Sandra Castro sobrevivió.
Neila Figueroa Segura no.
Esa es la diferencia mínima, brutal, arbitraria, que separa la vida de la muerte cuando la violencia machista decide instalarse en una casa y convertirla en campo de batalla. No hay azar. Hay antecedentes. Hay control. Hay amenazas. Hay una cadena de omisiones que empieza mucho antes del primer golpe y termina siempre después, cuando el Estado llega tarde y la justicia redacta comunicados.
El primero de enero, mientras el país estrenaba año y los discursos hablaban de nuevos comienzos, Sandra estaba en su casa, en Engativá. No celebraba nada. Estaba intentando irse. Había decidido terminar una relación marcada por los celos, la vigilancia y el control. Decidir irse, en Colombia, sigue siendo uno de los actos más peligrosos para una mujer.
César Camilo Aldana Vargas, su esposo, decidió que ella no se iba. La atacó con un arma blanca frente a sus dos hijos. Cincuenta y cinco veces. Después recogió objetos personales y huyó. Como si la violencia fuera un trámite. Como si el cuerpo de Sandra no estuviera desangrándose en el piso. Como si los niños no hubieran aprendido, en cuestión de minutos, que el hogar puede volverse una trampa.
Sandra vive. Vive conectada a tubos, con un pulmón perforado y una lesión grave en la tráquea. Vive porque su cuerpo resistió lo que el sistema no previno. La Fiscalía habla de tentativa de feminicidio. Los hijos hablan de miedo. El expediente avanza. La vida de Sandra pende de cuidados intensivos y de una justicia que siempre corre detrás de los hechos.
Neila Figueroa Segura tenía 33 años y vivía en Cereté, Córdoba. El domingo 11 de enero, al mediodía, discutió con su compañero sentimental en el barrio El Cañito. No fue una discusión extraordinaria. Fue una de esas discusiones que se repiten, que se normalizan, que el entorno aprende a no escuchar. Hasta que el hombre sacó un arma de fuego. Hasta que Neila cayó.
La auxiliaron. La trasladaron al hospital Sandiego. Llegó sin signos vitales. No hubo tiempo para tubos ni para titulares de “sobrevive de milagro”. Hubo muerte. Hubo captura. Hubo un nuevo nombre que se suma a una lista que no deja de crecer. En Cereté quedó una familia rota. En el país, otra mujer menos.
Sandra y Neila no se conocieron. No compartieron ciudad ni historia. Pero están unidas por un mismo patrón: violencia ejercida por hombres cercanos, en contextos íntimos, precedida por control, celos y dominación. La diferencia entre ambas no es estructural. Es apenas un hilo: una llegó viva al hospital; la otra no.
No son casos aislados. No son “hechos de intolerancia”. No son tragedias privadas. Son crímenes anunciados.
En la primera semana de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en Colombia. Las cifras son exactas y no admiten eufemismos: 8 feminicidios, 2 transfeminicidios, 2 tentativas de feminicidio contra mujeres trans, 1 hombre gay asesinado y 1 masacre en Santander de Quilichao, donde tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas.
Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Bogotá aparecen en el mapa. Casas, barrios, comercios y espacios comunitarios aparecen como escenarios. En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas. El patrón no es confuso. Lo que es confusa —o deliberadamente lenta— es la respuesta estatal.
Aquí no falta diagnóstico. No faltan alertas. No faltan informes. Falta acción. Falta urgencia. Falta asumir que la violencia machista no es un problema cultural ni un asunto privado, sino un problema político y de responsabilidad estatal.
La Defensoría fue clara: cada feminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad. Cuando no actúa —cuando minimiza denuncias, dilata medidas de protección, normaliza el control y llega solo para contar muertas— deja de ser un espectador y se convierte en corresponsable.
Sandra vive porque resistió.
Neila murió porque nadie llegó antes del disparo.
Entre una y otra hay un país que sigue llegando después. Después del cuchillo. Después del arma. Después del hospital. Después del entierro. Y mientras eso siga ocurriendo, hablar de “casos aislados” no es ignorancia: es complicidad.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo