Categoría: 2025

Groenlandia tiene unos 56.000 habitantes y una paciencia histórica frente al poder. Formalmente pertenece al Reino de Dinamarca, con un régimen de autogobierno que le reconoce derechos sobre su territorio y sus recursos naturales. Pero en geopolítica los derechos existen solo hasta que estorban.

Por eso Donald Trump volvió a decir que Estados Unidos “necesita” Groenlandia para su seguridad nacional. No es una metáfora: es el lenguaje clásico de la expropiación preventiva. Cuando una potencia afirma que necesita un territorio, no está pensando en cooperación sino en control.

La respuesta danesa fue directa. Mette Frederiksen recordó públicamente que Groenlandia no está en venta. No es mercancía, no es base militar ampliable por decreto, no es botín estratégico. Es un territorio con pueblo, derechos y soberanía reconocida.

¿Y qué quiere exactamente Estados Unidos?

Quiere tierras raras, esenciales para armas, satélites, celulares y autos eléctricos; quiere uranio, pieza clave de la industria nuclear; quiere cobalto y níquel, fundamentales para baterías y transición energética; quiere petróleo y gas aún dormidos bajo el Ártico; y quiere agua dulce, hoy congelada y mañana escasa. Todo eso concentrado en una isla con poca población y mucho silencio.

El argumento es siempre el mismo: seguridad nacional, estabilidad global, competencia con China. El método también es conocido: convertir los bienes comunes de un pueblo indígena en activos estratégicos de una superpotencia. No hace falta invadir: basta con declarar que el hielo es demasiado importante para dejarlo en manos de quienes lo habitan.

Y cuando aparece la negativa, el libreto suele avanzar. Primero la alarma estratégica. Luego la sospecha. Después la criminalización del territorio. ¿Qué sigue? ¿Militarizar el Ártico bajo el pretexto de “rutas ilícitas”? ¿Perseguir a comunidades que hoy viven de la pesca señalándolas como amenazas? ¿Sanciones, listas, presiones diplomáticas contra gobiernos que no se alinean? Conocemos el guion y lo que viene después.

Groenlandia no es el centro del mundo. Pero el mundo decidió que su subsuelo sí lo es. Y cuando eso ocurre, la soberanía suele derretirse más rápido que los glaciares. Estados Unidos muestra, una vez más, su hambre colonial. Y el resto del mundo —como tantas veces— parece dispuesto a observar en silencio sus infamias.

 

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

No tenemos pruebas judiciales. No hay una sentencia definitiva, ni un expediente cerrado que permita archivar el asunto con la tranquilidad de una resolución legal. Pero tampoco estamos frente a la inocencia. Porque la verdad política no siempre se produce en los tribunales: suele revelarse en la secuencia de los hechos, en la repetición de los patrones, en la coreografía precisa con la que el poder se protege cuando algo amenaza con exponerlo.

Jeffrey Epstein muere en prisión mientras Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Tras su muerte, el Department of Justice cierra el caso bajo esa misma administración. Ghislaine Maxwell, figura central del entramado, permanece bajo control estatal en condiciones que han suscitado cuestionamientos públicos. Al mismo tiempo, el Partido Republicano vota una y otra vez para impedir que los archivos Epstein se hagan públicos en su totalidad. Y cuando el Congreso obliga a mostrarlos, el Estado responde con dilaciones, tachaduras, ediciones y silencios estratégicos. No es torpeza institucional: es administración del daño.

No estamos afirmando un delito concreto. Estamos señalando un patrón. Y cuando los patrones se repiten con esta coherencia, dejan de ser casualidad para convertirse en estructura.

Ese ecosistema de impunidad no se limita a Estados Unidos. Colombia tampoco ha estado al margen. En materiales gráficos y registros periodísticos asociados al entorno Epstein aparece Andrés Pastrana, no como una condena judicial —que no existe— sino como una imagen política profundamente reveladora. Fotografías difundidas públicamente lo muestran compartiendo espacios sociales con Ghislaine Maxwell, una de las figuras clave del círculo Epstein. No se trata de una prueba penal, sino de una cercanía simbólica que habla de élites que se mueven sin pudor entre el poder público y el privilegio privado. A esto se suman episodios ampliamente documentados de uso de helicópteros oficiales, vestimentas militares y escenificaciones de autoridad ocurridas a finales de los años noventa, cuando Pastrana ejercía la Presidencia de Colombia entre 1998 y 2002. No eran recursos personales: eran dispositivos y símbolos del Estado puestos al servicio del exceso.

No hablamos de culpabilidad judicial. Hablamos de abuso de poder, de la normalización del privilegio, de una cultura política donde las fronteras entre lo público y lo privado se disuelven, y donde la impunidad no es una anomalía sino una forma de gobierno.

Trump y Pastrana no son el mismo hombre ni enfrentan los mismos procesos. Pero sí aparecen inscritos en una lógica común: la de una derecha de élites que se protege a sí misma, que administra silencios, que convierte la cercanía con redes de explotación en un asunto social y no político. Una derecha que acumula poder sin asumir consecuencias, y para la cual la inocencia —sobre todo la de los más vulnerables— se convierte en el daño colateral de un negocio tan lucrativo como obsceno.

Esa es la derecha que gobernó Estados Unidos.

Esa es la derecha que hoy quiere volver al poder.

Una derecha que promete orden mientras ejerce dominación, que invoca la moral mientras opera en zonas grises, que habla de libertad mientras perfecciona mecanismos de control. Una derecha que no busca gobernar con límites democráticos, sino ejercer poder directo sobre las personas: sobre los cuerpos, sobre el miedo, sobre el silencio.

Y esa es la derecha que algunos quieren traer a Colombia como si fuera una opción política más.

No es una discusión moral abstracta. Es una advertencia política concreta. Porque los sistemas que viven de la impunidad no se corrigen solos: se reproducen, se expanden y regresan.

No tenemos pruebas judiciales.

Pero tampoco dudas.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Popayán no duerme cuando aterriza el uribismo.

Se queda con un ojo abierto, la radio prendida y el teléfono cargado, por si toca salir corriendo.

El 3 de septiembre de 2025, Álvaro Uribe Vélez llegó a Popayán diciendo que venía por asuntos personales. Llegó escoltado, sonriente, seguro. Dijo “personal”, pero se reunió con políticos, empresarios y seguidores del Centro Democrático en un hotel de la ciudad. Entre canapés, cafés y aplausos reciclados, lanzó su vieja promesa con nombre nuevo: un segundo Plan Colombia para “liberar al Cauca del narcoterrorismo”.

La receta era la de siempre: fumigaciones, mano dura, alianzas con Estados Unidos y guerra presentada como salvación.

Al día siguiente, Popayán amaneció sitiada por el miedo.

En la entrada norte de la ciudad, sobre la Variante y el puente de Bellavista, aparecieron pipas-bomba colgadas como advertencias, con celulares adheridos como sistemas de activación y pancartas firmadas por el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC. El tránsito fue cerrado. La gente quedó atrapada en el caos. Las familias se encerraron en sus casas. La policía corrió detrás del miedo, no delante de él.

No era la primera vez. En abril y mayo ya habían aparecido artefactos similares en las mismas vías. Pero esta vez la coincidencia era demasiado perfecta para creer en el azar.

Uribe vino a hablar de guerra y la guerra respondió.

Es casi una coreografía macabra: discursos sobre orden en salones elegantes, y cilindros bomba en los puentes. Promesas de seguridad, y la ciudad aprendiendo a contar segundos entre explosiones que no estallan pero igual paralizan.

La seguridad como espectáculo. El miedo como mensaje electoral.

Dos meses después, el libreto se repitió.

El 1 de noviembre de 2025, Álvaro Uribe apareció en Tunja.

Nueva gira. Mismos discursos. Patria, enemigo interno, mano dura y nostalgia por los años en que la guerra era política pública y no vergüenza histórica.

El 8 de noviembre, Tunja despertó con una volqueta cargada de explosivos.

Atentado frustrado. El miedo, no.

Otra vez la secuencia: visita política primero, terrorismo después.

Otra vez la pregunta que ya no se puede esconder bajo la alfombra:

¿por qué cada vez que Uribe reaparece en campaña, la violencia reaparece con él?

Esto no necesita detectives. Necesita memoria.

Y ahora, diciembre.

El 15 de diciembre, Paloma Valencia fue ungida como candidata presidencial del Centro Democrático. El 16 decidió iniciar su campaña en Popayán. Llegó al aeropuerto Guillermo León Valencia y se reunió con simpatizantes en un hotel. Dijo que gobernaría con ellos, que el Cauca “se iba a recuperar”, que los violentos tenían “los días contados”.

Habló de orden. Habló de energía. Habló de mano firme.

No habló del miedo que siempre llega antes que ellos.

Tres días después, el 19 de diciembre de 2025, a las 5:50 de la mañana, Popayán volvió a despertar con el corazón acelerado.

Un vehículo cargado con explosivos fue ubicado cerca de la Estación de Policía Sur, en el barrio Bolívar.

Otra vez una camioneta.

Otra vez la amenaza.

Otra vez la ciudad respirando cuando le dicen que el artefacto fue desactivado.

¿Casualidad?

¿Mala suerte territorial?

¿O el mismo patrón de siempre?

Popayán, Tunja, Popayán de nuevo.

Uribe primero. Bombas después.

Paloma llega. El miedo regresa.

La coincidencia ya no es coincidencia: es método.

Cuando el discurso no convence, se reactiva la política del susto. Cuando la ciudadanía se cansa, se la sacude con el fantasma de la guerra. Cuando no hay proyecto nuevo, se desempolva el terror.

Así funciona la campaña: no se gana por esperanza, se intenta ganar por miedo.

En el Cauca, la guerra no es metáfora. Es desplazamiento, es líderes asesinados, es comunidades indígenas confinadas, es madres buscando hijos reclutados, es periodistas amenazados, es organizaciones sociales cerrando sedes. Y sin embargo, desde Bogotá, el uribismo sigue hablando del territorio como tablero de ajedrez y no como lugar donde vive gente.

Lo más grave es que esta historia ya la conocemos.

Y precisamente por eso, ya no cuela tan fácil.

En redes, en universidades, en plazas, en conversaciones cotidianas, el país empezó a reconocer el patrón. Basta escribir “Uribe” para que aparezca la respuesta colectiva:

No más miedo.

No más guerras recicladas.

No más política del terror.

El miedo funcionó durante años. Hoy, lo único que de verdad explota es la paciencia de un país cansado de que le administren la democracia a punta de pólvora.

Popayán no es escenario de campaña.

Tunja no es laboratorio del susto.

Colombia no es finca electoral del miedo.

Donde está Uribe, el terror aparece.

Y ahora, con Paloma Valencia siguiendo sus pasos, la historia amenaza con repetirse.

La pregunta ya no es si es casualidad.

La pregunta es cuánto más va a tolerar el país esta coreografía de discursos y explosivos.

Y la respuesta empieza a escucharse, clara y colectiva:

No más uribismo.

No más miedo.

No más terror como estrategia política.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Por un instante, el Centro Democrático creyó haber organizado una fiesta democrática. Invitó a sus militantes, sacó las encuestas, desplegó las cifras y proclamó ganadora a Paloma Valencia. Hubo aplausos de cartón, titulares obedientes y la sensación —breve, muy breve— de que algo parecido a la política todavía respiraba dentro del partido.

 

Pero bastó mirar los números con una lupa —no ideológica, apenas aritmética— para que la ilusión se desmoronara como discurso de campaña bajo la lluvia.

 

Empecemos por el dato más sincero de todos: el 64 % de los encuestados respondió “no sabe / no responde”. Es decir, seis de cada diez ciudadanos miraron la pregunta, miraron a las candidatas y optaron por el silencio. No es apatía: es desinterés activo. No es confusión: es desafección. La política convertida en ruido de fondo, como el televisor prendido en una sala vacía.

 

Luego viene la encuesta interna, esa que debía mostrar músculo militante, fervor ideológico, disciplina de partido. Y allí el panorama es aún más revelador. De una base de casi cinco mil militantes, participó apenas la mitad. La otra mitad hizo exactamente lo mismo que el 64 % del país: nada. No contestó, no se pronunció, no se sintió convocada.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de partido necesita encuestas para elegir candidata y aun así no logra que sus propios militantes participen? La respuesta también lo es: uno que ya no cree ni en sí mismo.

 

La encuesta, lejos de legitimar a la candidata, desnuda al partido. Un partido envejecido, repetitivo, atrapado en el pasado, que sigue hablando de mayorías silenciosas cuando lo único que obtiene es silencio, sin mayorías. Un partido que confunde disciplina con miedo y liderazgo con nostalgia.

 

Y entonces surge la gran pregunta nacional, la que no aparece en las fichas técnicas: si esto ocurre en una encuesta, ¿cómo serán las elecciones?

 

Porque cuando la base no participa y la ciudadanía no se interesa, el problema no es de candidatos, sino de sistema. No es que falten líderes: es que sobra desconfianza

 

Y cuando el uribismo entra en crisis, lo que queda no es la política sino el atajo: la fe puesta en la Registraduría, en el Consejo Nacional Electoral y en la democracia tercerizada de Thomas Greg & Sons, donde la voluntad popular se imprime por encargo. Y si eso no basta, aparece el último recurso: la súplica de la derecha colombiana por una intervención militar extranjera, con el visto bueno del sociopata de Donald Trump. Derrotados en las ideas y ausentes en las urnas, solo les queda lo de siempre: la trampa, el poder a la fuerza y la violencia.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

A William Fernando Hurtado Daza lo parió Popayán un 28 de octubre de 1977, entre el humo del fogón y el pregón de la plaza. Fue hijo de la mesa larga: esa escuela sin cuadernos donde la vida se aprende mirando. Su madre, cocinera tradicional, portadora paciente de la memoria gastronómica caucana; su padre, trabajador de la plaza de mercado, hombre de amaneceres. Entre ambos le enseñaron que el día empieza antes de que el sol se acuerde de salir.

Cuando era bebé, lo cuidaba la abuela Coco, su nana: una mujer afro de manos anchas y corazón sin cerrojos. Ella le dio el amor completo mientras los padres guerreaban el sustento. Coco fue su primer refugio y su primera palabra dicha sin miedo.

La su primaria la hizo en la escuela Víctor Garrido. A las cuatro de la mañana, la madre lo arrancaba del sueño, lo acomodaba en las sillas de los mesones de la galería y, a las siete en punto, lo despertaba para ir a clase. William aprendió temprano que estudiar también es resistir.

Con el terremoto de 1983, la tierra se abrió y la vida se desordenó. La familia pasó a los asentamientos frente a la galería de Popayán y luego fue trasladada al barrio San Rafael. Creció jugando entre los pabellones de la galería, las calles de cartón de los asentamientos y las veredas del sur de la ciudad. Ahí se le afinó el oído: supo escuchar el ruido del hambre y el silencio de la dignidad.

Su bachillerato fue itinerante. Autodidacta por necesidad y por terquedad, se graduó presentando las pruebas del ICFES con puntaje alto. Trasteó por las ingenierías, la ciencia política y, al final, se quedó donde el corazón manda: la literatura. Su vocación fue ser escritor y poeta; su pasión, la educación popular.

Trabajó en clubes juveniles de la Comuna 6 y fue fundador del proceso de Casa de Juventud en la Comuna 7 de Popayán. Ese camino se volvió, con el tiempo, la Casa de Educación Popular La Caracola. Allí formó generaciones de jóvenes que aún lo nombran como el profe William: el que peleaba a diario contra los monstruos de la muerte, la violencia y las drogas que cercan a los muchachos de los asentamientos.

Desde el teatro fundó el grupo Catarsis. Desde la palabra sonora creó la audiorrevista Escafandra y La Ocarina. Hizo pódcasts de cuentos de terror y, con su voz de locutor, cautivó al público caucano. Acercó la literatura y el teatro a los barrios populares sin pedir permiso ni alfombra roja. No fue literato de farándula: fue literato popular.

Bohemio soñador y enamoradizo, donjuán y rompe corazones. Crack del fútbol barrial, dueño del mediocampo. Dibujante y pintor; hábil para armar y desbaratar aparatos. Muchos dones, muchos talentos, todos al servicio de la gente.

Colaboró en lo gráfico y lo comunicativo con la Corporación Justicia y Dignidad. Acompañó a víctimas de crímenes de Estado con la paciencia del que sabe escuchar sin invadir. Nunca se puso por encima de nadie: caminó al lado.

William falleció el 12 de diciembre de 2025. Dejó un vacío hondo entre niños, niñas y jóvenes; entre víctimas, parceros y parches populares de Popayán. Pero también dejó algo más fuerte que la ausencia: una semilla bien disimulada, enterrada en cada historia contada, en cada escenario improvisado, en cada muchacho que aprendió a nombrar el miedo para no obedecerle.

Buen viaje, compañero. Tu legado perdura.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En el Cauca se prepara un lanzamiento político que, de entrada, parece un sketch argentino de Peter Capusotto: un señor llamado Elber González aspira a llegar a la Cámara de Representantes. Sí, Elber González. Sí, ese Elber González. Sí, el nombre que suena como remate de chiste verde de colegio en Suárez, Cauca.

Pero no. No es un chiste. Es un candidato. Y, para colmo, no es la primera vez que llega con padrinos o madrinas.

Porque aquí viene la parte no tan humorística y verdaderamente preocupante —esa que produce desilusión, náuseas y, más bien, pocas carcajadas—: hace cuatro años, el candidato Jesús Elber González fue apoyado nada más y nada menos que por Francia Márquez Mina. La misma Francia Márquez que hoy es vicepresidenta de la República, la que se supone respaldaría el proyecto de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, pero que entonces decidió caminar de la mano con Cambio Radical. Una decisión que le ha costado bastantes abucheos en escenarios públicos del Cauca.

Sí: Cambio Radical, ese partido que no necesita presentación porque su prontuario habla por él, y cuyo jefe supremo es Germán Vargas Lleras, alias Coscorrón, un digno representante de la derecha colombiana.

Recordemos —con una sonrisa nerviosa— que un recuento periodístico citado hasta el cansancio reportó que el partido tenía 19 congresistas condenados por parapolítica (Las2Orillas, archivo histórico). Recordemos también que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), solo en 2015 Cambio Radical acumulaba 115 sancionados entre disciplinarios, fiscales y penales, para un total de 141 sanciones registradas (MOE, 2015). Y recordemos, porque el país tiene mala memoria, que en abril de 2025 la Corte Suprema confirmó la condena de uno de los suyos, Antonio Guerra, por el alegre deporte de mezclar política y Odebrecht (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal).

Uno pensaría, entonces, que Francia Márquez —lideresa social, mujer negra, representante de las comunidades más golpeadas por los poderes regionales y nacionales— jamás pondría un pie donde huele a maquinaria rancia, es decir, a Cambio Radical. Y que, mucho menos, se subiría a una tarima con uno de sus candidatos. Pero pasó. Pasó hace cuatro años. Y no fue un malentendido. Ni un tropezón. Ni un “yo pasaba por ahí”. Fue presencia activa, micrófono en mano.

Por eso, la candidatura de Jesús Elber González en el Cauca no es solamente un chiste fácil sobre su nombre. Es un recuerdo incómodo de que la política colombiana tiene más curvas que la carretera del cañon del Chicamocha y más contradicciones que un discurso de unidad nacional.

Así que, esta vez, la ciudadanía del Cauca —y del país— solo pide un gesto sencillo: que la vicepresidenta no termine respaldando al partido con el récord histórico más nutrido en condenas, sanciones y escándalos, sino al proyecto político que dice defender.

Porque si Francia Márquez vuelve a apoyar a Cambio Radical, no será humor negro. Será humor del otro, del que ya no da risa.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Donald Trump, ese magnate de peluquín inverosímil y ego desbordado, ha decidido convertir la Oficina Oval —símbolo democrático por excelencia— en un mausoleo dorado digno de un faraón tardío. Mientras ordena un salón de baile de 200 millones de dólares para festejar quién sabe qué delirios de grandeza, manda cubrir con oro las paredes desde donde debería gobernar la república. Y lo hace, claro, justo después de recortar la asistencia sanitaria de 17 millones de estadounidenses y de apretar, con la frialdad de un contable sin alma, las tuberías de los programas que alimentan a los niños pobres. Necrocapitalismo neofascista: la estética y la ética coinciden.

Lo curioso es que, desde este trópico cada vez más febril, una parte de la derecha colombiana aplaude como si lo que Trump hiciera fuera obra del Espíritu Santo. Ahí están, de Alvaro Uribe a María Fernanda Cabal, pasando por Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella, Juan Carlos Pinzón y hasta Vicky Dávila, celebrando con entusiasmo servil las excentricidades del emperador naranja. Cipayos de un imperio que ni los mira: se desviven por un hombre que, si pudiera, bombardearía este país creyendo que es parte del patio trasero que Washington dibuja cada tanto para sentirse importante.

Lo veneran porque su brutalidad coincide con la suya: la idea de que el poder no se disputa, sino que se toma; de que la democracia es un estorbo que se esquiva; de que los pobres existen para ser usados como ejemplo o como amenaza, pero nunca como ciudadanos. Trump es su espejo: un caudillo sin pudor, un millonario que cree que gobernar es decorar palacios mientras desmonta derechos.

En el fondo, todo ese oropel no es más que una metáfora: el brillo del oro ocultando la podredumbre del poder. Y ellos, desde acá, felices de ser sus modestos admiradores tropicales.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La reciente explosión en la importación de ropa usada desde Estados Unidos volvió a encender las alarmas en Argentina. En menos de un año, el país pasó de tener un mercado regulado y protegido a convertirse en destino de toneladas de prendas rechazadas en otros lugares del mundo. Fardos de 25 y hasta 50 kilos llegan sin procesos de sanitización adecuados, alimentando un negocio que crece a costa de la industria nacional y de la salud pública.

Los gremios textiles y las cámaras del sector han sido categóricos: esto no es comercio, es desecho. Lo que está ingresando no es moda circular ni ropa vintage; son rezagos, sobrantes del norte global, prendas descartadas que ningún otro mercado quiere recibir. Y mientras miles de empleos locales quedan en riesgo, el gobierno celebra la apertura irrestricta como un triunfo del libre mercado.

El discurso de Javier Milei —el economista idolatrado por la derecha continental— prometía eficiencia, modernidad y un país integrado al mundo “serio”. Sin embargo, la realidad es brutalmente simbólica: Argentina dejó de ser un país productor para convertirse en un vertedero textil. Un basurero global. Una economía que ya no genera valor, sino que lo importa en forma de residuos.

Esta agenda económica tiene imitadores. En Colombia, algunos personajes emergentes de la derecha más radical sueñan con replicar ese modelo, como Abelardo de La Espriella, Vicky Dávila o María Fernanda Cabal, cuyos estilos y narrativas buscan parecerse a Milei para seducir a electores cansados. Pero detrás de esa estética “antisistema” se esconden recetas que destruyen tejido social, industria y soberanía.

Dios libre a cualquier país latinoamericano —Colombia incluida— de entregar el poder a un desquiciado que confunde economía con demolición y libertad con desregulación salvaje. Porque lo que pasó en Argentina no es ideología: es advertencia.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo