personas han sido detenidas, incluyendo más de 3.000 niños. Traducido a Colombia, sería como detener a toda la población de una ciudad del tamaño de Ibagué o Villavicencio, muchas personas sin imputación clara, sin juicio y sin contacto con abogados o familiares.
Durante ese régimen, al menos 458 personas han muerto bajo custodia del Estado. Si aplicamos una proporción similar a Colombia, estaríamos hablando de miles de muertes en cárceles, sin investigaciones ni responsables.
Ahora la pregunta inevitable: ¿se imaginan el escándalo político, mediático y judicial si algo así ocurriera bajo el gobierno de Gustavo Petro? ¿Se imaginan los titulares, las marchas, las denuncias internacionales, las columnas hablando de dictadura? Pues eso es exactamente lo que sucede hoy en El Salvador bajo Nayib Bukele, y que muchos justifican con un encogimiento de hombros porque “bajaron los homicidios”.
Sí, la violencia de pandillas disminuyó. Es cierto. Pero el informe es claro: el precio fue la demolición del Estado de derecho. Bukele fue reelegido pese a que la Constitución lo prohibía. Luego, el Congreso —controlado por su partido— aprobó la reelección indefinida y permitió reformar la Constitución en una sola legislatura. Traducido a Colombia: sería como si el presidente de turno cambiara la Carta Política con su mayoría, eliminara los límites al poder y neutralizara a la Corte Constitucional. ¿Escandaloso? Exactamente.
El poder judicial fue purgado. Jueces independientes destituidos o trasladados. El fiscal general ratificado tras desmantelar unidades anticorrupción. La transparencia cayó a su peor nivel en trece años. La declaración de bienes del presidente fue declarada reservada. En Colombia, eso equivaldría a clasificar como secreto el patrimonio presidencial, algo que incendiaría el debate público durante meses.
La sociedad civil tampoco se salvó. Defensores de derechos humanos y abogados críticos están detenidos e incomunicados. Se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % a la cooperación internacional y permite cerrar organizaciones por criterios vagos. El resultado: más de 140 periodistas y defensores huyeron del país. En Colombia, sería como ver a El Espectador, la FLIP y decenas de ONG cerrando oficinas o exiliándose por miedo.
Y aquí viene lo político. Este no es un modelo abstracto: tiene admiradores con nombre propio en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha elogiado públicamente a Bukele. Paloma Valencia ha defendido su “mano dura” como ejemplo a seguir. Juan Carlos Pinzón, junto a otros aspirantes de derecha, propone militarización, ampliación de la prisión preventiva y desconfianza abierta hacia jueces, prensa y organizaciones sociales. Y está también Abelardo de la Espriella, quien no solo admira el modelo sino que parece empeñado en imitarlo incluso en lo estético, como si el autoritarismo fuera también una cuestión de peinado, chaqueta y pose. El libreto es reconocible.
No quieren volver al poder solo para gobernar. Quieren volver para gobernar sin límites. Para neutralizar controles, desacreditar los derechos humanos y convertir la seguridad en excusa permanente. Quieren un país más silencioso, no necesariamente más justo.
La pregunta no es si el modelo Bukele “funciona”.
La pregunta es si Colombia está dispuesta a pagar ese precio.
Porque la experiencia latinoamericana es clara: el autoritarismo siempre promete orden, siempre entrega miedo y siempre termina cobrando libertades.
El Salvador no es el futuro inevitable.
Es una advertencia.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
La decisión del Consejo Nacional Electoral y el camino al triunfo de Iván Cepeda en primera vuelta
El uribismo cree que está ganando una batalla. Como casi siempre, confunde el ruido de los escritorios con el pulso de la calle. Al ponerle zancadillas a la izquierda desde el Consejo Nacional Electoral, al enredar consultas, inventar trabas y decidir a puerta cerrada, imagina que debilita a su adversario. En realidad, está haciendo exactamente lo contrario.
La idea era sencilla —y torpe—: dividir a la izquierda, desgastarla en una consulta de bajo vuelo y restarle aire a quien más convoca. El resultado puede ser otro: sacar a la izquierda de la consulta y empujarla en bloque hacia mayo. Es decir, cambiar un trámite tibio por una elección de verdad. El uribismo no teme a las consultas; le teme al voto. Por eso decide en despachos. Por eso judicializa la política. Por eso cree que gobernar es administrar procedimientos.
Pero la política —esa que gana elecciones— no vive en resoluciones. Vive en emociones. Y aquí hay una emoción clara y creciente: indignación. Indignación por las trampas, por el manoseo “técnico”, por la sensación de que las reglas se tuercen cuando el resultado no conviene. Esa indignación no desmoviliza: enciende. Y cuando enciende, convoca.
El uribismo y sus aliados circunstanciales —los camaleones que hoy influyen y mañana se desdicen, como Roy Barreras o Abelardo de la Espriella— pueden celebrar cada obstáculo. No advierten el efecto acumulado: están fabricando un símbolo. Y los símbolos arrastran más que los reglamentos.
Hay un dato incómodo para los administradores del trámite: el único que llena plazas, el único que mueve redes sociales con organicidad, el único que convoca sin aparato es Iván Cepeda Castro. No porque grite más, sino porque representa algo que no cabe en una resolución: memoria, coherencia y una idea simple de democracia. Por eso cada intento de excluirlo lo vuelve más grande.
Así, la jugada que pretendía fragmentar puede terminar unificando. La trampa que buscaba enfriar puede calentar. Y la decisión que creyó frenar puede acelerar. Si la izquierda llega a mayo en bloque, con una narrativa clara de injusticia y defensa del voto, la primera vuelta deja de ser una fantasía.
La ironía es perfecta: al intentar administrar la democracia, la empujan a expresarse. Y cuando se expresa, suele hacerlo sin pedir permiso.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo