Por: Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales hecha desde la Organización de Naciones Unidas en su artículo 1 establece que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por tanto, toda persona que, de cualquier forma, promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.
No existe una lista cerrada de acciones que se definan dentro del ejercicio de defensa de los Derechos Humanos y puede ser llevada a cabo incluso desde las instituciones del Estado, las labores comunitarias, los movimientos populares, indígenas, de género, a favor de la infancia, de la vivienda digna, del medio ambiente, entre otras. Cuando nos referimos a líderes sociales en términos particulares, nos estamos refiriendo también a personas que defienden derechos humanos. Las cifras de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia siguen siendo escandalosas, al punto de llegar a la barbarie máxima. El mes de abril y este comienzo del mes de mayo son una radiografía espeluznante del panorama que se está padeciendo:
El miércoles 3 de mayo fue asesinado el guardia indígena de Jambaló, William Vargas, quien quedó atrapado en el fuego cruzado de los grupos armados de la columna “Dagoberto Ramos” de las disidencias de la FARC y del ELN. En la Minga Humanitaria celebrada a finales de abril, los actores armados responsables del asesinato del líder indígena se habrían comprometido mediante comunicados públicos a “desescalar” el conflicto en la región.
El martes 2 de mayo fue asesinado Diego Fernando Papamija Chilito, líder social de Argelia, Cauca, secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico y fiscal del comité de carreteras de Argelia. Su cuerpo sin vida presentaba impactos de arma de fuego, y fue encontrado en la vía que conduce de Balboa a Argelia en el Cruce de San Alfonso.
El martes 4 de abril, Herney Muñoz fue sacado de su casa por integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC en el corregimiento La Planada de Balboa, Cauca. Su cuerpo sin vida, presentaba impactos de arma de fuego, y fue hallado en la vereda El Turbio. El líder social se distinguía por organizar la famosa Semana Cultural y Deportiva del corregimiento La Planada. Días antes, los medios de comunicación informaron sobre la ocurrencia de una masacre el 20 de marzo, donde fueron asesinadas tres personas en la vereda La Primavera en zona rural de Balboa, Cauca. Al parecer, las víctimas en realidad fueron cinco, y se especula que eran supuestos integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC que estarían cobrando vacuna a traficantes de droga. Los integrantes de la Columna “Carlos Patiño”, en retaliación, asesinaron al líder social Herney Muñoz sólo porque ejercía labores de liderazgo social, además de buscar causar terror en la población civil.
Según Front Line Defenders -ONG irlandesa que busca proteger a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos-, los líderes sociales en Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a constantes amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en pro del cumplimento de los derechos humanos. Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en la lista de los países donde más asesinan defensores de derechos humanos en el mundo. Durante el 2022, fueron asesinados en Colombia el 46% del total de los defensores asesinados en todo el mundo. Según Front Line, en nuestro país fueron asesinados 186 defensores, y En Ucrania, con una guerra de por medio, fueron asesinados 50 defensores, ocupando el segundo lugar.
Juan Pappier, subdirector para Las Américas de la ONG Human Rights Watch, denunció que durante el primer trimestre del 2023 se habrían cometido 33 asesinatos contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Según las cifras de INDEPAZ, durante el mes de abril y principios del mes de mayo se presentaron 59 homicidios de lideres sociales. Para el observatorio de violencias Alerta Dignidad, la cifra llegó a los 61 homicidios. Esto quiere decir que, en tan solo 34 días, se duplicó el número de homicidios de líderes sociales sobre la totalidad del primer trimestre del 2023.
¿Quién está protegiendo a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Existe una política pública destinada a la protección de estas figuras públicas que propenden por la dignidad y seguimiento de los derechos humanos en Colombia?
La realidad cruda es que no se sabe quién protege a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia: la política pública de protección hacia estas personas es difusa, no existe un órgano o institución del Estado que se responsabilice de su formulación y ejecución, no es efectiva ni arroja resultados, no cuenta con presupuesto propio. Y en tiempos de Paz Total debe enfrentarse activamente el hecho de que las cifras de homicidios de líderes sociales va en aumento.
En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos cuentan con dos mecanismos que, podría suponerse, funcionan como una especie de política pública de protección a personas líderes y defensoras de derechos. En primer lugar, está el Proceso Nacional de Garantías como espacio de deliberación política y de participación de la sociedad civil, y en segundo lugar, los mecanismos legales ejecutados por la Unidad Nacional de Protección, que son específicamente para la atención de quienes defienden derechos humanos, además de los programas de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de diálogo político de alto nivel de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre el tema de las garantías para el ejercicio pleno de la labor de defensa de derechos humanos. En este espacio se acuerdan acciones, lineamientos de política, medidas concretas para enfrentar la persistente violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Esta instancia no resuelve casos individuales ni situaciones de riesgo inminente: visto más de cerca, representa sólo un espacio consultivo no vinculante en donde la sociedad civil es solamente escuchada por el Estado.
El Proceso Nacional de Garantías se encuentra en crisis, es un modelo anacrónico implementado desde el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, que no ha resuelto en el suroccidente colombiano las necesidades básicas para garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos, y que no incide de manera contundente en acciones concretas de protección a los defensores; es más, ni siquiera permite el buen funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección o, en materia de acceso a la justicia, no logra llegar a encarar los procesos penales para que pueda superarse la etapa de la indagación preliminar y el desarchivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ultimas, el dialogo político nacional y regional de alto nivel entre la sociedad civil y el Estado no se traduce en la defensa de la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia sino que se erige como un parapeto de justicia corrupta, obsoleta y meramente burocrática.
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se evidenció cómo en la Unidad Nacional de Protección se comenten diferentes tipos de delitos: muchas camionetas de la UNP han sido incautadas con estupefacientes y armas; así mismo, muchos funcionarios de la entidad han sido vinculados con carteles del narcotráfico. De una entidad que apenas se está depurando de la criminalidad pululante en su interior no se puede esperar la correcta implementación de medidas de protección para los ciudadanos que la requieren con urgencia. Los estudios de evaluación de riesgo no se realizan ni siquiera con acciones de tutela, y cuando se realizan, el CERREM –Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-, de manera objetiva, no tiene en cuenta los contextos de agresión que han padecido las personas defensoras de los derechos humanos, y es prácticamente imposible que implementen esquemas de seguridad duros con blindaje, ya que la UNP manifiesta que no hay carros blindados en el territorio nacional. Así mismo, nunca se implementan las medidas de urgencia, ni siquiera existiendo una disposición legal que así lo permita.
Y es que es tan lamentable la situación de protección de quienes defienden derechos humanos en este país, que ni siquiera las medidas cautelares de protección que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia se implementan de manera inaplazable. La cancillería, a cargo del canciller Álvaro Leiva, se ha caracterizado por desconocer el funcionamiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en particular y, en general, del derecho internacional de los derechos humanos. Empecemos por señalar que la cancillería presentó un absurdo Proyecto de Ley que buscaba el cumplimiento inmediato de las órdenes de tribunales internacionales: es necesario que alguien instruya al canciller y le haga claridad acerca de que en este momento no se necesita una ley para la aplicación de las decisiones de tribunales internacionales, ya que son de aplicación automática. En concreto, podríamos decir que el grupo de derechos humanos de la cancillería ni siquiera se toma el trabajo de programar reuniones de concertación de medidas cautelares. En los gobiernos de derecha más sanguinarios que ha tenido Colombia, al menos se garantizaba con prontitud la realización de estas reuniones, y las víctimas beneficiarias de las medidas cautelares eran escuchadas oportunamente. Fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que garantizó los derechos políticos al Presidente Gustavo Petro, pero es, en su gobierno, la cancillería misma la que obstaculiza la implementación de los mecanismos de protección desde dicho sistema.
Hacemos un clamor desesperado para que se diseñe y se implemente de manera perentoria una política pública de protección a los defensores de derechos humanos en Colombia: Nos siguen matando, y cada día tenemos que llorar a nuevas personas líderes y lideresas sociales asesinadas.