Menor de 15 años de la vereda El Pedregal de Caloto Cauca fue víctima de ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional

Caloto Cauca, 3 de octubre de 2012

Don Angelino Martínez, residente en la Vereda El Pedregal de Caloto, Cauca, aún no sale del horror y la indignación que le causó recibir los restos de su hijo NORBEY MARTINEZ BONILLA, de 15 años de edad, desaparecido desde el pasado 28 de septiembre de 2012, en el marco de intensos enfrentamientos que se libraron entre el Ejército Nacional y las Farc, en la zona rural.

Desde el día viernes 28 de septiembre los familiares del menor lo esperaban en su casa después que terminara sus labores de agricultura. Hacia el día sábado sus familiares al ver que no llegaba, iniciaron la búsqueda ante la Fiscalía, la alcaldía y la policía, sin obtener resultados.

Luego de tres angustiosos días de búsqueda, ayer martes fue entregado el cadáver del menor a sus familiares en el Instituto de Medicina Legal de Cali. Insólitamente el cadáver no tiene la lengua, tiene heridas en los dedos y una herida en el cuello y en el glúteo derecho con elemento desconocido. Llama la atención que el cuerpo sin vida del menor fue entregado con coseduras en todas sus extremidades. Así mismo, el uniforme camuflado que presuntamente portaba, aparece sin perforaciones.

NORBEY MARTINEZ es residente de la vereda el Pedregal y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, desde el 13 de agosto de 2010.

Los medios de comunicación y autoridades militares presentaron al menor como un guerrillero conocido con el alias de “Yair” dado de baja en combate. Según el ejército, el subversivo tenía mas de diez años en la guerrilla y hacía parte de la seguridad de un jefe guerrillero.

http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-275926-asi-combaten-ejercito-y-farc-caloto-cauca

Si el menor NORVEY MARTINEZ tenía 15 años, resulta improbable que haya ingresado a la subversión a los cinco años de edad. Igualmente, improbable resulta que el menor en mención sea alias “Yair”.

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/en-combates-en-caloto-cauca-murio-guerrillero-de-las-farc_12268273-4

Se solicita al Dr. Eduardo Montealegre Lynet, Fiscal General de la Nación para que asigne un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que adelante una investigación exhaustiva de los hechos denunciados;

Se insta al Estado de Colombia para que la investigación por la muerte este menor no sea de conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Al Dr. Eduardo Valdés, director del Instituto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que designe una comisión de expertos que adelante una valoración inmediata y exhaustiva del cadáver para determinar las causas de la muerte del menor, con la estricta observancia de los estándares internacionales en materia forense establecidos en el Protocolo de Minnesota para casos de ejecuciones extrajudiciales y del Protocolo de Estambul para casos de Tortura;

A la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, para que inste al Estado colombiano sobre el cumplimiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exija del Estado colombiano de manera urgente el cumplimiento y respeto de los mandatos de la medida cautelar MC-97/2010.

A las organizaciones de Derechos Humanos para que difundan la presente denuncia.

En la Tercera Brigada de Cali se efectuó la imputación de cargos contra el líder campesino Rafael Ulcué

10 de junio de 2012

En un mal precedente para la Justicia Colombiana, los defensores de derechos humanos y las garantías de los ciudadanos, se constituyeron las audiencias preliminares adelantadas contra el líder campesino y defensor de derechos humanos RAFAEL ULCUE el día de ayer.

En efecto, entre domingo 10 y el lunes 11 de junio de 2012, se adelantaron por parte de la JUEZ 9 DE CONTROL DE GARANTÍAS, la señora MARTHA CECILIA PAZ ARGOTI, las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento a RAFAEL ULCUE, en sede de LA TERCERA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL DE CALI. Este proceder recuerda los Consejos verbales de Guerra instaurados durante los 70 y 80 por el régimen colombiano contra opositores políticos.

No obstante ser una audiencia pública la juez de control de garantías impidió el acceso de la prensa a la improvisada sala de audiencia y, los militares, negaron el acceso a familiares de los indiciados. Resulta igualmente preocupante que personal uniformado filmara a los indiciados, a la defensa y los demás participantes del acto.

Durante el desarrollo de la audiencia el FISCAL 8 ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO DE BOGOTÁ, RICARDO BEJARANO BELTRÁN, tildo de “discurso terrorista” los argumentos de la defensa que manifestó su desacuerdo con este tipo de capturas masivas. Fue tal exabrupto que el Procurador delegado en lo penal dejo constancia del incidente.

La Fiscalía imputó los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado con fines terrorista al líder campesino, con base en elementos materiales probatorios y evidencia física como medios electrónicos (usb, discos duros, entre otros) que se obtuvieron de manera ilegal, violando los protocolos de cadena de custodia y que luego fueron manipulados por personal militar. En las actas del funcionario de campo aparece certificado que el material fue llevado en morrales y bolsas de negras sin el respectivo embalaje y rotulación, y que luego fueron transportados a otros programas de sistemas.  Dentro de los supuestos hallazgos, la fiscalía, presentó una supuesta hoja de vida elaborada por las FARC en la que incluían datos personales, familiares e incluso datos del FOSYGA y de vinculación de eps, incluyendo la fotografía. El ente acusador fundamentó su pedido en declaraciones de dos reinsertados de las FARC que manifestaron no conocer el verdadero nombre de RAFAEL ULCUE, y que no tenían conocimiento de su participación en actos terroristas.

A pesar de la insistencia de la defensa sobre la ilegalidad de las audiencias preliminares la Juez de Control de garantías, no obstante que reconoció la calidad de defensor derechos humanos del señor RAFAEL ULCUE, con base en pruebas aportadas, le impuso medida de aseguramiento de detención en centro carcelario con fundamento en su condición de defensor de los derechos humanos,  su capacidad intelectual y formación que conoce los derechos de la comunidad y que por lo tanto puede influir en los testigos para que no digan la verdad. Igualmente afirmo que no hay mejor lugar para darle protección que la cárcel.

RAFAEL ULCUE PERDOMO y SERGIO ULCUE PERDOMO, son líderes populares de procesos de organización campesina en las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca y quienes por varios años y permanentemente han denunciado los atropellos y crímenes cometidos contra la población civil por parte del Ejército Nacional.

Desde 2009 ante la arremetida del Ejercito Nacional en contra de la población campesina de las veredas el Vergel y el Pedregal, RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE, organizaron a las comunidades para acceder a la Administración de Justicia denunciando los casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por el Ejército Nacional en contra de sus comunidades.

En virtud de lo anterior, RAFAEL y SERGIO ULCUE, como voceros y líderes comunitarios obtuvieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Medidas Cautelares para proteger la vida y la integridad de los habitantes de las mencionadas veredas que se encuentran en medio del conflicto armado.

Exigimos al Estado de Colombia

Garantizar el derecho a la libertad de los campesinos RAFAEL ULCUE PERDOMO Y SERGIO ULCUE PERDOMO.

Brindar todas las garantías del debido proceso, recurso judicial efectivo y el derecho de defensa a los líderes campesinos RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE.

Exigimos el estricto cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH en segundo informe sobre defensores de derechos humanos en las Américas en donde señala los efectos nocivos de la criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos.

Solicitamos a la comunidad jurídica nacional e internacional exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de las garantías básicas de derecho fundamentales en condiciones de imparcialidad, de igualdad, garantizando los principios de juez natural y la prohibición del establecimiento de tribunales Adhoc

Alertamos a las Organizaciones Sociales y populares del Cauca y Valle del Cauca de la existencia de más de 140 órdenes de captura solicitadas  la Fiscalía 5 Especializada de Popayán dentro del radicado 2010-00-02892 en donde muy seguramente se encuentran vinculados defensores de derechos humanos de la Región.

Solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales y populares respaldar nuestra denuncia, brindar solidaridad a los afectados y a la comunidad a la que pertenecen, divulgar nuestras peticiones y exigir al Estado plenas garantías para la defensa de los derechos humanos.