El calor en Chigorodó, aquel 12 de agosto de 1995, no era el de siempre. El aire estaba espeso, pesado, como si algo invisible estuviera por caer sobre el barrio El Bosque. La discoteca El Aracatazo estaba llena: la música, las risas y el licor se mezclaban en un mismo pulso. Era sábado y había fiesta popular.
Nadie imaginaba que quince hombres armados, del recién creado Bloque Bananero de las Autodefensas, entrarían sin aviso, con fusiles que parecían más largos que sus sombras. Se identificaron como “exterminadores de la subversión”. Ordenaron que todos se tiraran al piso, boca abajo. El silencio fue roto sólo por el sonido seco de los cargadores entrando en las armas.
Uno por uno fueron señalando: Héctor Tascón Duque, Luis Alberto Guisao, Antonio Moreno, Julio Alfonso Ríos, Willinton Tascón, Misleida Pérez, Jorge González, Julio Oviedo, Libia Úsuga Barrientos, Luis Aurelio Sánchez, Manuel Ballesta, Francisco Panesso, Rodolfo Ramos, Pedro Úsuga, Leonardo Mosquera, Jorge Julio Cárdenas, Mérida Jiménez, Jorge Zúñiga y Jorge González López.
Los acusaron de ser guerrilleros o colaboradores. En realidad, muchos eran trabajadores bananeros, algunos sindicalistas de Sintrainagro, militantes de la Unión Patriótica, líderes de izquierda que creían en la organización comunitaria. La mayoría hombres, tres mujeres, todos del mismo pueblo.
El primer disparo rompió la noche. Luego vinieron ráfagas largas, cortas, y otra vez largas. Cuando el humo se disipó, dieciocho personas yacían muertas. Otras dos estaban heridas. El piso de la discoteca estaba cubierto de cuerpos y sangre; el olor a pólvora se mezclaba con el de la cerveza derramada. Afuera, los vecinos escuchaban sin poder intervenir.
La masacre fue ordenada por Carlos Castaño y José Hebert Veloza, alias “HH”. La ejecución la dirigió Dalson López Simanca, alias “Mono Pecoso”. Años después, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo al mando del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada del Ejército, diría que altos mandos militares estuvieron implicados.
En ese tiempo, el Batallón Voltígeros tenía jurisdicción sobre Urabá. Entre sus mandos estaba el entonces capitán Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante de la Compañía Córdoba. Dos pelotones —uno bajo su mando— estuvieron presentes en la zona aquella noche. Ninguno intervino. La Procuraduría, décadas más tarde, pediría a la Jurisdicción Especial para la Paz que lo citara como testigo para esclarecer el papel del Ejército en la masacre.
Ningún uniformado fue condenado por esta matanza.
En ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Gobernaba una tierra donde los paramilitares crecían a la vista de todos, donde el terror se colaba en los cascos urbanos y las veredas. No hay procesos judiciales que lo vinculen directamente con El Aracatazo, pero la masacre ocurrió bajo su administración, en el corazón de un departamento que ardía en medio de la guerra sucia.
Hoy, casi tres décadas después, los nombres de Héctor, Luis Alberto, Antonio, Julio Alfonso, Willinton, Misleida, Jorge, Julio, Libia, Luis Aurelio, Manuel, Francisco, Rodolfo, Pedro, Leonardo, Jorge Julio, Mérida, Jorge Zúñiga y Jorge González López siguen siendo un acto de resistencia. Decirlos es no olvidar.
Porque la memoria es la única justicia que no se negocia.
Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo