La Jurisdicción Especial para la Paz celebró con solemnidad su sentencia sobre los falsos positivos del Batallón La Popa. Doce militares recibieron sanciones propias por 135 ejecuciones extrajudiciales. Se habló de verdad, de reparación, de garantías de no repetición. Se habló de justicia restaurativa. Pero entre las familias que llevan años buscando, entre las madres que aún sostienen las fotos de sus hijos ejecutados, la sensación que se impone es otra: la de la impunidad disfrazada.
La sentencia no resuelve el caso a caso de cada víctima. No hay nombre por nombre, no hay esclarecimiento de cómo fueron asesinados, de quién dio la orden, de qué manos dispararon. La macro verdad se tragó las historias individuales. Las víctimas quedan reducidas a estadísticas, a una cifra que cabe en un párrafo judicial. Sus derechos individuales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral siguen sin cumplirse.
Tampoco hay verdad completa. La sentencia repite lo sabido: que hubo un patrón, que fue sistemático, que la presión por resultados se convirtió en una maquinaria de muerte. Pero la cadena de mando se detiene convenientemente en coroneles y comandantes de batallón. El nombre que flota como fantasma, el del máximo responsable político, Álvaro Uribe Vélez, permanece blindado. Su política de “seguridad democrática” fue la que abonó estos crímenes, y sin embargo él sigue impune, protegido por un muro de silencios y complicidades.
La reparación, además, es un espejismo. La Unidad para las Víctimas no tiene fondos para indemnizar, y los proyectos restaurativos —placas, monumentos, talleres comunitarios— son paliativos simbólicos frente a la magnitud del daño. Las familias lo saben: lo que se ofrece no compensa una vida arrebatada ni resarce décadas de duelo y de pobreza.
La trampa está en el origen. El Acuerdo de Paz se firmó entre el gobierno y las FARC. En esa negociación, los militares fueron incluidos y premiados. Los falsos positivos quedaron metidos en el paquete, como si fueran un efecto colateral del conflicto, cuando en realidad fueron una política abominable de crímenes de lesa humanidad, generalizados y sistemáticos, cometidos contra civiles inocentes.
Por eso, en términos prácticos, estas víctimas nunca fueron consideradas víctimas del conflicto armado. No lo fueron. Fueron víctimas de un Estado que asesinó a sus ciudadanos para inflar estadísticas de guerra. Fueron víctimas de un aparato que convirtió el uniforme en verdugo. Y la JEP, en vez de colocar sus historias en el centro, eligió proteger la arquitectura de la impunidad.
Al final, la sentencia confirma lo que tantas madres intuían desde el principio: la JEP nunca tuvo como centro a las víctimas de los falsos positivos. El centro siempre fue blindar a los responsables y garantizar la impunidad.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo