Desde que comenzaron a circular versiones sobre una supuesta incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la “captura” de Nicolás Maduro, el debate se llenó de gritos, aplausos prematuros y celebraciones irresponsables. Pero conviene hacer lo que casi nadie quiere hacer en medio del ruido: confrontar los hechos para determinar si se ajustan o no al derecho internacional, con política real y con algo que hoy escasea más que el petróleo: sentido histórico. Lo primero que hay que decir, sin rodeos, es que lo ocurrido el 3 de enero de 2026 en Venezuela no se ajusta al derecho internacional. No hubo captura confirmada, no hubo operación reconocida, no hubo transición alguna. Lo que sí hubo fue una avalancha de propaganda, especulación y deseo disfrazado de noticia.
Y aun así, el ejercicio sirve, porque revela algo más profundo. Si una captura de Nicolás Maduro de ese tipo hubiese ocurrido sin autorización expresa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sin un proceso formal de extradición y mediante el uso de la fuerza en territorio soberano, estaríamos ante un problema jurídico mayúsculo. No importa cuánto odio despierte Maduro ni cuántos crímenes se le atribuyan: la soberanía estatal no es una opinión, es un principio fundante del orden internacional. La Carta de la ONU prohíbe el uso unilateral de la fuerza. El derecho internacional no autoriza la “justicia por comando”. Incluso los criminales tienen procedimiento, porque cuando el procedimiento se rompe, lo que cae no es solo un gobierno, sino la norma que protege —o debería proteger— a todos.
Pero hay algo todavía más grave que la fantasía de la captura: el saqueo abierto. En ninguna parte del derecho internacional existe una figura que permita a una potencia apropiarse de los recursos naturales de otro país, administrar su petróleo, “custodiarlo” o gestionarlo mientras llega un gobierno más conveniente. Eso no se llama transición: se llama colonialismo puro y duro, con helicópteros o sin ellos. La apropiación de recursos naturales mediante amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional humanitario, del principio de autodeterminación de los pueblos y del derecho permanente de los Estados sobre sus riquezas naturales. Dicho sin eufemismos: son crímenes internacionales.
Desde la política real, además, no hay justicia sino poder. No jueces, no tribunales, no debido proceso: decisión geopolítica desnuda. Gana el más fuerte, no el mejor argumento jurídico. Estados Unidos no actúa como garante del derecho, sino como potencia que impone hechos consumados. Llamar a eso “liberación” es propaganda; confundirlo con justicia, una ingenuidad peligrosa.
En el plano moral aparece la trampa más cómoda: como Maduro es un dictador, entonces cualquier cosa está bien. Falso. Como cayó —o como se desea que caiga— entonces fue correcto. Falacia. La ilegitimidad de un régimen no convierte automáticamente en legítima una intervención armada ni un saqueo económico. Un criminal puede caer, sí, pero el método puede seguir siendo ilegal, inmoral y profundamente destructivo. Celebrar el resultado imaginado sin mirar el camino es la forma más rápida de justificar cualquier barbaridad futura.
Y aquí está lo verdaderamente inquietante: el precedente. Si hoy se normaliza la idea de que una potencia puede intervenir, capturar, administrar recursos y rediseñar países a su antojo, mañana cualquiera podrá hacerlo. Se rompe la arquitectura mínima del orden internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar esto. La ley del más fuerte vuelve a mandar, y lo hace sin vergüenza.
Más grave aún es el silencio. La Organización de los Estados Americanos calla. La ONU calla. La Corte Penal Internacional calla. El derecho internacional, creado para frenar el horror, hoy parece no servir para nada cuando el infractor es el poderoso. No es que las normas no existan: es que no se aplican.
Por eso resulta tan alarmante que los candidatos presidenciales de la derecha colombiana, y el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, hayan salido a felicitar con entusiasmo a Donald Trump. No solo están en un error jurídico y político monumental; representan un peligro real para la democracia colombiana. Porque quien aplaude el colonialismo ajeno hoy, justificará el autoritarismo propio mañana. Quien celebra la violación del derecho internacional cuando le conviene, terminará celebrando la violación de la Constitución en casa. Duele decirlo, pero hay que decirlo: no están defendiendo la democracia, están enseñando —con sonrisa y aplausos— cómo destruirla.
Por Justicia & Dignidad
Periodismo independiente e investigativo