Hasta que todos regresen: el legado de Yanette Bautista

En Colombia, la palabra desaparición forzada carga con un peso insoportable: madres, hermanas, hijas y esposas que viven con la ausencia, que caminan con una foto en el pecho, que golpean puertas cerradas por el silencio y la impunidad. Entre ellas, Yanette Bautista fue luz y fuerza.

Su vida cambió para siempre el 30 de agosto de 1987, cuando su hermana Nydia Érika Bautista fue desaparecida forzadamente. El dolor se transformó en impulso: Yanette convirtió el vacío en búsqueda y la búsqueda en causa colectiva. No se detuvo ante el miedo, la estigmatización ni el exilio. Desde hospitales hasta morgues, desde brigadas militares hasta despachos judiciales, llevó la foto de Nydia Érika preguntando lo que aún hoy miles de familias preguntan: ¿dónde están?

De esa herida nació la Fundación Nydia Érika Bautista, que acompañó a centenares de mujeres y familias que compartían la misma ausencia. Yanette entendió que el dolor era común, y que la dignidad debía ser también colectiva. Su voz no solo reclamó justicia para su hermana, sino para todas las víctimas de desaparición forzada, especialmente para las mujeres que, con amor y coraje, se volvieron buscadoras en un país que muchas veces quiso silenciarlas.

Gracias a su liderazgo, la lucha de las mujeres buscadoras fue reconocida como un pilar de construcción de paz. Su tenacidad abrió caminos para que el Estado admitiera la deuda con ellas, impulsando leyes y medidas de protección que hoy quedan como herencia de su batalla.

Yanette no solo buscó a su hermana. Yanette buscó a cada desaparecido. Y en esa búsqueda, nos enseñó a todos que la memoria es resistencia, que el amor vence al miedo, y que la justicia es posible cuando se camina juntas.

Hoy despedimos a Yanette Bautista con gratitud infinita. Ella nos deja un legado de dignidad y esperanza que seguirá vivo en cada mujer buscadora, en cada marcha por los desaparecidos, en cada grito que exige verdad y justicia.

Hasta siempre, Yanette. Hasta que todos regresen a casa.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Miguel Uribe Turbay no es quien recibe nuestras condolencias hoy

Por Sofía López Mera/Abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

El café humeaba sobre la mesa. Yo lo sostenía como quien se aferra a una cuerda en mitad del abismo.

Me había citado para “hablar amistosamente”. Eso dijo.9Pero la palabra amistad se rompió con cada golpe seco de su mano sobre la madera.

Los cubiertos tintineaban.

Su voz era un cuchillo que se me venía encima:

—¿Por qué me dejaste?

Los ojos rojos, el labio tembloroso, las lágrimas espesas como aceite viejo. No era tristeza. Era rabia.

Mis dedos apretaban el vaso hasta dolerme los nudillos.

Frío por fuera, hirviendo por dentro. Imaginaba lanzarlo, cubrirme, correr. Pero estaba atrapada.

Las señoras de la cafetería miraban al suelo. El silencio era un pacto: no ver, no oír, no intervenir.

Tal vez por miedo. Tal vez porque la violencia contra nosotras ya es paisaje.

Cuando me recogió el escolta de la UNP, le conté. Me respondió con un encogimiento de hombros:—Son cosas de pareja y en eso no me meto. Y sentí que otra puerta se cerraba.

Ese mismo día, leí la noticia: el 3 de agosto, en El Plateado, Argelia, mataron a Astrid Viviana Ordoñez Arcos.

La plaza olía a pólvora y a mango maduro bajo el sol. Astrid había sido voz, puente, escudo. Lideresa social. Mujer de palabra firme y pasos decididos. Le dispararon frente a todos. Llamé a un profesor que trabaja en el pueblo. Me contó que había llegado una hora después. Que vio el cuerpo.

—¿Quién fue? —pregunté.

—No se sabe —dijo.

Y ese “no se sabe” sonó a “ya no importa”.

En la noche, el brillo azul del teléfono trajo otro horror. Xiomara Ramírez, en Buenaventura. Desnuda, corriendo por unas gradas con la piel marcada. Él, también desnudo, la seguía. La atrapó por el cabello, la arrastró hacia arriba. Ella pedía ayuda. Nadie llegó.

El hombre, Steven Riascos, la golpeó hasta dejarla inconsciente.

En otro video, una hora antes, se les ve vestidos, discutiendo. Él la carga como quien levanta un costal. El preludio de la brutalidad.

Al amanecer, otra noticia: el sur del Cauca se llenó de otro nombre. Yesica Lorena Yonda. 23 años. Estudiante de enfermería. Oriunda de Silvia, viviendo en El Mango, Argelia, para poder estudiar. Tenía una hija pequeña que ahora la busca en sueños.

La encontraron sin vida el 10 de agosto. La comunidad dice que era alegre, dedicada, solidaria. Ya es una foto en una cartelera, una silla vacía en el salón de clases.

Y como un eco que no se apaga, vuelve 2012. Rosa Elvira Cely. Violada, empalada, asesinada. Y las palabras ruines que salieron de la oficina jurídica de la Alcaldía de Bogotá, entonces bajo Miguel Uribe Turbay:

Que si no hubiera salido con dos compañeros después de clase, no estaríamos lamentando su muerte.

Como si la culpa fuera de ella.

Como si la vida de una mujer dependiera de encerrarse.

Como si el asesino fuera un fantasma sin manos ni rostro.

Eso también mata.

La culpa que nos echan encima.

El silencio que nos cubre como tierra húmeda.

La mirada que se aparta.

La voz que dice “son cosas de pareja” y cierra la puerta.

Por eso hoy no doy condolencias tibias.

Hoy nombro a Astrid, a Xiomara, a Yesica, a Rosa Elvira.

Me nombro a mí.

Y nombro a todas las que no regresaron vivas.

Porque no son cosas de pareja.

Son cosas de muerte.

Y la muerte de una mujer no es un accidente:

Es la marca más oscura de un país que todavía cree que valemos menos.

No es racismo ni misoginia, es la traición a los nadies

En 2022, cuando Francia Márquez llegó a la vicepresidencia y asumió el liderazgo del recién creado Ministerio de la Igualdad y Equidad, muchos creímos que la historia estaba cambiando. Por primera vez, una mujer negra, del pueblo, de las resistencias, con un discurso claro sobre justicia social, tomaba las riendas de una cartera con 1,8 billones de pesos destinados a transformar la vida de las y los históricamente excluidos.

Fue un momento simbólico y poderoso. Los nadies, como los llamó Galeano, llegaban al poder.

Pero esa promesa se quedó en el papel. Hoy, dos años después, los resultados son contundentes y, lamentablemente, profundamente decepcionantes.

Cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y del Portal de Transparencia Económica muestran que en 2024 solo se ejecutó el 3 % del presupuesto total. Es decir, apenas unos 55.000 millones de pesos de los 1,8 billones asignados. Y de ese 3 %, más del 80 % se destinó a funcionamiento interno: sueldos, viáticos, arriendos, viajes y gastos administrativos. Poco, poquísimo, llegó a quienes supuestamente se quería dignificar.

Con ese presupuesto se habría podido implementar una renta básica para madres cabeza de hogar, financiar centros comunitarios para mujeres víctimas de violencia en los territorios más golpeados por el conflicto, impulsar una red pública de cuidados para mujeres rurales, garantizar acceso a salud menstrual en regiones olvidadas como el Pacífico o La Guajira, o fortalecer el trabajo informal de recicladoras, campesinas, vendedoras ambulantes, cuidadoras. Pero nada de eso ocurrió.

La gestión del Ministerio se centró en construir burocracia, contratar personal y recorrer el país dando discursos. Los programas sociales quedaron en fase de diseño o diagnóstico. Mientras tanto, las comunidades que creyeron en Francia siguen esperando.

Y es aquí donde debe hacerse una distinción necesaria y dolorosa: quien afirme que señalar estos hechos es racismo o misoginia, está desviando el foco. Esta crítica no tiene que ver con el color de piel ni con el género. Tiene que ver con la responsabilidad de gobernar. Tiene que ver con la traición a los sueños de los nadies. Porque cuando alguien que viene del pueblo llega al poder y falla de esta manera, no solo desperdicia un presupuesto: le cierra la puerta a millones. Le entrega a las élites un nuevo argumento para sostener sus privilegios. Le da excusas a la derecha para decir: “¿ven? el pueblo no sabe gobernar”.

Francia Márquez no solo tuvo los recursos. Tuvo el respaldo político, la visibilidad internacional, el viento a favor, y una legitimidad única. Y no la usó. Hoy, quienes la defendimos, quienes marchamos con ella, quienes la escuchamos con esperanza, tenemos el derecho —y el deber— de exigirle cuentas. Porque lo que falló no fue una institución: fue una promesa. Una promesa a los de abajo. Una promesa a los que nunca han tenido nada.

No, no es odio. No, no es racismo. Es dolor. Es frustración. Es indignación. Es el grito de los nadies que, otra vez, fueron traicionados.

Porque si los nuestros llegan al poder y se comportan como burócratas ineficientes, no solo pierden ellos. Perdemos todos.

Por Prensa Justicia & Dignidad

¿Autoexterminio indígena? El conflicto en el Cauca que mata desde adentro

En el Cauca, el conflicto armado no solo llega con fusiles. También habita en las casas, en las cocinas, en los mismos territorios ancestrales. Esta semana, el país volvió a llorar a sus líderes: el mayor indígena Marcos Yonda y la guardia ancestral Aída Dámaris Flor Camayo fueron asesinados. Dos muertes, dos símbolos, una misma herida.

A Marcos Yonda, sabedor espiritual del pueblo Nasa, lo asesinaron con arma blanca en su vivienda, en la vereda Taravira del municipio de Páez. Era guía espiritual y protector del equilibrio territorial. Su muerte no ocurrió en combate: fue una ejecución. Un mensaje. Una ruptura del respeto ancestral.

A Aída Dámaris Flor Camayo, comunera del Resguardo de Honduras en Morales, la asesinó un comunero: Didier Campo, también indígena. No fue un grupo armado. Fue un feminicidio cometido dentro del mismo territorio. Su resguardo lo denunció con claridad: “Rechazamos los feminicidios contra nuestras mujeres dadoras de vida”. Porque la violencia no solo llega desde afuera: también brota cuando se rompe el tejido comunitario.

Estos crímenes no son hechos aislados. Reflejan una crisis profunda del movimiento indígena. Muchos de los comandantes de grupos armados son hoy indígenas que fueron reclutados siendo niños. Jóvenes que regresan a sus tierras convertidos en verdugos. Indígenas matando indígenas. La guerra por dentro.

A esto se suma la desconexión entre las bases y las autoridades. Las decisiones ya no se tejen desde la comunidad. El movimiento indígena está fracturado, y esa fractura se refleja en los asesinatos, el reclutamiento forzado de menores, la imposición de normas armadas y la impunidad.

Según Indepaz, en lo que va de 2025 han sido asesinados 90 líderes y lideresas sociales en el Cauca. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, más de 360. No es una casualidad. Es una estrategia de exterminio. Matar a sabedores, guardias y lideresas es matar la raíz misma del pueblo.

La paz en el Cauca no puede pensarse desde los escritorios. Tiene que construirse desde las comunidades, desde las mujeres, desde los sabedores. Desde adentro.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Las mujeres del Putumayo caminan con el alma rota

Crónica de guerra, silencio e impunidad

Por alguna trocha del Putumayo aún debe estar el eco de ese grito que nunca se escuchó.

“¡No! ¡No me toquen! ¡No soy guerrillera!”

Pero el fusil no pide permiso.

Ni la puñaleta.

Ni las manos sucias de odio que arrancan la dignidad como si fuera ropa vieja.

Era octubre de 2004. Las mujeres se bajaban de las canoas con las manos cargadas de dulces para los hijos, víveres, historias de mercado, risas pequeñas. No sabían —cómo iban a saber— que el caserío Arizona ya no era un pueblo, sino una trampa. Que allí no mandaba la ley, sino el miedo.

Un sargento del Ejército llamado Juan Pablo Sierra Daza, alias Motosierra, alias El Boquinche, llegó con paramilitares a su lado. Hablaba duro, con rabia. Mostraba una lista de nombres que nadie debía leer. Y señalaba a quien respirara distinto.

En la semana del 24 de octubre de 2004, fueron violadas siete mujeres, y una mujer y un menor de edad fueron ejecutados extrajudicialmente, luego de haber sido señalados —sin pruebas, sin proceso, sin juicio— de pertenecer a la guerrilla.

No eran guerrilleras.

Eran campesinas.

Lo que ocurrió allí fue una operación encubierta para sembrar terror en la comunidad, para “limpiar el territorio”, para dejarlo libre a favor del control paramilitar, con el Ejército como socio operativo.

Una de ellas fue obligada a caminar como escudo humano durante un combate. A otra le apuntaron entre las piernas. A otra la hicieron confesar entre golpes que era guerrillera, para luego vestirla de camuflado. A todas las encerraron, las desnudaron, las torturaron, les pasaron la puñaleta entre el cuerpo, las insultaron, las quebraron.

Mientras tanto, el niño en brazos de una madre ejecutada fue devuelto como un paquete más.

Y el terror seguía su curso.

El sargento Sierra Daza reconoció algunas ejecuciones extrajudiciales por las que ya ha sido condenado por la justicia ordinaria. Pero negó absolutamente cualquier hecho de violencia sexual. Y aunque las víctimas han relatado estos hechos con todo el dolor del mundo, la JEP titubea.

Porque «en algo confesó», dicen.

Y así, la puerta de la impunidad sigue abierta de par en par.

No será expulsado.

Porque aún puede “contribuir a la verdad”.

¿A qué verdad? ¿A cuál justicia?

Lo cierto es que en este proceso, las mujeres víctimas fueron expuestas de nuevo, obligadas a revivir el horror ante el agresor que las mira, las niega, y las vuelve a matar con cada palabra. Y también fue señalada la organización que las acompaña, Corporación Justicia y Dignidad, por parte del propio compareciente.

Nosotras. Las que nunca dejamos de creerles a las mujeres víctimas.

Como si eso no fuera suficiente, la vía de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está paralizada, porque la JEP no remite la información necesaria a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Estado calla.

La JEP calla.

Y la impunidad grita.

La violencia sexual en el Putumayo no fue un hecho aislado. Fue una práctica repetida, sistemática, planificada.

Las cifras lo confirman.

El horror lo respalda.

Según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones de víctimas, la violencia sexual fue parte estructural del control territorial en el Putumayo. En lugares como El Placer, Puerto Caicedo y La Dorada, se documentaron violaciones sistemáticas a mujeres, niñas y adolescentes, usadas como objetos, trofeos o castigos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica lo calificó como una práctica generalizada, con la mayor tasa de violencia sexual del país: 245 víctimas por cada 100 000 habitantes.

En los entrenamientos y consignas de guerra se enseñaba sin disimulo:

“Sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero. A tus mujeres violaremos y a tus hijas mataremos.”

Hoy, muchas de esas mujeres caminan con el alma rota… y aún así siguen caminando.

Porque si no lo hacen ellas, nadie contará que la guerra en Colombia no solo mata.

También viola.

Y calla.

Por Prensa Justicia & Dignidad

El odio contra las mujeres no siempre apunta al pecho. A veces atraviesa el cuerpo de sus hijos.

Popayán amaneció con la piel desgarrada. Dos niños —de 10 y 13 años— fueron apuñalados mientras dormían en un hostal del centro histórico. El agresor: Jhonatan Martínez Orozco, de 31 años, compañero sentimental de la madre. No era un ladrón. No entró por venganza callejera ni ajuste de cuentas. Entró a herir, a matar, a destruir donde más duele: en la carne de los hijos.

¿Quién le dio derecho a ese hombre a decidir sobre la vida de esos niños? El patriarcado.

Ese viejo régimen, vestido de celos, de control, de “tú me perteneces”. Esa estructura invisible pero letal que autoriza a los hombres a castigar a las mujeres por vivir, por separarse, por tener hijos que no son suyos, por no obedecer.

Esto es violencia vicaria: cuando un hombre hiere a una mujer atravesando el cuerpo de sus hijos. No es locura. No es arrebato. Es patriarcado en acción. Es el crimen de género más silencioso y más devastador.

En la madrugada del jueves 3 de julio, mientras los niños dormían, Martínez entró sin aviso con una navaja. Uno quedó herido en la pierna. El otro, con lesiones graves, tuvo que ser operado. Sobrevivieron. Pero la herida queda.

El día de ayer, 6 de julio, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Martínez por tentativa de homicidio agravado. La comunidad intentó lincharlo. La justicia, por ahora, lo mantiene preso.

Colombia llora a sus hijos muertos, heridos, traumatizados. Pero sigue sin nombrar esta forma de violencia como lo que es: un crimen político. Una advertencia brutal para todas las mujeres: “Si no eres mía, te vas a arrepentir”.

Hay cifras contundentes que evidencian la magnitud de la violencia vicaria en el país: más de 3.400 mujeres entre mediados de 2023 y mayo de 2025; 2.517 casos solo en 2023. La discusión legal avanza, pero la realidad reclama urgencia en visibilidad, tipificación y protección efectiva para las víctimas.

Justicia no es solo cárcel. Justicia es llamar las cosas por su nombre. Y el nombre de esto es odio patriarcal.

Que no se esconda. Que no se normalice.

Que no vuelva a pasar.

—Prensa Justicia y Dignidad

#ViolenciaVicaria #JusticiaYa #NiUnaMás #NoEsUnCasoAislado

Crónica de la cordura patriarcal

Crónica de la cordura patriarcal

Por: Prensa Justicia & Dignidad

ATENCIÓN: si una mujer alza la voz, está loca.
Si denuncia un abuso, es histérica.
Si exige respeto, una exagerada.
Pero si un hombre toma un hacha, mata a su hermana, quema la casa y deja tres niños huérfanos, entonces… “pobrecito, estaba mal de la cabeza”.

Y así seguimos: entre diagnósticos convenientes y silencios cómplices.

Este 28 de junio, mientras algunas celebraban el Orgullo de ser libres y diversas, en la vereda Valle Nuevo del resguardo Honduras, municipio de Morales, Cauca, dos mujeres fueron asesinadas con un hacha. El presunto responsable: un joven de 25 años.
Después de matarlas, incendió la casa con sus cuerpos adentro.

Uno de los cuerpos quedó totalmente calcinado.
Del otro, solo quedaron las quemaduras.
Tres niños presenciaron el horror.
Tres niños que lograron salir corriendo de las llamas.
Tres niños que ahora son huérfanos.
Pero el diagnóstico oficial no hablará de eso.
Hablará de “trastornos mentales”.

¿Y saben qué más tenía este joven, además de un arma homicida y fósforos?
Impunidad patriarcal.

Sí, esa impunidad que diagnostica locura cuando él mata, pero llama “exageración” a cualquier intento nuestro por defender la vida.
Porque claro, si lo hace él, está enfermo.
Pero si lo denuncia ella, está loca.
Y ni se te ocurra llorar, protestar o hacer plantón.
“Ahí están las locas feministas otra vez”.
Las mismas que intentan salvar a las que ya nadie escucha.

Ya basta.
No es una locura defenderse.
No es una enfermedad gritar “¡no me mates!”.
No estamos trastornadas por exigir vivir.

Lo trastornado es este sistema que prefiere proteger al agresor con excusas clínicas, mientras nosotras cargamos el peso de la culpa, el juicio social y los féretros de nuestras hermanas.

Hoy, tres niños —una niña de 7 años y dos mellizos de 1 y 2— quedaron huérfanos.
Y nadie va a decir que su infancia fue incendiada por el machismo.
Solo hablarán del desequilibrio mental del agresor.
A ver si así suena más digerible.

Pero no.
Esto no es una tragedia aislada.
Es un síntoma.
Y como toda enfermedad crónica, solo se cura con verdad.

No somos locas.
Locura es normalizar esto.
Locura es silenciarlo.
Locura es seguir justificando lo injustificable.

Ya no más.
Ni una menos.
Ni una silenciada.

28 de junio: Crónica de una rabia que se volvió orgullo

No hay nada más peligroso que una costumbre rota. Y en la madrugada del 28 de junio de 1969, en un rincón maloliente del Greenwich Village de Nueva York, se rompió una de las más antiguas: que los diferentes agachen la cabeza.

El Stonewall Inn era un refugio. Sucio, oscuro, clandestino. Allí se escondían quienes el mundo empujaba a la orilla: maricas, lesbianas, travestis, negras, pobres, latinas. Gente sin patria, sin permiso, sin tregua. Gente que, para bailar, tenía que mirar la puerta. Que, para besarse, tenía que mirar al suelo.

Y como siempre, la policía llegó.

Dicen que eran las dos de la mañana.

Dicen que no era la primera redada, ni la peor.

Dicen que una muchacha trans fue la primera en empujar al primer policía.

Dicen muchas cosas.

Pero lo que nadie discute es que esa noche se encendió algo que ya no se pudo apagar.

Los clientes no huyeron.

No se escondieron.

No pidieron disculpas por existir.

Se defendieron.

La policía —acostumbrada a imponer, no a explicar— se vio rodeada. Botellas, ladrillos, tacones.

Furia acumulada en años de insultos, golpizas, humillaciones.

Furia que no pedía perdón ni permiso.

Marsha P. Johnson, negra, trans, pobre.

Sylvia Rivera, latina, trans, desobediente.

No eran dirigentes, ni mártires de profesión.

Eran cuerpos expulsados de todas partes, que decidieron no irse más.

Lo que vino fueron seis días de resistencia en las calles. Las noticias trataron de ocultarlo. La policía de minimizarlo. El poder de olvidarlo.

Pero no se puede enterrar lo que ya se sembró.

Un año después, las calles de Nueva York se llenaron de cuerpos que marchaban por primera vez sin vergüenza. Sin miedo. Y sobre todo, sin permiso.

No era una fiesta. Era una caminata hacia la dignidad.

El Orgullo, ese día, no fue un eslogan ni una moda. Fue el nombre que se le dio a la rabia cuando se organiza, al dolor cuando se reconoce, a la diferencia cuando se abraza.

De ahí en adelante, cada 28 de junio es memoria viva.

De quienes se atrevieron a decir que no.

De quienes murieron por decir que sí.

De quienes todavía hoy, en tantas partes del mundo, son castigados por amar.

Stonewall no fue un milagro. Fue consecuencia.

De la rabia. De la exclusión. De la soledad.

Pero también de la ternura.

De las redes que se tejen en los márgenes.

De los abrazos que salvan más que las leyes.

Stonewall no fue el final. Fue el principio.

Y aún caminamos.

Por Sofía López Mera – Justicia & Dignidad

Cali 28 de junio 2025

Asesinaron a la lideresa campesina Angie Leandra Henao

La lista de lideresas continúa en Colombia, pero en el Cauca se intensifica. Y en el norte del Cauca ya es costumbre.

A Angie Leandra Henao la mataron el viernes 27 de junio de 2025 en la vereda El Silencio, municipio de Corinto, Cauca. Eran las 2:30 de la tarde. Estaba en su casa con sus tres hijos cuando llegaron hombres fuertemente armados. No preguntaron. No gritaron. Solo dispararon. En repetidas ocasiones. Frente a sus hijos. Y se fueron, como si se pudieran borrar así nomás las huellas de un crimen político.

Angie era madre, campesina, lideresa veredal e integrante activa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Su muerte no fue un accidente ni un daño colateral: fue un mensaje. En el Cauca, ser mujer y liderar procesos comunitarios es ponerse una diana en la espalda. La tierra que se siembra también se defiende, y esa defensa molesta.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 221 lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Muchas de ellas eran defensoras de la tierra, constructoras de paz, guardianas del agua, de la palabra y de la vida. Esta cifra no es una coincidencia ni una estadística: es un grito de alerta. Un mapa del miedo. Y ese mapa tiene un epicentro: el Cauca.

En el norte del departamento, se ha vuelto rutina contar lideresas asesinadas. En cada vereda, en cada consejo comunitario, hay una historia interrumpida. La violencia no distingue edades ni trayectorias. A las que más construyen, a esas son a las que buscan. Lo que está ocurriendo es un patrón de exterminio político. Las matan por lo que representan: autonomía, organización, poder desde abajo.

Los actores armados —sean disidencias, narcos o estructuras mixtas— saben que matar a una lideresa no solo elimina a una mujer. Golpean a toda la comunidad. Siembran miedo. Debilitan los procesos. Y abren espacio para el control territorial que necesitan. La muerte de Angie no es solo una tragedia. Es un síntoma de una enfermedad vieja: la indiferencia del Estado.

La ANUC, organización histórica del campesinado colombiano, ha exigido protección y garantías. También ha hecho lo que el Estado no hace: sostener la memoria, denunciar y acompañar a las familias. Pero no puede sola. Ni la ANUC, ni las comunidades, ni los movimientos de mujeres pueden cargar solas con esta guerra silenciosa.

El país no puede seguir naturalizando estos crímenes. Las mujeres campesinas no son cifras. Son columna vertebral de sus territorios. Y cada una que cae deja un hueco que no se llena con comunicados.

Angie Leandra no murió: la asesinaron. Y si no se hace justicia, el mensaje que queda es claro: en Colombia, ser mujer y liderar te puede costar la vida.

¡La vida campesina se respeta!

Por Prensa Justicia & Dignidad

¡Nos falta una, nos faltan todas!

En Colombia están desapareciendo niñas. Y nadie hace nada.

No es exageración. Es real: niñas de 13 a 16 años que salieron de casa y no volvieron. Tienen nombre, rostro, sueños, una madre que llora, una cama intacta esperando.

María Paula Artunduaga (13 años) — 25 de mayo. San Vicente del Caguán, Caquetá. Subió a un taxi con otra niña y un hombre. No volvió.

Zhaida Dayana Briñez (15 años) — 18 de mayo. Usme, Bogotá. Desapareció sin dejar rastro. Su nombre ni circuló.

Helen María Tejada (14 años) — 30 de mayo. Colegio Villa del Progreso, Usme. Salió con su bolso rosado. Nadie la ha vuelto a ver.

Horiannys Hernández (14 años, venezolana) — 31 de mayo. Fontibón, Bogotá. La vieron caminando por última vez.

Irlanda Méndez Daza (14 años) — 31 de mayo. Aguazul, Casanare. Iba rumbo a Villavicencio. Su madre busca sin descanso.

Isabella Usse (14 años) — 3 de junio. Buenos Aires, Medellín. Brackets, cicatriz en el labio. Se la tragó la ciudad.

Karen Valeria Quevedo (15 años) — 3 de junio. Cáqueza, Cundinamarca. Se bajó de una bodega. Y desapareció.

Nicole Guevara Cadena (16 años) — 5 de junio. Bucaramanga. Salió del colegio. Hay mensajes anónimos que dicen que no volverá.

María José Hernández (13 años) — 3 de junio. Cali. Por fortuna, ya apareció. Su caso recuerda que cada día cuenta.

Mientras las desapariciones crecen, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz grita. Y no lo escuchan.

El ICBF no es refugio. Muchas adolescentes huyen de sus centros por los tratos que reciben. Las Consejerías de Mujer y Derechos Humanos están desconectadas. La Fiscalía pierde denuncias o no actúa. Los mecanismos de búsqueda se activan tarde —o nunca.

Este país está dejando perder a sus niñas. Está fallando en su deber más básico: proteger la infancia.

Nos falta una. Nos faltan todas. Y no dejaremos de nombrarlas.

Si sabes algo, comunícate: movimientodemadresymujeres@gmail.com, +57 316 8860675

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#NosFaltanTodas

#NiñezEnRiesgo

#ColombiaDespierta

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