Siendo aproximadamente las 10 AM de hoy 3 agosto de 2010, el señor TOBÍAS TROCHEZ, fue herido en su cabeza por un disparo de fusil. El hecho se registró en la Vereda El Pedregal del Municipio de Caloto, cuando el campesino se encontraba enchapolando café en la finca de su esposa GRISELDA TROCHEZ, cuando se produjeron combates entre la Guerrilla y el Ejército que se había acantonado en el sitio, en un desconocimiento flagrante de las normas del derecho internacional humanitario.
El campesino fue sacado por miembros de la comunidad con destino al Hospital Local de Caloto-Cauca, sin que hasta el momento se sepa de algún parte medico. Es de anotar que GRISELDA TROCHEZ, es tía de VERÓNICA TROCHEZ, quien también fue herida por el ejército el pasado 5 de junio del presente y quien a la fecha se encuentra en grave situación de salud.
El enfrentamiento se presentó a escasos metros de la Escuela de la vereda, y comprometió la seguridad de alrededor de 160 niños y niñas, que en el momento se encontraban en hora recreo en el patio de la misma.
El pasado martes 27 de julio, cuando se registraron intensos combates en la misma vereda, un campesino sorprendió a un militar fumando marihuana cerca de la escuela de El Pedregal y el militar le manifestó al campesino que iba a dar la orden de disparar a «esos guerrilleros que van caminando por el filo». A lo que el campesino le reclamó y le aclaró que eran los niños y las niñas de la vereda quienes transitaban por el lugar.
Desde noviembre de 2009, hasta la fecha, las comunidades de la Vereda El Vergel y El Pedregal han venido denunciando y documentando ante las instituciones del Estado y ante organismos internacionales de protección, graves infracciones al DIH, sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas que garanticen la vida y la integridad física y moral de estos habitantes.
¿Hasta cuando esta poblaciones inermes seguirán siendo blanco del Estado y la Guerrilla?, ¿A que instancia deben acudir estas comunidades para exigir los derechos fundamentales? Ninguna instancia del Estado de Colombia ha tomado cartas en el asunto en procura de conjurar la grave situación humanitaria, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría han adoptado medidas para la investigación y sanción efectiva de los agresores, la defensoría del pueblo solo se ufana de amontonar nuestras comunicaciones para incluirla en los informes de riesgo, a la fecha la defensoría no ha atendido el llamado de la Comunidad de verificar los destrozos que ha dejado el conflicto.
La grave crisis humanitaria llevó a que las comunidades de El Vergel y El Pedregal interpusieran acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, los entes de investigación y el Ministerio Público, a fin de que se adoptaran las medidas necesarias para evitar más daños irreparables en la vida y en la integridad de las personas. El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en cabeza del magistrado ponente HERNÁN ANDRADE RINCON, consideraron que la protección de los derechos a la vida y a la integridad son una obligación de medio y no de resultado en contravía al Compromiso Internacional adquirido por Estado de Colombia con la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos en donde se obliga no solo a respetar los derechos humanos si no ha garantizarlos mediante la adopción de todo tipo de medidas.
Que los niños tengan que esconderse debajo de sus desgastados pupitres, en los inseguros salones, escapando de las balas asesinas que los acechan, cuando deberían correr, jugar, cantar, no es un asunto Estado. Que si matan a un campesino o hieren a una campesina nada importa al Estado. Que si se desplazan los lideres organizativos y espirituales de la comunidad, es insignificante para el Estado. En este caótico y desolador panorama, ¿que deben hacer las Comunidades? , ¿Que otra salida les queda?.
Este derecho a la vida tan vilipendiado por los actores armados, desconocido por las Agencias Estatales, derecho a la vida del que se han aferrado las comunidades para no desplazarse, para seguir en el territorio y no dejarlo en los tentáculos de las fuerzas oscuras que hay detrás del control de la cordillera central, este derecho a la vida reducido a norma de tratado, de constitución, de código, este valioso derecho a la vida que las comunidades campesinas gritan con fuerza hasta el cansancio para su vigencia, derecho a la vida menospreciado, por el que se debe seguir insistiendo hasta que la muerte impuesta como opción, por el Estado, lo permita.
Exigimos del Estado de Colombia poner fin a la crisis humanitaria provocada por su irresponsable accionar, y convocamos a la solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer la denuncias.
Caloto, 3 de agosto de 2010