Manos Rojas: niños reclutados en el Cauca

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Cauca, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Hoy, 12 de febrero, Día Internacional de las Manos Rojas, no hablamos en abstracto.

Hoy ponemos nombres.

Estamos buscando a niños y niñas del Cauca que desaparecieron en medio de la guerra, del control armado y de la indiferencia institucional. No son cifras: son historias interrumpidas.

Jefri Mejía Solarte, de 15 años, desapareció el 9 de febrero de 2026 en zona rural del corregimiento San Joaquín, municipio de El Tambo, Cauca. Salió al campo. Nunca regresó. Desde entonces, su familia no tiene información sobre su paradero. Su desaparición ocurrió en un contexto de violencia y alto riesgo de reclutamiento forzado, pero no se activó oportunamente ningún Mecanismo de Búsqueda Urgente.

En Buenos Aires, Cauca, desapareció Xamara Solarte, niña y estudiante, reclutada directamente desde el entorno escolar. Fue vista por última vez en su colegio. Nunca volvió a casa. Su caso revela una verdad incómoda y dolorosa: los colegios en Colombia no son espacios seguros para la niñez. La guerra también entra a las aulas, recluta en silencio y se lleva a las niñas sin dejar rastro.

En Santander de Quilichao, tres adolescentes desaparecieron en un contexto de control territorial armado. Entre ellos está Brayam Steven Balanta Lasso, de 15 años, promesa del fútbol, reconocido por su talento, su disciplina y su sueño de llegar lejos con un balón. Era buen estudiante, buen hijo y excelente deportista. Salió un día y jamás regresó a su casa. Su desaparición no se explica desde la lógica de la vida, solo desde la lógica de la guerra.

A la fecha, ninguno de estos niños y niñas ha sido encontrado. Las búsquedas no avanzan. Las respuestas no llegan. El silencio institucional pesa tanto como la ausencia.

Estos casos se suman a una realidad devastadora: entre 2017 y 2025, al menos 2.949 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados forzadamente en Colombia, y solo en el Cauca existen 709 investigaciones activas por este delito. Las cifras crecen. Los niños desaparecen.

Hoy, en el Día de las Manos Rojas, denunciamos que los estamos buscando y que el Estado no está llegando a tiempo.

Hacemos un llamado urgente a que nos duelan nuestros niños y niñas en la guerra, a que su desaparición no se normalice, a que sus nombres no se borren.

Las manos rojas son para decirlo claro:

la niñez no se recluta, no se desaparece y no se abandona.

Los queremos vivos.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

¿Qué pasaría si Colombia copiara el modelo Bukele? Una advertencia para 2026

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Comunicados, Democracia, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Hay informes que no se leen: se advierten. El más reciente reporte de Human Rights Watch sobre El Salvador en 2025 no describe un país lejano ni exótico, sino un modelo político exportable. Y eso es lo inquietante: lo que allí ocurre es exactamente lo que una parte de la derecha colombiana admira, justifica y aspira a replicar si regresa al poder en 2026.

Empecemos por las cifras, pero traducidas a Colombia, para que no parezcan abstractas. En El Salvador, el 1,9 % de la población está hoy privada de la libertad. Es una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.

En Colombia, con cerca de 52 millones de habitantes, ese porcentaje equivaldría a casi un millón de personas presas. Un millón. Hoy Colombia tiene alrededor de 100.000 personas privadas de la libertad. El llamado “modelo Bukele” multiplicaría por diez la población carcelaria del país. No es una metáfora: es una proyección aritmética.

Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción permanente, prorrogado 45 veces, que suspendió garantías básicas. Más de 90.000 personas han sido detenidas, incluyendo más de 3.000 niños. Traducido a Colombia, sería como detener a toda la población de una ciudad del tamaño de Ibagué o Villavicencio, muchas personas sin imputación clara, sin juicio y sin contacto con abogados o familiares.

Durante ese régimen, al menos 458 personas han muerto bajo custodia del Estado. Si aplicamos una proporción similar a Colombia, estaríamos hablando de miles de muertes en cárceles, sin investigaciones ni responsables.

Ahora la pregunta inevitable: ¿se imaginan el escándalo político, mediático y judicial si algo así ocurriera bajo el gobierno de Gustavo Petro? ¿Se imaginan los titulares, las marchas, las denuncias internacionales, las columnas hablando de dictadura? Pues eso es exactamente lo que sucede hoy en El Salvador bajo Nayib Bukele, y que muchos justifican con un encogimiento de hombros porque “bajaron los homicidios”.

Sí, la violencia de pandillas disminuyó. Es cierto. Pero el informe es claro: el precio fue la demolición del Estado de derecho. Bukele fue reelegido pese a que la Constitución lo prohibía. Luego, el Congreso —controlado por su partido— aprobó la reelección indefinida y permitió reformar la Constitución en una sola legislatura. Traducido a Colombia: sería como si el presidente de turno cambiara la Carta Política con su mayoría, eliminara los límites al poder y neutralizara a la Corte Constitucional. ¿Escandaloso? Exactamente.

El poder judicial fue purgado. Jueces independientes destituidos o trasladados. El fiscal general ratificado tras desmantelar unidades anticorrupción. La transparencia cayó a su peor nivel en trece años. La declaración de bienes del presidente fue declarada reservada. En Colombia, eso equivaldría a clasificar como secreto el patrimonio presidencial, algo que incendiaría el debate público durante meses.

La sociedad civil tampoco se salvó. Defensores de derechos humanos y abogados críticos están detenidos e incomunicados. Se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % a la cooperación internacional y permite cerrar organizaciones por criterios vagos. El resultado: más de 140 periodistas y defensores huyeron del país. En Colombia, sería como ver a El Espectador, la FLIP y decenas de ONG cerrando oficinas o exiliándose por miedo.

Y aquí viene lo político. Este no es un modelo abstracto: tiene admiradores con nombre propio en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha elogiado públicamente a Bukele. Paloma Valencia ha defendido su “mano dura” como ejemplo a seguir. Juan Carlos Pinzón, junto a otros aspirantes de derecha, propone militarización, ampliación de la prisión preventiva y desconfianza abierta hacia jueces, prensa y organizaciones sociales. Y está también Abelardo de la Espriella, quien no solo admira el modelo sino que parece empeñado en imitarlo incluso en lo estético, como si el autoritarismo fuera también una cuestión de peinado, chaqueta y pose. El libreto es reconocible.

No quieren volver al poder solo para gobernar. Quieren volver para gobernar sin límites. Para neutralizar controles, desacreditar los derechos humanos y convertir la seguridad en excusa permanente. Quieren un país más silencioso, no necesariamente más justo.

La pregunta no es si el modelo Bukele “funciona”.

La pregunta es si Colombia está dispuesta a pagar ese precio.

Porque la experiencia latinoamericana es clara: el autoritarismo siempre promete orden, siempre entrega miedo y siempre termina cobrando libertades.

El Salvador no es el futuro inevitable.

Es una advertencia.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Mientras escribíamos, apareció otro feminicidio en Colombia

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Mientras escribíamos el artículo sobre Sandra Castro y Neila Figueroa Segura, mientras acomodábamos las palabras para no herir más de lo que ya estaba herido, apareció otro cuerpo. Otra mujer asesinada. Otro nombre que se suma a la lista que nunca deja de crecer. Esta vez fue Angie Carolina Rivera Garibello, 28 años, madre de tres hijos, encontrada sin vida en la Avenida Circunvalar de Garzón, Huila.

La noticia llegó como llegan siempre estas noticias: sin estruendo, sin sorpresa, con esa normalidad cruel que da la repetición. Mientras hablábamos de Engativá y de Cereté, mientras intentábamos explicar cómo una sobrevivió y la otra no, el país volvía a demostrar que la violencia contra las mujeres no descansa. No espera. No se conmueve con editoriales ni con minutos de silencio. Continúa.

Angie salió de su casa en una motocicleta con su compañero sentimental. Eso dicen los vecinos. Eso dicen los allegados. Dicen también que hubo un arma blanca, que hubo una discusión, que hubo una muerte. Las autoridades investigan. El presunto agresor no aparece. La historia se parece demasiado a otras historias: una mujer que intenta vivir, un hombre que decide que no puede hacerlo sin él, un Estado que llega después.

En Colombia, el feminicidio no irrumpe: avanza. Avanza por barrios, por veredas, por carreteras. Avanza de noche y de día. Avanza en enero, cuando todavía no se han guardado los adornos de Navidad. Avanza mientras se escriben artículos, mientras se emiten alertas, mientras se repiten cifras.

La Defensoría del Pueblo ya lo dijo: solo en la primera semana de 2026 se registraron 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con identidades de género no hegemónicas. Ocho feminicidios. Dos transfeminicidios. Dos tentativas. Una masacre. Y ahora, mientras escribimos, otro cuerpo más.

La pregunta no es cuántas faltan. La pregunta es qué podría hacer el Estado para evitarlo y por qué no lo hace.

Podría actuar antes de la muerte y no después del levantamiento del cadáver. Podría tomarse en serio las denuncias de control, de amenazas, de celos, de violencia previa. Podría garantizar medidas de protección reales y no papeles que nadie vigila. Podría entender que irse de una relación violenta es el momento de mayor riesgo y no dejar solas a las mujeres justo ahí. Podría coordinar justicia, salud, policía y protección social sin obligar a las víctimas a mendigar atención. Podría asumir que esto no es un asunto privado, sino una emergencia nacional.

Pero no lo hace. Y entonces las mujeres siguen apareciendo muertas mientras los textos se quedan cortos y el país se acostumbra.

Escribimos sobre Sandra. Escribimos sobre Neila. Ahora escribimos sobre Angie. Mañana, si nada cambia, escribiremos otro nombre. Y ese es el verdadero escándalo: que en Colombia el feminicidio no interrumpe la vida pública. La acompaña.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Sandra sobrevivió, Neila no: Colombia empieza 2026 con una ola de feminicidios

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Alerta Dignidad, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Sandra Castro sobrevivió.

Neila Figueroa Segura no.

Esa es la diferencia mínima, brutal, arbitraria, que separa la vida de la muerte cuando la violencia machista decide instalarse en una casa y convertirla en campo de batalla. No hay azar. Hay antecedentes. Hay control. Hay amenazas. Hay una cadena de omisiones que empieza mucho antes del primer golpe y termina siempre después, cuando el Estado llega tarde y la justicia redacta comunicados.

El primero de enero, mientras el país estrenaba año y los discursos hablaban de nuevos comienzos, Sandra estaba en su casa, en Engativá. No celebraba nada. Estaba intentando irse. Había decidido terminar una relación marcada por los celos, la vigilancia y el control. Decidir irse, en Colombia, sigue siendo uno de los actos más peligrosos para una mujer.

César Camilo Aldana Vargas, su esposo, decidió que ella no se iba. La atacó con un arma blanca frente a sus dos hijos. Cincuenta y cinco veces. Después recogió objetos personales y huyó. Como si la violencia fuera un trámite. Como si el cuerpo de Sandra no estuviera desangrándose en el piso. Como si los niños no hubieran aprendido, en cuestión de minutos, que el hogar puede volverse una trampa.

Sandra vive. Vive conectada a tubos, con un pulmón perforado y una lesión grave en la tráquea. Vive porque su cuerpo resistió lo que el sistema no previno. La Fiscalía habla de tentativa de feminicidio. Los hijos hablan de miedo. El expediente avanza. La vida de Sandra pende de cuidados intensivos y de una justicia que siempre corre detrás de los hechos.

Neila Figueroa Segura tenía 33 años y vivía en Cereté, Córdoba. El domingo 11 de enero, al mediodía, discutió con su compañero sentimental en el barrio El Cañito. No fue una discusión extraordinaria. Fue una de esas discusiones que se repiten, que se normalizan, que el entorno aprende a no escuchar. Hasta que el hombre sacó un arma de fuego. Hasta que Neila cayó.

La auxiliaron. La trasladaron al hospital Sandiego. Llegó sin signos vitales. No hubo tiempo para tubos ni para titulares de “sobrevive de milagro”. Hubo muerte. Hubo captura. Hubo un nuevo nombre que se suma a una lista que no deja de crecer. En Cereté quedó una familia rota. En el país, otra mujer menos.

Sandra y Neila no se conocieron. No compartieron ciudad ni historia. Pero están unidas por un mismo patrón: violencia ejercida por hombres cercanos, en contextos íntimos, precedida por control, celos y dominación. La diferencia entre ambas no es estructural. Es apenas un hilo: una llegó viva al hospital; la otra no.

No son casos aislados. No son “hechos de intolerancia”. No son tragedias privadas. Son crímenes anunciados.

En la primera semana de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en Colombia. Las cifras son exactas y no admiten eufemismos: 8 feminicidios, 2 transfeminicidios, 2 tentativas de feminicidio contra mujeres trans, 1 hombre gay asesinado y 1 masacre en Santander de Quilichao, donde tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas.

Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Bogotá aparecen en el mapa. Casas, barrios, comercios y espacios comunitarios aparecen como escenarios. En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas. El patrón no es confuso. Lo que es confusa —o deliberadamente lenta— es la respuesta estatal.

Aquí no falta diagnóstico. No faltan alertas. No faltan informes. Falta acción. Falta urgencia. Falta asumir que la violencia machista no es un problema cultural ni un asunto privado, sino un problema político y de responsabilidad estatal.

La Defensoría fue clara: cada feminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad. Cuando no actúa —cuando minimiza denuncias, dilata medidas de protección, normaliza el control y llega solo para contar muertas— deja de ser un espectador y se convierte en corresponsable.

Sandra vive porque resistió.

Neila murió porque nadie llegó antes del disparo.

Entre una y otra hay un país que sigue llegando después. Después del cuchillo. Después del arma. Después del hospital. Después del entierro. Y mientras eso siga ocurriendo, hablar de “casos aislados” no es ignorancia: es complicidad.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Movilización urgente contra la guerra en Venezuela

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2026, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Este sábado 3 de enero, a la 1:00 p. m., en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, el pueblo estadounidense que no está de acuerdo con Donald Trump ni con la guerra sale a las calles para rechazar los bombardeos y cualquier intento de invasión a Venezuela.

La protesta denuncia la violencia imperial, el uso de la guerra como herramienta política y la agresión a un país soberano. El mensaje es claro: no en nuestro nombre, no a la guerra, sí a la paz y al respeto de los pueblos.

Catatumbo: Entre el narcotráfico y la violencia, el absurdo de una guerra revolucionaria financiada por cocaína

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, 2025, Acuerdo de Paz, Cali, Catatumbo, Conflicto Armado, Desplazamiento forzado, Diálogos de Paz, Norte de Santander, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Créditos de la imagen: insightcrime.org/

La guerra a muerte entre las organizaciones criminales por guerrilleras en el Catatumbo evidencia la historia de una región controlada militarmente por grupos armados, tanto legales como ilegales, con fines de narcotráfico. Desde 1931, cuando la Gulf Oil Company inició la explotación petrolera, el Catatumbo ha estado marcado por la violencia, la resistencia indígena Barí, y la colonización impulsada por intereses económicos.

A partir de los años ochenta, el territorio se convirtió en escenario de confrontación entre guerrillas como el ELN, EPL y FARC-EP. La llegada de las AUC en 1999, con apoyo del Ejército, desató un aumento drástico en los homicidios y consolidó un corredor estratégico para el narcotráfico. En 2002, Carlos Castaño afirmó que el 70% de los ingresos paramilitares provenían del Catatumbo, mientras la población sufría necesidades básicas insatisfechas, precaria educación y ausencia de servicios esenciales.

La crisis económica, junto con la disminución de la actividad petrolera y la limitada presencia estatal, impulsó la expansión de cultivos ilícitos como la coca, especialmente en municipios como Tibú y El Tarra.

El paro campesino de 2013 marcó un punto de inflexión en la región, con miles de campesinos organizados a través de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quienes exigieron al Gobierno mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos y el cese de la erradicación forzada de cultivos de coca. Tras semanas de movilizaciones y enfrentamientos, se alcanzaron acuerdos sustanciales como la suspensión de fumigaciones aéreas, el cese de la erradicación manual y el compromiso de implementar programas alternativos para los campesinos.

Sin embargo, el cumplimiento de estos acuerdos ha sido limitado. Aunque la producción de coca se disparó, alcanzando más de 11,000 hectáreas en 2015, los compromisos estatales en infraestructura, educación, y desarrollo rural quedaron rezagados. Esto perpetuó la dependencia de los cultivos ilícitos como única fuente de sustento para muchos campesinos, que imposibilita la transformación de las condiciones estructurales que han perpetuado la crisis en el Catatumbo.

Las comunidades del Catatumbo siguen sufriendo debido a la violencia alimentada por el narcotráfico. Grupos armados ilegales controlan el territorio y luchan por las rutas del narcotráfico, afectando a campesinos, indígenas y urbanos. A la pobreza histórica se suman el desplazamiento, homicidios selectivos y reclutamiento de menores, mientras el Estado permanece ausente en áreas clave como salud, educación y desarrollo rural. Ejemplo de esto es la guerra a muerte que se libra desde el 12 de enero de 2025 entre las organizaciones el ELN y la estructura 33 de las disidencias de las FARC en el norte de Santander y que tiene su origen en la pérdida de un cargamento de cocaína en noviembre de 2024, según informes de inteligencia militar.

Estos informes, elaborados por oficiales de inteligencia militar, detallan el enfrentamiento entre los guerrilleros del ELN y la estructura 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Según los reportes, alias «Richard», jefe de finanzas de la disidencia 33, acordó una alianza con el ELN sin consultar a sus comandantes superiores. Esta alianza buscaba evitar interferencias mutuas en áreas de control, rutas y contactos relacionados con el narcotráfico.

La pérdida de un cargamento de cocaína generó desconfianza entre las dos organizaciones criminales. El 12 de enero de 2025, fue asesinado alias «Catre», jefe del frente Juan Fernando Porras del ELN. Tres días después, el 15 de enero, la familia López fue masacrada en la misma región. En las investigaciones, un informe de inteligencia militar reveló que el trabajo de Miguel Ángel López en una funeraria lo puso en conflicto con los grupos armados ilegales. López recibía amenazas por su labor de recoger y enterrar a víctimas de ambos bandos. Al día siguiente, el 16 de enero, se reportaron siete enfrentamientos armados en el Catatumbo.

Alias «Richard», señalado como responsable de la nueva confrontación, cuenta con aproximadamente 290 hombres armados, aunque solo 40 de ellos estarían combatiendo directamente contra el Frente de Guerra Nororiental del ELN, que dispone de 15 estructuras y 2,380 hombres en el norte de Santander. De este total, 1,900 estarían involucrados en los enfrentamientos con las disidencias. Este conflicto ha dejado más de 80 personas asesinadas.

A través de inteligencia militar, se ha identificado que alias «Richard» estaría solicitando apoyo a otras estructuras disidentes de las antiguas FARC en Arauca y Cesar.

Esta guerra entre grupos ilegales deja un saldo de aproximadamente 80 personas asesinadas en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Entre las víctimas se encuentran 7 firmantes de paz y el líder social Carmelo Guerrero, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). A estas cifras se suman los confinamientos en los mismos municipios. Algunas personas han sido rescatadas, mientras que otras han salido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. Muchas, incluyendo firmantes de paz, líderes sociales, niños y niñas, enfrentan riesgos especiales de secuestro o asesinato debido a señalamientos del ELN. Aunque algunos rescates han sido exitosos, muchas personas siguen refugiándose en las montañas sin haber sido rescatadas.

La Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa reporta riesgos de desplazamiento en varias comunidades. Yukpa Tayaya, en San Pablo, Teorama, registra 126 personas desplazadas. En el Centro Piloto Karacha, en Tibú, 180 personas enfrentan la misma situación, de las cuales cinco se desplazaron hacia Venezuela. En las comunidades Ucha Petajpo y Manüracha, en Cúcuta, 325 personas se encuentran desplazadas, junto con cinco familias adicionales provenientes de otras comunidades. La comunidad indígena Barí Irocobingkayra se desplazó completamente al resguardo Catalaura, en La Gabarra, por alerta preventiva.

El desplazamiento masivo en la región es una preocupación creciente. En Cúcuta, muchas familias han llegado y se está realizando un censo en el Palacio Municipal. En Ocaña, un gran número de familias se encuentran albergadas en el coliseo. Tibú ha recibido a personas provenientes de áreas rurales, mientras que algunas familias de La Gabarra han partido por vía fluvial. En Ábrego, varias familias se han desplazado, especialmente en la vereda Hoyo Pilón. El Tarra está acogiendo a un grupo de personas en un albergue, y en la región del Zulia, en Venezuela, también se han registrado personas que cruzaron la frontera debido al desplazamiento forzado.

Tres firmantes de paz fueron secuestrados en Convención y Teorama. El pasado jueves, 20 personas fueron secuestradas, 10 de ellas mujeres. De estas, 17 continúan retenidas. Además, 12 personas han sido secuestradas con fines extorsivos.

Las actividades económicas, educativas y de subsistencia están suspendidas en los municipios afectados. Se reporta escasez de alimentos, afectando incluso a las comunidades indígenas. Personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad enfrentan graves consecuencias y necesitan protección especial y atención urgente.

Iris Marín, defensora del pueblo, advirtió sobre la magnitud de la crisis humanitaria en el Catatumbo, destacando que en solo cuatro días se han desplazado al menos 11,000 personas. Hasta las 6:30 de la tarde, se reportaron:

  • 2,178 núcleos familiares desplazados en Ocaña.
  • 5,065 personas albergadas en Cúcuta.
  • 2,500 personas confinadas en varios municipios.

La situación ha alcanzado niveles críticos, con comunidades enteras en riesgo de desplazamiento y una vulneración generalizada del principio de distinción. Las víctimas incluyen líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, y personas con especial protección constitucional, como niños, niñas, mujeres gestantes, personas con discapacidad e indígenas.

Mientras tanto, en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, se multiplican los desplazamientos masivos, la destrucción de medios de vida y la violencia indiscriminada. Las comunidades indígenas Yukpa y Barí reportan desarraigos forzados, mientras líderes sociales y firmantes de paz enfrentan persecuciones y asesinatos.

En medio de esta tragedia, surgen preguntas que nadie parece querer responder: ¿cómo es posible que grupos que se proclaman defensores del pueblo terminen matándose entre ellos por el control de rutas de narcotráfico? Al final, la realidad parece absurda: una «guerra revolucionaria» financiada con cocaína, donde los «libertadores» terminan enfrentándose como empresarios rivales en una disputa comercial, mientras el pueblo al que dicen representar sigue muriendo de hambre, de miedo y de olvido.

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La montaña de fuego despierta: reseña sobre el Puracé y su actividad volcánica reciente

por Sofia Lopez#Alerta, #Emergencia, #Prevencion, CaucaPublicado el No hay comentarios

Crédito de la imagen: Yamamoto

Historia y contexto cultural

El volcán Puracé, cuyo nombre proviene del idioma indígena quechua y significa «Montaña de Fuego,» es un símbolo del departamento del Cauca y del Macizo Colombiano. Este macizo es conocido como la “Estrella hídrica de Colombia” porque de allí nacen importantes ríos como el Magdalena, el Cauca y el Caquetá. Durante siglos, el Puracé ha sido considerado sagrado por las comunidades indígenas que habitan la región, como los Misak (o Guambianos). Ellos lo perciben como una conexión espiritual con la naturaleza y la madre tierra, lo que le otorga un profundo valor cultural.

Geografía y ubicación

El volcán Puracé se encuentra a unos 25 kilómetros al oriente de Popayán, en el Parque Nacional Natural Puracé, una de las áreas protegidas más importantes de Colombia. Forma parte del cinturón volcánico de los Andes y del complejo volcánico del Macizo Colombiano. Es un estratovolcán activo que alcanza una altitud de 4.650 metros sobre el nivel del mar. En su entorno, se destacan paisajes de páramos, lagunas, aguas termales, cascadas y una rica biodiversidad que incluye especies emblemáticas como el cóndor de los Andes.

Comportamiento histórico

El Puracé es uno de los volcanes más activos de Colombia, con un historial que se remonta a tiempos precolombinos. Sus erupciones han sido registradas desde el siglo XVII, aunque no todas tienen documentación detallada. Las más significativas ocurrieron en el siglo XX, especialmente en 1949, 1950 y 1956, cuando el volcán mostró actividad explosiva que afectó las comunidades cercanas con emisiones de ceniza, flujos piroclásticos y lava.

En 1977, una erupción importante provocó daños en zonas aledañas, y desde entonces ha tenido actividad sísmica y fumarólica recurrente, especialmente en su cráter principal. Aunque no ha registrado erupciones mayores en las últimas décadas, su comportamiento sigue siendo monitoreado de cerca por el Servicio Geológico Colombiano debido a su carácter activo.

La tragedia de los estudiantes del Liceo en 1949

El 26 de mayo de 1949, una trágica erupción del volcán Puracé cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Nacional Alejandro de Humboldt de Popayán. Motivados por una excursión previa de compañeros, los jóvenes organizaron una expedición al volcán, a pesar de la oposición de los rectores del Liceo y de la Universidad del Cauca.

La excursión partió de Popayán a las 4:00 a.m., dejando atrás a un compañero que, al llegar tarde, decidió viajar solo para alcanzar al grupo. Al llegar cerca del volcán, los indígenas locales advirtieron a los estudiantes sobre la intensa actividad volcánica y se negaron a servir como guías. Sin embargo, el grupo continuó su ascenso, apostando quién llegaría primero a la cima.

Se estima que alrededor de las 9:15 a.m., mientras los estudiantes estaban en la parte alta del volcán, ocurrió una erupción que se escuchó hasta en Popayán. La explosión estuvo acompañada de emisiones de cenizas, gases y fuertes detonaciones que lanzaron bloques de material volcánico. Inmediatamente después, don Benjamín Arboleda, habitante de la zona, organizó una comisión de rescate y logró auxiliar a los dos únicos sobrevivientes: Napoleón Montealegre y Alberto Ávila.

Este lamentable suceso resalta la importancia de atender las advertencias locales y comprender los riesgos asociados a la actividad volcánica. El volcán Puracé, cuyo nombre significa «Montaña de Fuego» en quechua, es uno de los más activos de Colombia, y su monitoreo constante es esencial para la seguridad de las comunidades y visitantes.

Estado actual

Hoy en día, el Puracé continúa mostrando actividad fumarólica en su cráter, liberando gases como dióxido de azufre. Las comunidades cercanas, así como las autoridades científicas, mantienen una vigilancia constante para prevenir riesgos ya que en la noche del 19 de enero presentó recientemente un incremento en su actividad volcánica. Desde la noche del 19 de enero de 2025, a las 23:06, se ha registrado de manera continua una señal sísmica tipo «tremor», asociada a un aumento de presión interna en el volcán. Esta actividad ha provocado emisiones de ceniza que se han dispersado hacia el suroccidente del volcán.

En respuesta a este comportamiento, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha declarado la alerta amarilla para el volcán Puracé. Este nivel de alerta indica que el volcán puede presentar fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza (erupciones menores) y presencia de gases volcánicos perceptibles en las zonas aledañas.

Las comunidades cercanas han reportado caída de ceniza y olor a azufre, lo que ha generado preocupación entre los habitantes. Las autoridades locales, en coordinación con el SGC, han intensificado el monitoreo del volcán y han recomendado a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

El volcán Puracé es uno de los más activos de Colombia y forma parte del Parque Nacional Natural Puracé. Su edificio volcánico tiene forma de un cono truncado, con un cráter interno y otro externo concéntricos de 500 y 900 metros de diámetro, respectivamente. La actividad fumarólica se concentra en el interior del cráter, principalmente en una gran grieta que atraviesa el fondo y en un importante campo fumarólico en el flanco externo norte del volcán, conocido como «Fumarola Lateral».

Dada la naturaleza cambiante de la actividad volcánica, es fundamental que las comunidades y visitantes de la región se mantengan atentos a las actualizaciones proporcionadas por las autoridades competentes y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Fuentes y Referencias:

Servicio Geológico Colombiano https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/71-a%C3%B1os-de-la-erupcion-del-volcan-Purace.aspx?utm_source=chatgpt.com

https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Boletin-extraordinario-del-Volcan-Purace-20-Enero-2025.aspx?utm_source=chatgpt.com

https://www.swissinfo.ch/spa

https://www.swissinfo.ch/spa/alerta-amarilla-por-aumento-de-actividad-del-volc%C3%A1n-purac%C3%A9-en-el-suroeste-de-colombia/88751911?utm_source=chatgpt.com

https://www.noticiascaracol.com/colombia

https://www.noticiascaracol.com/colombia/alerta-amarilla-en-volcan-purace-tras-aumento-de-actividad-sismica-caida-de-ceniza-y-olor-a-azufre-rg10?utm_source=chatgpt.com

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