Lejos del foco de la atención mundial, los conflictos armados en la República Democrática del Congo han convertido la violencia sexual en un arma de guerra. Miles de mujeres, niñas e incluso hombres y niños han sido víctimas de abusos sistemáticos que destruyen sus cuerpos, sus mentes y sus comunidades.
Las historias que siguen son solo un fragmento de una realidad escalofriante que el mundo prefiere ignorar.
Françoise, de 17 años, huyó de su aldea cuando la guerra se acercaba. En un campamento de desplazados, salió con otras mujeres a buscar leña, pero fueron interceptadas por hombres armados. “Todos me violaron, uno tras otro. Cuando pude ponerme de pie, volví al campamento ocultando la ropa desgarrada. Tenía miedo de haber quedado embarazada. Me sentía atemorizada y absolutamente sola.”
Henriette, madre de dos niños, fue atacada mientras recolectaba leña. “Me metieron en un hoyo y me violaron. Cuando terminó, me dijo que me fuera y no volviera. Que había tenido suerte de que no me mataran. Pensé en tirarme al lago, pero no lo hice porque no había nadie más que cuidara a mis hijos.”
Brigitte fue secuestrada junto con otras mujeres. “Nos retuvieron cinco días y nos violaban todo el tiempo. Mi marido es policía en otra ciudad y no sabe lo que me pasó. No sé cómo decírselo. Cuando vuelva, será la catástrofe.”
Sifa, de 16 años, fue violada por varios hombres en el bosque. “Me tiraron al suelo y me violaron, uno tras otro. Mi abuela me dijo que no contara nada. Al mes siguiente, no me bajó el período. En el centro de salud me dijeron que estaba embarazada de cinco meses. Me siento triste, pero sé que nada va a cambiar.”
El uso de la violencia sexual en la RDC ha sido documentado desde 1996. Entre enero y marzo de 2024, más de 12.600 casos de violencia sexual fueron denunciados en Kivu Norte, y se estima que el número real es mucho mayor debido al temor y el estigma que enfrentan las víctimas. Según la ONU, la mitad de las mujeres en la RDC ha sufrido algún tipo de violencia física, y el 27 % ha sido víctima de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. La explotación sexual en los campamentos de desplazados y las zonas mineras agrava esta crisis.
El avance del grupo armado M23 ha exacerbado la situación. La violencia sexual está fuera de control, con 895 violaciones reportadas en solo dos semanas de febrero de 2025. En octubre de 2024, los rebeldes del M23 tomaron Goma, lo que llevó a la violación masiva de 150 prisioneras, muchas de las cuales fueron luego quemadas vivas.
Las consecuencias de la violencia sexual no terminan con la agresión. Las víctimas enfrentan rechazo social, aislamiento económico y trastornos psicológicos devastadores. “Una mujer llegó a nuestro centro; la habían violado a ella y a su bebé, y luego mataron a su esposo y a sus hijos frente a ella”, relata una matrona de Médicos Sin Fronteras.
El estigma social es otro golpe. “Después de que me atacaron, los amigos de mi marido le dijeron que me abandonara. Ahora vivo sola con mis cuatro hijos”, cuenta María, una joven embarazada.
La expansión de las minas de cobalto y cobre en la República Democrática del Congo ha desatado una ola de abusos contra los derechos humanos, marcando una nueva fase de despojo y violencia en el país. Comunidades enteras han sido desalojadas por la fuerza, sus casas demolidas y sus tierras expropiadas sin consulta ni compensaciones justas. Las empresas multinacionales, con el respaldo del Estado, imponen el avance de sus proyectos mineros con una brutalidad que incluye incendios provocados, palizas y agresiones sexuales. La historia de Kolwezi y Mukumbi es la de miles de personas que, de la noche a la mañana, pierden todo en nombre del progreso económico que nunca les llega.
Amnistía Internacional y la Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos han documentado estas atrocidades en su informe Powering Change or Business as Usual?, revelando el cinismo con el que se perpetúan estos abusos. Mientras las empresas justifican su papel en la transición energética global, las comunidades locales son sacrificadas para extraer los minerales esenciales en la fabricación de baterías de iones de litio. Sin mecanismos efectivos de denuncia ni acceso a la justicia, los afectados quedan atrapados en un ciclo de pobreza y represión. La situación es aún más alarmante cuando la represión estatal se convierte en un instrumento de las empresas para sofocar cualquier resistencia.
“Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el gobierno llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales’”, denuncia Edmond Musans, uno de los muchos residentes obligados a abandonar su hogar. Sin agua, sin electricidad y sin posibilidades de recuperar lo perdido, los desplazados luchan por sobrevivir mientras las corporaciones continúan ampliando su control sobre el territorio. La urgencia de la transición energética no puede servir de excusa para seguir perpetuando la explotación y el despojo, como lo ha sido durante siglos en el Congo. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir garantías para los derechos humanos y frenar la impunidad con la que operan estas compañías.
Cada día sin acción es un día más de sufrimiento para las familias que han perdido sus hogares, su seguridad y su dignidad. Y en el centro de esta tragedia están las mujeres, que no solo enfrentan el despojo y la miseria, sino también la violencia de género como arma de control y sumisión. Expulsadas de sus tierras, muchas quedan a merced de la explotación sexual, el trabajo forzado y el abuso de las mismas fuerzas que deberían protegerlas. La transición energética no puede construirse sobre sus cuerpos y su dolor. La justicia no será real hasta que sus voces sean escuchadas y sus derechos garantizados.
A pesar de la magnitud de esta tragedia, la comunidad internacional ha hecho poco por detener la violencia. Las organizaciones humanitarias exigen que se reconozca la violencia sexual como una emergencia humanitaria y que se brinden recursos para atención médica, psicológica y legal para las víctimas. Human Rights Watch insta a los gobiernos a presionar para que se detenga esta violencia sistemática. “Los ataques continúan porque los perpetradores saben que no enfrentarán consecuencias.” Mientras tanto, miles de mujeres, niñas y niños siguen siendo víctimas de una guerra silenciosa que el mundo se niega a ver. Cada día que pasa sin acción es un día en que se suman nuevas historias de horror, sufrimiento y olvido.
Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz