Objeción de conciencia frente a una justicia misógina que instaura impunidad.

por Sofia LopezGénero, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

El aparato judicial del Estado, compuesto por la Fiscalía y la Rama Judicial, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra la mujer y de género presentan graves falencias. Este sistema se erige sobre la premisa simplista de la «verdad procesal» como fundamento de su concepto de «justicia». Sin embargo, esta verdad procesal, en la mayoría de los casos, no representa la verdad real, ya que se construye mediante la técnica de la mercantilización judicial o del testimonio, como señala el Sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno. En realidad, esta práctica no es más que la manifestación de diversos tipos de corrupción en el proceso judicial. Esta discrepancia genera un abismo entre la llamada «verdad» procesal y la verdad efectiva. En este contexto, se evidencia la fragilidad de un sistema judicial cuyas decisiones son fundamentadas en una verdad procesal que, no garantiza una administración de justicia justa e imparcial y más bien se convierte en un terreno propicio para la corrupción y la falta de integridad en el proceso judicial.

La justicia colombiana para identificar y castigar a aquellos que perpetran violencia contra las mujeres no es eficaz ya que existe un patrón generalizado de impunidad. En cambio, parece estar orientada hacia la repetición constante y sistemática de las mismas conductas criminales. En nuestra experiencia legal, hemos sido testigos directos de procesos judiciales que involucran señalamientos, estigmatización, revictimización por parte de los órganos judiciales en perjuicio de las mujeres que buscan justicia frente a hechos violentos.

Hoy, en la conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jimenes, reafirmamos que la justicia colombiana, que se basa en establecer verdades procesales en lugar de verdades efectivas, se transforma en este caso en una justicia misógina que perpetúa la impunidad. Frente a esta lamentable situación judicial, familiares de las víctimas y abogadas han presentado la declaratoria pública de objeción de conciencia, apelando a la justicia popular y la censura moral contra los responsables y el sistema judicial.

Nárly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona con quien fue vista fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar Ever Yobany Muñoz Imbachi en zona rural de Popayán. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro.

El 27 enero de 2020, Nárly y su menor hija se trasladaron a un colegio para realizar diligencias de matrícula para la menor. Posteriormente y por averiguaciones de la familia se supo que Nárly, el militar y su hija se trasladaron a una zona rural a ver unos lotes. La niña manifestó que el día de los hechos su papá se había ido con su mamá y que la dejó encerrada en una casa de paredes de tierra y luego llegó sólo y con los brazos manchados de sangre. Otros testimonios que obran en el proceso penal indican que la pareja bajó discutiendo en dirección a un río y que de regreso el militar subió mojado, sin camisa y bastante asustado. Posteriormente el militar se trasladó en una camioneta alquilada y en un campero, hasta el corregimiento de Guachicono del municipio La Vega, junto a su hermana Ruby Muñoz, en este lugar, pretendieron regalar a la niña a unos familiares, quienes no quisieron recibirla porque no tenía autorización de Nárly. Por ello, la niña fue dejada donde la madre del militar, posteriormente la señora les entregó la menor a los familiares de Nárly.

El día el 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, tras considerar que Nárly y sus familiares se encuentran en situación de extrema gravedad e instó al Estado colombiano a actuar inmediatamente ordenando medidas para dar con su paradero.

Desde el 16 de diciembre de 2019, ante la fiscalía, Nárly ya había denunciado al militar sobre la violencia intrafamiliar de la que venía siendo víctima, nadie protegió a Nárly a pesar de que ella denunció oportunamente, y Nárly finalmente se encuentra en situación de desaparición forzada.

Los allegados de Nárly han llevado a cabo acciones de investigación y de búsqueda de manera independiente en las zonas rurales de Timbío y Rosas, sin el respaldo institucional, contando con el apoyo solidario de residentes locales, amigos y líderesas sociales. La Fiscalía 1 Especializada y la Fiscalía 7 Especializada tardaron nueve meses en emitir una orden de captura contra el presunto responsable. Más tarde, informaron que el militar en cuestión habría fallecido en circunstancias misteriosas en el departamento del Huila.

Los familiares de Nárly solicitaron pruebas de ADN para la identificación efectiva del militar pero la Fiscalía 1 Especializada ha estado presionando desde diciembre de 2021 para la preclusión y archivo del caso. Existe preocupación de que, con el cierre de la investigación, se detengan las labores de búsqueda adicionales.

El director seccional de fiscalías nunca envió el caso a una fiscalía destacada en género o a una unidad para violaciones a los derechos humanos. Las búsquedas institucionales de Nárly por parte de las autoridades judiciales se limitaron a formatos digitalizados y promesas de diseño de rutas que nunca se materializaron. Los familiares continúan la búsqueda de Nárly sin el respaldo institucional.

En el transcurso del acompañamiento legal de este caso, se han evidenciado diversas afrentas. Entre ellas, se destaca la actitud despectiva de un investigador de la policía judicial, quien expresó su negativa a realizar labores de búsqueda en la zona rural alegando que se le ensuciarían las botas. Asimismo, se registró la solicitud por parte del director seccional de fiscalías a los familiares de Nárly para que evitaran contactar a los funcionarios de la policía judicial, argumentando que generaban estrés.

Sin embargo, la omisión más significativa recae en el incumplimiento de la orden de captura por parte de las fiscales Martha Liliana Cerón y Paula Andrea Salamanca Carrasquilla. Estas fiscales, actualmente, buscan precluir y archivar de manera insistente la investigación contra el militar responsable de la desaparición forzada de Nárly, justificando dicha acción en la supuesta muerte del militar.

 

Instituciones como la Cancillería, Medicina Legal y la Fiscalía han omitido compartir los resultados de las pruebas de ADN necesarios para la identificación del militar. Mientras tanto, en el municipio de la Sierra, hay testimonios de personas que aseguran haber visto al militar visitando a sus familiares, lo que genera aún más preocupación e incertidumbre en torno a la situación.

Frente a la instauración de la impunidad en este grave caso de violencia contra la mujer, los familiares y abogadas de Nárly se han declarado en objeción de conciencia por las acciones de la fiscalía y el juzgado cuarto especializado itinerante de Popayán. No participarán en las diligencias judiciales de archivo y preclusión, ya que consideran que constituyen impunidad y una burla, además de ser un proceso de revictimización contra los familiares. La Constitución colombiana de 1991 protege la libertad de conciencia, permitiendo que cada individuo se abstenga de actuar en contra de su conciencia. Aunque la justicia colombiana pueda parecer misógina, la sociedad payanesa no lo es.

Por esta razón, hoy familiares de las víctimas, organizaciones sociales y de mujeres y ciudadanía en general nos encontramos en la casa de la moneda en un plantón, en donde se realizarán actividades de muralismo y olla comunitaria en conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jiménez, exigiendo Justicia.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

El retiro de las distinciones al General Arias Cabrales, una medida restaurativa a favor de las víctimas

por Sofia LopezEjecuciones Extrajudiciales, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido retirar las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, antiguo comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército de Colombia. Arias Cabrales, conocido por dirigir el operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985, fue condenado por delitos dolosos, principalmente la desaparición forzada de cinco personas, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Arias Cabrales, en sus días de gloria, recibió cuatro medallas de distinción por su participación en la retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, nuevas evidencias surgieron, revelando que algunas de las personas dadas por muertas durante el operativo salieron con vida y nunca fueron encontradas. Arias Cabrales reconocido como un héroe militar es ahora un condenado por delitos de lesa humanidad. Por esta razón, el Gobierno de Petro, en consonancia con los principios de derechos humanos, ha decidido retirar las condecoraciones otorgadas en el marco del decreto 1070 de 2015. Al exgeneral del Ejército le retiraron:  la “medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño; Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, y la cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico”.

En 2011, un juez penal del circuito especializado condenó al general en retiro a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada, sentencia que fue ratificada posteriormente por el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia. La condena del general Arias Cabrales se basa en su papel como coautor mediato del delito de desaparición forzada. El Tribunal Superior de Bogotá estableció que, como comandante de la Brigada 13 del Ejército, tenía conocimiento de las directrices que propiciaron la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante la retoma del Palacio de Justicia.

El tribunal destacó que Arias Cabrales incumplió con las leyes de guerra y no actuó para evitar los abusos cometidos por sus subalternos. Se enfatizó que el general no solo tenía la obligación de aplicar las leyes de la guerra, sino también de dar ejemplo de vida y honor a las tropas, lo cual no cumplió según la sentencia. En el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Familiares de las víctimas, como Helena Urán Bidegain, hija de un magistrado desaparecido, ha promovido activamente la retirada de las distinciones al general Arias Cabrales. En el mes de junio de 2023 presentó derecho de petición al ministerio de Defensa solicitando el retiro de las distinciones por considerar esta medida como un acto de justicia y un mensaje claro de no repetición de abusos por parte de la Fuerza Pública. Las víctimas también exigen acceso a los archivos clasificados, buscando respuestas sobre la participación de Estados Unidos en los trágicos eventos del Palacio de Justicia.

Arias Cabrales, en un intento de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se enfrentó a las víctimas durante audiencias en las cuales se esperaba aclarara los hechos. Sin embargo, la JEP decidió expulsarlo del proceso al considerar que no contribuyó significativamente a esclarecer la verdad. La sala concluyó que el general en retiro no brindó información detallada sobre los eventos y vulneraciones a los derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia.

El retiro de las distinciones al general Arias Cabrales se da como la respuesta del Estado colombiano garante de los derechos de las víctimas frente a los abusos cometidos por la Fuerza Pública y el compromiso hacia la no repetición de tales atrocidades.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

La lucha de los últimos Pubenenses contra el exterminio

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: La Corporación Justicia y Dignidad

 

Antes de la conquista española existían tres grupos indígenas representativos:  los Muiscas, los Taironas y los Pubenenses. Sobre los Pubenenses se sabe que tenían mecanismos centralizados de orden económico, político y religioso; que hicieron una alianza militar al mando del cacique Pubén, que surgió de la necesidad de contar con un ejército permanente para defender la integridad territorial. El cacique Pubén ordenó la construcción de cuatro fortalezas amuralladas situadas sobre los caminos obligados, donde debían acuartelarse tropas indígenas encargadas de repeler la incursión de los Pijaos y Yaporongos. Estos cuatro frentes tomaron los nombres de los caciques Mastales, Pisitao, Yambitará y Guacacallo.

La Confederación Pubenense estaba conformada por los indígenas Coconucos, Guambianos, Totoroes, Paeces, Guanacas, Pijaos y Pubenenses, y conformada por territorios que hoy ocupan los municipios de Popayán, Timbío, Sotará, El Tambo, Rosas, Puracé, Inzá, y Páez. En estos frentes se libraron varias batallas en las cuales los indígenas enfrentaron a los españoles, destacándose en el proceso de resistencia, la batalla de Mastales, Guazábara y Xamundi.

El cacique Payán comandaba las tribus de los Paeces y los Faguas, y fue asesinado en la batalla de Mastales. El cacique Calambás lideró la acción de los Pubenenses en Guazábara, donde murió junto al cacique Yazgüen, los caciques Piendemú, Tálaga, Cobaló y Tumbichucué de la agrupación de los Guambías, el cacique Zénzela de las tribus Toribíos y la Cacica Gaitana de los Paeces. Estos líderes encarnaron la resistencia que los Pubenenses libraron contra los españoles en defensa de su integridad como civilización.

La conquista española provocó una disminución de la población y número de pueblos indígenas, mientras los Pubenenses, Guambianos y Coconucos cayeron en poder de la conquista española, los Paeces, destacados como “guerreros”, fueron derrotados parcialmente por los invasores solo hasta el año 1.610.

Los Pubenenses constituían un cacicazgo de pueblos Nasa que habitaron en el Valle de Pubenza, donde actualmente se ubica la ciudad de Popayán, que incluye el corregimiento de Julumito, lugar donde se encuentra el Resguardo de San José de Julumito. Los Pubenenses eran valientes guerreros que vivían en ranchos de paja, su civilización era superior a las tribus vecinas y contaban con una magnífica organización militar.

La población que habita el Resguardo de San José de Julumito se reconoce como descendientes de los Pubenenses, en consideración a su ubicación geográfica, registro histórico de los apellidos de los pobladores, y también por sus usos y costumbres. Se menciona por un lado que el nombre de Julumito proviene del nombre de un cacique llamado Julumu o Cucumico, mientras que historiadores manifiestan que proviene del Quechua Jucu que significa esclavo. Las primeras familias fueron de apellidos Chamizo, Trujillo, Angucho, Guasca, Yacumal y Lúligo. La comunidad indígena de Julumito viene de un largo proceso para su reconocimiento, y como pueblo indígena se dice que son los últimos Pubenenses.

 

Esta comunidad, los últimos Pubenenses, como se denominan la comunidad del Resguardo San José de Julumito, no tiene tierra a pesar de ser reconocida como Resguardo. La comunidad indígena como tal no cuenta con un espacio que garantice su pervivencia y el normal desarrollo de sus usos y costumbres. Lo anterior debido a un viejo litigio afortunadamente ya superado con la iglesia católica. Desde 1924 el Cabildo Indígena de Julumito en cabeza del entonces gobernador del Cabildo, Don Marcelino Medina, mediante litigio ante juzgado civil solicitó el reconocimiento de unos predios a favor de la comunidad indígena de San José Julumito, pero en dicho litigio se presentó la impugnación y oposición  mediante la excepción al procedimiento interpuesta por la Arquidiócesis de Popayán por cuenta de la Iglesia de San Francisco de Julumito (hoy Iglesia Sagrado Corazón), mediante apoderado judicial doctor Adolfo Córdoba. La iglesia católica argumentaba su oposición en que ésta era la dueña exclusiva de los lotes de terreno objeto de la partición material.

 

Posteriormente, mediante la escritura pública No.242 del 04 de marzo de 1926 de la Notaría Única de Popayán, registrada en los folios 120-120592 y 120-120594 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, se evidencia que las tierras fueron adjudicadas al Cabildo de San José de Julumito, pero estos terrenos fueron entregados en Usufructo al culto y a la educación, siendo la Iglesia Católica la usufructuaria de los predios, pero la comunidad indígena debía conservar la propiedad.

Finalmente, el litigio por estos predios se resolvió a favor de la comunidad indígena, ya que la Parroquia del Sagrado Corazón de Julumito representada por el presbítero Carlos Fernando Sánchez, interpuso demanda de declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio contra el resguardo indígena de Julumito, el 18 de diciembre de 2009. Es decir, la iglesia ya no quería ser usufurctuaria, sino tener la propiedad de los predios de la comunidad indígena. En primera instancia, la Juez Sexto Civil del Circuito de Popayán le dio la razón a la iglesia y declaró el dominio pleno y absoluto por prescripción extraordinaria de dominio a favor de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Julumito de Popayán sobre los terrenos ubicados en la parcialidad de Julumito, sentencia que fue apelada por el cabildo indígena de San José de Julumito y que el Tribunal Superior de Popayán Cauca – Sala Civil revocó, reconociendo los derechos de la tierra a la comunidad indígena. Los predios, como estuvieron en usufructo de la iglesia, hoy ocupan lugares comunes como la escuela, el cementerio, la iglesia, la cancha. Son predios pequeños, que, si bien reconocen la existencia de una comunidad indígena con más de cien años de permanencia en el territorio, no garantizan la pervivencia de la comunidad reconocida como los últimos Pubenenses.

A razón de que se ganó el litigio con la iglesia católica, la comunidad del Cabildo Indígena de la Parcialidad San José de Julumito, inició su proceso de ampliación de Resguardo y está priorizada para la adquisición de la ampliación territorial por parte de La Agencia Nacional de Tierras. El predio de la antigua hacienda El limonar (Balcones), ubicado al occidente de la ciudad de Popayán en el corregimiento de Julumito, lugar donde se han ubicado los últimos Pubenenses, es reconocido por la comunidad indígena como parte de su territorialidad ancestral, y por esta razón, mediante los acuerdos con el Estado, fue priorizado para que se adquiriera por la Agencia Nacional de Tierras a favor de la comunidad indígena. La comunidad indígena manifiesta que comunicó al municipio de Popayán, a la Lonja de Propiedad Raíz de Popayán para que este predio no fuera objeto de negocio jurídico, y así mismo, se firmó un acuerdo con el sindicato de docentes ASOINCA y FE-PROVITEC, que es la empresa inmobiliaria del sindicato, a fin de que se le permitiera a la Agencia Nacional de Tierras la comprar el mencionado predio para dotar de tierras a la comunidad indígena de Julumito en su pretensión de ampliar su resguardo.

ASOINCA y FE-PROVITEC compró el predio que la comunidad indígena había proyectado para el proceso de ampliación de resguardo, desconociendo los acuerdos que existían a fin de garantizar que la comunidad indígena pudiera tener un territorio. Esta situación es responsabilidad de los entes del Estado que se demoraron en los procesos de compra de la tierra. La escritura del predio da cuenta de una compra por cuatro mil millones de pesos, aunque la comunidad indígena manifiesta que el predio en realidad fue comprado por nueve mil millones de pesos, en la actualidad ASOINCA oferta este predio por quince mil millones de pesos, suma que no pagará en efecto la Agencias Nacional de Tierras y por eso cada vez se ve más lejos la posibilidad de que esta comunidad indígena pueda acceder a la tierra para su pervivencia.

Los docentes de ASOINCA se defienden, manifiestan que el predio fue comprado con sus recursos, que fue un negocio legal, y señalan que la comunidad indígena está impidiendo el ejercicio de su derecho a la posesión sobre dicho inmueble. Señalan a la comunidad indígena como invasores que los atacan con papas bombas y cohetones. Los docentes manifiestan que han puesto las denuncias y que la fiscalía va capturar a los dirigentes indígenas. Por su parte, los indígenas manifiestan que los docentes usan armas de fuego para impedir su ingreso al lugar, y se mantienen en la posición de que esa finca debe ser objeto de ampliación de su resguardo por ser territorio ancestral. El conflicto ya ha escalado a medios de comunicación en donde los docentes hacen graves acusaciones y la comunidad indígena denuncia amenazas de grupos al margen de la ley. Ya se han presentado desplazamientos de al menos veinte familias indigenas como consecuencia de los señalamientos de ASOINCA.

El negocio inmobiliario de compra de predios para lotear eleva de manera abrupta el costo del valor de la tierra rural en la ciudad de Popayán, generando con ello el denominado proceso de gentrificación rural, que consiste en elevar el precio de los predios dificultando que comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a la tierra en el periurbano de Popayán, consolidándose una especie de despojo.

La Agencia Nacional de Tierras y los demás entes competentes, con la demora en los procesos de compra de tierra para las comunidades indígenas, son los únicos responsables de que se generen este tipo de conflictos interétnicos o sociales, porque estamos en presencia de un conflicto entre un gremio sindical y el movimiento indígena del Cauca. Por eso, el Estado debe resolver en justicia todas las afectaciones que ha causado a las partes. El gremio sindical docente y las comunidades indígenas deben ser conscientes que quienes disfrutan y sacan provecho de este conflicto son los terratenientes y la elite payanesa y caucana.

Mientras se resuelven las disputas territoriales  podemos manifestar con mucha tristeza que el ultimo pueblo Pubenense aún no tiene tierra y todo este conflicto lo llevará aún más por los derroteros del exterminio.

 

#25N Colombia: Un Llamado Urgente para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.

por Sofia LopezGéneroPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Mirabal, también conocidas como Las Mariposas, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

En 1979, la ONU consiguió la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó (y continúa) siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisaba una normatividad concreta en este aspecto.

Por esta razón, la ONU también emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer«, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género.

En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para hacer conciencia pública.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida de todo el mundo. Según datos de la ONU se estima que 736 millones de mujeres —casi una de cada tres— han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, violencia sexual fuera de la pareja, o ambas formas, al menos una vez en su vida. Más de cuatro de cada cinco mujeres y niñas (el 86%) viven en países sin una sólida protección legal o en países que no disponen fácilmente de los datos. Ningún país en el mundo está cerca de erradicar la violencia infligida por la pareja.

El Instituto Nacional de Salud de Colombia en su informe del primer semestre de 2023 concluyó que: La violencia de género e intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en cualquier etapa de la vida y se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, que la vivienda es el escenario donde ocurre con más frecuencia la violencia de género e intrafamiliar y que los agresores mayormente implicados en estos actos son de tipo familiar, quienes pueden acercarse más fácilmente a las víctimas al ser sus cuidadores o sus familiares y compartir el mismo espacio.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno Nacional informando que tan solo entre enero y el 5 de mayo de este año se reportaron 213 feminicidios, siendo Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca las regiones con más casos registrados.

Asimismo, cifras de Medicina Legal señalan que entre enero y el 31 de mayo de 2023 se registraron 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres, se practicaron 8.511 exámenes médico legales por presunto delito sexual y que a la línea de casos de violencia no fatal contra las mujeres llegaron, en el primer trimestre de 2023, cerca de 18.294 reportes.

El observatorio de feminicidios indica que actualmente, el 82,9 % de los casos de violencia de género se encuentran en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía, mientras que solo el 0,8 % se encuentra en juicio, lo que evidencia el alto nivel de impunidad y de falta de celeridad de las autoridades para enfrentar ese tipo de delitos.

Con la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026) fue declarada en Colombia la emergencia por violencia de género, que se supone que activa una serie de herramientas legales para que las autoridades y la Rama Judicial puedan enfrentar la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres en el país.

El artículo 342 declara la emergencia por violencias basadas en género y establece acciones para que las entidades, dependencias y autoridades del sector público incluyan en el marco de sus programas planes, proyectos y políticas públicas, con el fin de proteger a las mujeres del país.  En el marco de esta declaratoria se ordena:

  • Crear cuerpos élite en las Fuerzas Militares y de Policía con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres y prevenir las violencias. Las autoridades competentes deberán convocar al menos un consejo de seguridad por violencias basadas en género (VBG) en el territorio nacional.
  • Capacitar con enfoque de género a los funcionarios de la Rama Judicial y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias para que cuenten con procedimientos expeditos y eficaces para la protección, atención y estabilización de las víctimas y demás medidas previstas en la ley.
  • Priorizar presupuestos y disponer todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, así como para fortalecer los programas de asistencia legal y de salud mental que brinden orientación, asesoría y representación jurídica gratuita inmediata y especializada a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio.
  • Instalar una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres que tendrá que reunirse al menos cuatro veces al año, con participación obligatoria de los ministerios y entidades, con el fin de tomar medidas inmediatas y efectivas para la prevención y reacción oportuna de la situación estructural de violencia que se vive en el país.
  • Generar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención, independientemente de la instauración de la denuncia, de manera que las víctimas puedan acceder a la protección y atención integral y que las entidades competentes se vinculen y actúen con celeridad.
  • Crear, en coordinación con el Sistema Nacional de Registro, Monitoreo y Seguimiento de las Violencias Basadas en Género, unidades de apoyo multidisciplinario y atención permanente, así como un seguimiento individualizado de cada caso para desarrollar acciones en el marco de la debida diligencia, a fin de evitar y prevenir este tipo de violencias y la violencia feminicida.
  • Generar una campaña nacional de pedagogía que genere conciencia social sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, la importancia de generar espacios seguros para las mujeres que además informe sobre los canales y rutas de atención a través de medios públicos y privados, digitales, radiales y televisivos.
  • Diseñar e implementar estrategias de movilización social para la prevención de violencias contra las mujeres con las organizaciones de la sociedad civil, para potenciar la prevención de las violencias, la sanción social de su ocurrencia y la confianza de las víctimas para romper los ciclos de violencia que enfrentan.
  • Construir unidades de atención primaria para la salud mental de las mujeres víctimas de violencias basadas en género, así como el diseño e implementación de programas y acciones de promoción en salud mental y prevención del trastorno mental con enfoque de género e interseccional.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicar este flagelo, Colombia está lejos de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, debido a la persistencia de patrones patriarcales arraigados en la sociedad, exacerbados por desigualdades económicas generadas por el sistema de consumo. Estos patrones patriarcales, enraizados en el sistema económico, dificultan el cambio al perpetuar roles de género desiguales. Además, la falta de conciencia social y política sobre este fenómeno impide la implementación efectiva de medidas transformadoras para lograr un cambio significativo.

 

Alerta Dignidad # 15

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios
LIDER SOCIAL ASESINADO EN El MAGDALENA
El 16 de agosto, Martín Darys Escobar Barón, líder campesino y presidente de la Asociación Campesina ANUC – Zona Bananera, fue asesinado con impactos de arma de fuego cuando se encontraba en la terraza de su vivienda en el corregimiento de Guacamayal.
ASESINADO LIDER SOCIAL EN EL SUR DE BOLIVAR
En la comunidad de Pueblo Lindo, jurisdicción del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, fue asesinado el reconocido líder social Herney Arrieta Mesa, el joven fue sacado de su casa presuntamente por tres hombres en la noche del sábado 12 de agosto de 2023 y su cuerpo sin vida fue encontrado el domingo.
SINADO LIDER SOCIAL EN CALI
El 20 de agosto asesinaron en Cali a Lizandro Vallecilla, reconocido líder social y cultural nariñense en medio de un tiroteo. Cuando departia con un grupo de amigos y folcloristas en el remate del festival Petronio Álvarez en Cali
ASESINADO LIDER SOCIAL EN EL MAGDALENA
Wilinton Tovar Gil fue asesinado por sicarios el 16 de agosto en una vía de San Zenón, Magdalena. Era un reconocido líder político y actual candidato al Concejo del municipio de San Zenón, Magadalena. Además, hacía parte de la campaña del candidato a la alcaldía, Ricardo Rodríguez por el partido de La -ADA-.
SESINADO FIRMANTE DE PAZ*
En hechos que son materia de investigación entre la SIJIN y UNP en la ciudad de Pasto Departamento de #Nariño resulto muerto el Firmante del #AcuerdoDePaz José Manuel Rivas el 17 de agosto.
ASESINADO FIRMANTE DE PAZ EN EL CAUCA
En la vereda Esmeralda, de Caldono, fue asesinado en un ataque sicarial el indígena y firmante de paz Julio César Guetoto Cayapú, de 40 años de edad

Están embolatando la Paz Total en departamento del Cauca

por Sofia LopezConflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Siguen embolatando la Paz Total en el Suroccidente Colombiano, especialmente en el Cauca. Entre asesinatos de policías, lideres sociales e indígenas, desplazamientos forzados, confinamientos, paros armados y promesas de cese al fuego incumplidas, las disidencias de las FARC o el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), burlan la voluntad de paz del Gobierno Nacional y someten al terror a los habitantes de la región.

El 31 de julio la UNIPA denunció una masacre de tres jóvenes indígenas del pueblo Awá pertenecientes al Resguardo Saunde Guiguay del municipio de Tumaco; el 1 de agosto fue secuestrado por el frente “Carlos Patiño” del EMC, Over Jesús Rengifo Bolaños, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Alfonso municipio de Balboa, a la fecha se desconoce su paradero; el 2 de agosto las comunidades indígenas del pueblo Wounaan denunciaron la instalación de un retén por parte de un grupo armado sobre el rio San Juan en el sector de Palestina en Buenaventura, Valle del Cauca; el 4 de agosto fue asesinado el líder indígena Eduardo Timaná, perteneciente a la comunidad del Nogal del Resguardo Kwet Wala de Pradera, Valle del Cauca.

El 10 de agosto se presentó un ataque armado en contra de la autoridad étnica del Consejo Comunitario El Playón del Rio Sigui en el municipio de López de Micay, este ataque armado dio origen al desplazamiento forzado de 17 personas entre menores de edad, mujeres y adultos mayores. La comunidad denunció que se encuentran en riesgo de quedar en una confrontación armada entre los grupos que integran el EMC y el ELN y solicitaron protección al Gobierno Nacional; en la mañana del sábado 12 de agosto murieron tres policías en Morales, Cauca, tras ser atacados con explosivos y disparos de fusil, se responsabilizó al frente armado “Jaime Martínez” que integra las EMC y al día siguiente fue secuestrado un uniformado adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres No. 13. El plagio ocurrió en la vía entre Caloto y Santander de Quilichao, de este hecho se responsabilizó al frente “Dagoberto Ramos” del EMC, quienes tienen control en esta zona. El general William René Salamanca, ofreció 200 millones de pesos por información de alias “Marlon Vásquez”, jefe de las disidencias de las Farc, así como de alias “el paisa”, “samper” y “martín”.

Ese mismo 12 de agosto, se profirió por parte del EMC, un comunicado en donde dan la orden de Paro Armado en el departamento del Cauca, so pretexto de combatir un grupo paramilitar que trabaja en conjunto con la policía, que según ellos opera en zonas de su control, disfrazados de comerciantes, docentes y misión médica y prohíben el tránsito de la población luego de las 5 de la tarde; el 13 de agosto fue asesinado en Cerro Alto Caldono, el líder social José Rubiel Guetia quien era presidente de Junta de Acción Comunal y comunero indígena del Resguardo San Lorenzo Caldono; el 14 de agosto en redes sociales rotó otro panfleto en donde el EMC se atribuyen los hechos de violencia y amenazan a los lideres sociales e indígenas del sur del Valle y norte del Cauca:

“Haremos nuestra máxima presencia y control en todas las vías y demostraremos toda nuestra fuerza como organización armada damos un ultimato a los líderes sociales líderes indígenas de Miranda, Corinto , Florida y Pradera por rechazar nuestras acciones militares por ello son objetivos militar al no permitir que nuestras unidades accionen en los territorios libremente nos atribuimos a los últimos hechos recientes vamos por los líderes de los Resguardos de Florida Pradera, Miranda, Corinto, Santander”.

El 15 de agosto, se llevó a cabo Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca liderado por el presidente Gustavo Petro, quien puntualizó diferentes acciones que se implementarán destacando la sustitución de cultivos de uso ilícito, fortalecer las fuerzas militares y policiales e hizo un llamado al cese de hostilidades, “En los próximos días y semanas se va a centrar en primer lugar en una sustitución de las economías ilícitas del departamento, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El Ejército será el eje central de esa sustitución, con el apoyo del campesinado, de los movimientos sociales, indígenas y afros”.

A pesar de todo lo anterior, se conoció que tras una reunión en Caquetá entre el 11 y 12 de agosto, en la que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, funcionarios de la ONU, de MAPP OEA, delegados del Gobierno nacional y delegados de las EMC se llegaron a tres acuerdos: el primer acuerdo es la fecha de la instalación de la mesa de diálogos, que será el próximo 17 de septiembre; el segundo acuerdo, trata de que ese mismo 17 de septiembre comenzaría el cese al fuego bilateral, nacional y de carácter temporal, que tendría una vigencia de seis meses; el tercer acuerdo consiste en que mientras llega ese cese al fuego, se acordó un cese de operaciones ofensivas a partir del próximo jueves 17 de agosto.

Indepaz por su parte, denunció que desde el 1 de enero a 3 de agosto de 2023 en el departamento del Cauca han sido asesinados 22 personas catalogadas como lideres sociales y defensores de derechos humanos; se asesinaron 5 firmantes de paz; se han presentado 5 masacres; han ocurrido 57 acciones que constituyen violación al cese al fuego pactado entre el Gobierno y los diferentes grupos armados; se han presentado 5872 eventos de desplazamiento forzado de los cuales 2.409 corresponden al municipio de Argelia, 461 eventos de confinamientos concentrados en el municipio de Balboa. Así mismo, la defensoría del pueblo denunció la existencia de un centro de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes al mando de las EMC en el municipio de Toribio, del cual a la fecha no se tiene información sobre su desmantelamiento.

Según denuncias conocidas en varios medios de comunicación, los diferentes frentes de la EMC realizan control territorial en el departamento, determinando quién transita por las veredas de los municipios de influencia y califican de objetivo militar a personas desconocidas. Este control se hace mediante procesos de carnetización que acredita a las personas como habitantes del lugar.

Las acciones militares de las disidencias de las FARC constitutivas de infracciones al DIH se presentan de forma conjunta con las acciones de los grupos de derecha del país que buscan desestabilizar al Gobierno Nacional por destapar hechos de corrupción como los de Ecopetrol, Odebrecht que involucran al grupo AVAL, el encubrimiento de los asesinatos del Clan del Golfo por parte de la Fiscalía, las declaraciones de Mancuso y ahora también las del paramilitar alias Macaco, sumado además a la intensa actividad de decomiso de cargamentos de droga durante este gobierno que constituyen un grave golpe a las finanzas del narcotráfico.

No se vislumbra unidad de mando de las estructuras del EMC, estas disidencias de las FARC actúan descoordinadamente con ejércitos de niños y jóvenes fuertemente armados por todo el territorio de su influencia. Los acuerdos que pactan con el Gobierno Nacional son abruptamente desconocidos por sus diferentes frentes y se traducen en control territorial, paros armados, amenaza a lideres sociales e indígenas y nuevos desplazamientos forzados y confinamientos. Entre tanto el suroccidente del país y el departamento del Cauca en particular sigue padeciendo espeluznantes escenas de terror.

Continúan los conflictos territoriales en el corregimiento de Julumito

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

El desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la comisión de delitos por parte de la empresa ASOINCA -PROVITEC y el alcalde de Cumbitará Nariño, en el momento de la celebración del contrato de compraventa de un predio, ha derivado en un conflicto territorial que configura graves y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Todo esto, sin que la Agencia Nacional de Tierras, haya intervenido para cesar las hostilidades.

Desde el mes de junio se han hecho públicas las controversias entre ASOINCA-PROVITEC y la comunidad indígena de San José Julumito, respaldada por el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

De manera despectiva, ASOINCA-PROVITEC señala como invasores a los indígenas de la Comunidad de Julumito, que están reconocidos por el Ministerio del Interior como Cabildo y Resguardo, y quienes desde principios del siglo XX vienen librando batallas jurídicas para el reconocimiento de sus derechos territoriales. La última de estas controversias judiciales fue fallada en contra de la iglesia católica, a quien la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, le ordenó entregar a favor de la comunidad indígena de Julumito unos predios de propiedad comunal.

El caso de la Comunidad Indígena de San José Julumito es similar a los casos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Comunidad “Yakye Axa y Sawhoyamaxa”, pertenecientes al pueblo “Lengua Enxet Sur”, quienes denunciaron al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Estas comunidades habían sido despojadas de sus tierras ancestrales por empresas privadas, lo que impedía el ejercicio de su cosmovisión como pueblo indígena. Ante la imposibilidad de ser resuelto en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la comunidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de su cultura y prácticas cosmogónicas como pueblo indígena. Por esta razón, la Corte Interamericana ordenó al Estado de Paraguay identificar el territorio tradicional de los miembros de las Comunidades indígenas y entregárselos de manera gratuita, en un plazo máximo de tres años, además ordenó que mientras los miembros de la Comunidad indígena se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia y crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la comunidad indígena.

La comunidad indígena de San José de Julumito ha sido reconocida como parte de los últimos “Pubenenses”, por su ubicación en la ciudad de Popayán, la existencia de este pueblo indígena data desde antes de la conformación de la República y viene en ejercicio de reclamación de sus derechos ante los estrados judiciales al menos desde 1924. Está reconocida por el Ministerio del Interior, pero pese a ello, no cuenta con un territorio donde sus miembros puedan ejercer plenamente sus derechos como pueblo indígena.

El Predio denominado “El Limonar-Los Balcones”, identificado con número de matrícula inmobiliaria 120-7914, que está ubicado en el corregimiento de Julumito del municipio de Popayán Cauca, cuenta con una extensión de 128 hectáreas. Dicho predio fue priorizado para la compra por parte de la Agencia Nacional de Tierras a favor de la Comunidad indígena de Julumito, inicialmente por un valor de tres mil setecientos millones de pesos ($ 3.700.000.000), y posteriormente por un valor de cinco mil ochocientos treinta millones de pesos ($ 5.830.000.000). En este predio, la Comunidad Indígena de Julumito había proyectado el ejercicio de sus derechos como pueblo indígena con la confianza plena que de que el Estado compraría el terreno a favor de la comunidad.

El 8 de septiembre de 2017, entre Omar Edilberto Melo Bravo, actual alcalde del municipio de Cumbitara Nariño y Segundo Israel Melo Rosales, propietarios del predio Limonar-Balcones y Fernando Vargas Navia, quien para la época era representante legal ASOINCA y PROVITEC, suscribieron contrato de promesa de compraventa, del predio “Limonar- Los Balcones” por valor de nueve mil millones de pesos ($ 9.000.000.000). El documento fue autenticado ante la Notaria 2da del Círculo de Popayán.  Es decir, ASOINCA-PROVITEC pactó comprar por casi el doble del valor el predio que se había priorizado para la compra a favor de la comunidad indígena de Julumito.

Mediante acuerdo suscrito por Fernando Vargas en calidad de representante legal de ASOINCA y PROVITEC, y el Cabildo de Julumito, se acordó que se respetaría el tramite que se venía haciendo por la comunidad indígena de Julumito para que el predio Limonar-Balcones pudiera ser adquirido por la Agencia Nacional de Tierras a favor de la comunidad indígena, en el mismo acuerdo reconocen que hicieron una promesa de compraventa por valor de nueve mil millones de pesos  ($ 9.000.000.000) y que devolverían los excedentes de ser necesario. Este convenio fue incumplido por ASOINCA-PROVITEC, y por tanto constituye una forma particular de despojo en contra de una comunidad indígena que adelantaba su proceso para el reconocimiento de sus derechos territoriales.

El 12 de julio de 2018, en la notaria 3ra del circulo de Palmira, y extrañamente no en la ciudad de Popayán, se suscribió contrato de compraventa del predio el Limonar-Balcones, perfeccionando el contrato de promesa de compraventa ya mencionado, pero el precio pagado por el inmueble es de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000). Es decir, ASOINCA-PROVITEC pacto un valor ficticio de compra, lo que de corroborarse conllevaría a la comisión de los delitos como falsedad ideológica en documento público, evasión de impuestos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito entre otros delitos en los que estaría involucrando también al alcalde de Cumbitará Nariño, Omar Edilberto Melo Bravo, y el también servidor público Fernando Vargas Navia. Las denuncias cursan ante la Fiscalía, la DIAN, la Contraloría y la Procuraduría de la Nación para que investiguen y sancionen la responsabilidad de quienes intervinieron en el negocio jurídico que configuró el despojo de una comunidad indígena.

Llama también la atención que miembros de ASOINCA-PROVICTEC, instrumentalizan a indígenas pertenecientes al resguardo de Coconuco, que son a su vez docentes afiliados ASOINCA-PROVITEC, para generar enfrentamientos físicos con la comunidad indígena de Julumito que legítimamente exigen el restablecimiento de sus derechos territoriales, generando un nuevo conflicto intraétnico entre dos pueblos indígenas, conflicto que deberá ser resuelto por un Tribunal Indígena a fin de investigar y sancionar la responsabilidad de los indígenas de la comunidad de Coconuco por la vulneración de los mandatos del derecho propio y derecho mayor indígena relacionado con la recuperación de la madre tierra..

El negocio inmobiliario de compra de predios para lotear que adelanta ASOINCA-PROVITEC eleva de manera abrupta el costo del valor de la tierra rural en la ciudad de Popayán, generando con ello el proceso de gentrificación rural, que consiste en elevar el precio de los predios dificultando que comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a la tierra en el periurbano de Popayán. Las parcelas que los docentes usan solo los fines de semana están exterminando a la población rural en Popayán, y con ello, también la posibilidad de cualquier proceso de autonomía alimentaria para ciudad.

 

 

Los documentos pueden verse en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-K4Mc2asal7gR5uaS1eiL6QbNbrbSSGf

Los Falsos Positivos, un capítulo de horror en la historia de Colombia y del Cauca.

por Sofia LopezEjecuciones ExtrajudicialesPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Los asesinatos de personas en estado de indefensión o por fuera de combate, cometidos por la Fuerza Pública, de manera directa, con complicidad o tolerancia de otros grupos armados, que se han denominado Ejecuciones Extrajudiciales o “Falsos Positivos”, constituyen uno de los más graves problemas en el contexto de derechos humanos en Colombia. Vale decir que estos actos han sido catalogados como crímenes de “Lesa Humanidad”, por ser sistemáticos, generalizados y por obedecer a una política de Estado. La verdad sobre los Falsos Positivos se ha venido revelando desde hace por lo menos 17 años, y con la actividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el gobierno del presidente Gustavo Petro, estamos conociendo con más detalle cómo operaba este fenómeno en algunas regiones del país.

En febrero de 2021, un informe de la JEP reveló que, en Colombia, por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos. Estos hechos ocurrieron en un periodo comprendido entre 2002 y 2008, bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El 66% de estas víctimas se concentró en diez departamentos, siendo Antioquia el de mayor número de casos y el departamento del Cauca, el décimo lugar en esta lista. La JEP también señaló que el documento que expidió el Ministerio de Defensa: la directiva 029 de 2005, «Por el cual se entregaba recompensas a militares por capturas y bajas de guerrilleros o cabecillas de las organizaciones al margen de la ley y narcotraficantes», fue lo que motivó a que la practica criminal de los Falsos Positivos se normalizara y proliferara en las unidades militares en todo el país. Este hecho fue denunciado en el año 2006 en el Congreso de la República por el entonces congresista y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH-, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia desde 2009, llamó la atención sobre la persistencia de Ejecuciones Extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del Ejército de Colombia y señaló como características comunes a los casos denunciados la de presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asumiera las investigaciones. Concluyó también que, de conformidad con las investigaciones judiciales de la época, los Falsos Positivos se originaron por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener una serie de beneficios y reconocimientos. a partir de dichos resultados.

En marzo del año 2010, el señor Philip Alston, Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 14° periodo de sesiones, lo siguiente: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de Ejecuciones Extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Muchas unidades militares comprometidas con los llamados “Falsos Positivos”, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un “reclutador” hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados que reportaban que había “muerto en combate” y toman medidas para manipular y encubrir la escena del crimen”.

La Corte Penal Internacional, en su informe 2012 sobre la situación de Colombia de señaló que miembros de las fuerzas armadas han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener beneficios monetarios procedentes de fondos del Estado. Indicó también que, una vez alterada la escena del crimen, se reportaron a los civiles ejecutados como guerrilleros muertos en combate. De igual forma dijo que los “Falsos Positivos”, se remontan a la década de los ochenta y que ocurrieron con mayor frecuencia entre los años 2004 al 2008 y que los asesinatos estuvieron a veces precedidos por detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos. La Corte Penal Internacional afirmó que las Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos, al menos en algunas regiones, fue una política de Estado. Para la Fiscalía de Corte Penal Internacional existía un fundamento suficiente para creer que desde el 1 de noviembre de 2002 los Falsos Positivos constituyen crímenes de Lesa Humanidad tipificados en el Estatuto de Roma.La OACNUDH también subrayó la ineficacia del aparato de justicia colombiano para el establecimiento y sanción de la responsabilidad en los casos de Ejecuciones Extrajudiciales, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en el informe anual presentado en 2012 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo que ésta letal práctica no se había erradicado totalmente.

El informe sobre las actividades de examen preliminar que desarrollaba la fiscalía de la Corte Penal Internacional del año 2017, señaló que se habían priorizado 5 casos, en cada uno de ellos se investigaba a una división del ejército, que a su vez era responsable de las acciones de diez brigadas militares. Adicionalmente, el informe indicó que siguen vigentes las preocupaciones sobre el alcance de la JEP y el juzgamiento efectivo de los responsables de graves crímenes competencia del Estatuto de Roma. En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) presentado por la Corte Penal Internacional ante la Corte Constitucional, se insistió que las normas que rigen la JEP deben definir claramente las responsabilidades de mando en estos hechos de lesa humanidad, hacer énfasis en las graves violaciones a Derechos Humanos, en la participación directa o indirecta de personas en los crímenes en el marco del conflicto y en la efectividad de las penas alternativas que se impongan en ese marco de justicia transicional.

Muchos casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivo se presentaron en el departamento del Cauca y también en la ciudad de Popayán. Son cerca de 206 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos que registra la JEP en el departamento del Cauca. Ocupamos el décimo lugar en número de víctimas en la lista de horror. Es probable que el subregistro víctimas sea mayor por la ausencia de denuncia, por que los casos terminaron archivados por la Justicia Penal Militar y también por que muchas de las víctimas fueron traídas de otros departamentos y reportadas como NN, así mismo, muchas víctimas del departamento del Cauca fueron ejecutadas en otras zonas de país y reportadas como NN. En Colombia, de conformidad con las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas hay alrededor de 25.000 cuerpos no identificados que permanecen en las instituciones del Estado y en los cementerios del país y, por lo tanto, no han sido entregados a sus familiares.

Estos son alguno de los casos que se presentaron en el departamento de Cauca entre el 2002 y el 2010 reportados por las organizaciones de derechos humanos o los medios de comunicación regional.

El 2 de febrero de 2004 en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes a la Contraguerrilla Demoledor 6, adscrita al Batallón de Contraguerrillas número 50 del Ejército Nacional, ejecutaron al campesino ARBEY OSWALDO SÁNCHEZ CAMPO. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cabuyo. El campesino fue presentado como “muerto en combate”.

El 31 de marzo de 2004, en la vereda San Antonio, corregimiento de Santa Leticia del municipio de Puracé, el capitán José Antonio Páez reportó tres personas muertas en combate pertenecientes a las FARC entre las que se hallaban las hermanas MARTA CECILIA EN INCHIMA Y NANCY INCHIMA, de 17 y 20 años de edad respectivamente. Al día siguiente el menor JAIRO ALEXANDER INCHIMA de 14 años de edad hermano de las víctimas denunció que sus hermanas no murieron en combate, ni eran guerrilleras, ni vestían prendas militares, sino que varios miembros del ejército ingresaron a su casa y la sacaron y luego les dispararon.

El 17 de mayo de 2005, en Almaguer, Cauca, tropas pertenecientes a la Compañía Acero del Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortez, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a los campesinos: EDWAR TULIO GÓMEZ, EVERT PAPAMIJA BENAVIDES y RÓMULO RENGIFO. Las víctimas fueron presentadas como “guerrilleros de la cuadrilla Camilo Cienfuegos del ELN, muertos en combate”.

El 16 de diciembre 2005, el Batallón José Hilario López, asesinó al campesino MILLER NOGUERA HERNÁNDEZ quien a las 5:00 am fue sacado de su residencia. Los militares trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la cabecera municipal de La Sierra Cauca. El ejército en su informe indicó que Miller era un guerrillero dado de baja en combate y que era jefe de finanzas de la columna Lucho Quintero del ELN.

El 8 de enero de 2006, en la vereda Belén de Inzá, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional ejecutaron a los indígenas HORTENSIA NEYID TUNIA CUCHUMBE y MANUEL ANTONIO TAO, e hirieron a WILLIAM JOSÉ CUNACUÉ MEDINA. Hortensia y Manuel aparecieron uniformados de camuflado, con los rostros cubiertos con capuchas, las insignias y los apellidos cubiertos. Los cuerpos sin vida de Hortensia y Manuel fueron trasladados hasta las instalaciones militares en La Plata en donde en una rueda de prensa, fueron presentados como guerrilleros dados de «baja» portando granadas de fragmentación.

El 6 de abril de 2006, a las 5:30 p.m., los campesinos WALTER IMBACHÍ y RÓMULO NOGUERA fueron sacados de sus residencias. Horas más tarde, la comunidad escuchó disparos en la vereda La Cuchilla – Bateros en límite con el municipio de Bolívar, Cauca, y San Pablo, Nariño. Los cuerpos de los señores Walter Imbachí y Rómulo Noguera fueron llevados por el mismo ejército a la cabecera municipal de San Pablo, Nariño,  presentaban señales de torturas, vestían camuflado con pañoletas del ELN. El ejército por su parte, entregó el informe con dos versiones; una: de dos guerrilleros dados de baja en combate y, la otra: de dos hombres que iban en moto y no atendieron el llamado de pare.

El 10 de abril de 2006, en Bolívar, Cauca, siendo las 2:00 p.m., encontrándose el señor LUIS ANTIDIO MACÍAS CAICEDO en su casa de habitación, ubicada en la vereda de Pueblo Viejo, fue asesinado por hombres que vestían de negro y estaban encapuchados. Posteriormente el cuerpo de la víctima fue dejado por miembros del Ejército Nacional en el Hospital de Bolívar -Cauca, afirmando que su muerte se había dado en combate.

El 19 de diciembre de 2006, hacia las 6:00 pm., en la vereda La Primicia, ubicada a media hora a pie del casco urbano de San Francisco Tacueyo, Cauca, fueron asesinados por efectivos militares del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, los comuneros indígenas ARNOLDO MUSICUE UL , ROBERTO POTO, quienes habían sido detenidos arbitrariamente desde el día anterior, acusados de pertenecer a la guerrilla. Sus cuerpos presentaban visibles señales de tortura. La comunidad indígena presenció el proceso de detención arbitraria y de tortura de las víctimas.

El 15 de febrero de 2007, en Piamonte, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería 25 General Roberto Domingo Rico Díaz de la Armada Nacional, ejecutaron a FRANUEL ERAZO PASINGA. Fue presentado por parte de los militares en el periódico Diario del Sur como “guerrillero del Frente 49 de las FARC-EP, muerto en combate en la vereda San José de Ignacio”.

El 29 de abril de 2007, en el Patía (El Bordo), Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortez, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron a dos campesinos que jugaban futbol en un campeonato verdad, del corregimiento de Santa Cruz. Los militares reportaron a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.

El 26 de junio de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional ejecutaron al enfermero MILTON JOSÉ VELASCO RIVERA y a los comerciantes CRISTIAN ADREY PAZ GEMBUEL, LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ TOVAR y JAMES IVÁN BOJORGE ORDÓÑEZ. El hecho se presentó en zona rural del suroccidente de Popayán en el sitio conocido como La Playa. Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

El 9 de agosto de 2007, fueron ejecutados extrajudicialmente ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, por efectivos militares, pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No 4 Benjamín Herrera Cortes, de la Brigada 29 del Ejercito Nacional.. A las 4:00 a.m., como era habitual de todos los jueves, Ulpiano salió de su casa en el casco urbano del Municipio de Piendamó, para realizar compra de mercancía en la Galería la 13 de Popayán para luego revenderla en Piendamo-Cauca; Jairo Alexis Castro Concha, iniciaba su labor como ayudante de buses de transporte público. En el terminal de Popayán fueron contactados por un militar vestido de civil quien los traslado hasta el sector de los Robles vía a Timbío, Cauca, donde fueron puestos en situación de indefensión y asesinados. El 10 de agosto de 2007, las emisoras Radio Súper, Mil Cuarenta y RCN de Popayán, señalaban que Ulpiano y Jairo Alexis habían sido dado de baja en combate por parte de efectivos militares de la Brigada 29 del Ejército Nacional y que eran integrantes del ELN.

El 4 de septiembre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a EFRÉN DARÍO CHANTRE RIVERA y YEISSON DAVID HIDROBO HOYOS. Las víctimas habían salido de sus casas, ubicadas en el barrio Los Campos, luego que recibieran ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a unas fincas en el departamento de Córdoba. El día 6 del mes en curso fueron reportados como “bajas” por el GAULA del Ejército de Montería (Córdoba), a raíz de un corto combate ocurrido en la finca Los Brillantes, zona rural de Montería. Sin embargo, sus familiares se enteraron del hecho hasta el día 10 de junio de 2008, cuando la Fiscalía de Montería les anunció que los cuerpos estaban como NN en una fosa común.

El 29 de septiembre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA, adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a DIYER ANDRÉS BARONA VALENCIA. La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Los Campos, luego que recibiera ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a una finca en el departamento de Córdoba. Diyer Andrés, quien había prestado servicio militar en el año 2003, en un batallón en Mocoa (Putumayo), salió de su casa el día 29 de septiembre, manifestándole a su mamá que iba a buscar en el municipio de Medellín (Antioquia) a un hombre que lo ayudaría a regresar al Ejército. Según la fuente el día 7 de octubre del año en curso fue reportado como “baja” por el GAULA del Ejército de Montería (Córdoba).

El 8 de octubre de 2007, en Popayán, Cauca, tropas pertenecientes al GAULA, adscrito a la División 1 del Ejército Nacional, ejecutaron a BALBINO ARLEY GÓMEZ. La víctima había salido de su casa, ubicada en el barrio Los Campos, luego de que recibiera ofertas laborales de una mujer llamada Victoria Montenegro Sandoval y del suboficial retirado del Ejército Nacional José Tránsito Lucumí Paz, con el fin de ir a trabajar a Montería (Córdoba) en la construcción de una casa y una piscina. Balbino, quien tenía 30 años de edad, salió de su casa el día 8 de octubre. El 20 de octubre fue reportado como “baja” por el GAULA del Ejército de Montería. Sin embargo, sus familiares se enteraron del hecho hasta el día 10 de junio de 2008, cuando la Fiscalía de Montería les anunció que el cuerpo estaba como NN en una fosa común.

El 24 de noviembre de 2007, en zona rural de El Tambo, Cauca, tropas del ejército ejecutaron a JOHAN ANDRÉS DAZA YEPES y a ÓSCAR EDUARDO ORTIZ y los reportaron como dados de baja en combate sepultándolos como NN. Habían desaparecido en los primeros días de noviembre; Johan había salido del barrio Rojas Pinilla de Armenia, Quindío, e iba rumbo a Pasto donde residía su padre.

El 30 de enero de 2008, en Silvia, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No. 4 del Ejército Nacional, ejecutaron a los indígenas Nasa ROBERT HELER ASTAIZA, LUIS CARLOS OTERO VELASCO y ELÍAS PECHENÉ PILLIMUE en el sitio denominado la Chulica, ubicado entre los Resguardos indígenas de Qizgó y Ambaló del Municipio de Silvia. El periódico el Liberal de Popayán y el País de Cali en su edición del 1 de febrero de 2008 y las emisoras locales de estas mismas ciudades indicaron que según la fuerza pública se trataba de guerrilleros dados de baja en combate.

El 26 de marzo de 2008, el señor PANFILIO DOMÍNGUEZ CABRERA salió de su residencia ubicada en la cabecera municipal de Rosas, Cauca, el día 25 de marzo con destino al municipio de La Cruz, Nariño. El día 26 de marzo a las 5:00 p.m., su familia recibió una llamada del Hospital del municipio de La Unión, Nariño, donde se les informaba que fueran a reclamar el cuerpo del señor Panfilio Domínguez, que se encontraba en la morgue del hospital y que éste había sido dado de baja por el Ejército Nacional.

El 2 de mayo de 2008, unidades de la Fuerza Aérea ametrallaron desde 5 helicópteros el caserío Rotura, del Consejo Comunitario de La Mamuncia, de López De Micay, Cauca, ejecutando al menor de 13 años AURELIANO TOVAR TOVAR quien estaba pescando en una canoa. Lo trasladaron en un helicóptero y a los cuatro días devolvieron su cadáver como el de un guerrillero dado de baja en combate.

El 24 de agosto de 2008, la personera municipal de Yumbo Valle, informó que cinc personas residentes en Yumbo, una en Palmira y una en Candelaria Valle, fueron reportadas por el Ejército Nacional como muertas en combate el día 24 de agosto de 2.008, las cinco primeras en el municipio de Timbío-Cauca y las dos últimas en Caloto, Cauca. Las víctimas fueron: JOSÉ DOMÍNGUEZ; JHON OSWALDO ARCE; JHON JAIRO ROSERO; JOSÉ ARBEY MUÑOZ; JOSÉ EDUARD CABAL; ERMINSON MENDOZA y LUIS ALFREDO RAMÍREZ.

El 7 de septiembre de 2008, en Piamonte, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional ejecutaron a LUIS ALEXÁNDER JAMIOY PERDOMO. La víctima fue detenida arbitrariamente en un billar, sacado del lugar, asesinado y posteriormente vestido de camuflado, le colocaron una pistola y un radio.

El 17 de septiembre de 2008, en Jambaló, Cauca, tropas pertenecientes al Ejército Nacional, ejecutaron al indígena de etnia y pastor evangélico Nasa, JUSTINIANO TUNUBALÁ, del resguardo de Pitayó. La víctima se encontraba de regreso de la vereda de Paletón hacia Jambaló, donde fue a llevar a una señora. A esa hora se dio un hostigamiento de la guerrilla contra el Ejército. El comunero quedó en medio del hostigamiento en una vuelta del camino. Según la versión que dio el Ejército, Justiniano llevaba como parrillero a un guerrillero armado quien disparó contra el Ejército hiriendo a un soldado en un pie. Las autoridades indígenas afirmaron que dicha versión no tenía sustento en la realidad, que nunca se encontró el supuesto guerrillero que llevaba Justiniano, que no hubo reporte de soldados heridos y que el cuerpo del comunero presentaba múltiples impactos de fusil hechos a corta distancia.

En 26 de julio de 2009, en Silvia, Cauca, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería Número 8 José Hilario López, adscritos a la Brigada 29 del Ejército Nacional, ejecutaron al indígena REINEL DAGUA QUINTO, de 28 años de edad, miembro del Cabildo de Pitayó. Fue sacado de su casa por hombres armados que vestían prendas de la Fuerza Pública. Tres horas después su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado, presentaba varios impactos de armas, vestía una prenda camuflada del Ejército. En el Batallón informaron que el indígena había caído en combate con las fuerzas militares.

Tras extensa Huelga De Hambre el Gobierno Petro accede a dialogar con los Detenidos Políticos del Estallido Socia

por Sofia LopezDerechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad 

El 1 de julio de 2022, conocimos las identidades de las cincuenta y una personas privadas de la libertad que fallecieron en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca), durante el incendio ocurrido el pasado 28 de junio de 2022. Uno de estos fallecidos fue Jonathan Sabogal, un joven de 30 años que participó de las movilizaciones del Paro Nacional (2021) y fue detenido desde diciembre de ese año por haber hecho parte de las movilizaciones en el municipio de Bugalagrande. Mientras se resolvía su situación judicial, Jonathan permanecía en el patio octavo del penal de mediana seguridad de Tuluá, donde ocurrió el siniestro, la causa oficial de muerte del joven fue la inhalación de gases calientes.

Un año después de su muerte, los detenidos que pertenecen al «Colectivo de Detenidos Políticos del Estallido Social “Jonathan Sabogal”», quienes se encuentran privados de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, llevaban 13 días en huelga de hambre a la espera de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunciara sobre su situación. Estos jóvenes, injustamente procesados, víctimas del olvido estatal y social, esperaban la instalación de una “Mesa de Diálogo” para el reconocimiento de su estatus político, y así, exigir medidas de protección, de justicia, y de condiciones dignas de salud, tanto física como emocional.

Es importante señalar que, en evento público, el mismo presidente Gustavo Petro señaló: «Hay que moverse por unos temas, la movilización de la juventud debe mantenerse tenemos (…) 305 muchachos y muchachas presas por la movilización popular, se vengó el Estado en ellos, la fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país que cuando llegaba un caso, el fiscal estaba diciendo terrorismo. Y siguen en la cárcel a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma fiscalía y la procuraduría. ¿Bueno, y los vamos a dejar en la cárcel?, el mensaje de la oligarquía colombiana, es jóvenes ustedes no se muevan no protesten porque mire lo que les va a pasar y los coloca como un trofeo tenemos 300 jóvenes presos.»

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, implementa contra los detenidos del Paro Nacional el llamado “derecho penal del enemigo”, dentro del cual, quienes sean contrarios a su posición política e ideológica, serán tratados como sujetos sin derechos y no como ciudadanos. Este derecho es un concepto acuñado por Günther Jakobs desde 1985, y se refiere a que alguien puede ser castigado sin haber cometido delito alguno utilizando como medio de justificación la pretendida “peligrosidad” del sancionado. Es una forma de negar, parcial o totalmente, los derechos procesales y sustantivos que corresponden a toda persona. Así, el enemigo no se considera “ciudadano”, sino que es algo menor que éste y, por ello, no merece la aplicación de las garantías y derechos de la ciudadanía. Por lo menos así lo confirman los patrones sistemáticos identificados por los relatores de la ONU acerca de las judicializaciones en medio del Paro Nacional colombiano del 2021.

Cinco relatores especiales adscritos a la ONU y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria cuestionan la legalidad de las privaciones de la libertad de jóvenes judicializados en medio del Paro Nacional de 2021, muchos casos similares a estos fueron estudiados por los relatores. Los hallazgos describen un patrón de violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, cuyas características fueron la judicialización mediante «el uso inapropiado del derecho penal» o implementación del «derecho penal del enemigo», así como la estigmatización a las personas que participaron en las manifestaciones.

El 24 de marzo de 2023, se dio a conocer el comunicado del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y de la relatora especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el Terrorismo, en los que se presentó un diagnóstico sobre los hechos ocurridos en el año 2021 en nuestro país relacionados con las detenciones y las judicializaciones en el marco de la represión estatal en el paro nacional. Dentro de sus principales hallazgos, los relatores de la ONU comunicaron su preocupación por la existencia de «un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta ». Dicho patrón tendría dos modalidades:

La primera se presentó simultáneamente con el Paro Nacional durante los primeros meses del estallido social, por medio de la judicialización de manifestantes mediante la aplicación indiscriminada de figuras jurídicas tales como “captura en flagrancia” y el “traslado por protección”. En esta modalidad, la Fiscalía apeló al uso de tipos penales como “daño en bien ajeno”, “violencia contra servidor público”, “perturbación en servicio de transporte”, “empleo y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. A pesar de que la mayor parte de las personas judicializadas en esta modalidad recuperaron su libertad, en muchos casos se presentaron imputaciones para estigmatizar y desincentivar la protesta social.

La segunda modalidad a la que se refirieron los relatores de la ONU se presentó entre junio de 2021 y 2023 en una etapa posterior a las movilizaciones. Las judicializaciones en este caso se produjeron mediante capturas con orden judicial sustentadas en posibles montajes, y apelando al uso de tipos penales desproporcionados como “terrorismo”, “concierto para delinquir”, “tentativa de homicidio”, “instigación a delinquir”, “secuestro”, “tráfico, fabricación y porte de explosivos”, entre otros. Ante esta modalidad, los relatores expresaron su preocupación, ya que identificaron que el objetivo de este tipo de imputaciones es desestimular a la ciudadanía y a los manifestantes a ejercer sus derechos y a estigmatizar a las personas que participaron en la protesta social.

Los relatores subrayaron su preocupación por la interpretación consagrada en la Directiva No 002 de 2021, y promovida por Francisco Barbosa, actual fiscal General de la Nación, que ordenaba investigar los posibles actos delictivos de la protesta como “terrorismo”, en contraste con el criterio que hasta ese momento consagraba la derogada Directiva No 008 de 2016, la cual indicaba que debían tipificarse bajo el delito político de “asonada”, otorgando un carácter político. En el informe, los relatores de ONU destacan que las personas judicializadas en esta modalidad son, en su mayoría, jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y cuestionaron la consideración de Las Primeras Líneas como grupos de delincuencia común organizada -GDCO- para justificar un tratamiento más restrictivo de la libertad.

En el mismo sentido, el pasado 29 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, emitió un comunicado recogiendo las preocupaciones de los relatores, y señalando que «Expertos de la ONU han solicitado a Colombia que deje de utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo, para procesar a personas por participar en protestas contra las políticas del Gobierno».

El caso de los detenidos políticos del Estallido Social del Valle del Cauca es diferente en dimensión y modalidad a otra parte del País, siendo este departamento y en particular Cali, el centro de las protestas sociales durante el Paro Nacional del 2021. Los detenidos políticos de este departamento son los que en peor situación se encuentran a nivel nacional y quienes tienen menos posibilidades de libertad. Varios son factores que han configurado esta situación entre ellos los siguientes:

  • Las personas privadas de la libertad no tienen defensas técnicas especializadas para configurar delitos políticos. La mayoría de los casos fueron asumidos por defensores públicos de la Defensoría del Pueblo cuya única estrategia es el allanamiento a cargos a través de la figura del preacuerdo. En otras situaciones, las defensas fueron llevadas por los abogados que se hicieron llamar “La Primera Línea Jurídica”, algunos movidos por la solidaridad y otros por intereses político-electorales, quienes terminaron abandonando las defensas y estas fueron asumidas por la defensoría pública de la Defensoría del Pueblo con la estrategia antes mencionada, o los casos fueron sustituidos por prestigiosos abogados como Miguel Ángel del Rio o Augusto Ocampo, quienes promovieron la “Primera Línea Jurídica”, abogados no especialistas en defensas penales que no tienen experiencia en derecho penal ni en la atención a casos de delitos políticos. En algunos casos muchos familiares de los detenidos políticos señalaron que los abogados de “La Primera Línea Jurídica” les cobraban exorbitantes sumas de dinero por concepto de honorarios que no se encontraban en capacidad de pagar.
  • El centro de la represión del Estallido Social fue el Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, donde la represión fue tan fuerte que las organizaciones sociales, populares, de derechos humanos del Valle del Cauca y a nivel nacional, no se dieron abasto para acompañar todas las judicializaciones, visibilizar y asumir las defensas técnicas. Eran muchos casos y eran pocos los abogados especializados en casos de delitos políticos. Esto también ocurrió con el acompañamiento a las víctimas al punto que muchas de ellas no han podido acceder a la justicia.
  • La represión del Estado fue tan desproporcionada en Cali que ni siquiera Naciones Unidas pudo caracterizar los casos de los detenidos político del Estallido Social de Cali, es lamentable que el informe de los relatores solo refiera cinco casos de detenidos en Cali, el de “Chimiresistencia”, cuando más del 70 por ciento de los detenidos son de la ciudad de Cali. Esto se explica porque las defensas de los detenidos políticos son asumidas por la defensoría del pueblo y abogados no especializados.
  • Las prácticas descritas por el informe de los relatores de Naciones Unidas fueron una constante en Cali y en el Valle del Cauca, sumada a las prácticas de tortura y detenciones prolongadas y desaparición Forzada que se vivieron durante las tenebrosas jornadas de represión en el Paro Nacional. Las prácticas de tortura, las prácticas de detenciones prolongadas y de desaparición forzada no pudieron ser caracterizada por Naciones Unidas. Esto indicaría que en las judicializaciones del Valle del Cauca existe una práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos.

Pese a que el Gobierno Nacional indica que la Fiscalía y Procuraduría han obstaculizado las acciones para la libertad de los detenidos políticos, consideramos que el Gobierno de Gustavo Petro sí puede adelantar más acciones que garanticen los mínimos de dignidad humana para los detenidos del Paro Nacional, en especial para quienes se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Palmira organizados en el Colectivo “Jonathan Sabogal”. Luego de casi dos semanas de huelga de hambre, los detenidos políticos del paro nacional han tenido respuesta de Danilo Rueda Rodríguez, Alto Comisionado para la Paz, quien anunció su disposición y por ende la del Gobierno Nacional para la instalación de una mesa de diálogos para todos los detenidos político del paro nacional.

Esperamos que este sea el inicio de una hoja de ruta seria y con la celeridad del caso para que la justicia opere con una perspectiva restaurativa de Derechos Humanos.

Alerta Dignidad # 14

por Sofia LopezAlerta Dignidad, ComunicadosPublicado el No hay comentarios
LIDER SOCIAL ASESINADO EN LA VEGA CAUCA

Guido Idelber Gómez Hoyos fue asesinado el 02/06/23 en La Vega, Cauca. Era un reconocido líder y actual presidente de la JAC del barrio Villa Nueva Paraíso en el mpio de Sucre, Cauca. Además, hacía parte del -CIMA
 
LIDER SOCIAL ASESINADO EN CÓRDOBA
El 5/6/23 fue asesinado Néider de Jesús Alzate Correa, reconocido líder y comerciante del corregimiento de Juan José en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba.
 
 
MASACRE EN EL CAUCA
El 6 de junio en la vereda, Camilo Torres, cerca del Resguardo Indígena de La María fueron asesinados Beimar Zamir Astudillo Tombé de 41 años de edad, y sus hijos Miguel Ángel de 16 años y Ángel Daniel Astudillo Castillo de 17 años. Registran heridas por arma de fuego.
 
MASACRE EN El CESAR
El 5 de junio se registró masacre en el corregimiento de Zapatosa. Varios hombres armados llegaron en una camioneta blanca, sin placas y dispararon contra dos hombres y una mujer, quienes perdieron la vida.
HERIDO GUARDIA INDIGENA EN NARIÑO
El 3 de junio en Tumaco Nariño, guardia indígena del resguardo del Gran Sábalo del pueblo Awa fue víctima de mina antipersona cuando se dirigía a la asamblea anual de la UNIPA .
LIDER SOCIAL ASESINADO EN CORDOBA
El 12/06/23 en San Pelayo, Córdoba fue asesinado Emiro Nel Sánchez Medrano,
Líder reclamante de tierras de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Representó a miles de familias y participó de la creación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Era el actual presidente de FUVIRTCAN.
 
ASESINADO LIDER INDIGENA
El 12 de junio fue asesinada la Mayora ROSALIA QUIGUANAS DAGUA de 48 años de edad y EL SABEDOR ANCESTRAL su compañero de vida MARCELINO DAGUA BAICUE, de 51 años de edad, pertenecientes a la vereda del Picacho, en el territorio de Jambaló.
MASACRE EN EL VALLE DEL CAUCA
El 12/06/23 en Ansermanuevo, Valle del Cauca una pareja de esposos- Leidy Cataño y Gustavo Ramírez fue asesinada con armas de fuego mientras se encontraban en compañía de otros familiares en un establecimiento comercial del municipio de Ansermanuevo. La mujer estaba embarazada con 7 meses de gestación.
ASESINADO FIRMANTE DE PAZ EN EL GUAVIARE
El 15/06/23 el firmante de paz Eduardo Sánchez Álvarez fue asesinado en el municipio de Calamar, Guaviare. Hizo parte del ETCR Jaime Pardo Leal y actualmente adelantaba su proceso de reincorporación en el departamento del Guaviare.
ASESINADO FIRMANTE DE PAZ EN EL HUILA
El 17/06/23, en La Plata, Huila, en ataque sicarial en establecimiento público fue asesinado el firmante de paz Hover Hernán Esquivel Tapicero. Hizo parte del ETCR Marco Aurelio Buendía y adelantó su proceso de reincorporación en Guaviare. Actualmente, hacía parte de la UNP en un esquema de protección de la Subdirección Especializada.
MASACRE EN BUENAVENTURA
El comando de Policía Valle reveló que luego del asesinato de 3 hombres en el barrio Los Ángeles, de #Buenaventura, el 18 de junio, se capturaron 9 personas e incautaron 7 armas de fuego, entre ellas 3 fusiles; 2 uniformes camuflados, gran cantidad de munición y proveedores.
ASESINADO LIDER INDIGENA EN EL CAUCA
El 19/06/23 en Caldono, Cauca, Alexander Chocue fue asesinando, era una autoridad tradicional del Resguardo La Laguna Siberia además hacía parte de la Guardia indígena. El año pasado había denunciado amenazas en su contra por el Frente Jaime Martínez.
ASESINADO FIRMANTE DE PAZ
El 18/06/23, en Balboa,Cauca fue asesinando El firmante de Paz Elder Alexander Daza Ordoñez quien adelantó su proceso de reincorporación en el ETCR La Fila. Había alertado situación de riesgo.
ASESINADO LIDER SOCIAL EN COPEY CESAR
El 19 de junio TEMÍSTOCLES BELTRÁN BELTRÁN fue sorprendido por hombres encapuchados quienes dispararon con un arma tipo fusil, siendo impactado en la cabeza. Temístocles Beltrán era un reconocido líder social, de víctimas y del campesinado, defensor de Derechos Humanos y precandidato al Concejo de El Copey (Cesar)
LIDER SOCIAL ASESINADO EN ANTIOQUIA
El 25 de junio varias personas que se presentaron como disidencias llegaron hasta la casa del campesino Erasmo Antonio Pino Giraldo y lo asesinaron a tiros, el cuerpo sin vida quedó tendido en el patio de la casa ubicada a unos 10 minutos del caserío del corregimiento de La Granja en Ituango Antioquia.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN EL HUILA
El 24 de junio, Armando Mosquera Trujillo, fue asesinado en acto sicarial. Fue el exconcejal del municipio de Tello y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesaredonda, departamento del Huila.

Los detenidos políticos del paro nacional recluidos en la cárcel de Palmira inician huelga de hambre por al incumplimiento del Estado y el olvido de la sociedad civil .