Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 10M y11M

El 10 y 11 de mayo de 2021 fueron dos días que marcaron el rostro de la violencia estatal, en pleno estallido social del paro nacional. Fue un periodo donde la protesta, que inicialmente clamaba por justicia y dignidad, se encontró con la brutalidad del poder. En medio de la protesta por justicia, la brutalidad del poder se desbordó. En Siloé, Aguacatal, Meléndez y Portada al Mar, el ESMAD y paramilitares desataron el terror, disparando contra manifestantes y dejando un rastro de muerte y desesperación. Entre los caídos, estuvo Daniel Alejandro Zapata, quien, después de nueve días en coma por un golpe del ESMAD, falleció el 10 de mayo. Su muerte, como las de tantos otros, se sumó a una lista de víctimas de un Estado que, en lugar de proteger, persigue y asesina a quienes exigen derechos.

10 de mayo de 2021 – Nacional – Inicio de diálogo nacional

Mientras el país entero ardía en marchas, lutos y gritos, el 10 de mayo se instaló el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Fue la respuesta formal a los días de movilización que comenzaron el 28 de abril. En las salas cerradas se hablaba de reformas, garantías, consensos. Afuera, el país sangraba.

Ese diálogo no llegó con el canto de los pájaros, sino con el eco de los disparos. Se instaló sobre un suelo herido por la represión, en medio de una crisis de derechos humanos que no cesaba. Era un gesto necesario, sí. Pero también insuficiente. Porque mientras se ofrecían palabras en la mesa, en las calles seguían lloviendo gases, bastonazos y balas.

10 de mayo de 2021 – Bogotá – Homicidio de Daniel Alejandro Zapata (20 años)

Ese mismo día, Bogotá perdió a otro hijo. Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, murió en la clínica EUSALUD, donde llevaba internado desde el 1 de mayo. Su crimen: haber salido a protestar. Su condena: un golpe en la cabeza que lo dejó sin conciencia, presuntamente causado por un artefacto lanzado por el ESMAD.

Durante nueve días su cuerpo resistió. El neurocirujano informó de un deterioro progresivo e irreversible. A las 12:45 p.m., su corazón dijo basta. La clínica llamó al CTI: fue muerte violenta. Otra más. La familia recibió el abrazo triste de quienes entierran a un joven que aún tenía sueños en los bolsillos. Daniel no fue el primero ni sería el último. Su nombre se suma a la larga lista de víctimas de una fuerza pública que, en vez de cuidar la vida, la revienta.

10 de mayo de 2021 – Cali – Incursión armada policial en el sector de Meléndez

En el barrio Meléndez, al sur de Cali, el 10 de mayo no hubo diálogo ni mesas de conversación. Hubo balas. Hubo gritos. Hubo persecuciones.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, terminó en estampida cuando el ESMAD y la Policía arremetieron con armas de fuego. Desde distintos puntos llegaban reportes: disparos, detenciones, golpes. Las redes sociales transmitían en vivo el terror. Los jóvenes corrían. Algunos caían.

A las 12:20 del mediodía, se denunció la detención de Alex Bolaños, un joven de 18 años. Testigos afirmaron que fue capturado por uniformados. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Organizaciones de derechos humanos exigieron su aparición, el respeto por su vida, por su derecho a un juicio justo. Pero el silencio oficial fue ensordecedor.

Meléndez, como Siloé, como La María, como tantos otros barrios, fue declarado campo de guerra por el Estado. Y aun así, entre el gas y el miedo, la juventud no se rindió.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sobrevuelo de helicópteros en la Universidad del Valle

A la 1:05 de la madrugada, cuando la ciudad dormía, la Universidad del Valle fue despertada por el rugido de los helicópteros. Volaban bajo. Cercaban. Espiaban. Abajo, la Minga Indígena resistía. El mensaje era claro: estamos vigilando. Estamos listos. La amenaza tenía forma de sombra aérea.

Las organizaciones indígenas denunciaron el sobrevuelo como un acto de intimidación. No era paranoia. Era experiencia: ya conocían el peso de la represión en la carne de sus pueblos. Ese zumbido nocturno se instaló en la memoria como un mal presagio, como otro capítulo del largo acoso contra quienes luchan desde la raíz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque del ESMAD en la glorieta de Siloé

A las 2:00 p.m., la glorieta de Siloé, que desde temprano había sido punto de concentración para manifestaciones pacíficas, se transformó en el escenario de un ataque brutal. El ESMAD irrumpió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, respondiendo al clamor popular con más represión. Los gritos de auxilio se mezclaron con el estruendo de las detonaciones. La intervención dejó múltiples personas heridas y sembró el pánico entre los asistentes. Testigos relataron el uso desproporcionado de la fuerza, un claro mensaje de que la protesta, por más pacífica que fuera, no tenía cabida en ese momento.

10 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo a la Guardia Indígena en la entrada a la ciudad

Esa misma tarde, a las 6:30 p.m., la Guardia Indígena, que intentaba llegar a Cali, se encontró con una barrera de militares y policías fuertemente armados. En la entrada de la ciudad, las fuerzas del orden impidieron el paso de los pueblos originarios, los cuales venían a alzar su voz en solidaridad con las protestas. Las organizaciones sociales alertaron que esta acción podría ser solo el preludio de un ataque armado contra los guardias, similar al que se había vivido el día anterior. En medio de una ciudad que ya respiraba represión, se temió que grupos paramilitares pudieran estar involucrados en el operativo. La militarización de la ciudad era cada vez más evidente.

10 de mayo de 2021 – Cali – Represión continuada en Siloé y saldo preliminar

La violencia no cesó. Desde las 2:00 p.m., el ESMAD y las fuerzas policiales avanzaron con más agresividad en Siloé, uno de los barrios más golpeados de Cali. La comunidad sufrió destrozos, heridas y temor. Al caer la noche, los reportes llegaron con cifras dolorosas: al menos 22 personas heridas y tres fallecidas tras los disparos. La situación en Siloé se calificó de crítica, con los organismos humanitarios pidiendo desesperadamente el cese de la represión. El barrio, como tantos otros, se había convertido en un campo de batalla sin razón, donde las víctimas no eran combatientes, sino civiles reclamando sus derechos.

10 de mayo de 2021 – Cali – Afectaciones a población vulnerable en El Aguacatal

A las 5:00 p.m. del mismo día, el barrio El Aguacatal, un sector popular de Cali, fue blanco de un ataque indiscriminado con gases lacrimógenos. En este sector no había movilización activa, pero el miedo y el caos se desataron de todas formas. La mayor tragedia fue el impacto sobre la población vulnerable: niños menores de cinco años y adultos mayores fueron afectados, provocando terror generalizado entre los habitantes. Este ataque, que violó claramente el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, fue un recordatorio de la deshumanización de un operativo que no distinguía entre los que luchaban y los que solo querían vivir en paz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a misión médica en la Portada al Mar

A las 5:00 p.m., el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército dirigieron su violencia hacia una misión médica en la Portada al Mar. Los voluntarios, que se habían dedicado a brindar primeros auxilios a los heridos, se convirtieron en blanco del ataque. Las fuerzas armadas dispararon contra los jóvenes que trataban de salvar vidas. El hecho se enmarcó dentro de una ofensiva más amplia, en la que se atacaba no solo a los manifestantes, sino también a quienes se habían comprometido con la humanidad. Este ataque fue denunciado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, un acto de terrorismo de Estado que busca silenciar la compasión.

 

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado contra manifestantes en la Portada al Mar

En esa misma tarde del 10 de mayo, la Portada al Mar vivió una nueva embestida. El ESMAD, la Policía y el Ejército atacaron a los manifestantes con armas de fuego y gases lacrimógenos. Los jóvenes caían, las madres lloraban, y la desesperación se apoderaba de todos. Múltiples heridos quedaron tendidos en el suelo, testigos de la brutalidad del operativo. Este ataque no fue aislado: se sumó a una serie de agresiones sistemáticas en toda la ciudad. La represión no era un accidente. Era parte de una estrategia de terror institucional destinada a frenar cualquier atisbo de protesta, cualquier grito de justicia.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sabotaje de comunicaciones y crisis en Siloé

Durante la noche del 10 de mayo de 2021, la ciudad de Cali experimentó una desconexión masiva de servicios esenciales como telefonía móvil, televisión y conexión a internet, especialmente afectando a la operadora Movistar. Esta interrupción coincidió con una grave escalada de violencia en el barrio Siloé, donde se escuchaban disparos y gritos de auxilio. La falta de comunicación dificultó gravemente el reporte de los hechos y la denuncia oportuna de violaciones a los derechos humanos. La crisis de información permitió que la represión se diera en la oscuridad, con la población civil atrapada en un limbo sin capacidad de alertar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado desde motocicleta en Calipso

El 10 de mayo de 2021, el sector de Calipso fue escenario de un nuevo ataque armado dirigido contra los manifestantes. Según los testimonios recogidos, una motocicleta, conducida por civiles, disparó directamente contra los manifestantes. Este tipo de agresión ha sido vinculado por organizaciones de derechos humanos con la actuación de grupos paramilitares, presuntamente coordinados con fuerzas del Estado. La violencia no solo se intensificaba, sino que adquiría características de una ofensiva que desbordaba cualquier control, evidenciando la grave situación que atravesaba la protesta social y la peligrosidad que enfrentaban los ciudadanos al salir a las calles.

11 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo Económico

Ese día, Cali se partió en dos. De un lado, los que luchaban; del otro, los que mandaban a callar. En Ciudad Jardín, entre hombres armados y complicidad estatal, se levantó un muro invisible que asfixió a la ciudad: alimentos, medicamentos y combustible no llegaron.

11 de mayo de 2021 – Cali – Montajes judiciales

Mientras la élite observaba desde sus camionetas de lujo, la Sijin cazaba heridos en los hospitales, tratando a quienes sufrían la represión como criminales. El derecho internacional se ahogaba en el polvo caliente de la ciudad. En paralelo, el aparato judicial se ponía en marcha para silenciar a los indígenas resistiendo en su «guarida indígena». Ya atacados por sicarios, ahora eran perseguidos por la justicia, convertidos en enemigos del orden. A su bastón de mando y sus danzas, les respondían con expedientes fabricados, con la ley como garrote. El 11 de mayo se consolidó como el día en que la justicia se vendió al poder, transformándose en otra herramienta de represión.

Es urgente, es necesario, es imperativo que la verdad se esclarezca. Las víctimas de esos días, las madres que lloran a sus hijos caídos, los jóvenes mutilados por el odio institucional, no pueden quedar condenados al olvido, al desdén de un poder que los considera meros obstáculos. ¡Hoy, más que nunca, es vital exigir una Comisión de Esclarecimiento que escuche, que nombre, que señale! ¡Una Comisión que arranque la impunidad de raíz y le devuelva al país la dignidad que se nos arrebata a plomo!

¡Comisión de Esclarecimiento YA!

 

Catatumbo: Entre el narcotráfico y la violencia, el absurdo de una guerra revolucionaria financiada por cocaína

Créditos de la imagen: insightcrime.org/

La guerra a muerte entre las organizaciones criminales por guerrilleras en el Catatumbo evidencia la historia de una región controlada militarmente por grupos armados, tanto legales como ilegales, con fines de narcotráfico. Desde 1931, cuando la Gulf Oil Company inició la explotación petrolera, el Catatumbo ha estado marcado por la violencia, la resistencia indígena Barí, y la colonización impulsada por intereses económicos.

A partir de los años ochenta, el territorio se convirtió en escenario de confrontación entre guerrillas como el ELN, EPL y FARC-EP. La llegada de las AUC en 1999, con apoyo del Ejército, desató un aumento drástico en los homicidios y consolidó un corredor estratégico para el narcotráfico. En 2002, Carlos Castaño afirmó que el 70% de los ingresos paramilitares provenían del Catatumbo, mientras la población sufría necesidades básicas insatisfechas, precaria educación y ausencia de servicios esenciales.

La crisis económica, junto con la disminución de la actividad petrolera y la limitada presencia estatal, impulsó la expansión de cultivos ilícitos como la coca, especialmente en municipios como Tibú y El Tarra.

El paro campesino de 2013 marcó un punto de inflexión en la región, con miles de campesinos organizados a través de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quienes exigieron al Gobierno mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos y el cese de la erradicación forzada de cultivos de coca. Tras semanas de movilizaciones y enfrentamientos, se alcanzaron acuerdos sustanciales como la suspensión de fumigaciones aéreas, el cese de la erradicación manual y el compromiso de implementar programas alternativos para los campesinos.

Sin embargo, el cumplimiento de estos acuerdos ha sido limitado. Aunque la producción de coca se disparó, alcanzando más de 11,000 hectáreas en 2015, los compromisos estatales en infraestructura, educación, y desarrollo rural quedaron rezagados. Esto perpetuó la dependencia de los cultivos ilícitos como única fuente de sustento para muchos campesinos, que imposibilita la transformación de las condiciones estructurales que han perpetuado la crisis en el Catatumbo.

Las comunidades del Catatumbo siguen sufriendo debido a la violencia alimentada por el narcotráfico. Grupos armados ilegales controlan el territorio y luchan por las rutas del narcotráfico, afectando a campesinos, indígenas y urbanos. A la pobreza histórica se suman el desplazamiento, homicidios selectivos y reclutamiento de menores, mientras el Estado permanece ausente en áreas clave como salud, educación y desarrollo rural. Ejemplo de esto es la guerra a muerte que se libra desde el 12 de enero de 2025 entre las organizaciones el ELN y la estructura 33 de las disidencias de las FARC en el norte de Santander y que tiene su origen en la pérdida de un cargamento de cocaína en noviembre de 2024, según informes de inteligencia militar.

Estos informes, elaborados por oficiales de inteligencia militar, detallan el enfrentamiento entre los guerrilleros del ELN y la estructura 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Según los reportes, alias «Richard», jefe de finanzas de la disidencia 33, acordó una alianza con el ELN sin consultar a sus comandantes superiores. Esta alianza buscaba evitar interferencias mutuas en áreas de control, rutas y contactos relacionados con el narcotráfico.

La pérdida de un cargamento de cocaína generó desconfianza entre las dos organizaciones criminales. El 12 de enero de 2025, fue asesinado alias «Catre», jefe del frente Juan Fernando Porras del ELN. Tres días después, el 15 de enero, la familia López fue masacrada en la misma región. En las investigaciones, un informe de inteligencia militar reveló que el trabajo de Miguel Ángel López en una funeraria lo puso en conflicto con los grupos armados ilegales. López recibía amenazas por su labor de recoger y enterrar a víctimas de ambos bandos. Al día siguiente, el 16 de enero, se reportaron siete enfrentamientos armados en el Catatumbo.

Alias «Richard», señalado como responsable de la nueva confrontación, cuenta con aproximadamente 290 hombres armados, aunque solo 40 de ellos estarían combatiendo directamente contra el Frente de Guerra Nororiental del ELN, que dispone de 15 estructuras y 2,380 hombres en el norte de Santander. De este total, 1,900 estarían involucrados en los enfrentamientos con las disidencias. Este conflicto ha dejado más de 80 personas asesinadas.

A través de inteligencia militar, se ha identificado que alias «Richard» estaría solicitando apoyo a otras estructuras disidentes de las antiguas FARC en Arauca y Cesar.

Esta guerra entre grupos ilegales deja un saldo de aproximadamente 80 personas asesinadas en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Entre las víctimas se encuentran 7 firmantes de paz y el líder social Carmelo Guerrero, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). A estas cifras se suman los confinamientos en los mismos municipios. Algunas personas han sido rescatadas, mientras que otras han salido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. Muchas, incluyendo firmantes de paz, líderes sociales, niños y niñas, enfrentan riesgos especiales de secuestro o asesinato debido a señalamientos del ELN. Aunque algunos rescates han sido exitosos, muchas personas siguen refugiándose en las montañas sin haber sido rescatadas.

La Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa reporta riesgos de desplazamiento en varias comunidades. Yukpa Tayaya, en San Pablo, Teorama, registra 126 personas desplazadas. En el Centro Piloto Karacha, en Tibú, 180 personas enfrentan la misma situación, de las cuales cinco se desplazaron hacia Venezuela. En las comunidades Ucha Petajpo y Manüracha, en Cúcuta, 325 personas se encuentran desplazadas, junto con cinco familias adicionales provenientes de otras comunidades. La comunidad indígena Barí Irocobingkayra se desplazó completamente al resguardo Catalaura, en La Gabarra, por alerta preventiva.

El desplazamiento masivo en la región es una preocupación creciente. En Cúcuta, muchas familias han llegado y se está realizando un censo en el Palacio Municipal. En Ocaña, un gran número de familias se encuentran albergadas en el coliseo. Tibú ha recibido a personas provenientes de áreas rurales, mientras que algunas familias de La Gabarra han partido por vía fluvial. En Ábrego, varias familias se han desplazado, especialmente en la vereda Hoyo Pilón. El Tarra está acogiendo a un grupo de personas en un albergue, y en la región del Zulia, en Venezuela, también se han registrado personas que cruzaron la frontera debido al desplazamiento forzado.

Tres firmantes de paz fueron secuestrados en Convención y Teorama. El pasado jueves, 20 personas fueron secuestradas, 10 de ellas mujeres. De estas, 17 continúan retenidas. Además, 12 personas han sido secuestradas con fines extorsivos.

Las actividades económicas, educativas y de subsistencia están suspendidas en los municipios afectados. Se reporta escasez de alimentos, afectando incluso a las comunidades indígenas. Personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad enfrentan graves consecuencias y necesitan protección especial y atención urgente.

Iris Marín, defensora del pueblo, advirtió sobre la magnitud de la crisis humanitaria en el Catatumbo, destacando que en solo cuatro días se han desplazado al menos 11,000 personas. Hasta las 6:30 de la tarde, se reportaron:

  • 2,178 núcleos familiares desplazados en Ocaña.
  • 5,065 personas albergadas en Cúcuta.
  • 2,500 personas confinadas en varios municipios.

La situación ha alcanzado niveles críticos, con comunidades enteras en riesgo de desplazamiento y una vulneración generalizada del principio de distinción. Las víctimas incluyen líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, y personas con especial protección constitucional, como niños, niñas, mujeres gestantes, personas con discapacidad e indígenas.

Mientras tanto, en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, se multiplican los desplazamientos masivos, la destrucción de medios de vida y la violencia indiscriminada. Las comunidades indígenas Yukpa y Barí reportan desarraigos forzados, mientras líderes sociales y firmantes de paz enfrentan persecuciones y asesinatos.

En medio de esta tragedia, surgen preguntas que nadie parece querer responder: ¿cómo es posible que grupos que se proclaman defensores del pueblo terminen matándose entre ellos por el control de rutas de narcotráfico? Al final, la realidad parece absurda: una «guerra revolucionaria» financiada con cocaína, donde los «libertadores» terminan enfrentándose como empresarios rivales en una disputa comercial, mientras el pueblo al que dicen representar sigue muriendo de hambre, de miedo y de olvido.

#CrisisEnElCatatumbo
#ViolenciaYDesplazamiento
#NarcoConflicto
#ComunidadesEnRiesgo
#PazYJusticiaAhora
Si necesitas algo más o aju

 

Las Madres del Catatumbo por la Paz se pronuncian ante la grave crisis humanitaria en la región

En este sentido comunicado, las Madres del Catatumbo por la Paz alzan su voz desde una región azotada por la violencia en estos momentos. Con el sentido de pertenencia y la legitimidad de quienes han perdido tanto, hacen un llamado urgente al cese de la guerra, al diálogo y a la intervención por la vida y la dignidad de sus comunidades.

aquí reproducimos el comunicado de manera textual e íntegra:

Tibú, 16 de enero de 2025

Comunicado de las Madres del Catatumbo por la Paz

A las guerrillas del ELN y Estado Mayor Central de las FARC-EP

Nos dirigimos a ustedes, no como enemigos, sino como madres. Nosotras, que hemos dado vida, que hemos cuidado, que hemos llorado en silencio tantas pérdidas en esta tierra herida por la violencia, les pedimos desde el corazón que detengan la guerra.

Hoy el Catatumbo está nuevamente manchado de sangre. Las balas que intercambian no solo hieren a quienes empuñan las armas, sino que desgarran los sueños de nuestras comunidades, rompen familias y siembran terror en el corazón de nuestras niñas y niños. ¿Cuántos muertos más necesita esta guerra para que entiendan que todos perdemos?

Hoy, nuestras casas están llenas de silencio, pero no es el silencio de la tranquilidad. Es el de un miedo profundo que obliga a las familias a resguardarse tras sus puertas, mientras los cadáveres permanecen en el monte, esperando que alguien les devuelva su dignidad. Les pedimos, con el amor y la desesperación de madres, que pongan fin a esta guerra absurda. El camino es el diálogo, no las balas. Ustedes tienen el poder de decidir si esta región sigue siendo un campo de muerte o un territorio de esperanza.

Al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, le pedimos que intervenga de manera inmediata. Es su responsabilidad proteger a las comunidades que han creído en la paz y que hoy son las principales víctimas de esta confrontación. No podemos permitir que el fuego consuma a nuestra gente mientras esperamos soluciones desde la distancia.

Hacemos un llamado a los organismos internacionales y defensores de derechos humanos para que no nos dejen solas. Que miren al Catatumbo, que escuchen nuestras voces y que acompañen este clamor desesperado por la vida.

Desde esta tierra que ha sufrido tanto, seguimos soñando con la paz. No porque sea fácil, sino porque es lo único que nos queda.

Con el corazón en la mano, Madres del Catatumbo por la Paz

¡NO PARIMOS HIJAS E HIJOS PARA LA GUERRA!

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE MADRES DEL CATATUMBO POR LA PAZ

#PazParaElCatatumbo
#NoMásGuerra
#MadresPorLaPaz
#DiálogoYEsperanza
#VidaDigna

Petro suspende diálogos con el ELN: “Lo ocurrido en Catatumbo son crímenes de guerra”

El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los recientes actos de violencia ocurridos en la región del Catatumbo, Norte de Santander. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario calificó las acciones del grupo insurgente como “crímenes de guerra” y señaló que estas violaciones a los derechos humanos demuestran la falta de voluntad de paz por parte del ELN.

“El ELN ha cometido en el Catatumbo crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, ya que no tiene ninguna disposición para avanzar hacia la paz”, afirmó Petro. Este anuncio representa un punto crítico en la búsqueda de la «paz total», estrategia priorizada por el Gobierno para poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia.

El Catatumbo, una región estratégica en la frontera con Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos entre diversos grupos armados ilegales. La violencia reciente, que ha afectado gravemente a la población civil, minó la confianza en las negociaciones que el Gobierno venía adelantando con el ELN.

En respaldo a la decisión del presidente, los negociadores de paz del Gobierno, liderados por Vera Grabe y el senador Iván Cepeda, expresaron su solidaridad con las víctimas y condenaron los actos criminales en la región. Cepeda subrayó que enfrentarse a otros grupos armados no debe implicar agresiones contra la población civil y reafirmó que, aunque el Gobierno mantiene su voluntad de diálogo, no tolerará crímenes de guerra.

La suspensión de los diálogos evidencia los desafíos en la búsqueda de una paz duradera en el país, marcando un momento de tensión en las relaciones entre el Gobierno y el ELN.

#PazEnColombia
#CatatumboEnCrisis
#ConflictoArmado
#DiálogosDePaz
#DerechosHumanos

(Crédito: Colprensa / La Voz del Catatumbo / Facebook)

Tragedia en el Catatumbo: familia asesinada en ataque armado

En la noche del miércoles 15 de enero, tres miembros de una familia, incluido un bebé de seis meses, fueron asesinados en un ataque armado en la vía que conecta Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Las víctimas fueron identificadas como Zulay Durán y Pacheco Miguel Ángel López, propietario de la funeraria San Miguel de Tibú.

El múltiple homicidio ocurrió en la vereda La Valera, en el corregimiento La Silla, una zona marcada por la presencia de grupos armados. Según primeras versiones, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la familia y abrieron fuego.

Se presume que el ataque fue perpetrado por miembros del Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (AGC). Sin embargo, las autoridades no han podido ingresar al lugar debido a los riesgos en la zona. Miembros del gremio funerario acudieron para salvaguardar los cuerpos.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “lamentable” en su cuenta oficial de la red social X. En su mensaje, confirmó que entre las víctimas estaba un bebé y anunció que la Policía avanza en la recolección de información para esclarecer los hechos.

Este trágico caso, la segunda masacre del año, refleja la grave crisis de seguridad en el Catatumbo, una región fronteriza azotada por disputas entre grupos armados ilegales que continúan sembrando violencia y miedo.

#MasacreEnElCatatumbo #CrisisDeSeguridad #ClanDelGolfo #ViolenciaEnColombia #JusticiaParaLasVíctimas

25 de noviembre: La Desaparición Silenciosa de Nuestras Hijas

«El sur, los vientos del sur traen el cambio», dijo el presidente Gustavo Petro, y así fue: el sur dio la fuerza al proyecto que hoy nos gobierna. Pero esos vientos, antes de esperanza, hoy son pestilentes.
Este 25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra las Mujeres, no podemos ignorar cómo la guerra se ensaña con nuestras jóvenes y niñas en el sur. Los vientos del cambio se han vuelto vientos de muerte. Como Madres y Mujeres reclamamos la vida antes de que el silencio y el olvido lo consuman todo.
Mauren Alejandra Ulchur tenía apenas catorce años. Su uniforme escolar aún olía a infancia, pero eso no detuvo a quienes la arrancaron de su salón en el Instituto Técnico Agrícola de La Plata, Huila, a finales de agosto de 2024. No fue la única. Detrás de ella, siete niñas más fueron llevadas mediante engaños, como si en las aulas no quedaran más que cuerpos a disposición de la guerra.
Gracias a la intervención de Naciones Unidas, seis niñas lograron regresar. Pero Mauren Alejandra no fue una de ellas. La encontraron este sábado 23 de noviembre, enterrada en una fosa común en El Ceral, una vereda montañosa de Buenos Aires, Cauca. Murió en medio de un combate entre las estructuras Jaime Martínez y el ELN.
En el colegio donde fue reclutada, las clases continúan como si nada. Ocho menores arrancadas de ese plantel, un informe de la ONU, y aún no pasa nada. Ni la denuncia, ni la muerte, ni el terror bastan para mover la maquinaria del Estado.
Laura Andrea Duarte, de 21 años, tampoco tuvo opciones. La promesa de un trabajo en el Alto Naya la hizo salir de su casa sin mirar atrás. No sabía que el «empleo bien pagado» la llevaría al control de la estructura Jaime Martínez. Cuando se negó a ser reclutada, la asesinaron. Su familia busca su cuerpo, buscando consuelo en otras familias que también buscan a sus hijos desaparecidos.
Erika Vanessa Trochez tenía 17 años cuando la misma estructura la tomó. Fue llevada a un campamento en Villa Colombia, Jamundí. Su madre, una mujer de fuerza desgarradora, llegó hasta donde estaba su hija para pedir que se la devolvieran. Suplicó, lloró, pero la respuesta fue un castigo: Erika fue trasladada a Buenaventura, más lejos, más inaccesible. Hoy no se sabe dónde está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a favor de la menor medidas cautelares, pero los días pasan y el silencio del Gobierno Nacional es sepulcral.
Hellen Sofía Chilo, de 12 años, fue vista por última vez el 20 de noviembre de 2024 en Santander de Quilichao, con su uniforme escolar puesto. Versiones indican que caminaba acompañada por un adulto desconocido, quien aparentemente la llevó hasta Popayán. Santander de Quilichao suma una historia más de una niña desaparecida, una historia que se pierde en el silencio y la indiferencia
Melanie Sofía Oviedo salió el 2 de noviembre, al final de la tarde, a pasear su mascota por las calles del barrio San Pedro en Palmira, Valle del Cauca. Llevaba falda negra, saco blanco, medias y zapatillas blancas. No regresó.
Juliana Quilindo Muñoz, de 13 años, es hija de la comunidad indígena Polindara del Cauca y vivía en la ruralidad de Pradera, Valle del Cauca. Desde el 2 de noviembre de 2024, su desaparición ha generado alarma en las redes sociales, donde circulan carteles solicitando información sobre su paradero. Sin embargo, hasta el momento, su rastro sigue siendo un misterio, y su familia y comunidad siguen esperando respuestas.
Heylin Ruiz Mensa, de 13 años, desapareció el 25 de octubre de 2024 desde su casa en el barrio San Marino de Cali. Su fotografía, con una balaca y una sonrisa, cuelga en los postes del barrio. Su familia sigue buscando, pero hasta ahora, no sabemos nada de ella.
Lizet Tatiana Morales Tálaga, de 15 años, estudiaba en el Colegio San Antonio de Padua en Timbío, Cauca. El 28 de octubre de 2024 salió de clases como cualquier otro día, pero nunca llegó a casa. Es la misma historia que se repite una y otra vez en los municipios del Cauca: niñas que salen de su colegio y nunca regresan. Cada día que pasa sin noticias, la esperanza se mezcla con la angustia, y el dolor de la desaparición se hace más profundo.
Katherine Aranda, 15 años, desapareció el mediodía del 29 de octubre. La vieron por última vez cerca del barrio Pedro León en Corinto, Cauca. Desde entonces, la montaña guarda silencio.
Jenny Vanessa Poloche y Yensi Poloche, de 12 y 16 años, compartieron la misma desaparición. Sus huellas se borraron en la Institución Agrícola de Piamonte, Cauca, el 23 de octubre de 2024. La escuela, ese lugar que debería protegerlas, quedó en silencio. La vida sigue su curso, pero ellas no vuelven.
Helen Sofía Mopán, de 13 años, desapareció en agosto de 2024, cuando salió de su casa en La Unión, Nariño, sin dejar rastro. Desde entonces, su familia y comunidad no han tenido noticias de ella. Como muchas otras niñas en el sur de Colombia, Helen se suma a la lista de las desaparecidas.
Anyela Mildred Ipia Acalo, de 15 años, desapareció el 14 de octubre de 2024, mientras regresaba de Caldono hacia su casa en la vereda Asnazu, Suárez, Cauca. En el sector de Mondomo, alguien la vio subir a una camioneta. Su paradero sigue siendo incierto. Se rumorea que podría estar en Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao. La Estructura Dagoberto Ramos de las FARC la reclutó, como ha ocurrido con tantas otras niñas.
25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra la Mujer, y nada pasa.
Hoy, como todos los días, denunciamos cómo la guerra y la muerte siguen arrancando a nuestras niñas y jóvenes del sur. Pero no pasa nada. Ellas se convierten en una cifra más, en un número olvidado en un programa de Excel, en un cartel de «se busca» que no ofrece respuestas. No están en casa, no están en sus colegios, no están con sus familias ni en sus comunidades. La muerte nos habita, la guerra ha tomado el control, y la indiferencia sigue siendo la única respuesta.
No hay cambio posible si nuestras niñas desaparecen sin dejar rastro. No hay esperanza mientras el silencio y la indiferencia sigan siendo la respuesta. Hoy, más que nunca, el sur clama por justicia, por memoria, por un país que no olvide a sus hijas, que se niegue a ser indiferente ante su dolor. Que los vientos del sur no sigan trayendo muerte y guerra. Que los vientos del sur sean, por fin, el verdadero cambio: un cambio que permita a las mujeres vivir libres de violencia.

Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

 

¡Comisión de esclarecimiento YA!

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !

Alerta Dignidad Paro Nacional

DDHH #Cali| A temprana hora del día Domingo #27j de 2021, la comunidad reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca a la Av del Río, por el Boulevard #ColombiaEnDictadura

DDHH #Cali | Hallan cuerpo sin vida en canal de aguas negras al nororiente de Cali B/Calimio, unidades del cuerpo de bomberos hacen presencia en el sitio para realizar el levantamiento #18jul #ColombiaEnDictadura

DDHH #Cali Hoy #25j encuentran el cuerpo de un joven en canchas barrio Cañaveralejo de la Ciudad de Cali . Se publica está foto para reconocimiento. #ColombiaEnDictadura

🇨🇴 #DDHH #Cali | Hoy #9oct Hallan cuerpo sin vida flotando en un canal de aguas negras al oriente de Cali, Cra 7R entre los barrios Alfonso López y 7 de Agosto. #ColombiaEnDictadura

#JusticiaParaDaniel

TOTALMENTE DESPROTEGIDOS SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES Y TESTIGOS EN EL CASO DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencia s Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. Luego de la entrega del cuerpo los familiares constataron que Medicina Legal cometió un nuevo crimen al borrar evidencias de golpes en el cuerpo y el impacto de bala en una de sus piernas mediante la realización de cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas forenses. Después de tres meses exigiendo los anexos del dictamen de Medicina Legal fueron entregados una foto, y dos radiografías, en donde se verificó que no se realizaron las radiografías, ni fotografías, ni videos correspondientes a la práctica forense, ni mucho menos exámenes de laboratorio. No se cumplió ninguna de las exigencias de los protocolos de Minnesota y Estambul de obligatorio cumplimiento en graves casos de violaciones a los derechos humanos. No existe evidencia científica en el dictamen médico legal que sustente la falacia sobre la muerte por inhalación de vapores calientes, conclusión ventilada en medios de Comunicación por el fiscal ENCINALES director seccional de Fiscalías de Cali.

Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.

El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevó a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar porque a pesar de que se informó a la fiscalía de la situación no se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y la integridad.

Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigos se han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección.

La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales aperturadas. Así mismo ha obstaculizado la labor probatoria de los representantes de las víctimas sin que a la fecha se haya ordenado la practica de pruebas solicitadas, ni se haya presentado ante juez con funciones de control de garantías los elementos de prueba y evidencia física recaudados por las víctimas y testigos para hacerlos valer dentro del proceso penal, oportunamente entregados a la Fiscalía. No se han adelantado los comités técnico jurídicos ni se ha escalado la investigación a una fiscalía especializada de la Unidad de Derechos Humanos tal y como lo ordenó el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali en acción de tutela radica con el número 2021-00214.

En el día de hoy integrantes de nuestra corporación fuimos informados que se estaría gestando un plan de judicialización en contra de los testigos del presente caso en el marco de los falsos positivos judiciales que se vienen orquestando desde la Fiscalía General de la Nación y de los que se han realizado capturas desde la semana pasada en la Ciudad de Cali y Palmira. Esta situación obstaculiza el derecho de las víctimas de participar en la dinámica probatoria del proceso penal y también que víctimas y testigos sean cobijados por el programa de protección de la fiscalía, todo lo anterior en garantía de impunidad.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021