Cuando las bombas caen sobre ciudades lejanas, parece que la justicia también queda lejos. Los gobiernos hablan de seguridad, de estrategia, de intereses nacionales. Pero debajo de esas palabras hay algo más simple: personas que mueren, familias que desaparecen, escuelas que quedan en ruinas. Frente a esos hechos, muchas veces el sistema internacional parece paralizado. El Consejo de Seguridad de la ONU se bloquea por vetos políticos y las potencias que deberían respetar el derecho internacional son, a veces, las primeras en ignorarlo. Sin embargo, el derecho no termina allí. Existe una idea poderosa que nació después de las grandes tragedias del siglo XX: la jurisdicción universal.
La jurisdicción universal parte de un principio sencillo. Hay crímenes tan graves que no pertenecen a un solo país, sino a toda la humanidad. Genocidio, crímenes de guerra, tortura o crímenes contra la humanidad son delitos que atacan las bases mismas de la convivencia humana. Por eso, cualquier tribunal del mundo puede investigarlos, incluso si ocurrieron en otro país y aunque las víctimas o los responsables no tengan relación con el Estado que juzga. La lógica es clara: cuando un crimen ofende a toda la humanidad, la humanidad entera tiene derecho a buscar justicia.
Esta idea no es nueva ni es solo teoría. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Juicios de Núremberg demostraron que los responsables de atrocidades podían ser juzgados aunque fueran líderes de un Estado. Décadas más tarde, un juez español ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet por torturas y desapariciones. Pinochet fue arrestado en Londres, y el mundo comprendió que incluso un ex jefe de Estado podía enfrentar la justicia fuera de su propio país. Años después, el exdictador de Chad, Hissène Habré, fue juzgado y condenado en Senegal por crímenes contra la humanidad. La justicia tardó, pero llegó.
Hoy varios países mantienen leyes que permiten aplicar este principio. Tribunales en Alemania, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza o Argentina han investigado casos de genocidio, tortura o crímenes de guerra cometidos en distintos lugares del mundo. Estas investigaciones suelen comenzar con denuncias presentadas por víctimas, organizaciones de derechos humanos o abogados comprometidos con la defensa del derecho internacional.
Cuando las instituciones globales fallan, la jurisdicción universal recuerda algo fundamental: la justicia no pertenece solo a los gobiernos. También pertenece a los pueblos. La historia muestra que muchos procesos internacionales comenzaron gracias al trabajo paciente de periodistas, juristas, activistas y ciudadanos que se negaron a aceptar la impunidad como destino.
Por eso, hoy se hace un llamado a juristas, académicos, defensores de derechos humanos y humanistas de todo el mundo a activar las herramientas que el propio derecho internacional ofrece. La jurisdicción universal existe precisamente para enfrentar situaciones en las que los sistemas políticos se paralizan y los responsables de grandes crímenes pretenden quedar fuera del alcance de la ley. Frente a los graves hechos que hoy conmocionan al mundo, corresponde a la comunidad jurídica internacional explorar y activar estos mecanismos para que líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu no queden en la impunidad por los crímenes que puedan constituir violaciones graves al derecho internacional humanitario y a los principios fundamentales de la humanidad.
En un mundo donde las guerras atraviesan fronteras, la justicia también puede atravesarlas. Informarse, organizarse y utilizar las herramientas del derecho internacional es una forma de recordar que ningún poder político está completamente por encima de la ley. La jurisdicción universal no es una promesa automática de justicia, pero sí una puerta abierta. Y cada vez que alguien decide empujar esa puerta, la idea de que los crímenes más graves no quedarán impunes vuelve a respirar un poco más fuerte.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo