No eran solo “falsos positivos”. En los caminos polvorientos del Huila, en las veredas donde la neblina se queda prendida en las montañas, el Ejército no solo disparaba contra supuestos guerrilleros. Durante los años más duros del gobierno de Álvaro Uribe, mataban a jóvenes y campesinos —muchachos que buscaban trabajo en la plaza, jornaleros que apenas podían llenar la olla, hombres arrancados de sus casas al amanecer— y luego los vestían con botas de caucho, les colgaban un fusil oxidado en las manos, y los presentaban como bajas en combate.
La tierra del sur del Huila está llena de esas historias. Los cementerios también. El viejo San Antonio de Padua, en Pitalito, guarda en silencio lo que los noticieros no dijeron: fosas abiertas a toda prisa, cuerpos apilados sin nombre, madres llorando sin tumba dónde rezar. Hace apenas unos días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que recuperó 17 cuerpos en ese camposanto. Se pensaba que habría diez o doce, pero la pala destapó once fosas, algunas colectivas, con los restos de quienes desaparecieron entre 1998 y 2012, en Pitalito, San Agustín, Acevedo, Palestina y hasta Santa Rosa, en el Cauca.
Por primera vez, seis exmilitares comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajaron la mirada y se ensuciaron las manos en esas exhumaciones. No eran solo soldados. Eran hombres que, en otros años, empuñaron el poder de decidir quién vivía y quién moría. Hoy, como parte de sus compromisos restaurativos, ayudaron a desenterrar a los que ellos mismos un día hicieron desaparecer.
La JEP ha documentado que en el Huila hubo asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por la Novena Brigada. En total, 32 desapariciones están ya registradas en el subcaso Huila del Caso 03. El año pasado, 35 militares fueron imputados, incluidos generales, por 200 crímenes: entre ellos asesinatos, desapariciones y tentativas de homicidio. Y en una audiencia en Neiva, 74 uniformados aceptaron responsabilidad por 108 hechos: 32 desapariciones forzadas y 8 intentos de homicidio.
Mientras la JEP les pregunta por los cuerpos, la UBPD los encuentra. Con los 17 de ahora, ya son 40 restos recuperados en el cementerio de Pitalito. Cuatro han regresado a casa de sus familias en Huila, Caquetá, Cauca y Cesar; otros tres están por volver. Los demás esperan en osarios, bajo custodia, hasta que la ciencia confirme lo que el corazón de las madres ya sabe.
Las familias, junto a organizaciones sociales, caminaron la Ruta de la Memoria: sembraron rosas, tejieron un telar y escucharon las voces de los buscadores. Porque la memoria no solo se escribe con papeles y expedientes: también con tierra removida, con flores rojas sobre las tumbas, con lágrimas que se convierten en semilla.
La historia del Huila no cabe en los informes fríos ni en las estadísticas de despacho. Está escrita en la tierra removida del cementerio de Pitalito, en las fosas abiertas a la carrera en nombre de la “seguridad democrática”. No eran guerrilleros, eran campesinos, eran jóvenes, eran hijos. Y ahora, poco a poco, el país se entera de lo que siempre supieron sus madres: que los uniformados no solo peleaban una guerra, también enterraban a inocentes en silencio.
Por Justicia & Dignidad
Periodismo independiente e investigativo