Otra vez el sur: explosiones, muertos y heridos en Cauca, Huila y Valle

por Sofia Lopez2025, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Otra vez el sur. Otra vez el Huila. Otra vez el Cauca y el Valle del Cauca. Otra vez una madre gritando sobre el cadáver de su hija. Otra vez los niños llorando, cubiertos de polvo y esquirlas. Otra vez la Semana Santa teñida de sangre. Y otra vez, como siempre, los muertos los pone el pueblo.

Este 17 de abril de 2025, Jueves Santo, mientras millones de colombianos rezaban por la paz, tres explosiones sincronizadas en Mondomo (Cauca), La Plata (Huila) y Jamundí (Valle del Cauca) recordaron lo que ya sabíamos: que la guerra no ha terminado, que las armas siguen mandando en muchas regiones, y que detrás de cada estallido hay intereses que huelen más a poder que a revolución.

Ese Jueves Santo no hubo resurrección posible para Luisa Fernanda Trujillo Peña, de tan solo 19 años, ni para su hermano Sergio, recién graduado del colegio, víctimas mortales de un atentado con motobomba en La Plata, Huila. Mientras participaban en las actividades religiosas, una motocicleta cargada de explosivos estalló frente a la estación de Policía, dejando 25 heridos —cinco de ellos menores de edad—, decenas de motos incineradas, viviendas destruidas y una comunidad entera sumida en el miedo.

El mismo día, a las siete de la mañana, Mondomo, corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, fue sacudido por la explosión de un carro bomba frente a la estación de Policía. El saldo: una mujer indígena, Esther Julia Camayo, muerta en plena vía Panamericana, y cinco personas heridas, dos de ellas remitidas en estado crítico a la Clínica Valle del Lili. En un video que circula en redes, se ve a una madre gritando desconsolada sobre el cuerpo inerte de su hija. Esas imágenes, lejos de generar empatía en los poderosos, son instrumentalizadas con frialdad por los sectores que, desde hace décadas, sacan provecho de la guerra.

Estos ataques no son hechos aislados. Ese mismo jueves, en Jamundí (Valle del Cauca), se detonó un vehículo con cilindros bomba. No hubo muertos, pero sí el mismo mensaje de zozobra. La autoría aún no ha sido confirmada, pero las estructuras armadas que operan en la región son conocidas: Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, todas disidencias de las FARC que se disputan el control territorial. Mientras tanto, las víctimas son las mismas de siempre: campesinos, indígenas, mujeres, niños, trabajadores.

Lo más escandaloso no es solo la barbarie, sino la manera en que ciertos sectores políticos hacen uso de ella. Paradójicamente, las noticias de los atentados son difundidas primero por voceros y redes ligadas al Centro Democrático, como si tuvieran línea directa con quienes siembran el terror. No se necesita ser muy perspicaz para advertir el rédito que saca la derecha de cada bomba: titulares diseñados para avivar el miedo, presionar la militarización, debilitar el proceso de paz y señalar al gobierno Petro de incapacidad, mientras el país se hunde en la desinformación.

El gobierno, por su parte, parece atrapado entre minimizar la crisis para proteger su narrativa y la necesidad de actuar. Pero no basta con lamentos institucionales ni consejos de seguridad improvisados. Lo que exige este momento es una investigación profunda, rigurosa y pública que esclarezca los vínculos entre sectores políticos y estructuras armadas. Para nadie es un secreto que estos grupos actúan como una oposición armada al proyecto de paz y transformación que representa el gobierno actual.

La derecha —la misma que gobernó durante dos décadas alimentando la guerra— hoy se presenta como garante de orden. Pero son sus silencios sobre la violencia estructural, sus alianzas con élites locales y su oportunismo lo que perpetúa este ciclo sangriento.

Mientras tanto, el país profundo, ese que no sale en los editoriales de Bogotá, sigue enterrando a sus hijos, y la derecha, en plena campaña electoral para retomar el poder en 2026.

Por Prensa Justicia y Dignidad.

Luisa Fernanda fue encontrada en una maleta: ¿de qué sirvió la emergencia por violencia de género?

por Sofia Lopez2025, GéneroPublicado el No hay comentarios

El 28 de marzo de 2025, Luisa Fernanda Saldarriaga Leal desapareció en Tuluá, Valle del Cauca. Desde entonces, la familia vivió días de desesperación, sin respuestas, sin esperanza. El 1 de abril, su cuerpo fue hallado en la vereda Puerto Bertín, una zona rural del municipio de Buga, dentro de una maleta. La joven, que había sido vista por última vez con un grupo de amigos, dejó de responder mensajes el 31 de marzo, y desde entonces, su paradero fue un enigma. Las autoridades no pudieron confirmar su identidad hasta el 16 de abril, 15 días después de su macabro hallazgo, cuando Medicina Legal finalmente identificó sus restos. La noticia cayó como un balde de agua fría en una región ya golpeada por el flagelo de la violencia.

El caso de Luisa Fernanda es solo uno de los 126 feminicidios que se han registrado en Colombia hasta finales de marzo de 2025. El horror de su asesinato, que ocurrió en medio de la aparente tranquilidad de la zona rural, refleja la crudeza de una violencia que sigue creciendo a pesar de las políticas que se prometen desde el gobierno. Durante el 2022, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022–2026, en el que se sancionó la declaratoria de emergencia por violencia de género, generó expectativas sobre un cambio en las condiciones de las mujeres en el país. Se esperaba que este acto institucional, al menos, proporcionara una respuesta ante el creciente número de muertes violentas. Pero la realidad es otra. La crisis persiste y las víctimas siguen cayendo.

Y es que, para muchos, la respuesta del gobierno frente a la violencia de género sigue siendo vacía. El mismo presidente Petro, en una defensa inaudita de Armando Benedetti —acusado de violencia de género hacia su esposa— soltó una de las frases más desconcertantes que se haya oído en mucho tiempo: «Los feminismos matan hombres». Este es el tipo de declaración que nos lleva a preguntarnos si realmente comprendemos el alcance de lo que está sucediendo, si quienes están al mando realmente entienden el dolor y el sufrimiento de las víctimas.

Señor presidente, no son los feminismos los que matan hombres. Lo que mata es el patriarcado, esa estructura perversa que ha permitido que las mujeres sigan siendo deshumanizadas, reducidas a cifras en las estadísticas, despojadas de su derecho a vivir sin miedo. En Colombia, las mujeres ya no solo luchan contra los feminicidas, sino contra la indiferencia de un sistema que las ha dejado atrás.

Las cifras son alarmantes: 126 feminicidios en lo que va de 2025. Y aún así, el gobierno parece más preocupado por defender a los poderosos que por dar respuestas efectivas ante este desastre. La declaratoria de emergencia por violencia de género fue solo un papel vacío que no ha servido de nada. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo asesinadas, violadas, torturadas, y la justicia sigue siendo esquiva, distante, indiferente.

Lo que necesitamos, lo que pedimos a gritos, es una respuesta real, urgente, no solo en palabras, sino en actos concretos que cambien el panorama y frenen la barbarie que vivimos día a día. No podemos seguir siendo testigos de la indiferencia de un gobierno que ha hecho de las promesas un acto vacío.

Haga algo, por favor, señor presidente.

No nos condene a la barbarie.

La violencia no tiene cara de feminismo. La violencia tiene cara de patriarcado.

Por: Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

Yalanda y el alcalde: los Pilatos del Cauca preparan su bloqueo santo

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En el Cauca, la Semana Santa ya tiene su propio vía crucis: la amenaza constante de que dos personajes, más ocupados en mantener sus cuotas de poder que en servir a su gente, decidan convertir la Panamericana en su plaza de guerra personal.

Luis Enrique Yalanda, quien ya no cuenta con el reconocimiento del Ministerio del Interior como autoridad del resguardo de La María —aunque él prefiera ignorarlo— ha lanzado una advertencia que huele más a venganza que a defensa de derechos: si no le dan lo que quiere, se viene el bloqueo.

Y no está solo. El alcalde Jhón Freiman Urbano, con un talento notable para meterse en conflictos que no le corresponden, ha decidido unirse a esta cruzada del capricho. El dúo dinámico de la politiquería local ahora amenaza con arruinarle la Semana Santa no solo a Popayán —una ciudad con gran potencial turístico—, sino a todo el Cauca.

Y todo esto mientras el Ministerio del Interior aún no ha tomado una decisión definitiva frente a la apelación de Yalanda, que ni siquiera fue presentada por él o por la comunidad indígena que dice representar, sino por el alcalde de Piendamó, que no tiene velas en ese entierro… o mejor dicho, en ese bloqueo.

Pero eso no ha impedido que Yalanda y el alcalde armen su espectáculo, como si la amenaza misma fuera suficiente para presionar a punta de caos. Sin duda alguna, es la derecha obrando: saboteando al gobierno Petro y tratando de desacreditar tanto al movimiento indígena legítimo como a las organizaciones sociales y populares que, desde hace ya un buen tiempo, no recurren a la Panamericana como escenario de movilización.

Porque, claro, nada dice “liderazgo legítimo” como intentar conseguir por chantaje lo que no se logró en las urnas ni en las comunidades. Yalanda sueña con ser gobernador vitalicio del resguardo. No por votación, no por consenso, sino por desgaste. Por aburrimiento. Por cansancio del gobierno nacional y del pueblo caucano.

¿Y mientras tanto, quién pierde?

Los comerciantes, que esperaban salvar su año en esta temporada. Los campesinos, que no podrán sacar sus productos. Los enfermos, que tal vez no lleguen a tiempo al hospital. Los turistas, que no sabrán si armar maleta o cancelar. Y todo un pueblo, el caucanos, que sigue pagando los platos rotos de una pelea que ni le va ni le viene.

Que no nos vengan a decir que esto es autonomía. Esto es chantaje político, egoísmo disfrazado de lucha ancestral, y una oposición rastrera que usa las carreteras como método de presión. El caos como estrategia. El capricho como bandera.

¿Y el Ministerio del Interior? Esperando. Analizando. Calculando. Mientras tanto, el mensaje está claro: si la decisión no favorece al señor Yalanda, habrá más amenazas, más bloqueos, más “protestas”. Y claro, más víctimas colaterales.

El Cauca no necesita más saboteadores con megáfono. Necesita líderes. Pero parece que, por ahora, lo único que tenemos es teatro. Y del malo.

Nos pintaron la cara de Uribe: el reclutamiento forzado y el silencio impuesto en el Cauca

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En Morales, Cauca, la guerra no se anuncia: se respira. En las montañas que se pintan de verde y neblina, los niños ya no juegan a las escondidas, simplemente desaparecen. El domingo pasado nos borraron el mural. Uno que decía: “Reclutamiento forzado, nunca más”. En su lugar, como si fuera una burla cruel, nos pintaron la cara de Álvaro Uribe. En Popayán —donde se supone que mandan las leyes, los derechos, la justicia— se nos prohíbe hablar del reclutamiento forzado. Se nos borra. Se nos calla.

La Junta de Acción Comunal de San Antonio, en el municipio de Morales, denunció públicamente el presunto rapto de varios menores de edad en la vereda Campo Alegre, municipio de Piendamó. Pero no se atrevieron a dar nombres. No pueden. Aquí, en el Cauca, nombrar a un niño es ponerlo en la mira. Es exponer a su familia a la amenaza. El comunicado fue breve, escueto. Apenas un murmullo entre los gritos de la guerra. Las familias, sin embargo, lloran en silencio y repiten lo que temen: que sus hijos fueron llevados a los campamentos en la montaña.

No es un caso aislado. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ha reportado que entre enero de 2017 y abril de 2024, al menos 817 niños indígenas de esta región han sido reclutados por grupos armados. La cifra duele. Arde. Porque detrás de cada número hay una madre, una abuela, un hermano menor que espera. Y porque sabemos que esta es apenas la punta del iceberg.

Nuestro Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz presentó un informe ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Allí denunciamos que la ciudad de Popayán aparece sistemáticamente de segunda o tercera en el país con más casos de reclutamiento forzado de menores. No es casualidad. La guerra nos respira en la nuca. Y en Popayán, donde se toman decisiones, donde se dan los discursos, donde los murales deberían servir para recordar, nos pintaron la cara de Uribe.

No creemos en las denuncias mediáticas del Centro Democrático. No porque el reclutamiento no exista, sino porque sabemos que las disidencias de las FARC, que son hoy un grupo armado funcional a la derecha, siguen siendo las principales responsables de llevarse a nuestros hijos. Mientras hacen oposición al gobierno de Petro, usan el reclutamiento forzado como moneda de guerra. Como una manera de seguir aterrorizando a los territorios.

Mientras tanto, las fiscalías 11 y 4 especializadas se llenan de carpetas. Y de silencio. Porque aquí la impunidad se viste de trámite. Porque denunciar no basta. Porque si denuncias, te amenazan.

Nosotras —las madres, las mujeres, las que buscamos— no nos rendimos. Aunque nos borren, aunque nos amenacen, aunque nos pinten en la cara a quien más daño nos ha hecho. Seguiremos levantando la voz por nuestros hijos e hijas. Seguiremos recordando a los desaparecidos. Seguiremos diciendo que el reclutamiento forzado no es un tema del pasado: es el presente silenciado de este país.

Y si ellos nos borran, nosotras volvemos.

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Cauca, abril de 2025

De Comuneros del Sur a las Autodefensas de la Sierra: las víctimas siguen sin voz

por Sofia Lopez2025, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Ahí estaban, en la plaza de Pasto, el Presidente y los voceros de Comuneros del Sur. Bajo un cielo cargado de memoria, como si la lluvia trajera consigo los años de guerra, se montó el acto: 585 artefactos explosivos entregados no como trofeo, sino como despedida. Como quien entierra la rabia y espera que germine algo distinto. Uno a uno, los discursos se pusieron como ruanas: pesados, bordados de promesas, tejidos de historia. Y de olvidos.

Comuneros del Sur nació en el 92, cuando la selva era más selvática, el Estado era un rumor y la rabia era ley. Una disidencia del ELN, dicen, aunque con alma campesina y pies en la tierra. “La lucha armada está caduca”, dijo Roger Garzón.

Petro habló de Camilo Torres, del viejo sueño insurgente, de traquetos con corbata. Habló de paz como quien reza. Delante de él, dos mil almas nariñenses escuchaban. Algunas lloraban. Otras aplaudían sin convicción.

Pero entre los aplausos y la parafernalia, algunas voces quedaron atrapadas en la garganta del país: ¿y las víctimas? ¿Dónde está la verdad que prometieron? ¿La justicia? ¿La reparación? ¿Qué se negocia cuando no se escucha a quienes lo han perdido todo? ¿Es suficiente cambiar balas por votos, si no hay garantías ni territorio?

Porque el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz lo ha dicho sin rodeos: no se puede desmovilizar sin consultar a las autoridades indígenas ni a las víctimas. ¿Se van a desmovilizar con la justicia indígena, sin respetar sus estructuras, sin entender que aquí la justicia también es ancestral? ¿Quién verificó que los desmovilizados de Comuneros eran realmente combatientes indígenas y no solo nombres incluidos a última hora en censos? ¿Quién decidió que la paz podía decretarse sin preguntar primero a quienes han sostenido la vida con las uñas?

¿Y las víctimas? Sabemos que menores de edad fueron reclutados forzadamente y, tras permanecer en las filas de Comuneros, fueron devueltos a sus casas sin ruta, sin programa, sin protección. Como si se pudiera borrar el daño con una firma.

Y mientras tanto, Otty Patiño celebraba desde la tarima. “Nariño está al sur, pero es el norte de la paz”, dijo. Quizá. Pero la montaña sabe que la paz no nace en discursos, sino en surcos. No se improvisa. No se exporta. Se cultiva.

El sur ha hablado. Las minas comienzan a desaparecer. Pero falta el resto: los desaparecidos que no aparecen, los niños que aún no vuelven, los nombres que no se reconocen. Porque la paz no es la ausencia de fusiles, sino la presencia de verdad y de justicia.

Y mientras el sur firmaba un acto de renuncia, el Caribe sigue encendido. En Santa Marta, la señora de las arepas mira dos veces antes de encender el fogón. No es por el gas, sino por ese otro fuego, el que prende quien se hace llamar Autodefensas de la Sierra. Aquí, la guerra no lleva camuflado ni pasamontañas. Lleva camiseta y voz grave. Da órdenes sin ley, pero con miedo.

Hasta el que corta cabello necesita permiso. Las decisiones no las toma el alcalde ni la Policía. Las toma ese gobierno invisible que camina entre el mar y la montaña. “Multaron al de las arepas por tener la música muy alto”, dice un mototaxista mirando por el retrovisor, no por tráfico, sino por miedo. Porque en Santa Marta, el toque de queda no lo decreta el Estado. Lo impone el silencio.

El Gobierno dice que aún hay diálogo. Que fue un malentendido. Que la paz va. Pero los hechos dicen otra cosa. Las Autodefensas suspendieron el proceso. Piden garantías, sí. Pero mientras negocian, gobiernan. Mientras piden condiciones, imponen reglas. Y en el medio, la gente. Los que madrugan, los que se callan, los que sobreviven.

Santa Marta no suena a guerra, pero huele a miedo. La paz se discute en oficinas lejanas, mientras aquí se siente con cada paso. Con cada palabra no dicha. Porque la paz, señor Presidente, no es un anuncio. Es una herida que aún sangra.

Las víctimas no pueden ser decorado de un show de gobierno. No pueden ser usadas para exhibir logros sin tener en cuenta sus dolores, sus tiempos, su verdad. Si de verdad queremos una paz territorial, escuchemos primero a los que han puesto los muertos.

Por: Prensa Justicia y Dignidad

 

Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado: un minuto de silencio y décadas de olvido

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

A Jorge Eliécer Gaitán lo mataron un 9 de abril de 1948, pero su cadáver ha seguido apareciendo en cada fosa común, en cada campesino despojado, en cada madre que todavía grita su dolor entre las ruinas de la impunidad. Lo mataron a tiros, pero su asesinato fue el principio de una masacre sostenida, donde la bala no se detuvo y donde la justicia jamás llegó. Hoy, 77 años después, el país conmemora el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado en medio de nuevas víctimas, viejos verdugos y la misma estrategia de muerte.
No fue solo Gaitán el que cayó. Fue la posibilidad de un país distinto. Y fue también la advertencia temprana de que lo que vendría después no era una guerra entre iguales, sino una cacería meticulosa, planificada, con nombre propio: la Doctrina de Seguridad Nacional. Esa misma doctrina que, desde los años 60, con la bendición de los Estados Unidos y la Misión Yarborough, enseñó a nuestras Fuerzas Armadas a ver al campesino como enemigo, al estudiante como infiltrado, al sindicalista como subversivo. Fue desde entonces cuando la población civil se convirtió en objetivo militar.
¿Y si las guerrillas fueron también un diseño de esa doctrina? ¿Una herramienta más para perpetuar la guerra como negocio? Hoy, más que una provocación, parece una constatación dolorosa. Porque las FARC, el ELN, y ahora las disidencias, han servido –consciente o inconscientemente– a los intereses de los que han hecho de la guerra una industria. Una guerra que, después de la firma de paz en 2016, cambió de escenario, de actores, pero no de guion.
El general Mora Rangel, egresado de la Escuela de las Américas, fue negociador en La Habana. Y lo que siguió no fue la paz, sino una guerra desatada: cerca de 8 conflictos armados y un sin número de grupos todos apuntando a un solo objetivo el narcotráfico y las economías ilícitas. ¿Quién se benefició? La respuesta es simple: los mismos de siempre la derecha colombiana de la que hace parte el general que por cierto siempre pasa de agache, nadie lo nombra.
Mientras tanto, la derecha uribista –la de Paloma Valencia, Polo Polo y María Fernanda Cabal– tiene el cinismo de hacer audiencias en el Congreso sobre el reclutamiento forzado, cuando en las zonas rurales son precisamente las disidencias de las Farc, sus aliadas funcionales, las que reclutan a nuestros menores de edad, las que callan a bala, las que hacen oposición armada al gobierno de Petro en nombre de una supuesta revolución que ya no le pertenece al pueblo. Porque hasta el ELN lo dice sin vergüenza: estaban más cómodos en el gobierno de Uribe que en el de Petro. ¿Qué más prueba necesitamos?
La tragedia es doble: mientras los culpables posan de salvadores, las víctimas siguen en el abandono. La Defensoría del Pueblo lo advierte con cifras escalofriantes: más de 8 millones de desplazados, cerca de un millón cien mil asesinados, más de 200 mil desaparecidos, 45 mil despojados de sus tierras, 44 mil víctimas de violencia sexual. Y a esto se suman las nuevas víctimas, las del estallido social: jóvenes mutilados, asesinados, madres llorando a sus hijos desaparecidos sin respuesta del Estado por que para ellas no hay ni siquiera ley de víctimas.
La justicia transicional ni restablece verdad, menos justicia, las sentencias son pocas y no son reparadoras, la Unidad de Víctimas no tiene dinero, y el país sigue presumiendo que todo está mejor. Mientras tanto, la maquinaria uribista afila sus cuchillos para el 2026, vendiendo la guerra como seguridad. Como siempre. Y aunque nos duela –a los románticos de la revolución, a quienes crecimos creyendo que las guerrillas eran del pueblo y para el pueblo– tenemos que aceptar esta verdad incómoda: también fueron hijas de la Doctrina de Seguridad Nacional. No hay otra explicación lógica.
Por eso, en este 9 de abril no basta con encender una vela o soltar una paloma de papel. Hoy hay que gritar que la guerra fue sembrada, que las víctimas no son cifras sino vidas rotas, y que Gaitán sigue muriendo cada vez que la mentira se impone sobre la memoria. Colombia no necesita más silencio: necesita verdad con nombre y apellido, y justicia con rostro de pueblo.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

A Sara la mataron por ser ella, en una sociedad que odia a las mujeres trans

por Sofia Lopez2025, GéneroPublicado el No hay comentarios

Sara Millerey tenía 32 años. Quizá soñaba con un futuro sencillo: una casa propia, un amor limpio, la posibilidad de caminar por la calle sin miedo. Pero eso, en este país que celebra la muerte con discursos vacíos, le fue negado. A Sara la golpearon hasta quebrarle los huesos. Luego la arrojaron a una quebrada como si su vida no valiera nada. Como si su nombre, su identidad, su dignidad, fueran basura.

Era viernes. El sol caía como plomo sobre las calles de Playa Rica, en Bello. En algún punto de esa tarde, a Sara la sacaron de la vida que tejía con dignidad, a golpes. Golpes de odio. Golpes que no buscaban robarle nada más que su existencia. Su cuerpo, aún con vida, fue arrojado a las aguas de la quebrada La García. Pero Sara se aferró. A las ramas. A la vida. A la posibilidad de que alguien la oyera.

Y alguien la oyó.

Dos hombres, acaso conmovidos por su grito, se lanzaron al agua y la sacaron de allí. Después vendría el traslado al hospital. La cama fría. La espera. El dolor. La muerte.

Murió días después. No porque quisiera. No porque estuviera sola. Sino porque los golpes habían sido brutales. Le fracturaron manos y pies, como si el castigo fuera no permitirle salir jamás de la quebrada. Como si quisieran borrar su humanidad.

Pero el agua no borra la violencia. La arrastra. La exhibe. La devuelve, como un espejo sucio que este país se empeña en no mirar.

Sara fue la número trece. Trece personas LGBTIQ+ asesinadas en Antioquia en lo que va del año. Hugo Alexander Ramírez Carmona, muerto en su casa en Medellín. Luis Fernando Orozco, asesinado en Zona Bananera. Todos distintos, pero unidos por el mismo hilo rojo de la impunidad. La misma rabia. El mismo silencio institucional que a veces se disfraza de comunicados, de planes vacíos, de protocolos sin alma.

No es casual. Es sistemático.

Mientras la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín guardan discursos de inclusión en las gavetas, la sangre de Sara tiñe las aguas de La García. Hugo muere en la madrugada, sin que nadie lo salve. Luis Fernando cae en Orihueca, bajo el plomo de unos sicarios.

¿Qué más se necesita para decir que esto es una masacre a cuentagotas?

A Sara no la mató solo quien levantó la mano. La mataron los prejuicios. La mató el Estado con su indiferencia. La mataron quienes callan, quienes justifican, quienes dudan que una mujer trans merezca justicia.

Y sin embargo, algo queda.

Queda el grito de Sara entre las ramas. Quedan los dos hombres que la sacaron del agua. Queda la voz de quienes, como ustedes al leer esto, se atreven a no olvidar.

Porque la dignidad —como el río— siempre encuentra un camino.

Por: Sofía Lopez Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad .

Colombia da un paso histórico para proteger a las mujeres en política: entra en vigencia la Ley 2453 de 2025

por Sofia Lopez2025, GéneroPublicado el No hay comentarios

En una decisión histórica que busca saldar una deuda estructural con las mujeres en el ámbito público, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 2453 de 2025, una norma integral que establece medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política. La ley fue firmada el 2 de abril por el presidente Gustavo Petro, junto a las ministras y ministros de Justicia, Interior e Igualdad, y ya rige en todo el territorio nacional.

Esta normativa marca un punto de inflexión para la democracia colombiana: por primera vez se reconoce legalmente que la violencia política contra las mujeres no solo existe, sino que opera de formas múltiples y muchas veces silenciosas. Desde la agresión física hasta los ataques digitales y simbólicos, la ley tipifica expresamente todas las modalidades de violencia que buscan limitar el ejercicio político de las mujeres por razón de género.

Participar sin miedo: un derecho fundamental

La ley reconoce que las mujeres tienen derecho a una vida política libre de violencia, sin discriminación y sin estar sujetas a estereotipos de subordinación. En ese sentido, protege su participación en procesos electorales, en cargos públicos, en el control del poder político y en todas las instancias de representación y toma de decisiones.

“La participación política de las mujeres no puede seguir siendo un campo minado por el miedo y la agresión. Esta ley es una herramienta para que ninguna mujer tenga que elegir entre sus derechos políticos y su integridad”, afirmó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz.

Violencia política con nombre y apellido

La Ley 2453 define la violencia política como cualquier acción, conducta u omisión, pública o privada, que busque restringir los derechos políticos de una mujer y que esté basada en elementos de género. Reconoce formas específicas de agresión como:

Violencia digital: ataques en redes sociales, suplantación de identidad o difusión no autorizada de contenido.

Violencia simbólica: perpetuación de estereotipos que deslegitiman la autoridad femenina.

Violencia económica: restricciones al acceso a recursos para campañas políticas.

Violencia vicaria: agresiones que usan a familiares o personas cercanas como blanco para dañar a la mujer.

Mecanismos de protección y vigilancia

La ley establece que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y entidades como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y personerías municipales deberán vigilar el cumplimiento de esta normativa, otorgar medidas de protección y acompañar legalmente a las víctimas.

Además, los partidos políticos estarán obligados a implementar protocolos internos de prevención, atención y sanción, con el acompañamiento de sus dependencias de género, sin que ello implique intervenir en su autonomía organizativa.

Interseccionalidad y riesgo extraordinario de género

La norma también introduce dos conceptos clave: la interseccionalidad, para reconocer que hay mujeres más vulnerables por su raza, orientación sexual o condición étnica, y la presunción de riesgo extraordinario de género, que obliga al Estado a actuar con urgencia ante denuncias de amenazas o agresiones contra lideresas.

Un cambio de época

Con la Ley 2453, Colombia no solo se alinea con los tratados internacionales en derechos humanos y equidad de género, sino que da un mensaje claro: la democracia plena solo es posible cuando las mujeres pueden ejercer su liderazgo sin miedo.

Porque no basta con abrirles la puerta a las mujeres en la política: hay que garantizar que puedan entrar sin ser violentadas.

Por: Prensa Justicia y Dignidad

“Hands off our rights! Hands off our lives!”: las calles de EE. UU. arden contra Trump y su agenda de odio

por Sofia Lopez2025, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Este sábado, Estados Unidos volvió a sentir el latido colectivo de una multitud que se niega a callar. Más de mil manifestaciones bajo el lema “Hands off” llenaron las calles de costa a costa, desde Nueva York hasta Los Ángeles. No fue solo una protesta. Fue un grito compartido por quienes se niegan a ver cómo sus derechos, sus trabajos y sus cuerpos son usados como moneda de cambio de una política que pone al mercado por encima de la vida.

En Nueva York, las calles se llenaron de kufiyas, pancartas artesanales y tambores. En cada ciudad, se respiraba una mezcla de rabia y dignidad. Las organizaciones sindicales, los colectivos por Palestina, los educadores, las mujeres migrantes, los jóvenes racializados, salieron con una claridad: no van a permitir que Trump les arranque lo que tanto les ha costado conseguir.

Y es que esta nueva ola de movilización no es espontánea. Llega después de una semana cargada de decisiones presidenciales que agudizan la desigualdad. El 2 de abril, Trump impuso nuevos aranceles del 10 % a casi todas las importaciones extranjeras, con medidas más severas para países específicos: 34 % para China, 24 % para Japón y 20 % para la Unión Europea. El resultado fue inmediato: un desplome bursátil que evaporó 6,6 mil millones de dólares en apenas dos días. Pero más allá de los números, el golpe lo sintió la clase trabajadora.

En las marchas, el nombre de Elon Musk apareció más de una vez. Su colaboración con el programa DOGE y su cercanía con Trump lo convirtieron en símbolo de la connivencia entre poder económico y autoritarismo. Pero también hubo ausencias notorias en las consignas: pocos carteles pedían la liberación de Mahmoud Khalil o el fin de la masacre en Gaza. Un silencio que duele, porque muestra cómo las luchas aún no logran unificarse del todo.

A pesar de ello, hay algo claro: hay rabia, hay organización y hay memoria. Quienes marcharon lo saben: la última vez que se enfrentaron al trumpismo, muchos terminaron desmovilizados por los cantos de sirena del Partido Demócrata. Hoy no quieren repetir la historia. No basta con votar. Quieren organizarse, cuidarse entre sí, tomar la palabra, defender la calle.

El desafío es grande, pero la chispa está encendida. Desde los centros de trabajo, las escuelas, los barrios migrantes, los sindicatos: hay una fuerza que crece desde abajo. Una fuerza que no solo dice “no” a Trump, sino que empieza a imaginar otros futuros posibles, lejos del miedo, lejos de la represión.Porque si algo gritaron fuerte este sábado fue: Hands off our rights. Hands off our lives.

Por: Prensa Justicia y Dignidad

Casas de pique: el horror oculto entre Pereira y Dosquebradas

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Durante meses, el rumor corrió entre las calles polvorientas de Pereira y Dosquebradas como una verdad soterrada, una certeza incómoda: que había casas donde desaparecían personas, donde los gritos se apagaban entre paredes selladas. Eran advertencias de horror que la institucionalidad se negaba a confirmar. Esta semana, la Fiscalía General de la Nación en Risaralda rompió el silencio: las casas de pique sí existen.

La primera fue descubierta en enero, en el barrio Japón de Dosquebradas. La escena fue aterradora: una víctima a punto de ser desmembrada, rodeada de cloro, límpido, machetes y una sierra. Una llamada anónima permitió llegar a tiempo y capturar a tres adultos y un menor.

“Gracias a la ciudadanía, que nos alertó con una llamada, logramos actuar de inmediato”, declaró César Augusto Bolaños, director seccional de la Fiscalía. “Hallamos cloro, límpido, machetes, sierra y todo listo para proceder con el crimen”.

La segunda casa fue hallada en Pereira, la primera semana de abril. Otra llamada, otro grito. Esta vez llegaron tarde: los cuerpos ya no estaban. Pero las paredes hablaban. Con luces forenses, los investigadores detectaron rastros de sangre. Había químicos, cal, cemento. Todo dispuesto para borrar los cuerpos y las huellas.

“Hace tres meses nos preguntaban si en Pereira y Dosquebradas había casas de pique, y teníamos que ser prudentes. Hoy podemos decir con certeza que sí las hay“, reconoció Bolaños.

Pero las cifras oficiales son apenas un fragmento del horror. El concejal Miguel Rave denunció en el Concejo Municipal que no son dos, sino al menos veinte las casas de pique. Asegura tener direcciones de tres, pero no sabe a quién confiar la información. Ya lo intentó antes: entregó una denuncia a un alto mando de la Policía, y la fuente fue silenciada. Le quemaron la casa. Tuvo que huir.

“La gente sí denuncia, pero con riesgos y amenazas”, dijo Rave. “Hay más de diez bandas criminales operando: no solo la Cordillera, también el Clan del Golfo, La Oficina, Los 300, Los Mexicanos, La Inmaculada, Los Opitas… Si no existieran, Dosquebradas sería un territorio de paz”.

En paralelo a las casas de pique, otra guerra se libra en Risaralda: la del ‘tusi’, también conocida como cocaína rosada. Una droga sintética de alto valor que ha encendido la disputa entre bandas por el control territorial. De los 24 homicidios registrados en Dosquebradas en lo que va de 2025, 21 están relacionados directamente con este conflicto. La Fiscalía advierte que los homicidios en Risaralda aumentaron un 72 % con respecto al año anterior, y solo en Dosquebradas el alza fue del 200 %.

El impacto no solo se mide en cifras. Se mide en cuerpos que no aparecen, en madres que no encuentran a sus hijos, en comunidades que callan por miedo. Las casas de pique —que alguna vez fueron negadas como mito urbano— son hoy evidencia concreta de la descomposición social y de la territorialidad armada de las mafias. Son el lugar donde el crimen se institucionaliza y donde la ausencia del Estado se hace carne.

La situación es tan alarmante que líderes sociales y defensores de derechos humanos han exigido cambios urgentes. Durante una sesión del Concejo, el defensor Eisenhower Zapata pidió la remoción del comandante de la estación de Policía, mayor Felipe Sánchez. Señaló falta de resultados, desconfianza ciudadana y posibles vínculos entre uniformados y estructuras criminales.

“El comandante debe ser removido”, dijo Zapata. “La ciudadanía no ve avances. La estación está cerca de las zonas más peligrosas, pero la Policía no actúa con contundencia”.

El ‘tusi’ —mezcla de ketamina, MDMA, LSD, cafeína y otras sustancias— no solo deteriora la salud de quienes lo consumen. Alimenta una economía de sangre. La droga ha conquistado las noches de Pereira y Dosquebradas, pero detrás de cada dosis hay un territorio disputado, una vida perdida, un cuerpo desmembrado.

Las casas de pique ya no son una leyenda urbana: son la prueba del poder criminal en la región. Mientras el Estado reacciona tarde, las bandas actúan con lógica de guerra. Las casas están ahí: algunas selladas con bultos de cemento, otras listas para silenciar el próximo grito. En este territorio donde el miedo reemplazó a la justicia, denunciar puede costar la vida. Y sin protección real para quienes se atreven a hablar, el próximo desaparecido será enterrado no solo en cal y concreto, sino también en el silencio colectivo.

Por: Sofía López Mera,  abogada,  periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.