Categoría: Género

En la vereda La María, en Jambaló, al norte del Cauca, el 10 de junio de 2009 dejó de ser un día cualquiera. Para una mujer —cuyo nombre aquí no diremos porque aún la protegen el silencio y el miedo—, ese fue el día en que dos soldados del Ejército Nacional, Carlos Pulgarín y Héctor Elías Luján, le arrebataron la vida tal como la conocía. La interceptaron cuando caminaba, como tantas veces, por el monte que une a su comunidad con el resto del país. La violaron. Eran miembros activos de la Tercera Brigada.

El horror no terminó ahí. Quien la encontró después fue otro militar, que no se hizo el de la vista gorda y reportó el hecho. Fue él quien activó —a su modo— un intento de justicia. Pero lo que siguió fue otro tipo de violencia: amenazas, operativos disfrazados de presencia militar en su casa, seguimientos, miedo. Su abogada también fue testigo de esa persecución, de cómo se convirtió en objetivo solo por atreverse a hablar.

Ella vivía en Chimicueto. Tenía sueños simples: estudiar secretariado, cuidar a su familia, vivir en paz. Pero la guerra se le metió hasta los huesos. La Fiscalía encargada, bajo el mando del reconocido fiscal Juan Carlos Olivero —eterno funcionario de la Unidad de Derechos Humanos en Cali, tristemente célebre por maltratar a las víctimas y promover la impunidad en el suroccidente colombiano— recibió la denuncia, pero convirtió el proceso en una sala de interrogatorios que hurgaban más en su dignidad que en la responsabilidad de sus agresores. No hubo enfoque diferencial, ni perspectiva de género. Solo papeles, demoras y un sistema ciego.

Años después, logró que los responsables fueran condenados. Pero uno de ellos, Carlos Pulgarín, se fugó. No está tras las rejas. Hoy, se encuentra en libertad gracias a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. El otro también camina sin restricciones. Ella, en cambio, vive desplazada. Medianamente reparada por la justicia contencioso-administrativa —una indemnización sin alma, sin abrazo, sin verdad—, intentó levantar a su familia.

Pero la guerra volvió. En noviembre de 2023, su hijo menor de edad fue reclutado por un grupo armado. No supo más de él. La historia volvió a empezar.

Más al sur, en Puerto Caicedo, Putumayo, octubre de 2004 es recordado como el mes más oscuro por ocho mujeres. Juan Pablo Sierra Daza, apodado “el monstruo”, las violó en una sola semana. También asesinó a Rosalía, una campesina, y a Juan Guillermo, un niño motorista. No fue un delito aislado. Fue una operación de terror cometida con los paramilitares de las AUC. Las autoridades lo sabían. La comunidad lo gritó. Pero años después, Sierra Daza también se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también quedó libre.

Las víctimas, en cambio, no han vuelto a caminar tranquilas por sus calles. Cambiaron de casa. Algunas, de nombre. De vida. La justicia no fue hecha para ellas.

Ambos casos están hoy en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primero cuenta incluso con medida cautelar. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para que haya una verdadera posibilidad de justicia.

Estos dos casos, de la Colombia invisible, nos muestran lo mismo: un sistema judicial que se arrodilla ante la impunidad, una paz que no se negoció con las mujeres en el centro, y un país que les sigue fallando. Hoy, Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, no se trata de cifras ni conmemoraciones vacías. Se trata de reconocer que el cuerpo de las mujeres ha sido campo de batalla y que la justicia, muchas veces, ha sido cómplice por omisión.

Ellas no han pedido venganza. Solo han pedido verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero ni siquiera eso han recibido.

Por Justicia & Dignidad

El 28 de marzo de 2025, Luisa Fernanda Saldarriaga Leal desapareció en Tuluá, Valle del Cauca. Desde entonces, la familia vivió días de desesperación, sin respuestas, sin esperanza. El 1 de abril, su cuerpo fue hallado en la vereda Puerto Bertín, una zona rural del municipio de Buga, dentro de una maleta. La joven, que había sido vista por última vez con un grupo de amigos, dejó de responder mensajes el 31 de marzo, y desde entonces, su paradero fue un enigma. Las autoridades no pudieron confirmar su identidad hasta el 16 de abril, 15 días después de su macabro hallazgo, cuando Medicina Legal finalmente identificó sus restos. La noticia cayó como un balde de agua fría en una región ya golpeada por el flagelo de la violencia.

El caso de Luisa Fernanda es solo uno de los 126 feminicidios que se han registrado en Colombia hasta finales de marzo de 2025. El horror de su asesinato, que ocurrió en medio de la aparente tranquilidad de la zona rural, refleja la crudeza de una violencia que sigue creciendo a pesar de las políticas que se prometen desde el gobierno. Durante el 2022, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022–2026, en el que se sancionó la declaratoria de emergencia por violencia de género, generó expectativas sobre un cambio en las condiciones de las mujeres en el país. Se esperaba que este acto institucional, al menos, proporcionara una respuesta ante el creciente número de muertes violentas. Pero la realidad es otra. La crisis persiste y las víctimas siguen cayendo.

Y es que, para muchos, la respuesta del gobierno frente a la violencia de género sigue siendo vacía. El mismo presidente Petro, en una defensa inaudita de Armando Benedetti —acusado de violencia de género hacia su esposa— soltó una de las frases más desconcertantes que se haya oído en mucho tiempo: «Los feminismos matan hombres». Este es el tipo de declaración que nos lleva a preguntarnos si realmente comprendemos el alcance de lo que está sucediendo, si quienes están al mando realmente entienden el dolor y el sufrimiento de las víctimas.

Señor presidente, no son los feminismos los que matan hombres. Lo que mata es el patriarcado, esa estructura perversa que ha permitido que las mujeres sigan siendo deshumanizadas, reducidas a cifras en las estadísticas, despojadas de su derecho a vivir sin miedo. En Colombia, las mujeres ya no solo luchan contra los feminicidas, sino contra la indiferencia de un sistema que las ha dejado atrás.

Las cifras son alarmantes: 126 feminicidios en lo que va de 2025. Y aún así, el gobierno parece más preocupado por defender a los poderosos que por dar respuestas efectivas ante este desastre. La declaratoria de emergencia por violencia de género fue solo un papel vacío que no ha servido de nada. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo asesinadas, violadas, torturadas, y la justicia sigue siendo esquiva, distante, indiferente.

Lo que necesitamos, lo que pedimos a gritos, es una respuesta real, urgente, no solo en palabras, sino en actos concretos que cambien el panorama y frenen la barbarie que vivimos día a día. No podemos seguir siendo testigos de la indiferencia de un gobierno que ha hecho de las promesas un acto vacío.

Haga algo, por favor, señor presidente.

No nos condene a la barbarie.

La violencia no tiene cara de feminismo. La violencia tiene cara de patriarcado.

Por: Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

Sara Millerey tenía 32 años. Quizá soñaba con un futuro sencillo: una casa propia, un amor limpio, la posibilidad de caminar por la calle sin miedo. Pero eso, en este país que celebra la muerte con discursos vacíos, le fue negado. A Sara la golpearon hasta quebrarle los huesos. Luego la arrojaron a una quebrada como si su vida no valiera nada. Como si su nombre, su identidad, su dignidad, fueran basura.

Era viernes. El sol caía como plomo sobre las calles de Playa Rica, en Bello. En algún punto de esa tarde, a Sara la sacaron de la vida que tejía con dignidad, a golpes. Golpes de odio. Golpes que no buscaban robarle nada más que su existencia. Su cuerpo, aún con vida, fue arrojado a las aguas de la quebrada La García. Pero Sara se aferró. A las ramas. A la vida. A la posibilidad de que alguien la oyera.

Y alguien la oyó.

Dos hombres, acaso conmovidos por su grito, se lanzaron al agua y la sacaron de allí. Después vendría el traslado al hospital. La cama fría. La espera. El dolor. La muerte.

Murió días después. No porque quisiera. No porque estuviera sola. Sino porque los golpes habían sido brutales. Le fracturaron manos y pies, como si el castigo fuera no permitirle salir jamás de la quebrada. Como si quisieran borrar su humanidad.

Pero el agua no borra la violencia. La arrastra. La exhibe. La devuelve, como un espejo sucio que este país se empeña en no mirar.

Sara fue la número trece. Trece personas LGBTIQ+ asesinadas en Antioquia en lo que va del año. Hugo Alexander Ramírez Carmona, muerto en su casa en Medellín. Luis Fernando Orozco, asesinado en Zona Bananera. Todos distintos, pero unidos por el mismo hilo rojo de la impunidad. La misma rabia. El mismo silencio institucional que a veces se disfraza de comunicados, de planes vacíos, de protocolos sin alma.

No es casual. Es sistemático.

Mientras la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín guardan discursos de inclusión en las gavetas, la sangre de Sara tiñe las aguas de La García. Hugo muere en la madrugada, sin que nadie lo salve. Luis Fernando cae en Orihueca, bajo el plomo de unos sicarios.

¿Qué más se necesita para decir que esto es una masacre a cuentagotas?

A Sara no la mató solo quien levantó la mano. La mataron los prejuicios. La mató el Estado con su indiferencia. La mataron quienes callan, quienes justifican, quienes dudan que una mujer trans merezca justicia.

Y sin embargo, algo queda.

Queda el grito de Sara entre las ramas. Quedan los dos hombres que la sacaron del agua. Queda la voz de quienes, como ustedes al leer esto, se atreven a no olvidar.

Porque la dignidad —como el río— siempre encuentra un camino.

Por: Sofía Lopez Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad .

En una decisión histórica que busca saldar una deuda estructural con las mujeres en el ámbito público, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 2453 de 2025, una norma integral que establece medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política. La ley fue firmada el 2 de abril por el presidente Gustavo Petro, junto a las ministras y ministros de Justicia, Interior e Igualdad, y ya rige en todo el territorio nacional.

Esta normativa marca un punto de inflexión para la democracia colombiana: por primera vez se reconoce legalmente que la violencia política contra las mujeres no solo existe, sino que opera de formas múltiples y muchas veces silenciosas. Desde la agresión física hasta los ataques digitales y simbólicos, la ley tipifica expresamente todas las modalidades de violencia que buscan limitar el ejercicio político de las mujeres por razón de género.

Participar sin miedo: un derecho fundamental

La ley reconoce que las mujeres tienen derecho a una vida política libre de violencia, sin discriminación y sin estar sujetas a estereotipos de subordinación. En ese sentido, protege su participación en procesos electorales, en cargos públicos, en el control del poder político y en todas las instancias de representación y toma de decisiones.

“La participación política de las mujeres no puede seguir siendo un campo minado por el miedo y la agresión. Esta ley es una herramienta para que ninguna mujer tenga que elegir entre sus derechos políticos y su integridad”, afirmó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz.

Violencia política con nombre y apellido

La Ley 2453 define la violencia política como cualquier acción, conducta u omisión, pública o privada, que busque restringir los derechos políticos de una mujer y que esté basada en elementos de género. Reconoce formas específicas de agresión como:

Violencia digital: ataques en redes sociales, suplantación de identidad o difusión no autorizada de contenido.

Violencia simbólica: perpetuación de estereotipos que deslegitiman la autoridad femenina.

Violencia económica: restricciones al acceso a recursos para campañas políticas.

Violencia vicaria: agresiones que usan a familiares o personas cercanas como blanco para dañar a la mujer.

Mecanismos de protección y vigilancia

La ley establece que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y entidades como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y personerías municipales deberán vigilar el cumplimiento de esta normativa, otorgar medidas de protección y acompañar legalmente a las víctimas.

Además, los partidos políticos estarán obligados a implementar protocolos internos de prevención, atención y sanción, con el acompañamiento de sus dependencias de género, sin que ello implique intervenir en su autonomía organizativa.

Interseccionalidad y riesgo extraordinario de género

La norma también introduce dos conceptos clave: la interseccionalidad, para reconocer que hay mujeres más vulnerables por su raza, orientación sexual o condición étnica, y la presunción de riesgo extraordinario de género, que obliga al Estado a actuar con urgencia ante denuncias de amenazas o agresiones contra lideresas.

Un cambio de época

Con la Ley 2453, Colombia no solo se alinea con los tratados internacionales en derechos humanos y equidad de género, sino que da un mensaje claro: la democracia plena solo es posible cuando las mujeres pueden ejercer su liderazgo sin miedo.

Porque no basta con abrirles la puerta a las mujeres en la política: hay que garantizar que puedan entrar sin ser violentadas.

Por: Prensa Justicia y Dignidad