No son solo cifras, son vidas que defendían derechos
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 7 de marzo de 2025, 214 lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Defendían la tierra, la justicia y los derechos humanos, pero el Estado las dejó solas, como siempre. Mientras el país acumula feminicidios políticos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue brillando por su corrupción e incompetencia, dejando a las lideresas expuestas a la violencia, con medidas que parecen sacadas de un mal chiste.
Porque, claro, ¿qué mejor protección que un botón de pánico o un celular cuando los sicarios llegan en moto? Y si por alguna razón a la UNP se le ocurre entregar un chaleco antibalas, pues la lideresa ni siquiera puede usarlo, porque ponerse un chaleco en zonas de alto riesgo es básicamente marcarse con un letrero de “aquí estoy, mátenme”.
Pero la desidia no termina ahí. Los analistas de la UNP, expertos en nada, evalúan el riesgo de las lideresas desde una oficina con aire acondicionado y deciden, con su increíble conocimiento en seguridad, que el peligro no es “tan alto”. Mientras tanto, los grupos armados siguen haciendo lo suyo: callar a las mujeres que defienden la vida.
Y aunque existan fallos judiciales que obligan a la UNP a garantizar medidas de protección adecuadas, les importa un carajo cumplirlos. De hecho, su director acumula más de 400 desacatos y no pasa absolutamente nada. Porque en Colombia, si eres una lideresa en riesgo, estás condenada a la suerte o a la muerte.
20 de marzo: Dianys Valderrama Tuberquia, asesinada en su hogar
En Carepa, Antioquia, Dianys Valderrama Tuberquia, una reconocida lideresa comunitaria, fue asesinada dentro de su propia casa con 13 puñaladas. No hubo robo ni signos de ingreso forzado. Las autoridades apuntan a un menor de 14 años, pero la pregunta sigue en el aire: ¿fue un crimen aislado o hay intereses detrás?
16 de marzo: Diandra Natalia Zamora Henao, líder indígena asesinada en Guaviare
Diandra Natalia Zamora Henao, coordinadora de Mujer y Familia de la Asociación de Autoridades Indígenas ASATRIMIG, fue asesinada en Miraflores, Guaviare. No hay detenidos, no hay culpables, no hay respuestas.
14 de marzo: Leidy Hoyos, docente asesinada en un asalto
La profesora Leidy Hoyos fue asesinada junto a su esposo en el sur del Cauca, en medio de un robo. Los delincuentes les quitaron la vida por una motocicleta, dejando a su hija de seis años sin padres.
3 de marzo: Ana Elcy Arteaga Camilo, asesinada en Cauca
La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pan de Azúcar, Ana Elcy Arteaga Camilo, fue interceptada por sicarios en la vía Panamericana y asesinada mientras iba a recoger a su nieta. Era una lideresa campesina, trabajadora incansable por su comunidad. ¿Medidas de protección? Ninguna.
27 de febrero: Lucero Velásquez, asesinada en su finca en Caldas
Un hombre armado ingresó a la finca de Lucero Velásquez, dirigente comunal, y le disparó. Su esposo e hijo quedaron heridos. Otro crimen en total impunidad.
CERREM Mujeres: una burla para las lideresas
El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) Mujeres debería garantizar protección con un enfoque diferencial. Pero en la práctica, es un trámite burocrático inútil que, en lugar de salvar vidas, las deja aún más vulnerables.
El gobierno repite su misma estrategia absurda: celulares y botones de pánico para mujeres que deben andar solas por trochas y caminos rurales. ¿Protección real? Ninguna.
Porque cuando los sicarios llegan, la lideresa puede llamar al número de emergencia y esperar sentada mientras la policía aparece… si es que aparece. Y cuando la UNP entrega chalecos antibalas, lo hace sin pensar que una mujer con un chaleco antibalas en una zona de conflicto es blanco fácil.
El silencio del gobierno y la impunidad total
Las lideresas están muriendo, el conflicto armado se agudiza y el gobierno sigue mirando para otro lado. Mientras tanto, la UNP sigue acumulando desacatos judiciales, sin consecuencias para su director, y dejando a cientos de mujeres en peligro.
Si la protección en zonas de alto riesgo se tomara en serio, muchas lideresas estarían vivas hoy. Pero en Colombia, defender la vida sigue siendo una sentencia de muerte.
Por: Sofía López Mera , abogada, periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.