TOTALMENTE DESPROTEGIDOS SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES Y TESTIGOS EN EL CASO DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021
El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencia s Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. Luego de la entrega del cuerpo los familiares constataron que Medicina Legal cometió un nuevo crimen al borrar evidencias de golpes en el cuerpo y el impacto de bala en una de sus piernas mediante la realización de cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas forenses. Después de tres meses exigiendo los anexos del dictamen de Medicina Legal fueron entregados una foto, y dos radiografías, en donde se verificó que no se realizaron las radiografías, ni fotografías, ni videos correspondientes a la práctica forense, ni mucho menos exámenes de laboratorio. No se cumplió ninguna de las exigencias de los protocolos de Minnesota y Estambul de obligatorio cumplimiento en graves casos de violaciones a los derechos humanos. No existe evidencia científica en el dictamen médico legal que sustente la falacia sobre la muerte por inhalación de vapores calientes, conclusión ventilada en medios de Comunicación por el fiscal ENCINALES director seccional de Fiscalías de Cali.
Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.
El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevó a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar porque a pesar de que se informó a la fiscalía de la situación no se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y la integridad.
Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigos se han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección.
La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales aperturadas. Así mismo ha obstaculizado la labor probatoria de los representantes de las víctimas sin que a la fecha se haya ordenado la practica de pruebas solicitadas, ni se haya presentado ante juez con funciones de control de garantías los elementos de prueba y evidencia física recaudados por las víctimas y testigos para hacerlos valer dentro del proceso penal, oportunamente entregados a la Fiscalía. No se han adelantado los comités técnico jurídicos ni se ha escalado la investigación a una fiscalía especializada de la Unidad de Derechos Humanos tal y como lo ordenó el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali en acción de tutela radica con el número 2021-00214.
En el día de hoy integrantes de nuestra corporación fuimos informados que se estaría gestando un plan de judicialización en contra de los testigos del presente caso en el marco de los falsos positivos judiciales que se vienen orquestando desde la Fiscalía General de la Nación y de los que se han realizado capturas desde la semana pasada en la Ciudad de Cali y Palmira. Esta situación obstaculiza el derecho de las víctimas de participar en la dinámica probatoria del proceso penal y también que víctimas y testigos sean cobijados por el programa de protección de la fiscalía, todo lo anterior en garantía de impunidad.
Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ
Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021