Hace un mes, parecía que se vislumbraba un avance en el tortuoso camino hacia la paz en Colombia, ya que el 29 de junio se llevó a cabo el evento de instalación de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia. Pero, paradójicamente, mientras los líderes de la Segunda Marquetalia se sientan en la mesa de diálogo de la paz total, la tragedia de una niña campesina reclutada forzosamente por este grupo armado marca la distancia entre las promesas de paz y la dolorosa realidad en el campo colombiano.
La instalación formal de la mesa con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y condena. La controversia en torno a la figura de Márquez, considerado por muchos como un traidor al Acuerdo de Paz de 2016, ensombrece el proceso. El panorama legal del proceso es igualmente problemático. La Ley 2272 de 2022 limita a aquellos que ya han negociado previamente su participación en procesos de paz a negociar solo su sometimiento a la justicia. Esta ley, diseñada para evitar la impunidad de los líderes de grupos armados, pone al gobierno en una posición difícil: ofrecer garantías a los líderes de la Segunda Marquetalia sin infringir la ley. La contradicción entre el estatus legal de los negociadores y el enfoque político del gobierno plantea serias dudas sobre la viabilidad y la justicia del proceso.
En medio de este debate legal, el reclutamiento forzado de una niña campesina de 14 años de la región del Catatumbo evidencia la dolorosa realidad de la guerra que persiste en las regiones más vulnerables de Colombia. Engañada por este grupo armado con la promesa de costearle un curso de enfermería y ofrecerle un empleo como enfermera, la niña fue arrancada de su hogar y sometida a los vejámenes de la guerra.
El reclutamiento forzado de menores es una violación flagrante de los derechos humanos y un crimen de guerra. La incorporación de niños en los conflictos no solo les priva de su niñez y educación, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento en las comunidades afectadas. La noticia de que esta niña ha sido reclutada por la Segunda Marquetalia deja en evidencia la desconexión entre los procesos de paz total y la realidad sobre el terreno. Mientras los líderes de la Segunda Marquetalia negocian, en las zonas rurales del país continúan cometiendo atrocidades como el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Resulta realmente irónico que, mientras el gobierno nacional invitó a una experta de las Naciones Unidas para investigar los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, con el supuesto objetivo de abordar las trampas y justificar una negociación con la Segunda Marquetalia, en Ocaña, Santander, la Defensoría del Pueblo, al enterarse del reclutamiento forzado de la niña campesina, en lugar de remitir el caso a las autoridades competentes para activar los mecanismos de búsqueda urgente, solo informó a los padres de la niña que no podía entregarles nada por razones de seguridad. De manera similar, la personería de Convención no solo falló en remitir el caso a la fiscalía, sino que tampoco proporcionó a los familiares de la niña una constancia de su denuncia ni activó las rutas de atención a las víctimas de reclutamiento forzado. Así, mientras se busca legitimación y se debaten los entramados políticos que involucran a la Segunda Marquetalia, parece que los niños campesinos no importan para las instituciones del Estado colombiano.
La niña campesina de 14 años reclutada forzosamente por la Segunda Marquetalia, enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad debido a sus graves condiciones médicas. Diagnosticada con el síndrome de la articulación condrocostal de Tietze y bronquitis aguda no especificada, su salud requiere atención constante y especializada. Esta compleja situación médica agrava su sufrimiento físico y emocional, y hace evidente la brutalidad del reclutamiento forzado, que expone a los niños a un ciclo interminable de dolor y negligencia, desamparándolos en medio del conflicto.
La última vez que se tuvo noticia de la niña campesina fue el 9 de julio, cuando envió un último audio a sus padres. En ese conmovedor mensaje, la niña lloraba y les confesaba que estaba gravemente enferma y al borde de la desesperación, incluso mencionando que deseaba quitarse la vida debido a los severos maltratos que estaba sufriendo. Si la Personería y la Defensoría del Pueblo hubieran actuado con celeridad y remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación, utilizando las comunicaciones de la niña, se podría haber intentado localizarla y ofrecerle asistencia urgente. Sin embargo, desde esa fecha, su paradero sigue siendo un misterio, sumiendo a sus familiares en estado de angustia extrema.
Es inconcebible que mientras se avanza en la negociación de la paz total, los reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes se presentan casi a diario en varias regiones del país. La comunidad internacional y el gobierno colombiano deben enfrentar estas realidades de manera más contundente. La instalación de la mesa de negociación no puede ser una excusa para ignorar o minimizar las violaciones en curso. El proceso de paz debe ir acompañado de un compromiso real y efectivo para proteger a los más vulnerables y garantizar que los crímenes, como el reclutamiento forzado de menores, sean perseguidos y castigados con la máxima severidad.
En última instancia, la paz en Colombia no puede construirse sobre la base de concesiones a los grupos armados mientras se ignoran las atrocidades que siguen ocurriendo, como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La trágica historia de la niña campesina es una llamada de atención urgente para que el proceso de paz sea no solo un diálogo en los salones de negociación, sino una verdadera transformación de la realidad en las comunidades que han sufrido tanto.
Por: Sofía López, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz