Los días en los que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en Colombia no son de celebración. Son jornadas de duelo, de indignación y de rabia contenida. Son días donde la violencia machista se hace más visible, no porque haya un aumento en los casos—pues la violencia contra las mujeres es una constante en este país—sino porque en estas fechas las víctimas llenan los titulares de noticias y los discursos oficiales se desbordan en promesas vacías.
Dalida Patricia Hernández, Deidis Zúñiga Vives, Sharit Alexandra Ciro, Nilsa Morera Belalcázar, Claudia Patricia Jaramillo Marín, Ana Elcy Arteaga Camilo, Lucero Velásquez. Estos son solo algunos de los nombres de mujeres asesinadas en estos días de marzo. Cada una de ellas tenía una historia, una vida interrumpida por una violencia que el Estado no ha sabido, o peor aún, no ha querido frenar.
En Aracataca, Magdalena, el cuerpo desmembrado de Dalida Patricia fue encontrado en una vivienda. Su pareja, el principal sospechoso, ya está bajo custodia. Lo que sigue es el ritual conocido: titulares fugaces, indignación en redes, alguna marcha con pancartas desgarradoras y el silencio que sigue cuando el siguiente crimen acapara la atención.
En Ibagué, Sharit Alexandra Ciro, de 19 años, fue hallada apuñalada en una zona boscosa. Una estudiante universitaria que desapareció la noche del 7 de marzo y que ahora engrosa las cifras de feminicidio en el Tolima. En Armenia, una mujer fue encontrada sin vida cerca de la avenida Los Camellos. En Risaralda, Claudia Patricia Jaramillo Marín fue asesinada dentro de una buseta intermunicipal, en un crimen que exhibe la brutalidad con la que operan los feminicidas en el país.
La violencia contra las mujeres no se detiene, ni siquiera cuando estas han dedicado su vida a defender los derechos de sus comunidades. Ana Elcy Arteaga Camilo, presidenta de la Junta de Acción Comunal en Rosas, Cauca, fue asesinada después de recibir amenazas. Lucero Velásquez, lideresa en Tolima, murió en su casa frente a su familia, su hijo de 12 años herido por los mismos disparos que le arrebataron la vida a su madre.
Y mientras estos crímenes se multiplican, el gobierno colombiano responde con la misma indiferencia de siempre. No hay una voluntad real de erradicar las violencias contra la mujer. No hay estrategias integrales de protección, no hay justicia efectiva, no hay prevención. Lo que hay es una maquinaria estatal que perpetúa la impunidad, que deja a las víctimas en el olvido y que cada 8 de marzo repite las mismas consignas vacías mientras la sangre de las mujeres sigue tiñendo las calles.
Nos están matando, y el Estado solo observa.