Salvatore Mancuso, quien fuera uno de los más temidos jefes paramilitares de Colombia, fue deportado el martes 27 de febrero por Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico, para enfrentar cuentas pendientes con la justicia colombiana. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso permanecerá arrestado en una celda especial de la cárcel La Picota de Bogotá y no tendrá contacto con ningún otro recluso. Entre las medidas especiales que adoptó el INPEC para la seguridad del paramilitar, se encuentra recluirlo en el pabellón de extraditables y estar custodiado por un grupo especializado de guardias que fueron capacitados por la embajada de Estados Unidos.
Las confesiones de Mancuso revelan la implicación en graves crímenes, así como la promoción y respaldo al paramilitarismo por parte de expresidentes, grandes empresas, generales y figuras prominentes de la vida pública nacional. En este artículo, destacaremos las acusaciones más graves surgidas de sus declaraciones.
- En sesiones reservadas ante la Justicia Especial para la Paz -JEP-, el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. Según Mancuso, Pedro Juan Moreno, quien fuera el secretario de Gobierno, cuando Uribe fue Gobernador de Antioquia, transmitió directamente las órdenes del expresidente a los paramilitares, siendo también partícipe en reuniones donde se planearon dichos crímenes.
- Mancuso reveló que el Bloque Catatumbo desapareció a más de 200 personas de origen colombiano en Venezuela por orden de la fuerza pública y del comandante Carlos Castaño, con el fin de no afectar las cifras de los mandos militares en la región.
- Además, mencionó que Uribe retiró la seguridad al alcalde de El Roble, lo que llevó a su tortura y asesinato en 2003. “Denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, dijo Salvatore Mancuso,
- Respecto a las masacres perpetradas por los paramilitares en Norte de Santander y en Bolívar, Mancuso afirmó que hubo coordinación con la fuerza pública en la masacre de Tibú, en 1999, y en 14 masacres en la región de Montes de María, entre 1999 y 2001. Mencionó la participación de altos mandos militares como el vicealmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, el mayor Juan Bautista Cárcamo, el coronel Ricardo Díaz Granados Mantilla, el mayor Zea, el capitán Estupiñán, el capitán Pastrana y el cabo Barreto, quienes participaron directamente mezclados entre Infantería de Marina con autodefensas.
- Mancuso denunció que el DAS declaró como objetivos militares al Presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva, según información proporcionada por José Miguel Narváez. Además, mencionó que Narváez también incluyó en esta lista a otras figuras como Gustavo Gallón, Alirio Uribe, Piedad Córdoba y Wilson Borja.
- Por otra parte, desde 2007, Mancuso afirmó que el exvicepresidente Francisco Santos le solicitó la creación de un bloque paramilitar en Bogotá— Bloque Capital – en los años noventa, y destacó el papel de Santos en la legitimación del discurso paramilitar a través de su familia y el periódico El Tiempo.
- Asimismo, acusó al coronel (r) Publio Hernán Mejía, imputado por la JEP por su implicación en casos de “falsos positivos” durante su mando en el Batallón La Popa en Valledupar, señalando que fue quien inició los contactos para la cooperación entre paramilitares y militares en esa unidad, delegando luego esa responsabilidad en Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
- De acuerdo con lo señalado por Mancuso, los paramilitares incidieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia del 2002. “Las Autodefensas intervinieron de manera directa en las elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones a Horacio Serpa, al presidente Pastrana y a Uribe”, expresó. El mismo Mancuso dijo en 2005 que “el 35 por ciento del Congreso fue elegido en zona de influencia de las AUC”.
- En su relato, también destacó que estos apoyos no solo fueron nacionales, sino además regionales, al reafirmar algunos nombres de políticos como “Eleonora, Miguel Alfonso, Mario Salomón, Zulema, Juan Manuel López Cabrales, Julio Manzur”. Todos en el departamento necesitaban hacer algún tipo de pacto con las autodefensas.
- Mancuso también destacó cómo las autodefensas se entrometieron en el poder político y administrativo de Córdoba, incluso manejando fondos públicos. Se refirió a la producción de oro que no era local, sino traída por narcotraficantes desde Panamá y luego legalizada a través de alcaldías. Asimismo, mencionó contratos en los municipios donde se desviaban fondos públicos para beneficiar a alcaldes y a las autodefensas.
- Estos acuerdos también se hicieron con varias multinacionales del país como Ecopetrol, que les permitía extraer combustible para su venta y obtener financiamiento, esto fue acordado mediante altos funcionarios en 1998 y 1999. También señaló a las compañías como las bananeras, Bavaria y Postobón quienes pagaban impuestos a las autodefensas para su financiamiento.
- Salvatore Mancuso reveló una presunta coordinación con altos mandos militares y funcionarios del gobierno nacional para llevar a cabo una falsa desmovilización del EPL, con el propósito de integrarlos a las filas paramilitares. Según sus declaraciones, el comandante Carlos Castaño mantuvo comunicación directa con el ministro Serpa para informar sobre estas operaciones, asegurando que el Gobierno estaba al tanto. Este episodio, denominado desmovilización ficticia, ha sido documentado y corroborado, tanto es así que alias “Otoniel”, líder histórico del Clan del Golfo, fue uno de los guerrilleros del EPL que se unió a las AUC durante ese período.
- Ante la JEP, Mancuso reveló que un grupo de venezolanos, entre ellos un general y varios políticos, les propusieron a él y a Carlos Castaño infiltrarse en Venezuela para derrocar y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. La propuesta planteaba un golpe de Estado con el apoyo de una facción de las fuerzas militares venezolanas aliadas a los paramilitares.
Las confesiones de Salvatore Mancuso han desencadenado un terremoto político en Colombia, especialmente entre las filas de la derecha. Sus revelaciones apuntan directamente a figuras prominentes de los anteriores gobiernos uribistas y altos mandos militares, implicándolos en graves crímenes y maniobras ilegales. Desde masacres hasta alianzas políticas y económicas, las declaraciones de Mancuso han puesto al descubierto una red de corrupción y violencia paramilitar.
Este panorama presenta desafíos inéditos para el sistema judicial colombiano, ya que pone a prueba su capacidad para abordar estos casos con la debida diligencia y transparencia. De no lograrlo, existe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional tenga que intervenir, lo que plantea serios interrogantes sobre la eficacia y la legitimidad de las instituciones nacionales en la persecución de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos.
Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.