EL VIACRUCIS DE LOS ESTUDIANTES DE LA TOMA- SUAREZ

La Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, ubicada en el corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, departamento del Cauca, atiende a 360 estudiantes desde el grado preescolar hasta undécimo. El 99% de población escolar es afrodescendiente e integra El Consejo Comunitario de la Toma, territorio colectivo de Comunidad Negra de conformidad con lo establecido en la ley 70 de 1993. En este Consejo Comunitario inició su carrera de activismo político la reconocida lideresa Francia Márquez Mina hoy Vicepresidenta de la República de Colombia y Ministra de la Igualdad.

Desde el año 2019 hasta la fecha, los estudiantes de la Toma no cuentan con el docente del área de educación física, recreación y deporte. El docente titular nombrado en propiedad para dictar esta materia goza de un permiso sindical remunerado otorgado por la secretaria de educación cada año a solicitud de la organización sindical a la que está adscrito.

La comunidad estudiantil lleva 4 años de no recibir ni una sola clase de educación física. La institución educativa carece también de saneamiento básico, con problemas críticos de infraestructura, de acceso vial, de comunicación y se suma la ausencia de personal administrativo (aseadores y vigilantes).

Como si ya no fuera suficiente el atropello, el citado docente – que goza de permiso sindical remunerado – es pensionado en el grado 14 del escalafón, y además exige que se le cancele la bonificación de zona de difícil acceso,  – que es una bonificación que da el estado del 15% del salario básico por trabajar en zonas donde no hay un servicio de transporte –  aun, cuando él no vive en la zona, ni da clases de educación física a los estudiantes.

La educación física, recreación y deporte es una área obligatoria y fundamental en los colegios, reglamentada por la ley 115, hace parte del plan de estudio de la institución educativa, según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Esta asignatura es de vital importancia porque permite a los estudiantes aprender distintas disciplinas como baile, danzas y las diferentes destrezas y prácticas deportivas. Evita la tendencia a una vida sedentaria, permite el buen uso del tiempo libre e incluso genera buenos hábitos como el trabajo en equipo, afianzar valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración, una buena comunicación y potencia el rendimiento académico.

Desde el 2019 la rectoría del colegio y el Consejo Comunitario de la Toma, han presentado múltiples solicitudes para el nombramiento de un docente de educación física, la respuesta de la secretaria de educación del departamento del Cauca es la misma, que no se puede porque existe un docente nombrado en propiedad y que no cuentan con recursos para otro nombramiento.

La comunidad cansada de tanto abuso de parte de la Secretaría de Educación y de la desconsideración de la Organización Sindical, interpuso jornada masiva de tutelas exigiendo el nombramiento del profesor de educación física. El día 8 de noviembre, el juzgado promiscuo municipal de Suarez notificó que se tutelaron los derechos fundamentales de los estudiantes del colegio “Santa Rosa de Lima”: En este sentido, ordenó a la Secretaría de Educación Departamental en coordinación con el Consejo Comunitario de la Toma Suarez adelantar la contratación en propiedad de un docente de educación física en termino de un mes. La comunidad espera que el fallo sea acatado de la manera más expedita y los estudiantes quieren volver lo más pronto posible a sus clases de deporte y recreación.

Ejército nacional vulnera DDHH y DIH a campesinos de alto mira y frontera en Tumaco

15 de mayo de 2018

Durante las últimas semanas la comunidad de este territorio se ha visto avocada a enfrentar nuevamente las consecuencias de una guerra armada entre uniformados del Ejército Nacional y grupos armados que operan al margen de la ley. En desarrollo de estos operativos unidades del Ejército Nacional de Colombia han violentado los derechos de los campesinos.

El día 4 de Mayo de 2018, en medio de un enfrentamiento  los militares llegaron hasta la vivienda de la señora JOHANA PEREZ ubicada en la vereda el Playón, y la obligaron a salir junto con su esposo GEOVANY VIVAS, sus dos hijos menores de edad y el arrendatario de su finca que es el electricista de la vereda, para desde ese día quedarse ocupando su vivienda y obligando a esta familia a desplazarse de la manera forzada y lo que es más grave la señora JOHANA PEREZ, viene siendo objeto de señalamientos por parte de los uniformados quienes le dicen que es una guerrillera y que en su vivienda encontraron armas y cargamento de guerra, procediendo a reseñarla, tomarle fotografías, para finalmente decirle que deje de insistir, porque de lo contrario la van a judicializar, es decir que durante los 12 días que han transcurrido vienen ocupando su finca de manera arbitraria e ilegal

Desde el 7 de mayo de 2018, los uniformados han ocupado varias viviendas de la vereda el Playón, sobre el sector en el que se encuentra ubicada la escuela del caserío, las entradas a las viviendas fueron forzadas y los militares permanecen en ellas en medio de la población civil como una flagrante violación al derecho internacional humanitario.

Debido a los enfrentamientos, a las violaciones a los derechos humanos y a la desprotección del Estado, muchos campesinos han debido desplazarse del territorio dejando abandonadas por completo veredas como Muguí, La Mina y de manera parcial Cañaveral, El Tandil, El Divorcio y el Azúcar; situación que ha sido aprovechada por los militares para ingresar de manera violenta a las viviendas y hurtar todo lo que encuentran a su paso, comida, elementos de aseo y en algunos casos desarmando las vivienda que son construidas en madera.

En este contexto las unidades militares el día 9 de mayo de 2018, ingresaron a la vivienda del señor SEGUNDO CORTEZ, quien días atrás había salido del territorio y no se encontraba nadie en su vivienda, para después decir que habían encontrado una MGL y que necesitan hablar con el dueño de la vivienda.

El día 16 de mayo de 2018, los uniformados ingresaron a la vivienda de la señora MARIA EUGENIA PASCAL, dañando el candado de la puerta de la casa, a la que entraron para hurtar los alimentos que en ella se encontraban como panelas, plátanos y demás, cuando llego su hijo menor de edad al lugar para percatarse de lo que hacían los uniformados le dijeron “voz te callas chino hijueputa, no has visto nada”

Es evidente que los militares en su incapacidad de adelantar acciones contundes contra los grupos armados ilegales, retoman las viejas tácticas de la guerra sucia para inmiscuir a los campesinos inocentes en un conflicto que para el Estado Colombiano ha sido difícil de superar por su negligencia y desatención con los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Como si esto fuese poco miembros del grupo de Policía erradicadores se han dedicado a proferir insultos y amenazas contra los campesinos, diciéndoles textualmente que “se organicen otra vez, para matarlos como a los guerrilleros que mataron en el Tandil”.

Estas graves irregularidades en el actuar de los agentes de Policía y Ejército que ameritan una investigación seria, exhaustiva y la imposición de una sanción ejemplar para que estos hechos no se vuelvan a repetir, pero sobre todo amerita del compromiso del Estado frente a brindar soluciones inmediatas y de fondo que vayan más allá de la militarización que lo único que acarrea para las comunidades es un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos debido a la falta de preparación, pericia e idoneidad de los uniformados que hacen presencia en los territorios.

Llamamos la atención para que la Fiscal General de la Nación y la Procuraduría Regional Nariño adopten las actuaciones necesarias con respecto a lo ocurrido.

Solicitamos a la Comunidad internacional realizar seguimiento a las investigaciones a que haya lugar y conminar a la Policía y al Ejercito Nacional para que eviten cometer este tipo de actos.

LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LOS RIOS MIRA, NULPE Y MATAJE – ASOMINUMA-

El Estado y el gobierno de Colombia son los responsables de la masacre de alto mira y frontera en Tumaco la CIDH debe pronunciarse urgentemente y la CPI debe tomar nota

Santiago de Cali, 8 de octubre de 2017

A 72 horas de la masacre de Alto Mira y Frontera en Tumaco – Nariño, ocurrida el 5 de octubre de 2017, aunque las comunidades hablan de más 14 muertos y más 80 heridos, Medicina Legal solo reporta hasta ahora con disparos de alta velocidad el asesinato de los campesinos ALDEMAR GIL GUACHETÁ, de 25 años; DIEGO ESCOBAR DORADO, de 31 años; NELSON CHAGUENDO CALAMBAS, de 29 años; JANIER USPERTO CORTÉS MAIRONGO, de 26 años; JAIME GUANGA PAI, de 45 años; y ALFONSO TAICÚS TAICÚS, de 32 años de edad.

Entre las víctimas fatales se encuentran los indígenas Awá Jaime Guanga Pai y Alfonso Taicus Guanga; así mismo el indígena de nuestro pueblo Nasa Nelson Chaguendo Calambas. La Masacre de Tumaco es la continuación de la política de extermino de los pueblos indígenas en Colombia. http://www.onic.org.co/comunicados-onic/2083-onic-rechaza-la-masacre-de-llorente-que-pare-la-muerte-en-tiempo-de-paz.

Con videos y testimonios se ha documentado la evidente responsabilidad de la Policía y el Ejército en los hechos por su acción y omisión de su rol de garante de los derechos humanos. No existió ningún enfrentamiento con Banda Criminal alguna, estamos ante una nueva modalidad de falso positivo con una máxima garantía de impunidad. Modalidad diseñada en las más altas esferas del poder, basta solo con escuchar la versión mentirosa del presidente Juan Manuel Santos sobre esto hechos.

https://www.telesurtv.net/news/Santos-responsabiliza-a-bandas-por-masacre-en-Tumaco-Colombia-20171006-0057.html

La aplastante y calculada post-verdad del Gobierno pretende en el corto plazo enterrar la verdad hasta la amnesia, fabricando hipótesis, manipulando las versiones, revictimizando a los afectados y manteniendo a los ejecutores materiales del hecho en sus cargos. Y en el corto, mediano y largo plazo garantizar la impunidad judicial de los responsables. ¡Como siempre!

Por encima de todo el Gobierno Colombiano siguiendo las directrices de Washington arreciará la política de erradicación forzada y reanudará las aspersiones aéreas con glifosato. Lo ocurrido el 5 de octubre evidencia que se hará sin el más mínimo respeto a la vida y a la integridad de la población civil.

Es evidente la interferencia del gobierno en la Justicia al más alto nivel para torcer el curso de las investigaciones. Uno de los argumentos del responsable del Plan Piloto de erradicación, el general de la Policía y vicepresidente de la Republica Oscar Naranjo, es que los campesinos asesinados “no son de la zona”. Por su parte el comandante de la Compañía Antinarcóticos No. 4 del departamento de Nariño Arlex Escobar y el Brigadier General Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército, implicados en los hechos, siguen con mando y poder suficiente en el territorio para afectar a víctimas y testigos y el material probatorio dejado en la escena del crimen.

La inverosímil explosión de cilindros bombas en el lugar de los hechos será fácil desmontarse a no ser que con la fuerte presión del gobierno y la fuerza pública implicada en el crimen armen un “falso positivo judicial”.

Las manos solo cumplen lo que manda la cabeza: uno de los testigos narra que al reclamar por lo que ocurría, un miembro de la Policía le contestó que “era orden presidencial”.

Con todas las evidencias existentes, con la calidad de los implicados y las fuertes presiones del alto gobierno y la alta probabilidad de repetición de hechos similares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y la Relatoría para Pueblos Indígenas deberán pronunciarse inmediatamente en garantía y respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana en los artículos 4 y 5 y, por la necesidad y urgencia de garantizar la vida, la integridad personal de víctimas y testigos y el acceso a un recurso judicial efectivo y el debido proceso (Artículos 8 y el 25).

La Corte Penal Internacional -CPI- deberá tomar atenta nota de la responsabilidad de altos mandos del ejército y la policía y del alto gobierno civil en los asesinatos sistemáticos y generalizados que vienen cometiendo contra la población civil, con el mismo modus operandi, en el post-acuerdo.

https://www.elespectador.com/opinion/muertos-cantados-columna-716905</a

ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DE VALLE DEL CAUCA -ORIVAC-
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD