En sesiones reservadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. En pronunciamientos judiciales previos, Uribe ya había sido señalado por su presunta participación en estos crímenes de lesa humanidad.
Las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, con un carácter sistemático y generalizado. Analizados en su contexto, estos hechos implican de forma activa al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, incursionaron en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Antioquia. Los paramilitares recorrieron el casco urbano, ordenaron el cierre de todos los establecimientos comerciales, amenazaron a los pobladores, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos frente a sus vecinos y familiares.
Tras la incursión en La Granja, miembros de la sociedad civil de Ituango, entre ellos el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, enviaron comunicaciones a las autoridades departamentales advirtiendo sobre la presencia paramilitar en la región. El 20 de noviembre de 1996, Valle se comunicó con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y con el Defensor Regional del Pueblo para solicitar protección para la población de Ituango.
Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, aproximadamente 150 paramilitares de las ACCU, bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias “Yunior”, y respaldados por un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, iniciaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango. Con lista en mano, acusaron a pobladores de colaborar con grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a 1.472 habitantes, incendiaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1.200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a transportarlas.
Estos hechos fueron denunciados por el abogado Jesús María Valle Jaramillo y recibieron respuestas adversas por parte de Álvaro Uribe Vélez y del comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina. Uribe acusó a Valle de tener una “animadversión contra la fuerza pública”, mientras que el comandante de la Cuarta Brigada negó la presencia paramilitar en Ituango.
Días antes de su asesinato, Jesús María Valle Jaramillo acudió a la Fiscalía Regional de Medellín para denunciar la existencia de grupos paramilitares en Ituango. En esa ocasión, afirmó:
“Siempre vi, y así lo reflexioné, que había un acuerdo tácito o un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado gracias al apoyo que han recibido de personas vinculadas al Gobierno”.
El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “La Terraza” irrumpieron en la oficina de Jesús María Valle Jaramillo y lo asesinaron.
El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres y desplazamientos forzados ocurridos en los corregimientos de El Aro y La Granja en 1996 y 1997. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2008, la misma Corte condenó nuevamente al Estado por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes las declaraciones de al menos 30 paramilitares, con el fin de investigar a Álvaro Uribe Vélez por su presunta promoción del paramilitarismo. Su nombre también aparece en los procesos relacionados con las masacres de La Granja, El Aro y el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo.
El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, en el marco de una indagación preliminar contra Álvaro Uribe Vélez. En estos procesos figuran testimonios de excomandantes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y Daniel Rendón, alias “Don Mario”.
En noviembre de 2024, en calidad de testigo ante la JEP, Salvatore Mancuso afirmó tener información que involucraba a Uribe en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Mancuso declaró:
“Uribe estuvo vinculado a una reunión donde participaron Carlos Castaño y el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina. El asesinato de Valle se planeó en la finca Hojaragüai, conocida entre los paramilitares como ‘La Siete’. Allí se reunieron Carlos Castaño y Pedro Juan Moreno, quien era secretario de Gobierno del departamento durante el mandato de Uribe. Pedro Juan llegó en representación de Uribe y de los generales mencionados, porque Valle los había denunciado judicial y públicamente.”
Mancuso también aseguró que Pedro Juan Moreno transmitía directamente las instrucciones de Uribe a los paramilitares:
“Las masacres de La Granja y El Aro fueron un pedido directo del entonces gobernador Uribe, a través de Pedro Juan Moreno. En esa reunión estuvimos Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero, Nicolás Bergonzoli y varias personas más.”
Hoy, jueves 27 de febrero de 2025, al conmemorarse 27 años del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio penal por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Estos cargos se derivan de una investigación iniciada en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso contra Uribe por la presunta manipulación de testigos.
Aunque aún no ha sido juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, este proceso representa un pequeño pero significativo avance en la lucha contra la impunidad.
Por:Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz