Por estos días, cuando se menciona el legado de Miguel Uribe Turbay —asesinado el 11 de agosto de 2025 tras un atentado el 7 de junio— sus familiares lo exhiben en la feria electoral de 2026 bajo la bandera del Centro Democrático. Pero ese legado está manchado de sangre y horror. La sombra que proyecta proviene de un árbol de raíces profundamente violentas. Julio César Turbay Ayala fue un presidente de voz nasal, corbatín impecable y modales de salón que, bajo su elegancia, levantó una de las máquinas represivas más oscuras de nuestra historia republicana.
Un mes después de asumir en agosto de 1978, Turbay implementó el Estatuto de Seguridad, una patente de corso que convirtió a los cuarteles en tribunales y a los generales en jueces. Bajo ese régimen se encubrieron torturas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y consejos de guerra contra estudiantes y sindicalistas, documentados en 1.340 casos de tortura y más de 3.000 detenciones por la Comisión de la Verdad. Gabriel García Márquez huyó del país; otros no tuvieron esa suerte. En el país no hizo falta dictadura formal: Turbay vistió de civil lo que Videla hacía con uniforme, como lo concluyó la Comisión de la Verdad llamándolo una «dictadura disfrazada de democracia».
A ese legado de represión se suma la complicidad criminal. Documentos desclasificados del National Security Archive, publicados el 15 de abril de 2024, muestran que ya en 1977 la DEA vinculaba a Turbay con el narcotráfico. Un memorando del 2 de junio de ese año, dirigido a la primera dama Rosalynn Carter en el contexto político de la campaña de López Michelsen, lo señala como parte de una lista de 36 funcionarios relacionados con el tráfico de cocaína. Se mencionan ministros, jueces, militares —como el general Abraham Varón Valencia y el coronel Humberto Cardona Orozco— y su sobrino Aníbal Turbay Bernal como pieza clave del negocio.
Más oscuro aún fue lo que vino después. En 1980, Turbay nombró como director de la Aeronáutica Civil al joven Álvaro Uribe Vélez. Uribe entró al cargo tras el asesinato de su antecesor, Fernando Uribe Senior, asesinado por el cartel de Medellín por no facilitar pistas y rutas para el narcotráfico . Uribe Vélez permaneció 18 meses como director, periodo en el cual otorgó más de 2.200 licencias para aeronaves —una cifra casi igual a las otorgadas entre 1954 y 1981—, de las cuales al menos unas 200 quedaron en manos del Cartel de Medellín . Según investigaciones de Cuestión Pública, entre 1980 y 1982 se otorgaron 413 registros de propiedad y explotación aérea, incluyendo a figuras como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína” .
Ese fue el engranaje del aire que permitió a Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Carlos Lehder volar con pistas privadas, hangares propios y flotas de aviones. El ministro Rodrigo Lara Bonilla denunció esta connivencia en 1983, y un año después fue asesinado por orden del Cartel de Medellín .
Este es el peso de la herencia que Miguel Uribe Turbay intentó lavar: un abuelo que administraba bajo corbatín y represión, señalado en archivos de inteligencia como ficha del narcotráfico, y que abrió puertas a actores políticos que facilitaron el ascenso de la mafia. No se trata de reputación familiar, sino del rostro de un país donde las élites vistieron de democracia la persecución, el silencio, los negocios oscuros y los cuerpos que no volvieron a casa.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo