Impacto Mancuso: Revelaciones que remueven los cimientos de la derecha uribista colombiana

por Sofia LopezConflicto Armado, Ejecuciones Extrajudiciales, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Salvatore Mancuso, quien fuera uno de los más temidos jefes paramilitares de Colombia, fue deportado el martes 27 de febrero por Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico, para enfrentar cuentas pendientes con la justicia colombiana. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso permanecerá arrestado en una celda especial de la cárcel La Picota de Bogotá y no tendrá contacto con ningún otro recluso. Entre las medidas especiales que adoptó el INPEC para la seguridad del paramilitar, se encuentra recluirlo en el pabellón de extraditables y estar custodiado por un grupo especializado de guardias que fueron capacitados por la embajada de Estados Unidos.

Las confesiones de Mancuso revelan la implicación en graves crímenes, así como la promoción y respaldo al paramilitarismo por parte de expresidentes, grandes empresas, generales y figuras prominentes de la vida pública nacional. En este artículo, destacaremos las acusaciones más graves surgidas de sus declaraciones.

  1. En sesiones reservadas ante la Justicia Especial para la Paz -JEP-, el comandante paramilitar Salvatore Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en las masacres de El Aro y La Granja, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. Según Mancuso, Pedro Juan Moreno, quien fuera el secretario de Gobierno, cuando Uribe fue Gobernador de Antioquia, transmitió directamente las órdenes del expresidente a los paramilitares, siendo también partícipe en reuniones donde se planearon dichos crímenes.

 

  1. Mancuso reveló que el Bloque Catatumbo desapareció a más de 200 personas de origen colombiano en Venezuela por orden de la fuerza pública y del comandante Carlos Castaño, con el fin de no afectar las cifras de los mandos militares en la región.

 

  1. Además, mencionó que Uribe retiró la seguridad al alcalde de El Roble, lo que llevó a su tortura y asesinato en 2003. “Denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, dijo Salvatore Mancuso,

 

  1. Respecto a las masacres perpetradas por los paramilitares en Norte de Santander y en Bolívar, Mancuso afirmó que hubo coordinación con la fuerza pública en la masacre de Tibú, en 1999, y en 14 masacres en la región de Montes de María, entre 1999 y 2001. Mencionó la participación de altos mandos militares como el vicealmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, el mayor Juan Bautista Cárcamo, el coronel Ricardo Díaz Granados Mantilla, el mayor Zea, el capitán Estupiñán, el capitán Pastrana y el cabo Barreto, quienes participaron directamente mezclados entre Infantería de Marina con autodefensas.

 

  1. Mancuso denunció que el DAS declaró como objetivos militares al Presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva, según información proporcionada por José Miguel Narváez. Además, mencionó que Narváez también incluyó en esta lista a otras figuras como Gustavo Gallón, Alirio Uribe, Piedad Córdoba y Wilson Borja.

 

  1. Por otra parte, desde 2007, Mancuso afirmó que el exvicepresidente Francisco Santos le solicitó la creación de un bloque paramilitar en Bogotá— Bloque Capital – en los años noventa, y destacó el papel de Santos en la legitimación del discurso paramilitar a través de su familia y el periódico El Tiempo.

 

  1. Asimismo, acusó al coronel (r) Publio Hernán Mejía, imputado por la JEP por su implicación en casos de «falsos positivos» durante su mando en el Batallón La Popa en Valledupar, señalando que fue quien inició los contactos para la cooperación entre paramilitares y militares en esa unidad, delegando luego esa responsabilidad en Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40».

 

  1. De acuerdo con lo señalado por Mancuso, los paramilitares incidieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia del 2002. “Las Autodefensas intervinieron de manera directa en las elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones a Horacio Serpa, al presidente Pastrana y a Uribe”, expresó. El mismo Mancuso dijo en 2005 que “el 35 por ciento del Congreso fue elegido en zona de influencia de las AUC”.

 

  1. En su relato, también destacó que estos apoyos no solo fueron nacionales, sino además regionales, al reafirmar algunos nombres de políticos como «Eleonora, Miguel Alfonso, Mario Salomón, Zulema, Juan Manuel López Cabrales, Julio Manzur». Todos en el departamento necesitaban hacer algún tipo de pacto con las autodefensas.

 

  1. Mancuso también destacó cómo las autodefensas se entrometieron en el poder político y administrativo de Córdoba, incluso manejando fondos públicos. Se refirió a la producción de oro que no era local, sino traída por narcotraficantes desde Panamá y luego legalizada a través de alcaldías. Asimismo, mencionó contratos en los municipios donde se desviaban fondos públicos para beneficiar a alcaldes y a las autodefensas.

 

  1. Estos acuerdos también se hicieron con varias multinacionales del país como Ecopetrol, que les permitía extraer combustible para su venta y obtener financiamiento, esto fue acordado mediante altos funcionarios en 1998 y 1999. También señaló a las compañías como las bananeras, Bavaria y Postobón quienes pagaban impuestos a las autodefensas para su financiamiento.

 

  1. Salvatore Mancuso reveló una presunta coordinación con altos mandos militares y funcionarios del gobierno nacional para llevar a cabo una falsa desmovilización del EPL, con el propósito de integrarlos a las filas paramilitares. Según sus declaraciones, el comandante Carlos Castaño mantuvo comunicación directa con el ministro Serpa para informar sobre estas operaciones, asegurando que el Gobierno estaba al tanto. Este episodio, denominado desmovilización ficticia, ha sido documentado y corroborado, tanto es así que alias «Otoniel», líder histórico del Clan del Golfo, fue uno de los guerrilleros del EPL que se unió a las AUC durante ese período.

 

  1. Ante la JEP, Mancuso reveló que un grupo de venezolanos, entre ellos un general y varios políticos, les propusieron a él y a Carlos Castaño infiltrarse en Venezuela para derrocar y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. La propuesta planteaba un golpe de Estado con el apoyo de una facción de las fuerzas militares venezolanas aliadas a los paramilitares.

 

Las confesiones de Salvatore Mancuso han desencadenado un terremoto político en Colombia, especialmente entre las filas de la derecha. Sus revelaciones apuntan directamente a figuras prominentes de los anteriores gobiernos uribistas y altos mandos militares, implicándolos en graves crímenes y maniobras ilegales. Desde masacres hasta alianzas políticas y económicas, las declaraciones de Mancuso han puesto al descubierto una red de corrupción y violencia paramilitar.

Este panorama presenta desafíos inéditos para el sistema judicial colombiano, ya que pone a prueba su capacidad para abordar estos casos con la debida diligencia y transparencia. De no lograrlo, existe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional tenga que intervenir, lo que plantea serios interrogantes sobre la eficacia y la legitimidad de las instituciones nacionales en la persecución de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos.

 

Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

El Complicado Camino de la Legalización del Cannabis en Colombia

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

El Complicado Camino de la Legalización del Cannabis en Colombia

Por: Sofía López, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

El cannabis es una planta, que tiene más de 5.000 años de historia y es originaria de Mongolia y la zona sur de Siberia. Inicialmente se conocían dos subtipos: Cannabis sativa (marihuana) y Cannabis sativa L. (cáñamo), ambos utilizados en la antigüedad. Actualmente se reconocen tres subespecies: C. sativa sativa, C. sativa indica y C. ruderalis, cada una con diferentes propiedades.

La marihuana tiene diversos usos terapéuticos, como analgesia, broncodilatación e inmunosupresión. Se destaca el cannabidiol (CBD) como un fármaco potencial para tratar enfermedades como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la esquizofrenia resistente a otros tratamientos, con propiedades antioxidantes y neuroprotectoras.

El cannabis en versión cáñamo ha sido empleado durante más de 5.000 años para la elaboración de prendas de vestir, cuerdas, papel, aceites y alimentos. El interés médico por el Cannabis sativa se remonta a la medicina tradicional china, y evidencias arqueológicas sugieren su uso en rituales religiosos y funerarios en regiones como Siberia y China. La planta se propagó por China, Corea, India y Oriente Medio, llegando a Europa a través de los escitas. En Grecia se utilizaban prendas de vestir elaboradas con cáñamo, y en el 300 a. de C. romanos y cartagineses disputaban rutas marítimas debido al valor comercial del cáñamo. La influencia de Oriente Medio e India contribuyó a la difusión del cultivo de cannabis por Europa, Asia y África. En algunas sociedades africanas, asiáticas y americanas, se han descubierto indicios de que las comunidades indígenas utilizaban la planta con fines recreativos.

En la década de 1920, el uso recreativo de la marihuana se popularizó en los Estados Unidos y en algunos países europeos, especialmente entre los círculos artísticos y culturales. Sin embargo, fue a partir de la década de 1960, durante el movimiento de la contracultura, cuando el consumo de marihuana se generalizó en diversos sectores de la sociedad, convirtiéndose en un elemento característico de la cultura juvenil.

La aceptación social del consumo recreativo de la marihuana ha continuado evolucionando a lo largo de las décadas, y en algunos lugares se ha traducido en cambios en las políticas legales que regulan su uso.

Más allá de las consideraciones éticas y de salud, hay una serie de beneficios que han sido identificados con la adopción de políticas de despenalización, más permisivas hacia el cannabis, por ejemplo:

  • Los impuestos generados por la venta legal de cannabis contribuyen a las arcas gubernamentales, financiando programas sociales, de salud y educación.
  • Se reduce la demanda en el mercado negro, desplazando las operaciones ilegales y contribuyendo a la disminución de actividades delictivas asociadas con la marihuana.
  • Se alivia la presión sobre el sistema judicial, liberando recursos que de otro modo se destinarían a la persecución de delitos relacionados con la marihuana.
  • En regiones donde se ha legalizado el cannabis recreativo, como Ámsterdam en los Países Bajos o estados en los Estados Unidos, se ha observado un aumento en el turismo. Los consumidores a menudo viajan a destinos donde pueden disfrutar legalmente de la marihuana.
  • Al legalizarse la industria del cannabis, se ha creado numerosos empleos en sectores como la agricultura, la distribución, la venta al por menor y la investigación, contribuyendo así al crecimiento económico y a la generación de empleo.
  • La legalización permite una mayor focalización en programas educativos y preventivos en lugar de en medidas punitivas.
  • La legalización permite la regulación de la calidad y seguridad de los productos que no están presentes en el mercado ilegal.
  • Se facilita la investigación científica sobre los efectos del cannabis y sus posibles aplicaciones médicas. Se abren oportunidades para comprender mejor la planta y sus componentes, lo que puede conducir a avances en la medicina.

En los primeros años de la historia de Estados Unidos, el cannabis fue libre y despenalizado, utilizado con fines medicinales y comerciales. Sin embargo, en 1930, se impusieron restricciones estatales al cannabis medicinal, y en 1937, la Ley de Impuestos de la Marihuana esencialmente prohibió su posesión y transferencia, excluyendo el uso médico e industrial. La Ley de Sustancias Controladas de 1970 clasificó la marihuana como sustancia de alto potencial de abuso. Durante los años 80, la administración Reagan intensificó la lucha contra el narcotráfico con sentencias mínimas obligatorias para delitos relacionados con la marihuana. En 2013, la administración Obama implementó una política de no intervención, permitiendo operaciones legales de cannabis en estados legalizados. Aunque la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, varios estados, como California, han liderado la tendencia hacia la legalización del uso recreativo, desafiando las políticas federales más restrictivas.

En diciembre de 2013, Uruguay aprobó la Ley de Regulación del Cannabis, convirtiéndose en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción, distribución y consumo de marihuana. En octubre de 2018, Canadá se destacó como el primer país del G7 en legalizar completamente el uso recreativo del cannabis a nivel nacional. Los Países Bajos son conocidos por su política de tolerancia hacia el cannabis. aunque no han legalizado plenamente la marihuana. Los coffeeshops en ciudades como Ámsterdam permiten la venta bajo ciertas restricciones, proporcionando un enfoque innovador hacia la regulación del consumo de marihuana. En 2001, Portugal despenalizó la posesión y el consumo de todas las drogas, incluida la marihuana, para uso personal. En España, aunque el consumo personal en privado no está penalizado, ha surgido una cultura de clubes sociales de cannabis donde los miembros pueden cultivar y consumir en un entorno comunitario. En 2021, México dio un paso decisivo al aprobar una ley para legalizar el uso recreativo y medicinal de la marihuana, aunque la implementación está en curso.

En el caso colombiano se dijo una vez más no a la regularización del mercado de cannabis de uso adulto. El Congreso de la República hundió en la tarde de este martes la reforma constitucional que buscaba legalizar la compra, venta y distribución de la marihuana. El proyecto liderado por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y por el representante a la Cámara liberal Juan Carlos Losada ni siquiera se alcanzó a discutir en la plenaria del Senado. Una proposición de archivo obtuvo 46 votos a favor y 40 en contra y acabó, por ahora, con la ilusión de transformar el fracasado modelo de lucha contra las dogas que ha aplicado Colombia desde hace décadas. Con esta ya son cinco las veces que el representante Losada presenta este proyecto de ley y cinco las veces que el Congreso lo ha archivado sin que el tema sea discutido.

En un contexto en el que la comunidad internacional reevalúa actitudes más progresistas hacia el cannabis, Colombia se encontraba en una posición clave para liderar un cambio significativo. Sin embargo, la resistencia a esta iniciativa evidencia la arraigada influencia de paradigmas ultraderechistas que se oponen a los posibles beneficios de una política de drogas innovadora y centrada en la salud pública.

El 28 de septiembre que no conmemoran las Mujeres Indígenas

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que fue designada por el movimiento feminista con el fin de promover la legalización del aborto y así evitar la muerte de muchas mujeres por el uso de prácticas clandestinas. Esta iniciativa surgió en Argentina, en 1990, en el marco del “V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe”. La propuesta fue presentada por la delegación brasileña, que planteó la fecha del 28 de septiembre por ser el aniversario de la promulgación en Brasil de la Ley de Libertad de Vientres en 1871, por la que se consideraron libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.

El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedar embarazada. La prohibición o la criminalización del aborto es una grave vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y provoca la violación sistemática de derechos como el derecho a la vida,  a la integridad personal, a la salud, a la intimidad, a la autonomía y a no sufrir violencias y discriminación. Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos.

La URSS fue el primer país que despenalizó el aborto el 18 de noviembre de 1920. El Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo, es decir, autorizaba el aborto voluntario y gratuito. Para Lenin, líder de la Revolución Rusa, el aborto era «un derecho democrático básico de las mujeres ciudadanas«.

En el continente americano, Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto. En 1965, el aborto fue establecido como derecho legal y asistido dentro de los servicios médicos gratuitos dentro del primer trimestre de gestación.

En Colombia, la primera vez que se intentó despenalizar parcialmente el aborto por vía legislativa fue en 1975 por cuenta de un proyecto de ley presentado por el senador del Partido Liberal, Iván López Botero, en donde se establecía el permiso para la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación y en caso de que la madre corriera alto riesgo o el niño sufriera una lesión o enfermedad genética incurable. Las mujeres además necesitarían la autorización de un juez o de su cónyuge, y si estaban solteras, de quien tuviera su custodia. Posteriormente, en 1989, el senador liberal, Emilio Urrea presentó un proyecto de ley “por el cual se reconoce el derecho de toda mujer embarazada a interrumpir el proceso de gestación voluntariamente, hasta los primeros 90 días del embarazo”; existieron dos intentos adicionales en 1993, por cuenta de proyectos de ley presentados por las congresistas Ana Pechthalt y Vera Grabe y por último, en 1995, un proyecto de ley presentado por la senadora Piedad Córdoba, “por medio del cual se dictan normas sobre salud reproductiva”. Ninguna de estas iniciativas legislativas prosperó.

La Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional constituye un avance importante para la garantía y en ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 122, 123, 124 y el numeral 7 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, que penalizaban el aborto en todos los casos. A través de esta sentencia se despenalizó parcialmente el aborto en tres condiciones: a) Cuando peligra la vida o la salud de la madre b) Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida c) Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

En la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional, despenalizó el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo. La decisión emblemática, sitúa a Colombia a la vanguardia de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe luego de una serie de decisiones que amplían el acceso al aborto legal en la región. En 2020, Argentina legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo y, posteriormente se sumó México.

No obstante, los grandes avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, las mujeres indígenas se encuentran privadas de este derecho, y sus vidas continúan en riesgo. Las consultas a las autoridades indígenas sobre la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- son un obstáculo para la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, más aún cuando el embarazo es producto de violencias sexuales y reproductivas ejercidas por personas internas o externas a la comunidad.

Las mujeres indígenas del Cauca que se encuentran afiliadas la Asociación Indígena del Cauca EPSI – AIC EPSI-, dependen de la decisión de las autoridades tradicionales de sus comunidades para que autoricen la IVE, y en la mayoría de los casos, su derecho es negado. La AIC manifiesta que la resolución interna número 050 de 2020 supedita la decisión de la IVE a la decisión de los gobernadores de los cabildos indígenas por encima de la decisión de las mujeres. La sentencia T-158 de 2023 de la Corte Constitucional en una postura bastante ambigua siguió permitiendo que la AIC obstaculice el acceso a la IVE indefinidamente. Es tan grave la situación que las niñas, adolescentes y mujeres indígenas son obligadas a continuar con sus embarazos y son remitidas con sus pequeños hijos a sus comunidades o a la fundación Sol y Vida cuando hay rechazo en la comunidad.

En una decisión que priorice la vida de las mujeres indígenas, la AIC debe dejar sin efectos la resolución numero 050 de 2020, amparándose en la recomendación N°39 del 2022 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados que hacen parte del tratado “Garantizar que las niñas y mujeres indígenas reciban información precisa, rápida, completa y en formatos accesibles sobre servicios en salud sexual y reproductiva. Además, garantizar el acceso asequible a dichos servicios, incluido el aborto seguro y formas modernas de anticoncepción”, así mismo indican que los Estados “Deben emprender sin demora esfuerzos de recopilación de datos y garantizar que las mujeres y las niñas indígenas tengan acceso a sistemas de justicia no indígenas e indígenas que estén libres de discriminación, prejuicios y estereotipos raciales y/o de género”.

Hacemos un llamado a la Consejería Regional Indígena del Cauca -CRIC-, para que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, al programa Mujer para que abandere el clamor de las mujeres indígenas que exigen el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito para salvaguardar su vida y demás derechos que se encuentran vulnerados por la AIC.

¡Fiscal Ya!: Una mirada al proceso de elección de la nueva Fiscal General de la Nación

por Sofia LopezImpunidadPublicado el No hay comentarios

Este jueves 22 de febrero, en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo una nueva jornada de votación; sin embargo, ninguna de las tres aspirantes logró alcanzar la mayoría de los votos. La Sala Plena de la Corte decidió aplazar nuevamente la votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación después de varias horas de deliberación. Según el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, la sesión se desarrolló en completa normalidad. Además, aseguró que una de las candidatas obtuvo una mayoría importante de votos, pero no fue suficiente para ser elegida como fiscal. La candidata en cuestión sería Amelia Pérez, quien obtuvo 13 votos de los 16 requeridos. Por el momento, Martha Mancera continuará encargada de la Fiscalía.

El procedimiento para elegir al Fiscal, está regulado por la Constitución Política y los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia. Conforme al artículo 249 de la Constitución Política, el Fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente de la República. Ahora bien, el procedimiento y las reglas para esa elección están previstos en el Acuerdo No. 006 de diciembre de 2002, es decir, en el Reglamento General de la Corte.

Este reglamento es emitido por la misma Corte, conforme a la atribución prevista en el numeral 6 del artículo 235 de la Constitución Política: «darse su propio reglamento». Dicho reglamento debe estar supeditado a la Constitución y a las leyes.

Conforme a los artículos 4, 5 y 6 del reglamento, las sesiones para elegir al Fiscal deben ser ordinarias, las votaciones serán secretas y para que sea electo algún candidato o candidata, se necesitan 2/3 partes de los 23 votos que emiten los 23 magistrados, es decir, 15.33; se redondea a 16 votos para que una persona ternada como candidata sea electa.

En el artículo 39 del reglamento se establece que los magistrados deben analizar las hojas de vida de los candidatos y, para ello, deliberarán sobre aspectos relacionados con las mismas. La Corte Suprema anunció oficialmente en noviembre de 2023 que las tres candidatas propuestas para el cargo de Fiscal cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales. Se supondría entonces que, con esta decisión, la fiscal que sucederá a Francisco Barbosa será una mujer, ya que el presidente Gustavo Petro ternó a Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Además, quedó descartada la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda modificar la terna de candidatos.

Los pasos siguientes para la deliberación de las hojas de vida fueron:

  • Observaciones de la ciudadanía a las candidatas: del 7 de noviembre al 14 de noviembre de 2023.
  • Evaluación de las observaciones por parte de la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de fecha 20 de noviembre de 2023.
  • Audiencia pública en la Sala Plena de la Corte Suprema para que las candidatas presenten sus propuestas y respondan preguntas de los miembros de la Corte con fecha del 23 de noviembre de 2023.

Es decir, se cumplió con todas las etapas señaladas en el artículo 39 del reglamento.

Este mismo artículo 39 del reglamento prevé que, terminada la deliberación para analizar a las candidatas, se someterá a votación. Según el artículo 40 del reglamento, el voto es obligatorio, pero se puede optar por votar en blanco. Esto resulta absurdo, dado que las hojas de vida de las candidatas ya fueron aceptadas por la Corte conforme a lo establecido en el artículo 39. Es tan absurdo como inconstitucional, ya que se trata de la elección de un cargo del Estado, no de una elección popular, y las candidatas ya han sido aceptadas.

Es importante señalar que la Corte, al elegir al Fiscal, cumple una función administrativa. Esta función se desarrolla bajo los principios constitucionales, en particular los relacionados con la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Aunque el reglamento permita el voto en blanco, esto no implica que sea constitucionalmente permitido. El voto en blanco es contrario en este caso al principio de celeridad y el voto secreto contrario al principio de publicidad y transparencia.

Finalmente, el artículo 41 establece el trámite de la votación: si en una primera votación ninguno de los candidatos obtuviera el número de votos requerido para su elección, se efectuará seguidamente una segunda, circunscrita a los dos que hayan obtenido la mayor votación. Si en esta tampoco resultara ninguno electo, se someterá a cada uno de ellos separadamente a una tercera votación en sesión posterior, si fuera solicitada por alguno y aprobada por la mayoría de los asistentes.

Instalada la primera sesión, los magistrados deben votar por una de las tres candidatas puestas en su conjunto, (el voto en blanco cuenta como voto, y no se anotará a ninguna de las candidatas), si ninguna de las candidatas obtiene los 16 votos necesarios para ganar, en esa misma sesión, se hará otra ronda de votación, pero sólo respecto a las dos candidatas que hayan obtenido el mayor número de votos, es decir, en la otra ronda, los magistrados solo votarán por dos de las candidatas. Si en estas dos rondas de votación, realizadas en esa misma sesión, ninguna de las candidatas obtiene los 15 votos, entonces, a solicitud de alguno de los magistrados y aprobada esa solicitud por la mayoría de los magistrados, se convocará a una segunda sesión. Para que haya una tercera votación, dónde los candidatos serán sometidos, ya no en su conjunto, si no por separado, para que cada uno de los magistrados manifiesten el voto frente a ese candidato por separado.

Ni la Constitución Política ni el reglamento de la Corte permiten a los magistrados diferir el proceso de votación de la Fiscal. Por el contrario, los Numerales 1 y 2 del artículo 43 del reglamento les imponen los deberes de hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos, y desempeñar con celeridad, moralidad e imparcialidad las funciones asignadas. Por otra parte, es importante indicar que la función de elegir Fiscal es una función administrativa y no judicial que se rige por los principios de la función administrativa, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Por lo tanto, caen por su propio peso las versiones de la derecha golpista que indican que se está violando el principio de autonomía e independencia judicial, ya que este principio opera cuando la Corte actúa como juez; en el caso de la elección del Fiscal, actúa como administración, por tanto, es legítimo el reclamo popular y del gobierno al cumplimiento de los principios de la función administrativa.

La Corte está llevando a cabo maniobras dilatorias con el único propósito de garantizar la permanencia de la Fiscalía de derecha instaurada durante el gobierno de Duque, sin tener en cuenta los graves señalamientos que se hacen en diversos medios de comunicación sobre el presunto favorecimiento de la fiscalía a reconocidos narcotraficantes.

En un comunicado emitido este 14 de febrero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia enfatizó la importancia crucial de elegir pronto al próximo Fiscal . Destacando el papel fundamental que desempeña la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho, la ONU instó a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección en el menor tiempo posible. En los mismos términos se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos OEA.

El voto secreto y en blanco establecido en el reglamento de la Corte es abiertamente inconstitucional, pero es la herramienta preferida por la Corte Suprema de Justicia para mantener en la interinidad a la cuestionada fiscal Martha Mancera.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoca a Audiencia Pública sobre menores indígenas reclutados forzadamente en el Cauca

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

El 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, una jornada en la que se levantan las voces para poner de relieve la realidad actual del reclutamiento en Colombia y en todo el mundo, rechazando enérgicamente esta práctica que constituye una grave violación a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este día también es conocido como el «Día Mundial de las Manos Rojas», en referencia al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, que entró en vigor en el año 2002.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz entre las extintas FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, vastas zonas del departamento del Cauca quedaron a merced de los grupos armados Organizados no desmovilizados. Según las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, se estima que cerca de ocho de estos grupos operan y disputan el control del departamento del Cauca.

La prisa con la que se firmaron los Acuerdos de Paz, en un intento por poner fin a cinco décadas de conflicto armado en un proceso negociador que duró apenas cuatro años, omitió considerar la situación de los mandos medios de las FARC. Estos optaron por no unirse al proceso de desmovilización ni firmar los acuerdos, y en la actualidad constituyen lo que se conoce como las disidencias de las FARC.

Estas disidencias han sido señaladas como responsables de una serie de delitos graves, que incluyen: amenazas, hostigamientos, homicidios, secuestros, desplazamientos y reclutamientos forzados de la población civil. Entre las principales víctimas de estas acciones se encuentran los miembros de las comunidades indígenas del Cauca. La situación ha alcanzado tal gravedad que está llevando a estas comunidades al borde del exterminio.

El reclutamiento forzado es una de las prácticas más recurrentes de los grupos armados, representando una grave amenaza para la supervivencia de los diversos pueblos indígenas. Este fenómeno forma un círculo vicioso que se agrava continuamente: muchos indígenas, una vez reclutados, se convierten en futuros reclutadores de otros menores indígenas. Algunos son sometidos a severos castigos por parte de la propia justicia indígena, mientras que otros se convierten en enemigos acérrimos de sus comunidades de origen.

Néstor Gregorio Vera Fernández, también conocido como «Iván Mordisco», líder de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, fue reclutado a la fuerza a la temprana edad de 13 años. Comenzó su camino en las filas armadas como soldado raso para luego ascender a roles de liderazgo y mando en diversas estructuras armadas donde ha operado. Esto es un ejemplo de que el reclutamiento forzado perpetúa los ciclos de violencia, explotando y alienando a los menores de edad.

El Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, reveló un aumento alarmante de los casos de reclutamiento de indígenas menores de edad, por parte de los grupos armados presentes en la región. Durante los meses de enero a noviembre de 2023, el observatorio de derechos humanos del CRIC reportó 175 casos de reclutamiento forzado de menores indígenas entre 12 y 15 años de edad. Para la Defensoría del Pueblo esta cifra está cercana a los 200 casos al finalizar el mes de diciembre.

La Defensoría del Pueblo emitió una denuncia alarmante en el año 2023, revelando que la Columna Móvil “Dagoberto Ramos”, perteneciente a las disidencias de las FARC, ha transformado al municipio de Toribío, en un centro neurálgico de operaciones militares, financieras y un lugar de reclutamiento forzado, concentración y entrenamiento militar de niños, niñas y adolescentes procedentes de los municipios del norte del Cauca. Los menores son captados por la fuerza y, tras un breve período de entrenamiento, son incorporados a las diversas subestructuras del Comando Coordinador de Occidente de las FARC. Los docentes de las zonas rurales del norte del Cauca han reportado que los estudiantes desaparecen durante aproximadamente 15 días, tiempo en el cual son entrenados en los centros de operaciones militares del grupo armado. Al regresar, lo hacen con dinero y se ven involucrados en actividades delictivas y en el microtráfico de drogas en beneficio de los grupos armados.

Lo que es aún más preocupante es que, desde el mes de diciembre, circula en el municipio de Caldono un comunicado que amenaza con la posible formación de un grupo armado compuesto por 200 jóvenes indígenas cansados de este flagelo. Este grupo tendría la intención de armarse siguiendo el modelo de la antigua guerrilla Quintín Lame, que operó en la década de los 80. Esta situación es extremadamente grave, intensifica la guerra y pone en entredicho las aspiraciones de paz del gobierno actual.

En diversas zonas del departamento del Cauca, se pueden observar retenes establecidos por grupos ilegales, a menudo dirigidos por niños y niñas fuertemente armados. Muchos de estos menores se encuentran en esta situación debido a necesidades económicas apremiantes, mientras que otros están allí por la falta de acceso a la educación. Resulta preocupante ver cómo algunos de ellos se sienten atraídos por el poder y el dinero fácil asociado con el porte de armas, a pesar de su corta edad.

Es lamentable que en las redes sociales se compartan memes y chistes que trivializan y normalizan esta realidad, haciendo alusiones humorísticas a la vida en el Cauca y la presencia de niños uniformados. No hay conciencia sobre la gravedad del reclutamiento forzado de niños indígenas en nuestra región.

El reclutamiento forzado de niños indígenas es una grave violación de los derechos humanos que causa daño tanto a la infancia como a las culturas indígenas y la sociedad en general. Al separar a los niños de sus raíces culturales y tradiciones, esta práctica rompe el vínculo esencial que tienen las comunidades indígenas con su tierra y herencia, lo que puede provocar una pérdida significativa de diversidad cultural y un impacto duradero en la identidad de los niños afectados, materializándose el exterminio de los pueblos indígenas.

Es por estas razones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado a una Audiencia Temática para el 27 de febrero de 2024, donde se abordará el grave problema del reclutamiento forzado de menores indígenas en el Cauca. En esta audiencia participarán El CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y la Corporación Justicia y Dignidad, en presencia de representantes del Gobierno Nacional. Se denunciará la falta de una política pública efectiva para erradicar esta práctica, así como la falta de prioridad del tema de reclutamiento en los puntos a negociar de las mesas de diálogos de paz. Se instará al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz a implementar urgentemente una política de prevención del reclutamiento forzado para proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas durante los procesos de paz. Además, se presentarán propuestas para abordar esta problemática dentro del marco de la justicia especial indígena para la paz.

Si persiste el reclutamiento forzado de menores indígenas y se llegare a formar un grupo armado con jóvenes indígenas, la política de paz del gobierno será un fracaso total y se abrirá paso a la llegada al poder del uribismo y la ultra derecha en 2026. Es imperioso proteger desde ahora el futuro de nuestros pueblos indígenas para lograr una Paz Total efectiva.

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

La Comisión Internacional contra la Impunidad: una promesa de campaña y una solución ante la crisis institucional

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

En las entrañas del poder colombiano se gesta un conflicto silencioso que amenaza con sacudir las bases de la democracia. Gustavo Petro, un presidente en el filo de la contienda, enfrenta una persecución judicial y disciplinaria orquestada por la Fiscalía y la Procuraduría, con el beneplácito de las Altas Cortes de la justicia, generando un oscuro escenario que pretende llevarlo a un juicio político para materializar el tan anhelado golpe de estado con el que fantasea la ultraderecha colombiana.

El gobierno de Petro resiste en medio de una estructura estatal completamente derechizada y su defensa, lejos de estrategias jurídicas sólidas— porque no las tienen— o un aparato de comunicación consistente, descansa legítimamente en la movilización social, la única carta que se  juega en una partida, donde la verdad se desdibuja entre las mentiras proferidas por los medios tradicionales de comunicación, que imponen los intereses de la ultraderecha y los intereses económicos multinacionales que la respaldan.

Desde el 7 de agosto de 2022, la oligarquía nacional pretende derrocar al primer gobierno popular y de izquierda en la historia del país. El poder económico legal y mafioso ya ha dado la orden, el viejo régimen de derecha establecido, conspira, los medios de comunicación, ambientan y la derecha judicial ejecuta el plan golpista. Los magistrados de las Altas Cortes, la Procuraduría y la Fiscalía, se erigen como los anclajes antidemocráticos en el Estado. En este juego retorcido, el discurso del «respeto a las instituciones» revela su verdadero rostro: el fin de este gobierno antes del 2026.

Las amenazas de un Golpe de Estado no deben ser subestimadas en un país donde son frecuentes en la historia los magnicidios y la violencia oligárquica. Petro, cuyo gobierno se sustenta en la movilización popular, responde a las amenazas llamando a la acción ciudadana, el corazón mismo del proyecto democrático. Pero no será suficiente la movilización popular, ¿entonces? ¿qué se puede hacer? El presidente tiene la solución a la crisis institucional generada por el absolutismo judicial con el solo cumplimiento de una promesa de su campaña presidencial: La creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad.

La Comisión Internacional contra la Impunidad puede dar solución a la crisis institucional generada por los intentos de Golpe de Estado de la Derecha. El discurso anticorrupción fue usado ampliamente durante la campaña presidencial y generó una alta expectativa entre la ciudadanía respecto a lograr resultados más efectivos contra la corrupción y esa expectativa generada durante la campaña debe ser correspondida con hechos concretos por parte del Gobierno.

La propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene como modelo inmediato la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue una comisión creada el 12 de diciembre de 2006 y disuelta el 3 de septiembre de 2019. Surgió del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad de ese país y aprobada posteriormente por el Congreso de la República.

La CICIG se gesta a raíz de los esfuerzos de la Sociedad Civil guatemalteca preocupada por la amenaza a la democracia, que representaban las redes criminales en Guatemala después del acuerdo de paz de 1996. Como reacción a este clamor popular, en 2006 el gobierno guatemalteco le pidió a la ONU que le ayudara a establecer una iniciativa para auxiliar a las instituciones locales a investigar, enjuiciar y a desmantelar poderosas redes criminales generadas en el posconflicto.

Esta comisión operó como un organismo internacional de investigación independiente que actuaba bajo la ley guatemalteca y dependía del sistema de justicia local, su finalidad era apoyar al Ministerio Público (entiéndase que en Colombia es la Fiscalía), la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número determinado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para enfrentar a los grupos ilegales en el futuro. Priorizó cinco grandes temas en la investigación y persecución penal: El primero es el contrabando y defraudación tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el tercero es la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto es la corrupción judicial, y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala.

El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre la ONU y Guatemala fue unilateralmente finalizado por el presidente Jimmy Morales, aludiendo a la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país. La ONU rechazó y condenó este proceder. Desde 2007, Esta Comisión apoyó investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones contra el expresidente y vicepresidente de Guatemala; el procesamiento de altos funcionarios del gobierno, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos presidentes anteriores, miembros del Congreso y ministros del gobierno; la destitución de jueces corruptos y miles de agentes de policía; y la detención de narcotraficantes poderosos.

El comisionado a cargo para el período 2014-2019 fue el colombiano, hoy ministro de defensa, Iván Velásquez Gómez, que por realizar este trabajo fue galardonado con el Premio Right Livelihood del año 2018. La CICIG es considerada uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado en el mundo. Por ello, la organización se ha ganado reconocimientos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la sociedad civil guatemalteca y también recibió apoyo bipartidista en los Estados Unidos.

Ante la decidida oposición al gobierno que hace la rama judicial y el ministerio público, quienes a su vez son cómplices y encubridores de los crímenes de la derecha colombiana, es imperioso establecer nuestra propia Comisión Internacional Contra la Impunidad. Esta comisión será fundamental para desentrañar lo que la justicia colombiana ordinaria y transicional no ha esclarecido hasta ahora: las responsabilidades relacionadas con la implementación de la doctrina de seguridad nacional, los vínculos entre el narcotráfico y el poder político, las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de carácter socio-político cometidas en el país y todos los delitos de corrupción que mantuvieron a la derecha local, regional y nacional en el poder durante tanto tiempo.

Las víctimas de la represión en el paro nacional y sus organizaciones acompañantes tendrían una gran oportunidad de contar con su propia comisión de esclarecimiento, no debe olvidarse que en gran medida la fuerza de movilización popular que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia fue el estallido social de 2021.

La sola movilización popular no será suficiente para detener los intentos de Golpe de Estado. Por tanto, es nuestro deber democrático exigir la existencia y respaldar la creación y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad como la solución más efectiva para desmantelar la criminalidad de derecha y golpista en Colombia.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

Desplazamiento Forzado en Gaza: Un recordatorio de la Nakba

por Sofia LopezResistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

 

En el corazón de la historia palestina surge un término que carga con décadas de tragedia: «Nakba». Este concepto árabe, que significa «catástrofe», conmemora la expulsión y desplazamiento de cientos de miles de palestinos de sus hogares durante y después de la guerra árabe-israelí de 1948. El Nakba se origina en el Plan de Partición de las Naciones Unidas en 1947, que llevó a la creación de Israel en 1948, marcando el inicio de esta tragedia.

Desde entonces, la conmemoración de la Nakba tiene lugar cada 15 de mayo en Palestina y en las comunidades palestinas en todo el mundo. Es un evento significativo en la historia y la memoria colectiva palestina, un recordatorio de la pérdida de hogares, tierras y la diáspora que se desencadenó.

A lo largo de los años, el desplazamiento de palestinos ha sido un tema constante y complejo. El Plan de Partición de 1947 provocó el desplazamiento de aproximadamente 700,000 palestinos, según estimaciones de la UNRWA(Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente). Sin embargo, este no fue un evento aislado, sucesos posteriores han resultado en episodios adicionales de desplazamiento, lo que ha llevado a un alto número de refugiados palestinos en la región. Las cifras exactas pueden variar, pero la cuestión de los refugiados palestinos es una práctica sistemática y generalizada que constituye crímenes de Lesa Humanidad por parte del Estado de Israel.

Recientemente, un documento del Ministerio de Inteligencia israelí ha revelado planes que plantean la expulsión de cerca de dos millones de palestinos de la Franja de Gaza. Estos planes incluyen la creación de «zonas estériles» en el Sinaí y un llamamiento a países como Estados Unidos para apoyar estas medidas. También se sugiere la «absorción de refugiados» por parte de algunos países, como España y Grecia, a cambio de «presupuestos de absorción».

En medio de estos planes, el número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza asciende a 10.569; 4.324 niños; 2.823 mujeres y 649 ancianos. La cifra de heridos es de 26.475 y la de desaparecidos es de 2.550, entre ellos 1.350 niños.

Europa se encuentra en una encrucijada energética desde el estallido de la guerra ruso-ucraniana. Las sanciones internacionales contra Rusia, un histórico proveedor de gas natural, han dejado al continente sediento de fuentes de energía asequibles. En 2022, Europa se sumió en una grave crisis energética sin precedentes, en la que el único beneficiado parecía ser Estados Unidos, que vendía gas licuado a los europeos a un precio un 40% más alto que el ofrecido por Rusia.

La urgencia de encontrar nuevas fuentes de gas natural a precios más bajos que los proveídos por Estados Unidos se ha convertido en una prioridad para Europa. Por esta razón, desde 2022, la Unión Europea ha firmado acuerdos con Israel y Egipto para el transporte de gas natural hacia el viejo continente. Sin embargo, en medio de la escasez de gas en Europa, un recurso poco explorado podría cambiar la dinámica energética en la región: el yacimiento de gas natural conocido como Gaza Marine, ubicado en aguas territoriales palestinas.

Este yacimiento submarino, situado a 600 metros bajo el nivel del mar y a 30 kilómetros de la costa palestina, alberga aproximadamente 30,000 millones de metros cúbicos de gas natural, que representan miles de millones de dólares. La explotación de Gaza Marine podría no solo suministrar electricidad y riqueza a Palestina, sino también emancipar al país de la ayuda humanitaria internacional, sin embargo, la situación se complica debido a disputas sobre los yacimientos de gas y petróleo en la región, como el yacimiento petrolífero de Meged, en la frontera entre Israel y Cisjordania. La ONU estima que este campo representa 67,000 millones de dólares en ingresos perdidos para Palestina, y mientras Israel afirma derechos exclusivos de explotación, la Autoridad Palestina reclama su parte correspondiente.

Esta lucha por el acceso y control de recursos naturales se entrelaza con cuestiones de autonomía y justicia en la región. Palestina, si pudiera explotar sus recursos de petróleo y gas, podría lograr una autonomía que hasta ahora le ha sido esquiva bajo el régimen de apartheid ejercido por el Estado de Israel.

Eduardo Galeano dice: “Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero”; esta no es una guerra, se trata de una limpieza étnica, la ocupación de un territorio para apropiarse del petróleo y el gas que le pertenecen a los palestinos.

En este contexto, desde el miércoles 8 de noviembre, miles de familias palestinas del norte de Gaza se desplazaban forzadamente del norte de Gaza. El espectro de otro desplazamiento se cierne sobre la población sitiada y bombardeada, recordando la Nakba de 1948.

Continúan los conflictos territoriales en el corregimiento de Julumito

por Sofia LopezConflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

 

El desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la comisión de delitos por parte de la empresa ASOINCA -PROVITEC y el alcalde de Cumbitará Nariño, en el momento de la celebración del contrato de compraventa de un predio, ha derivado en un conflicto territorial que configura graves y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Todo esto, sin que la Agencia Nacional de Tierras, haya intervenido para cesar las hostilidades.

Desde el mes de junio se han hecho públicas las controversias entre ASOINCA-PROVITEC y la comunidad indígena de San José Julumito, respaldada por el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

De manera despectiva, ASOINCA-PROVITEC señala como invasores a los indígenas de la Comunidad de Julumito, que están reconocidos por el Ministerio del Interior como Cabildo y Resguardo, y quienes desde principios del siglo XX vienen librando batallas jurídicas para el reconocimiento de sus derechos territoriales. La última de estas controversias judiciales fue fallada en contra de la iglesia católica, a quien la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, le ordenó entregar a favor de la comunidad indígena de Julumito unos predios de propiedad comunal.

El caso de la Comunidad Indígena de San José Julumito es similar a los casos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Comunidad “Yakye Axa y Sawhoyamaxa”, pertenecientes al pueblo “Lengua Enxet Sur”, quienes denunciaron al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Estas comunidades habían sido despojadas de sus tierras ancestrales por empresas privadas, lo que impedía el ejercicio de su cosmovisión como pueblo indígena. Ante la imposibilidad de ser resuelto en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la comunidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de su cultura y prácticas cosmogónicas como pueblo indígena. Por esta razón, la Corte Interamericana ordenó al Estado de Paraguay identificar el territorio tradicional de los miembros de las Comunidades indígenas y entregárselos de manera gratuita, en un plazo máximo de tres años, además ordenó que mientras los miembros de la Comunidad indígena se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia y crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la comunidad indígena.

La comunidad indígena de San José de Julumito ha sido reconocida como parte de los últimos “Pubenenses”, por su ubicación en la ciudad de Popayán, la existencia de este pueblo indígena data desde antes de la conformación de la República y viene en ejercicio de reclamación de sus derechos ante los estrados judiciales al menos desde 1924. Está reconocida por el Ministerio del Interior, pero pese a ello, no cuenta con un territorio donde sus miembros puedan ejercer plenamente sus derechos como pueblo indígena.

El Predio denominado “El Limonar-Los Balcones”, identificado con número de matrícula inmobiliaria 120-7914, que está ubicado en el corregimiento de Julumito del municipio de Popayán Cauca, cuenta con una extensión de 128 hectáreas. Dicho predio fue priorizado para la compra por parte de la Agencia Nacional de Tierras a favor de la Comunidad indígena de Julumito, inicialmente por un valor de tres mil setecientos millones de pesos ($ 3.700.000.000), y posteriormente por un valor de cinco mil ochocientos treinta millones de pesos ($ 5.830.000.000). En este predio, la Comunidad Indígena de Julumito había proyectado el ejercicio de sus derechos como pueblo indígena con la confianza plena que de que el Estado compraría el terreno a favor de la comunidad.

El 8 de septiembre de 2017, entre Omar Edilberto Melo Bravo, actual alcalde del municipio de Cumbitara Nariño y Segundo Israel Melo Rosales, propietarios del predio Limonar-Balcones y Fernando Vargas Navia, quien para la época era representante legal ASOINCA y PROVITEC, suscribieron contrato de promesa de compraventa, del predio “Limonar- Los Balcones” por valor de nueve mil millones de pesos ($ 9.000.000.000). El documento fue autenticado ante la Notaria 2da del Círculo de Popayán.  Es decir, ASOINCA-PROVITEC pactó comprar por casi el doble del valor el predio que se había priorizado para la compra a favor de la comunidad indígena de Julumito.

Mediante acuerdo suscrito por Fernando Vargas en calidad de representante legal de ASOINCA y PROVITEC, y el Cabildo de Julumito, se acordó que se respetaría el tramite que se venía haciendo por la comunidad indígena de Julumito para que el predio Limonar-Balcones pudiera ser adquirido por la Agencia Nacional de Tierras a favor de la comunidad indígena, en el mismo acuerdo reconocen que hicieron una promesa de compraventa por valor de nueve mil millones de pesos  ($ 9.000.000.000) y que devolverían los excedentes de ser necesario. Este convenio fue incumplido por ASOINCA-PROVITEC, y por tanto constituye una forma particular de despojo en contra de una comunidad indígena que adelantaba su proceso para el reconocimiento de sus derechos territoriales.

El 12 de julio de 2018, en la notaria 3ra del circulo de Palmira, y extrañamente no en la ciudad de Popayán, se suscribió contrato de compraventa del predio el Limonar-Balcones, perfeccionando el contrato de promesa de compraventa ya mencionado, pero el precio pagado por el inmueble es de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000). Es decir, ASOINCA-PROVITEC pacto un valor ficticio de compra, lo que de corroborarse conllevaría a la comisión de los delitos como falsedad ideológica en documento público, evasión de impuestos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito entre otros delitos en los que estaría involucrando también al alcalde de Cumbitará Nariño, Omar Edilberto Melo Bravo, y el también servidor público Fernando Vargas Navia. Las denuncias cursan ante la Fiscalía, la DIAN, la Contraloría y la Procuraduría de la Nación para que investiguen y sancionen la responsabilidad de quienes intervinieron en el negocio jurídico que configuró el despojo de una comunidad indígena.

Llama también la atención que miembros de ASOINCA-PROVICTEC, instrumentalizan a indígenas pertenecientes al resguardo de Coconuco, que son a su vez docentes afiliados ASOINCA-PROVITEC, para generar enfrentamientos físicos con la comunidad indígena de Julumito que legítimamente exigen el restablecimiento de sus derechos territoriales, generando un nuevo conflicto intraétnico entre dos pueblos indígenas, conflicto que deberá ser resuelto por un Tribunal Indígena a fin de investigar y sancionar la responsabilidad de los indígenas de la comunidad de Coconuco por la vulneración de los mandatos del derecho propio y derecho mayor indígena relacionado con la recuperación de la madre tierra..

El negocio inmobiliario de compra de predios para lotear que adelanta ASOINCA-PROVITEC eleva de manera abrupta el costo del valor de la tierra rural en la ciudad de Popayán, generando con ello el proceso de gentrificación rural, que consiste en elevar el precio de los predios dificultando que comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a la tierra en el periurbano de Popayán. Las parcelas que los docentes usan solo los fines de semana están exterminando a la población rural en Popayán, y con ello, también la posibilidad de cualquier proceso de autonomía alimentaria para ciudad.

Los documentos pueden verse en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-K4Mc2asal7gR5uaS1eiL6QbNbrbSSGf

Aguas arriba y río abajo: La JEP determinó que el Río Cauca es una víctima del conflicto armado

por Sofia LopezResistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

 

El Río Cauca ha sido testigo de la tenebrosa historia del conflicto social armado en el occidente del país. Si el río Cauca hablara aportaría al esclarecimiento de la verdad de este vertedero de sangre que llamamos Colombia. Se sabe que los indígenas llamaban al río Cauca “Bredunco” y que los colonizadores españoles se referían al río por el nombre de “Río Grande”, Cauca o “Marta”. Lo llamaban río Marta por la referencia bíblica de Santa Marta y María Magdalena, ya que el río Cauca se conecta con el río Magdalena, y en toda la historia han sido considerados ríos hermanos.

El Río Cauca es la principal arteria fluvial del occidente del país, nace en el Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a una altura aproximada de 3.200 msnm, y desciende siguiendo su curso en dirección paralela a la cordillera Occidental. Tiene una longitud de 1.360 kilómetros y desemboca en el río Magdalena, en el departamento de Bolívar, constituyéndose en su más importante afluente. Atraviesa de sur a norte nueve departamentos, brindando grandes beneficios y servicios ambientales vitales a cerca de 183 municipios; además de ser un corredor multifuncional para la conectividad con Latinoamérica y el mundo.

El Río Cauca jugó un papel importante en la masacre de Trujillo Valle, ocurrida a principios de la década de los 90’s. Esta masacre estuvo a cargo de los paramilitares y narcotraficantes Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, Diego Montoya, alias “Don Diego”, y los miembros de la fuerza pública, el mayor retirado del Ejército, Alirio Urueña Jaramillo, el militar Diego Rodríguez Vásquez y el teniente de la Policía Nacional José Fernando Berrío. Las víctimas de esta masacre, que suman cerca de las 300 personas, fueron llevadas hasta una hacienda para ser descuartizadas vivas con una motosierra. Algunos hombres fueron castrados y decapitados para luego ser lanzados a las aguas del río Cauca, a plena luz del día. Este trato inhumano fue el que sufrió el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, asesinado el 17 de abril de 1990 y cuyo cuerpo fue recuperado días después en el río Cauca.

Los paramilitares del Bloque Calima de las AUC, al mando de Hever Velosa, alias “HH”, durante el año 2000 y 2001, controlaron militarmente 22 municipios del departamento del Cauca. En el año 2000, de conformidad con la información recibida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, cerca de 54 paramilitares de las AUC llegaron provenientes de Tuluá-Valle y se instalaron en las fincas Las Cañas, La Yolanda y Berejonal en límites entre Valle y Cauca. Desde estas fincas los paramilitares realizaron varias incursiones y operaciones militares en los municipios de Jamundí, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada. Posteriormente los paramilitares instalaron una base de entrenamiento militar en la vereda San Miguel de la Balsa en el municipio de Buenos Aires.

En la Balsa, municipio de Buenos Aires, el Río Cauca fue un punto estratégico para que los paramilitares cometieran asesinatos y arrojaran a muchas personas que hoy en día se consideran en condición de desaparición forzada. Los paramilitares establecieron un retén permanente en el puente La Balsa, sobre el Río Cauca, allí se llevaban a las víctimas amarradas, las paraban sobre la orilla y las fusilaban a la luz pública, el cuerpo caía destrozado a las aguas y nunca más se volvía a saber del cadáver. Así lo indicó el cronista Alfredo Molano en sus relatos.

En el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, los paramilitares del bloque Calima, para evitar que los índices de violencia se dispararan y no dejar evidencia de sus crímenes en las calles, decidieron utilizar al río Cauca para encubrir la escalada de violencia. Para ello, sacaban a sus víctimas del casco urbano o de las veredas del municipio y las llevaban a los territorios por donde pasaba el río Cauca y eran de su dominio. Entre ellos se encuentran la vereda Lomitas, en donde instalaron una base. Decenas de cuerpos fueron arrojados al río Cauca y nunca más volvieron a ser vistos. Algunos cuerpos fueron rescatados por que se quedaron atorados en palos o recodos del río.

En la zona de influencia del polémico megaproyecto “Hidroituango” la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha determinado que hubo 2.094 desaparecidos de los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, ubicados en el norte de Antioquia. La JEP determinó esa cifra después de que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitara medidas cautelares para proteger 16 lugares del país donde se cree hay desaparecidos. Se trata de localizar los cuerpos de los desaparecidos bajo el agua, en este caso, poblaciones aguas arriba de la represa sobre el Río Cauca. Se determinó que hay 282 sitios de interés para la búsqueda que están bajo el agua, donde habría 131 personas que desaparecieron cerca del río Cauca.

La JEP determinó que el Río Cauca es una víctima del conflicto armado. La decisión se tomó en respuesta a la petición que presentaron los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, que han denunciado las graves afectaciones que ha sufrido el río Cauca a causa de su utilización como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas por parte de grupos al margen de la ley. Las JEP detalló que entre los años 2000 a 2004 se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente y vulneró profundamente la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza.

A través del Caso 05, relacionado con los hechos de violencia del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca, la JEP escuchó los testimonios de los líderes del Bloque Calima de las AUC. En sus relatos han referido la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública que operaban en la región para desaparecer a sus víctimas y arrojarlas al río Cauca. La decisión de la JEP indica que los delitos contra la naturaleza constituyen graves infracciones contra el DIH, que pueden constituir crímenes de guerra. En este sentido, la JEP recordó que: la Norma 43 consuetudinaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que existen tres principios generales sobre la conducción de las hostilidades que se aplican al medio ambiente que se vulneran en el caso de crímenes contra la naturaleza:

1) Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar. 2) Está prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una necesidad militar imperiosa. 3) Está prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Víctima y testigo de tantos y tan graves hechos de abuso y violencia, aguarda el río Cauca, en su infatigable navegar. Aguarda por la intervención de la justicia, por el esclarecimiento de la verdad por tantos años sumergida, por el restablecimiento y la protección de su dignidad y la de todos los pueblos que por siempre han habitado a la vera de una de las dos arterias pluviales más importantes de nuestro sufrido y también esperanzador territorio colombiano.

 

75 Años Después: La Sangrienta Celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

por Sofia LopezDerechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

 

El 10 de diciembre de 2023 se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), un hito en la historia. La comunidad internacional celebra este día para reconocer la importancia de proteger y promover los derechos de todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, a lo largo de los años, la efectividad de la ONU para institucionalizar la paz y proteger los derechos humanos ha sido cuestionada.

A pesar de los ideales consagrados en la DUDH, la ONU ha enfrentado desafíos significativos en su misión de prevenir conflictos y proteger los derechos humanos. Ejemplos notables de las falencias de la ONU a la hora de resolver conflictos internacionales, graves situaciones humanitarias o prevenir genocidios, son los siguientes:

  • La incapacidad de resolver el conflicto que por la posesión de la zona de Kashmir tiene enfrentados a India y Paquistán desde 1948.
  • Pese a saber que el gobierno genocida del Khmer Rouge de Camboya violaba sistemáticamente los derechos humanos, la ONU lo reconoció y luego, entre 1975 y 1979, el 25% de la población del país, fueron asesinadas por dicho gobierno. El genocidio no finalizó gracias a la ONU, sino a la intervención armada de Vietnam.
  • Las tropas de la ONU en Ruanda fueron incapaces de prevenir que durante tres meses de 1994, miles de personas de la mayoría Hutu asesinaran a 800,000 personas de la minoría Tutsi y abusaran sexualmente a unas 250,000 mujeres de ese grupo étnico.
  • La ONU tampoco pudo prevenir la invasión a Irak, liderada por Estados Unidos, que acabó con el régimen dictatorial de Saddam Hussein y que llevó a ese país al caos. Según diversos cálculos, este conflicto bélico costó un millón de vidas entre 2003 y 2011.
  • Desde 1948 hasta ahora, la ONU no ha podido resolver el conflicto que generó la creación de Israel, no debe olvidarse que la creación del Estado de Israel en territorio Palestino fue una propuesta de la misma ONU, y hoy presenciamos en vivo un genocidio como consecuencia de esa acción humanitaria.

En un dramático contraste con los ideales de la DUDH, el conflicto actual entre Israel y Palestina revela una dolorosa realidad. A la fecha de redacción de este articulo (7 de diciembre de 2023), más de 17,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han perdido la vida en bombardeos indiscriminados en la Franja de Gaza y unas 44.000 personas han resultado heridas.

 

La televisión israelí mostró este jueves a decenas de palestinos desnudos sentados en una calle de Gaza bajo custodia militar, y un medio de comunicación con sede en Londres afirmó que uno de sus periodistas se encontraba entre ellos. Los vídeos ya habían circulado ampliamente por las redes sociales, evidenciando la violación de los derechos humanos y la falta de respeto a la dignidad humana de los civiles palestinos.

A medida que la situación empeora, los Emiratos Árabes Unidos han propuesto una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo un alto el fuego humanitario inmediato. Sin embargo, Estados Unidos ha expresado su negativa a apoyar dicha resolución, dándole vía libre a Israel para continuar perpetrando el Genocidio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido sobre la amenaza global derivada de la guerra en Gaza, pero las divisiones en el Consejo de Seguridad plantean dudas sobre la capacidad de la ONU para abordar la crisis actual.

El genocidio en Palestina, con cifras impactantes y actos atroces, plantea una serie de interrogantes sobre la civilización en pleno siglo XXI. En una era en la que se celebra el progreso y la globalización, presenciar un conflicto donde se atenta contra la vida y la dignidad de civiles, desafía la noción misma de avance civilizatorio.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, concebida para proteger a la humanidad de la barbarie, parece enfrentar un desafío monumental en medio de un conflicto que arroja sombras sobre la capacidad de la comunidad internacional para defender los principios fundamentales de la paz, justicia y humanidad.

En el 75 aniversario de la DUDH, la comunidad internacional enfrenta la urgente tarea de replantearse instituciones como la ONU, para garantizar un mundo más justo y seguro para todos. El Genocidio en Palestina es una huella dolorosa de que, a pesar de los avances, la civilización está lejos de garantizar un trato humano básico en todos los rincones del mundo.