28A y Jóvenes en Paz: ¿Qué pasó con nuestro sueño?

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Hace cuatro años, conscientes de la desconexión total del gobierno tradicional con el pueblo, decidimos salir a la calle. La indignación reciente era tal, que bastó que el ministro de Hacienda (acompañado de Vicky Dávila) se burlara diciendo que una docena de huevos costaba $1.800 para que explotáramos.

Desde el primer día supimos que esta no era una protesta más. Nos preparamos, aunque sin dimensionar que viviríamos uno de los momentos más conmocionados del siglo XXI en Colombia. Para no redundar en lo que todos conocemos: nos persiguieron, nos hirieron, nos asesinaron, torturaron, encarcelaron, violaron. Nos querían exterminados porque parecíamos la plaga que acabaría con su imperio.

Pero sobrevivimos. Y en esa resistencia nos asumimos como un proyecto político que lograría concretar el cambio que peleábamos en la calle. Éramos, en su mayoría, jóvenes: profesionales, estudiantes, trabajadores, desempleados, jíbaros, habitantes de calle… diferentes vidas atravesadas por las mismas injusticias, encontrando refugio en las ollas comunitarias y la organización barrial.

En 2022 logramos lo impensable: el pueblo eligió a un presidente que respondía a nuestros intereses. Junto a él llegó una agenda de gobierno basada en décadas de lucha social: la paz con justicia social.
Fruto de este nuevo rumbo nació el programa Jóvenes en Paz, iniciativa que hoy acompaño como enlace territorial de la UT Territorio y Paz en el departamento del Cauca. La UT está conformada por tres reconocidas organizaciones sociales y educativas: Universidad Claretiana, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo.

Sin embargo, el Programa Nacional Jóvenes en Paz (PNJEP) ha sido una de las iniciativas más atacadas y malinterpretadas. Desde su lanzamiento, cuando el presidente dijo «este programa le pagará a los jóvenes por no matar», la incomprensión y la estigmatización no han parado. Además, el programa heredó problemas estructurales graves: una construcción improvisada desde la Consejería Presidencial para la Juventud (2022-2023) que copió y pegó un modelo pensado para 10.000 jóvenes en Bogotá, sin adaptarlo a las complejas realidades de la Colombia profunda.

Los errores en el cálculo de tiempos administrativos, la falta de articulación interinstitucional y la pésima comunicación interna fueron una bomba de tiempo. Y sobre estas bases frágiles, también llegaron los problemas del operador: aunque con buena fe, la UT subestimó la magnitud del reto. La sobrecarga económica y administrativa llevó incluso a contratar un «gerente de renombre» como sugirió la entonces ministra de Igualdad y Equidad.
Así llegó Andrés Gallego Segovia, quien, si bien mejoró el orden administrativo, profundizó la desconexión con los territorios. Su gestión ha significado atrasos de hasta tres meses en pagos a proveedores y la falta de prestaciones sociales para trabajadores, afectando gravemente la legitimidad del programa. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad y Equidad sigue cambiando aplicativos de asistencia y condicionando desembolsos, aumentando la burocracia en lugar de aligerarla.

Y entonces nos preguntamos:
¿Es Andrés Gallego Segovia —exgerente de la campaña del NO en el plebiscito por la paz y funcionario de todos los gobiernos desde Pastrana— el responsable de la caída en picada de Jóvenes en Paz desde enero?
¿Fue consciente de la destrucción de la legitimidad de la UT bajo la excusa de «arreglar la casa»?
¿Es Gabriela Posso, exconsejera presidencial para las juventudes, corresponsable por la pobre construcción estructural del programa?

Hoy más que nunca, urge recordar por qué salimos a las calles el 28A. No podemos permitir que la burocracia, el desconocimiento territorial y los viejos vicios de siempre sepulten los sueños de una juventud que aún cree en la transformación social. Jóvenes en Paz no puede convertirse en una anécdota fallida: debe ser reivindicado, corregido y fortalecido. Porque la verdadera paz empieza cuando los jóvenes tienen razones reales para vivir dignamente, no promesas vacías ni proyectos mal ejecutados.

Por Juan Esteban Martínez, líder juvenil de Cali durante el Estallido Social de 2021

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Día 28A

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Desde temprano, la ciudad y el campo amanecieron inquietos. No era un día cualquiera. Era el inicio de una marea incontenible: la juventud, las madres, los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas, los estudiantes, salieron a las calles con una sola voz: «¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!».
El estallido no surgió de la nada. Venía cocinándose desde las profundas heridas abiertas en la sociedad colombiana. Para 2021, el Índice de Gini, esa medida fría que cuantifica la desigualdad económica, seguía en un alarmante 0,53, situando a Colombia entre los países más desiguales del mundo. Este índice, que va del 0 al 1, donde 0 representa una igualdad total y 1 una concentración absoluta de la riqueza, reflejaba la profunda fractura de un país donde unos pocos tenían mucho y muchos tenían nada. La pobreza, como una sombra interminable, afectaba a más de 21 millones de personas, mientras que 7,4 millones vivían en pobreza extrema, sobreviviendo al día, luchando por lo que para otros es tan fácil como conseguir un plato de comida.
El desempleo juvenil rebasaba el 23%, mientras más de 3 millones de jóvenes —los llamados «ninis»— sobrevivían sin trabajo ni educación. A esto se sumaba un presupuesto nacional secuestrado por la deuda y el gasto militar: en 2021, el 62% del Presupuesto General de la Nación se destinaba a funcionamiento (burocracia, ejército y policía), mientras la inversión social decrecía peligrosamente.
El proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno fue la gota que rebosó la copa. Pretendía gravar aún más a los sectores populares y a la clase media en medio de la peor crisis económica y social de las últimas décadas. Fue percibido como un acto de crueldad en un país donde las ollas comunitarias empezaban a multiplicarse para combatir el hambre.
Pero lo que salió a flote aquel 28 de abril no era solo el rechazo a una ley injusta. Era el grito colectivo de quienes, durante décadas, habían sido silenciados y reprimidos. Era la memoria viva de la Constitución de 1991, que prometió derechos y participación, frente a un Estado que seguía usando la fuerza y la exclusión como su respuesta.
Era el eco de los Acuerdos de Paz de 2016 incumplidos, las banderas de las madres buscando a sus hijos desaparecidos, la rabia de los territorios olvidados, la valentía de una generación nueva que se negaba a heredar el miedo.
Ese día, las carreteras se llenaron de barricadas, las plazas de cantos, las ciudades de banderas. Desde Cali hasta Bogotá, desde Medellín hasta Pasto, retumbaba la consigna:
¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!

Este levantamiento fue crucial para la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, hoy su promesa de crear una Comisión de la Verdad sobre los hechos del paro sigue sin cumplirse, y por eso exigimos a este gobierno la Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!

Reconocimiento Especial
Este trabajo de «Bitácora del Horror» no sería posible sin el impulso del Padre Javier Giraldo, el esfuerzo de investigación de los integrantes de Justicia y Dignidad, y el invaluable aporte de Fredy Caicedo en la sistematización de los informes internacionales. Su compromiso y dedicación hacen posible que la verdad se visibilice.
28 de abril de 2021 — La historia no volvió a ser la misma.
Cuando apenas caían los primeros rayos de sol, el digno pueblo Misak, con sus bastones de mando y su historia de resistencia, tumbaba la estatua de Sebastián de Belalcázar en uno de los barrios más exclusivos y elitistas de Cali. Era el amanecer de un nuevo tiempo: la memoria indígena reclamaba su lugar en medio de una ciudad acostumbrada a invisibilizarla.

28 de abril de 2021 — Bogotá: El primer disparo
A la altura de la 34 sur con avenida Cali, en Bogotá, cuando apenas empezaban a arder las aceras de tanto paso inconforme, el ESMAD apuntó contra la multitud. No lanzaron al aire: dispararon al cuerpo. Una defensora de derechos humanos de la Red Popular cayó herida por un gas lacrimógeno que le partió la piel y la fe. Ella misma lo dijo después, aún con la voz rota: no fue accidente, fue arremetida contra quienes llevaban solo chalecos y credenciales en las manos. Contra quienes solo querían evitar más muertos.

28 de abril de 2021 — Cali: Marcelo, el muchacho que no llegó a los 18
En el barrio Mariano Ramos, cerca de Puerto Resistencia, un niño indígena corría. Marcelo Agredo Inchima, 17 años, el menor de cuatro hermanos, estudiante de noveno grado, trabajador cuando podía. Lo mató un disparo de la Policía. Cayó al suelo, y en su cabeza el sol empezó a apagarse. Llegó muerto al Valle del Lili, aunque el parte médico hablara de muerte cerebral. Iba a cumplir 18 en agosto. No llegó. No lo dejaron llegar.

28 de abril de 2021 — Nariño: Me importa un culo
En algún lugar de Nariño, bajo el miedo y el uniforme, una defensora de derechos humanos entregó su cédula como quien entrega su vida. El Mayor Hernán Meléndez la revisó. Se la devolvió. Entonces, una policía mujer le asestó un golpe seco en los senos. Ella, valiente, volvió a decir quién era. La respuesta le taladró el oído: “Me importa un culo”. Así de brutal, así de descarnada la manera de tratar a quienes solo querían cuidar.

28 de abril de 2021 — Cali, Medellín, Popayán, Bogotá, Barranquilla: Matar la esperanza
Las brigadas médicas improvisadas en las esquinas de ciudades como Cali, Medellín, Popayán, Bogotá y Barranquilla se convirtieron en refugios en medio del terror. Jóvenes de batas blancas, armados solo con gasas y una voluntad de hierro, se entregaban al cuidado de los heridos. Pero incluso ellos fueron blanco del odio. La policía disparaba gases lacrimógenos directamente en los puntos de atención, golpeaba a los enfermeros y sacaba a patadas a los médicos de sus puestos de ayuda. Los hospitales no quedaron exentos: allí también irrumpieron, buscando capturar a los heridos como si fueran criminales. Muchos recibieron amenazas directas: “te vamos a violar, te vamos a matar”. No solo les robaron la vida, sino que intentaron arrebatarles la esperanza misma.

28 de abril de 2021 — Popayán: El gas en la casa de los heridos
En Popayán, 22 almas fueron detenidas, golpeadas y humilladas. Agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales GOES atacaron a estudiantes, indígenas, periodistas y defensoras de derechos humanos. En la tarde, cuando intentaban estabilizar sus cuerpos destrozados en la sede de un sindicato, el horror los alcanzó nuevamente. El gas lacrimógeno se infiltró por las ventanas, como una serpiente de muerte, en un lugar destinado al auxilio, a los vendajes y a los suspiros de dolor. Y aun así, lanzaron el gas. Luego, los llevaron al hospital, algunos apenas respirando. Era el primer día de una larga noche que, lamentablemente, apenas comenzaba.

28 de abril de 2021 — La Virginia, Risaralda: La desaparición de Brahian
28 de abril de 2021. Brahian Gabriel Rojas, de 26 años, desapareció en La Virginia, Risaralda, en pleno estallido del Paro Nacional. Su hermana, Thalía, denunció que a las 10 de la noche, él se encontraba bajo el puente Francisco Jaramillo, junto a ella y otros amigos. Encima del puente, el enfrentamiento entre manifestantes y la Policía era feroz, y la multitud se dispersó rápidamente, corriendo hacia abajo. El ESMAD los rodeó, los golpeó, los arrinconó. Brahian, el hermano mayor, logró escapar, su rostro destrozado y su espalda marcada por los golpes. Pero Brahian no tuvo la misma suerte. Desde ese momento, se lo tragó la oscuridad. El 4 de mayo, los bomberos de Sabanalarga, Antioquia, hallaron su cuerpo sin vida flotando en el río Cauca. Presentaba signos de golpizas y un disparo en el pie. Thalía envió fotos para confirmar la identidad, y el 7 de mayo, le entregaron su cadáver. Brahian sabía nadar. Trabajaba en una arenera, donde tenía que sumergirse hasta el fondo del río para sacar arena. Nadie entiende cómo terminó allí, tan lejos del lugar donde desapareció, flotando en las aguas de un río que ya no devolvía cuerpos, sino silencios.

28 de abril de 2021 — Soacha: La violencia sexual en la protesta
Una joven manifestante del municipio de Soacha vivió una de las peores experiencias del Paro Nacional. Mientras las calles se llenaban de voces exigiendo justicia, ella fue detenida por un grupo de cinco agentes del ESMAD. La subieron a un camión de la Policía Nacional, donde fue golpeada y sometida a violencia sexual. Los palos, las patadas, y los abusos fueron su condena solo por ejercer su derecho a la protesta. La brutalidad policial no solo dejó marcas físicas, sino también una herida profunda en su dignidad. Era un recordatorio del alcance de la represión: no bastaba con golpear, también había que humillar.

28 de abril de 2021 — Bucaramanga: La represión de los defensores y las imágenes robadas
El 28 de abril en Bucaramanga, la protesta en la plazoleta Luis Carlos Galán fue brutalmente reprimida. La Policía, sin identificación, fotografió a manifestantes y defensores de derechos humanos. A las cinco de la tarde, los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión comenzaron, dejando heridos y detenidos, entre ellos Brayan Barrios, Duván Andrés Morales y Jonathan Fornaris. La Policía negó detenciones y usó el mecanismo de Traslados por Protección para sancionar a los protestantes. En medio del caos, las brigadas médicas y la prensa alternativa fueron también blanco de la represión.

28 de abril de 2021: Un Disparo Silenciado en Soacha
En el cruce de la calle 22 en Soacha, un hombre de civil, miembro de la Policía, disparó a quemarropa a los manifestantes, hiriendo a un joven. La comunidad, al descubrir su identidad, entregó su billetera al padre del herido, pero la Policía, la SIJIN y el CTI intimidaron al padre, mientras les confiscaban los celulares. El arma nunca apareció, pero el hostigamiento a la familia no cesó.

28 de abril de 2021: Un Ojo Perdido en Bogotá
Leidy, estudiante de Ciencias Políticas, sufrió una lesión ocular cuando un miembro del ESMAD disparó contra los manifestantes. A pesar de las grabaciones, el agresor no fue identificado. Los gases lacrimógenos rodearon a Leidy y su novio, y, aunque levantaron las manos en señal de paz, fueron atacados a disparos.

28 de abril de 2021: Tortura en Pasto
David Julián Vera Chaves, un joven manifestante en Pasto, fue brutalmente agredido por el ESMAD. Tras recibir un gas lacrimógeno en la cara, perdió el conocimiento y, aunque fue atendido, sufrió daños irreparables en la boca. La violencia no solo fue física, sino también psicológica.

28 de abril de 2021: La Visión de Daniel Rota
Daniel David Meléndez Gómez sufrió un impacto directo en el ojo derecho durante las protestas, lo que le causó severas heridas en el iris y la córnea. A pesar de la gravedad de su lesión, la EPS EMSSANAR se negó a ofrecerle tratamiento adecuado, dejando su visión en grave riesgo.

28 de abril de 2021: Secuestro en la Estación de Sierra Morena
Edwin Segura, miembro de Marcha Patriótica, fue detenido y agredido por el ESMAD junto a su hermano. Fueron llevados a la Estación de Sierra Morena donde sufrieron una golpiza, dejando a Edwin con lesiones severas en la nariz y el cráneo.

28 de abril de 2021: Desaparición Forzada en Cali
Luis Herman Ladino Bañol, de 45 años, se unió a las protestas, pero no regresó a su casa. Su familia intentó activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente, pero no tuvo éxito hasta que, el 8 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una UCI en Cali. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de su desaparición.

28 de abril de 2021. Cali, Floralia. El rostro de la resistencia.
Una mujer, que había sido testigo y protagonista en el corazón de la protesta, decidió alzar la voz. En el punto de Paso del Comercio, en el barrio Floralia, atendió a una multitud de heridos, víctimas de la brutalidad de la fuerza pública. La violencia era palpable en el aire y en los cuerpos de los manifestantes. Su rol de ayuda, lejos de ser invisible, le dio visibilidad, y poco a poco se convirtió en vocera de las víctimas, representante en reuniones públicas donde los gritos de dolor se transformaban en exigencias de justicia. Su voz se unió a las muchas que, como ella, se alzaban frente a la impunidad.

28 de abril de 2021. Apocalipso y Puerto Madero. Los gritos del silencio.
A la misma hora, en los puntos de resistencia denominados Apocalipso y Puerto Madero, las plataformas de derechos humanos, brigadas de salud y jóvenes de la primera línea fueron blanco de una furia desmedida. El ESMAD, la Policía Nacional, civiles armados y francotiradores no dejaron espacio para la paz. La represión llegó a niveles inhumanos, con ataques brutales que marcaron no solo los cuerpos, sino la memoria de quienes fueron testigos. La violencia no solo era un acto de fuerza, sino un mensaje: el derecho a la protesta sería sofocado a toda costa.

28 de abril de 2021. Puerto Tejada: racismo, despojo y violencia estatal.
En Puerto Tejada, la protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, con el respaldo de empresas como Huevos Kike. Líderes sindicales fueron despedidos y acosados, mientras los manifestantes, principalmente afrodescendientes, sufrieron agresiones físicas, amenazas y estigmatización. El ESMAD disparó a quemarropa y secuestró a un joven para torturarlo. La violencia estatal, sumada a la complicidad empresarial, intentó silenciar la resistencia, pero la lucha de la comunidad afrodescendiente sigue viva, a pesar de la represión.

28 de abril de 2021: La Represión en Yumbo
El ESMAD arremetió contra manifestantes pacíficos en Yumbo. Un joven defensor de derechos humanos, con su chaleco visible, fue golpeado brutalmente por los agentes. A pesar de identificarse como parte de una ONG de DDHH, fue agredido y llamado “terrorista” por los uniformados.

28 de abril de 2021. Tortura y represión sistemática: el rostro oculto de la protesta.
El 28 de abril de 2021, la represión estatal alcanzó niveles alarmantes con 699 detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas. La fuerza pública utilizó el método de los «Traslados por Protección», haciendo desaparecer transitoriamente a los manifestantes. Sebastián Giraldo Zapata fue uno de los afectados: mientras grababa la brutal golpiza de la policía, fue detenido, golpeado y despojado de su celular. Luego, a pesar de las graves lesiones, continuó siendo hostigado y acusado falsamente de agredir a un policía. Tras ser trasladado a La Candelaria, fue sometido a más abusos en condiciones de hacinamiento extremo. La violencia se extendió al proceso judicial, donde las denuncias de tortura fueron ignoradas. Este día reveló no solo la brutalidad estatal, sino la impunidad que sostiene este sistema de represión.

28 de abril de 2021. Amedrentamiento y hostigamiento institucional en Santuario, Risaralda.
Viviana Aranda Giraldo denunció amenazas y hostigamiento tras participar en una protesta en apoyo al paro nacional. Fue citada por el alcalde de Santuario Zuloaga, quien la acusó de ser la promotora del corte vial y le advirtió que debía «cuidarse» por posibles atentados. A pesar de no recibir protección, las amenazas continuaron, siendo llamada «terrorista» y «guerrillera». Viviana, temerosa por su vida y la de sus hijos debido a la presencia paramilitar en la zona, vivió bajo constante hostigamiento social respaldado por la complicidad institucional.

28 de abril de 2021. Agresión a periodistas en Comuna 13, Medellín.
Daniel Tales, de Morada Noticias Comuna 13, y dos jóvenes fueron rodeados por agentes de la policía y del ESMAD mientras caminaban por la calle 9. Al grabar los hechos, uno de los comunicadores fue agredido, le quitaron el celular y lo rompieron arrojándolo contra una pared.

29 de abril de 2021. Agresión en Yumbo, Valle del Cauca.
En las cercanías de la fábrica de Texaco, Rodrigo Becerra y su hijo, quienes realizaban una labor humanitaria, fueron agredidos por el ESMAD y la Policía Nacional. Al interceder por un detenido, fueron amenazados y recibieron insultos de los agentes, quienes desestimaron los derechos humanos.

 

Jericó también debe ser potencia mundial de la vida: ¡La vida sí, la mina no!

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Hace 25 días, cuando los pájaros apenas empezaban a trinar, los campesinos del Suroeste antioqueño —con su sombrero de ala ancha, su azadón curtido y su terquedad vieja como la montaña— instalaron un plantón en Jericó. Se apostaron allí, junto a la tierra que les da café, maíz y vida, porque no quieren minas, ni dragas, ni maquinaria clandestina arrancándole las entrañas al suelo que siempre los alimentó.

Quieren lo sencillo: agua limpia, cafetales vivos, montañas sin heridas.

Pero lo que reciben es otra historia: judicialización, amenazas, olvido.

Desde hace más de 14 años, el campesinado de Jericó y Támesis ha resistido la entrada de la multinacional AngloGold Ashanti, vieja conocida de los informes de violaciones a los derechos humanos donde haya oro: en Ghana, en el Congo, en Sudáfrica… y ahora, en Colombia. Aunque en octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite de licencia ambiental del proyecto Quebradona por omitir impactos en fuentes de agua subterránea y residuos tóxicos, la empresa siguió operando en las sombras, sin licencia, sin fiscalización, sin vergüenza.

El pasado 24 de abril de 2025, campesinos de la vereda La Soledad sorprendieron a hombres retirando tubos metálicos de perforación, presuntamente vinculados a exploraciones ilegales de AngloGold Ashanti. Una de las motos usadas no tenía placa. Desde entonces, la comunidad vigila el sitio día y noche, esperando la llegada de la autoridad.

Pero en 25 días ninguna autoridad ha hecho presencia. Ni la Agencia Nacional de Minería (ANM), ni la Policía, ni el Personero. Nadie. Una omisión gravísima frente a posibles delitos ambientales.

En cambio, lo que sí llegó fue la judicialización.

El 22 de abril, Día de la Tierra, la Fiscalía 147 Especializada de Antioquia imputó cargos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales a 11 campesinos, entre ellos un hombre de 85 años, acusado de impedir la libre operación minera. Su crimen: quedarse en su tierra, defender el agua.

La Fiscalía olvidó su propia Directiva 0001, que ordena no criminalizar la protesta social. Olvidó que cuidar el agua es cuidar la vida.

Mientras tanto, AngloGold Ashanti responde en comunicados diciendo que los campesinos “afectan derechos de terceros” y que “no han mostrado voluntad de diálogo”. Dicen «diálogo», pero avanzan a escondidas; dicen «afectación», pero callan sobre las perforaciones clandestinas, los nacimientos de agua envenenados, los cafetales arrasados.

Desde que empezó este nuevo episodio de resistencia, campesinos como Johan Franco, el concejal Omar Porras y el señor Luis Hernán Gaviria han recibido amenazas. Perfiles anónimos en redes sociales los acusan de «retrasar el progreso» o de ser «enemigos de la minería responsable». Pero ¿cómo puede ser progreso secar los ríos? ¿Cómo puede ser responsable perforar montañas a escondidas?

Los concejos municipales de Jericó y Támesis ya habían intentado proteger sus territorios en 2017 mediante acuerdos para prohibir la megaminería. Pero el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló esas normas, alegando que los municipios no tienen competencia sobre el subsuelo. En 2018 intentaron blindarse reformando su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), pero sufrieron presiones directas del Gobierno Nacional para detener el proceso.

Intentaron también la vía de la consulta popular, pero la Corte Constitucional recortó su alcance, dejando a los territorios sin herramientas para defenderse.

Así, en Colombia, el derecho a la participación ambiental —ese que adorna la Constitución como adorno bonito— fue reducido a papel mojado.

Hoy, la comunidad campesina de Jericó y el Suroeste antioqueño resiste, exige:

  • Presencia inmediata de las autoridades para custodiar el material encontrado.
  • Investigación exhaustiva sobre las operaciones ilegales de AngloGold Ashanti.
  • Medidas de protección para líderes campesinos amenazados.
  • Pronunciamiento del Gobierno Nacional en defensa de la vida, el agua y la tierra.

No piden favores. No extienden la mano pidiendo misericordia. Reclaman lo que es suyo: el derecho a vivir en su territorio, a decidir sobre su agua, su comida, su futuro.

En el fondo, no es sólo una pelea contra una empresa, o contra el Estado que le da la espalda. Es una pelea por el sentido mismo de lo que significa ser colombiano, ser campesino, ser humano.

Porque en Jericó, la montaña no es un paisaje: es la madre.

Y aunque el oro llame a los mercaderes, el agua no se bebe con lingotes.

Mientras el Estado los margina y la empresa los persigue, ellos resisten. Con la paciencia vieja como la montaña. Con la dignidad intacta

Por:  Sofía López mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

Sangre y votos: cómo el terror en el Huila impulsa la campaña de Uribe

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Desde 2023, el departamento del Huila volvió a ser un territorio en disputa. Extorsiones, reclutamiento forzado de menores, masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales y firmantes de paz han teñido de sangre a una región que, hace apenas unos años, apostaba por la reconciliación y el turismo rural como motores de su futuro.

Hoy, el miedo ha vuelto a las calles. Y, como en un guion ya conocido, las promesas de «seguridad democrática» reaparecen justo después de cada estallido de violencia.

La maquinaria del terror: cifras que duelen

En los municipios de Acevedo, Hobo, Pitalito, Algeciras, Garzón, Campoalegre, La Plata y Neiva, la violencia ha cobrado vidas de manera brutal. Solo en estos ocho municipios se han registrado recientemente 54 asesinatos: 36 hombres, 5 mujeres, 12 personas sin identificar y un menor de edad.

Los firmantes de paz, quienes apostaron por dejar las armas, han sido blancos prioritarios. Desde 2019 hasta abril de 2025, 20 excombatientes fueron asesinados en 9 municipios del Huila. El patrón muestra picos claros: dos firmantes en 2019, cinco en 2020, uno en 2021, dos en 2022, cinco en 2023, dos en 2024 y ya tres homicidios en lo que va de 2025.

Los líderes sociales tampoco se salvan: 43 asesinatos en 16 municipios, afectando principalmente a líderes campesinos (8 casos) y comunales (18 casos), pero también a defensores indígenas, servidores públicos, activistas culturales, del movimiento LGBT y víctimas del conflicto. El 91.8% de las víctimas eran hombres y el 8.2% mujeres.

Las cifras son frías, pero cada número es una historia truncada, una comunidad desprotegida, un proyecto de vida aniquilado.

Un atentado anunciado

El 17 de abril de 2025, en pleno Jueves Santo, cuando las familias huilenses se disponían a celebrar la Semana Mayor, una moto bomba explotó en el municipio de La Plata. Dos jóvenes, de 17 y 19 años, murieron. Treinta y tres personas resultaron heridas, incluidos cinco menores de edad.

El hecho no fue aislado. Desde el vecino departamento del Cauca, el frente residual Hernando González Acosta, liderado por alias ‘Calarcá’, ha extendido su accionar delictivo hacia el Huila, en una clara estrategia de expansión territorial.

Sin embargo, las autoridades —entre ellas el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el gobernador Rodrigo Villalba— repitieron el libreto de siempre: consejos de seguridad «extraordinarios», anuncios de refuerzos militares, recompensas millonarias y promesas de “no arrodillarse ante el terror”. Medidas efectistas que poco o nada resuelven el problema de fondo.

El oportunismo electoral: del miedo a las urnas

Coincidentemente —o no—, apenas días después del atentado y en plena ola de violencia, la maquinaria política del Centro Democrático, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, se desplegó en el Huila.

Hoy, 26 de abril de 2025, realizan su evento de campaña electoral en el departamento, capitalizando el miedo y la incertidumbre sembrados por la reciente violencia. No es la primera vez: Uribe y su partido han convertido el dolor ciudadano en plataforma política. La fórmula es conocida: se permite el crecimiento del terror para luego vender el endurecimiento militar como única alternativa, agitando el fantasma de la «seguridad democrática».

Esta estrategia de instrumentalizar la tragedia para fines electorales no solo manipula el sufrimiento de las víctimas, sino que también perpetúa un modelo de control basado en el miedo. En departamentos como el Huila, que intentaban abrirse paso hacia la paz, el retorno de la violencia no es solo una tragedia humana: es también la excusa perfecta para restaurar la vieja política de odio, militarización y represión.

Mientras tanto, las comunidades siguen pagando el precio más alto: el de su vida, su dignidad y su esperanza.

Por Prensa Justicia y Dignidad

“El delito de defender la tierra”

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

La lluvia cae como una bendición y una condena. En Jericó, las noches húmedas del Suroeste antioqueño son testigo de algo más que el aguacero: llevan ya 21 días de resistencia campesina frente a la multinacional AngloGold Ashanti. Lo que podría ser una postal rural se ha transformado en un plantón cargado de dignidad, hambre, cansancio y miedo.

Un hombre de 85 años, que ha sembrado maíz toda su vida, ahora es acusado de secuestro simple, hurto calificado y daño en bien ajeno. Su crimen, como el de muchos otros: no dejar pasar la minera. No tener miedo. No irse. Defender lo que ha sido suyo, suyo de verdad, antes que llegaran los mapas, los permisos, las plataformas, los helicópteros, la policía.

Y lo más irónico: las imputaciones se hicieron el 22 de abril, el Día de la Tierra. Mientras el mundo hablaba de cuidar el planeta, en Jericó se judicializaba a quienes lo cuidan con el cuerpo, con la palabra, con su historia.

La Fiscalía 147 Especializada de Antioquia ha puesto nombre y número a la resistencia: campesinos, líderes comunales, adultos mayores. La acusación: impedir la libre operación de la empresa sudafricana en el corazón verde del país. Pero ellos, desde hace más de 14 años, solo han hecho una cosa: cuidar el agua, los cafetales, los nacimientos. Cuidarse.

“Nos quieren callar con expedientes”, dice una mujer con la voz temblorosa pero firme, mientras carga un termo de aguapanela. “Dicen que somos delincuentes por no aceptar que perforen la montaña”.

Desde que AngloGold Ashanti empezó a perfilar el proyecto Quebradona, Jericó y Támesis se convirtieron en epicentro de una pugna entre la megaminería y la vida campesina. Los concejos municipales prohibieron la minería en 2017. Pero el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la decisión. Después intentaron una consulta popular. También fue bloqueada.

La democracia se volvió trámite.

En estos días de neblina, un predio privado en la vereda La Soledad —donde la empresa fue sorprendida haciendo exploración sin licencia— sigue sin ser fiscalizado. Las denuncias de minería clandestina no provocan urgencia institucional. Las tiendas cierran antes, los ojos se bajan, los uniformes suben y bajan la vereda como sombras.

Y mientras tanto, la fiscal general —la misma que emitió la Directiva 0001 que ordena no judicializar la protesta social— permanece en silencio. O en Bogotá. O en algún foro. Pero no en Jericó.

Las noches frías del suroeste, esas que huelen a tierra mojada y café, se han convertido en trincheras. Las personas duermen sobre lonas, bajo plásticos, entre historias compartidas. No hay armas. Hay termos, tamales, pancartas, y un grito que se repite como oración:

“¡Sí a la vida, no a la mina!”

Desde Palocabildo, otro corregimiento en resistencia, también se mantiene el plantón. Exigen que la Agencia Nacional de Minería actúe, que alguien escuche, que se detenga esta máquina imparable que excava más allá del suelo: que excava el alma del campesinado.

AngloGold Ashanti se comporta como un Estado paralelo. Lo denuncian como lo haría un periodista honesto, como lo haría un abuelo contando cuentos a sus nietos: con el peso de la verdad.

Porque en Jericó, resistir ya no es solo un verbo: es una forma de existir.

Y ahora, al parecer, también es un delito.

Por Sofía López abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

La corrupción en Yumbo que busca acabar con la comunidad indígena y quedarse con sus recursos

por Sofia Lopez2025, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

En Yumbo, Valle del Cauca, la corrupción no se oculta: se disfraza de institucionalidad. El personero municipal, Jesús Mauricio Castañeda; el secretario de Bienestar Social, Nelson Eduardo Muñoz; y el señor Rafael Ulcue Perdomo, han tejido una red que amenaza la existencia misma del Cabildo Valle del Sol, una comunidad indígena desplazada y reconocida por la Corte Constitucional.

Dos son los propósitos de esta alianza perversa: acabar con el cabildo legítimo y apoderarse de los recursos —más de mil millones de pesos— prometidos para el restablecimiento de la comunidad. Para lograrlo, intentan imponer a toda costa un cabildo espurio, encabezado por Jaquerine Varona, hija del señor Rafael Ulcue, elegida mediante un proceso viciado, plagado de irregularidades y censos inflados.

Tanto la Alcaldía como la Personería conocen de primera mano cómo se gestó este fraude. Han recibido denuncias formales sobre las amenazas de muerte y el desplazamiento de varios miembros de la comunidad legítima. Sin embargo, han optado por ignorarlas. Y para agravar la situación, se niegan a remitir el caso al Ministerio del Interior —la autoridad competente para resolver controversias sobre el reconocimiento de cabildos— porque saben que un reconocimiento legítimo desmontaría su montaje. Prefieren dejar todo en lo local, donde la corrupción se mueve con plata.

Peor aún, han intentado silenciar a la lideresa natural del cabildo, Clara Sorany Guejia Villamil —conocida como Sol—, ofreciéndole contratos a cambio de su silencio. Pero Sol no se vende, y su comunidad tampoco.

Hoy, el Valle del Sol ha dicho basta. Se ha declarado en Asamblea Permanente, una figura política y ancestral que emana del corazón mismo del pueblo. Desde allí, reafirman que es la única instancia legítima para tomar decisiones. No es un gesto simbólico: es un acto de resistencia.

A pesar de esta claridad, la Alcaldía de Yumbo persiste en su intención de otorgar el reconocimiento legal al falso cabildo impuesto por Ulcue y su hija. Una jugada que no solo viola la autonomía indígena, sino que abre las puertas para el saqueo de los recursos colectivos.

Esta es la corrupción en Yumbo. Una corrupción que no se contenta con robar, sino que además pretende borrar la memoria y la dignidad de un pueblo que lucha por su territorio, su identidad y su futuro.

Por Prensa Justicia y Dignidad

Francisco, el papa que alzó su sotana para pisar el barro

por Sofia Lopez2025, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Decían que los tiempos eran oscuros. Que el corazón del mundo latía con miedo. Que la política era el reino de los necios con poder: los Netanyahus, los Trumps, los que confunden la fuerza con la destrucción. Decían que ya no quedaban pastores, sino administradores de templos, vestidos de oro mientras los niños dormían en las calles, y los cuerpos de los migrantes flotaban como botellas sin mensaje en las costas de Europa.

Pero entonces apareció él.

Un hombre sencillo, nacido entre las orillas del Río de la Plata y los barrios donde los pobres todavía rezan a la Virgen con los pies descalzos. Le pusieron el nombre de Francisco, como el santo que abrazó a los leprosos y le habló a los lobos.

Y desde el primer día dijo algo que hizo temblar los mármoles del Vaticano:

“Quiero una Iglesia pobre para los pobres.”

No era una frase. Era un giro. Un gesto. Una bofetada suave al confort de siglos. Francisco bajó del palacio y salió a la calle. En su voz vibraba la memoria de los curas asesinados en América Latina, de las monjas desaparecidas, de los campesinos enterrados en fosas comunes por soñar con tierra y dignidad.

“Esta economía mata”, dijo sin titubear, mirando de frente a los banqueros, a los tecnócratas, a los amos del algoritmo. Y en esa frase cabían los millones que mueren de hambre, los que se cuelgan de puentes por no pagar una deuda, los que se rompen el lomo en fábricas invisibles para que otros llenen vitrinas.

Francisco no empuñó el fusil. Empuñó la palabra. Y fue más letal.

“Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, no se resolverán los problemas del mundo.”

Y lo dijo mientras bendecía las manos callosas de los cartoneros, mientras abrazaba a los indígenas de Bolivia, mientras escuchaba a las madres que lloran hijos asesinados por el Estado. Lo dijo en medio del polvo, sin escoltas, sin miedo, como un viejo profeta del Sur.

En un mundo que levanta muros, él gritó:

“Los migrantes son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada.”

Y mientras las democracias se convertían en máscaras del capital, él se sentó con los movimientos populares y les dijo:

“Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta.”

La curia lo miraba con ceño fruncido. Los ricos se incomodaban en sus bancas doradas. Pero los pobres, los silenciados, los que no caben en las estadísticas, lo escuchaban como quien escucha por fin una voz que no viene a juzgar, sino a liberar.

Francisco no fue un teólogo de escritorio, pero caminó al lado de la teología de la liberación, con los pies descalzos y el corazón en carne viva. Rescató el alma de la Iglesia y la colocó otra vez del lado correcto de la historia.

Mientras el mundo se hundía en guerras, pandemias y fascismos reciclados, él encendió una vela.

No resolvió todo, no lo pretendió.

Pero alumbró el camino.

Y nos recordó que aún en medio del odio,

el amor sigue siendo revolución.

Por:  Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad

La Asamblea Permanente del Valle del Sol: resistencia frente al despojo y la violencia

por Sofia Lopez2025, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Se repite una y otra vez: cuando las mujeres avanzan, el patriarcado se reorganiza para golpearlas, silenciarlas, expulsarlas y borrarlas de la historia. Esta vez no es distinto. La comunidad indígena del Valle del Sol, legítima y reconocida por la Corte Constitucional, ha dicho basta. Se ha declarado en Asamblea Permanente. Una figura política, ancestral y colectiva que se levanta como un muro de dignidad ante el despojo, la persecución y la violencia sistemática.

En el centro de esta historia está Clara Sorany Guejia Villamil —o Sol, como la conoce su comunidad—, una de las fundadoras y gobernadora indígena elegida antes del desalojo y durante el año 2024. Sol es mujer, es madre, es autoridad, y por eso la quieren fuera. La quieren callada. Usan la justicia indígena —la misma que se supone debería proteger— para castigarla por hablar, por organizar, por no someterse. Su cambuche, vacío desde que fue forzada a irse por seguridad, aún huele a tabaco y plantas medicinales. Allí, sus agresores, con cinismo, fingen hacer «armonización». Pero la medicina ancestral no es herramienta de venganza ni de poder, es camino de sanación. Y ese camino hoy lo usa el opresor para disfrazarse de sabio.

La comunidad legítima del Valle del Sol ya no se encuentra en el predio de La Buitrera, de donde fue desalojada en 2021. Fueron 20 familias, desplazadas por el conflicto armado, que hoy resisten. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-391 de 2022, reconoció que estas familias son indígenas, que están en situación de desplazamiento forzado y que son víctimas del conflicto armado. Y ordenó al Estado garantizarles el acceso a la tierra, el derecho a la vivienda y el reconocimiento como comunidad indígena.

Pero han pasado tres años y nada. Ni la Alcaldía de Yumbo, ni la Unidad de Víctimas, ni el Ministerio del Interior cumplieron con la caracterización. No ejecutaron las órdenes. En cambio, permitieron la entrada de otros actores que buscan usurpar lo que le pertenece a esta comunidad.

El señor Rafael Ulcue y su hijastra, Yaqieline Barona —censados en el Resguardo Nuevo Despertar de Dagua, no en el Valle del Sol— encabezan un intento de suplantación. Inflan censos con personas no indígenas, venden lotes de tierra privada a espaldas de la comunidad, prometen libertades a judicializados a través de la justicia indígena, y hasta actúan como comisionistas para negociar la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Quieren el resguardo, pero no para el pueblo. Lo quieren para hacer negocio.

Mientras tanto, los funcionarios locales juegan al doble discurso. El personero de Yumbo, Mauricio Castañeda, ignoró las denuncias por amenazas de muerte y desplazamiento forzado contra la comunidad legítima. En cambio, le dio el aval al «cabildo» conformado por quienes no son parte del Valle del Sol ni beneficiarios de la sentencia. La Secretaría de Gobierno simula apoyo mientras valida los censos inflados. Lo hacen para justificar un nuevo desalojo. Esta vez, legalizado por el engaño.

Pero la comunidad resiste. Se declaró en Asamblea Permanente no desde un resguardo tranquilo, sino desde el desplazamiento forzado. Al ver que La Buitrera está hoy ocupada por personas no indígenas traídas por Rafael Ulcue, decidieron convocarse en un parque de Dapa, en Yumbo. La reunión fue saboteada. Los celulares intervenidos. Tuvieron que irse a la estación de policía para sentirse más seguros. Allí, en ese refugio improvisado, compartieron cómo sus agresores ya sabían de la reunión y cómo han estado manipulando símbolos sagrados como la medicina tradicional.

Hoy, doce de las veinte familias beneficiarias siguen en pie, organizadas, diciendo con firmeza: no hay cabildo, hay asamblea. Y desde ahí se toman las decisiones. Desde ahí se protegen. Desde ahí denuncian y construyen.

La Asamblea Permanente del Valle del Sol es mucho más que una acción política. Es un acto de amor por la tierra, por la memoria, por la vida. Es el grito colectivo de quienes no están dispuestos a permitir que les arrebaten lo que les corresponde. No es solo Sol, es un pueblo entero el que se niega a ser borrado.

El Estado colombiano no puede seguir permitiendo que la autonomía indígena sea usada como escudo por los gamonales. No puede cerrar los ojos mientras se comercian derechos colectivos como si fueran parcelas. Mientras la violencia política y de género se disfraza de “armonización”.

Como parte de su lucha jurídica, la comunidad ha interpuesto varias tutelas en contra del Municipio de Yumbo, reclamando el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. Esperan que, una vez más, sea la justicia la que les dé la razón y les devuelva no solo su derecho, sino también su dignidad como pueblo originario.

El Valle del Sol no está dividido. Está de pie. En Asamblea Permanente. En resistencia.

Por Prensa Justicia y Dignidad

Las medidas antiderechos de Donald Trump: lo que ya pone en marcha el Proyecto 2025

por Sofia Lopez2025, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

El Proyecto 2025 ya no es una amenaza futura: está en marcha. Diseñado por la Heritage Foundation y promovido por más de 80 organizaciones de la ultraderecha estadounidense, este plan opera como una hoja de ruta autoritaria para reinstaurar a Donald Trump en el poder —y desde ahí, desmantelar derechos, aplastar disidencias y transformar al Estado en un arma de control ideológico.

Con más de mil páginas, el documento propone —y ya se aplica en la práctica— la purga del funcionariado público, la colocación de leales en cargos clave, y la eliminación de políticas que defienden a migrantes, mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas, afroamericanas y al planeta mismo.

Atacar a quienes defienden derechos

Una de las acciones más alarmantes que ya se impulsa es una orden ejecutiva redactada por aliados de Trump que busca cancelar el trabajo de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del medio ambiente, los derechos de las personas migrantes y los derechos humanos. Las tildan de “activismo ideológico” y “amenaza a la soberanía”.

El proyecto también pretende bloquear la financiación proveniente de fundaciones progresistas, como la Ford Foundation y Open Society Foundations, vinculada a George Soros. Cualquier rastro de justicia social se convierte en enemigo.

Migrantes, criminalizados por existir

Ya se endurecen las medidas en la frontera. Se documentan redadas, expulsiones exprés sin juicio y campañas de odio en medios y redes. Se promueve la creación de centros de detención masivos, y se criminaliza a quienes ofrecen ayuda humanitaria. Mujeres embarazadas, niños no acompañados, personas desplazadas por la crisis climática: nadie está a salvo.

El planeta y los cuerpos como blanco

Mientras el mundo arde, el Proyecto 2025 desmantela la Agencia de Protección Ambiental (EPA), revierte regulaciones climáticas y retira a Estados Unidos de acuerdos internacionales. El mensaje es claro: las ganancias importan más que la vida.

También se persigue el derecho al aborto, se borran las políticas de inclusión, se ataca a personas trans, y se eliminan los programas de educación sexual. El cuerpo de las mujeres y disidencias se vuelve campo de batalla.

Contra la justicia, la venganza

La maquinaria del Proyecto 2025 instrumentaliza el sistema judicial para perseguir enemigos políticos, periodistas, líderes sociales, y académicos. Plantea auditorías ideológicas a universidades, medios y organizaciones civiles. El objetivo: imponer el miedo y el silencio.

Pero el miedo también se organiza

Frente a esta ofensiva, las redes de resistencia se activan. Migrantes, defensoras, comunidades indígenas, movimientos afrodescendientes, ambientalistas, periodistas y estudiantes se articulan para documentar, proteger, resistir.

Porque aunque el Proyecto 2025 avance desde las entrañas del poder, la dignidad se organiza desde abajo.

Por: Sofía López, abogada y periodista Corporación Justicia y Dignidad

Eduardo Umaña vive en la exigencia de justicia: ¡Comisión de Esclarecimiento YA!

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

A Eduardo Umaña Mendoza lo mataron a plena luz del día, un 18 de abril en Bogotá. Eran los años en que la muerte salía sin capucha y con libreta en mano. Tenía 55 años, pero cargaba más historia que muchos viejos de antaño. Lo mataron por tozudo, por no dejarse sobornar, por no aprender a callarse. Lo mataron por hacer lo que hacen los hombres que deciden no arrodillarse.

Eduardo era abogado, sí. Pero era, sobre todo, un defensor. Y no de causas abstractas, sino de personas concretas: obreros, campesinos, sindicalistas, desaparecidos. Su voz era como su firma: punzante, clara, incómoda. Nacido en una casa donde la justicia era un valor cotidiano y no un discurso de tarima, creció mirando de frente la desigualdad. Y en vez de volverse ciego, se volvió obstinado.

Se metía donde nadie quería meterse. Fue él quien gritó, desde los pasillos de los juzgados y los micrófonos que se atrevían a escucharlo, que en la toma del Palacio de Justicia no todo había sido heroísmo. Que las desapariciones forzadas eran crimen, no daño colateral. Fue también quien se paró frente a Ecopetrol y al Ejército para denunciar los montajes contra la Unión Sindical Obrera. En un país donde señalar al poder es firmar la sentencia, él no dudó. Abrió incluso el expediente polvoriento del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y señaló lo que pocos se atreven a nombrar: que detrás del crimen había Estado, había CIA, había historia oculta.

Por todo eso, lo mataron. Pero también por eso su memoria es peligrosa. A 27 años de su asesinato, su nombre todavía retumba en las gargantas de quienes no olvidan. Por eso su muerte fue declarada crimen de lesa humanidad. Y por eso, en el año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso: porque Umaña no murió solo, murió por todos los que incomodan al poder.

Y es precisamente esa memoria la que hoy nos lanza una advertencia: lo que ocurrió durante el estallido social de 2021 no fue un exceso, fue represión sistemática. Umaña lo habría dicho sin titubeos: fueron crímenes de lesa humanidad. Iván Duque, Diego Molano y Eduardo Zapateiro no respondieron con diálogo, sino con fuego. Su objetivo fue claro: aniquilar a la juventud que se atrevió a alzar la voz.

Pero esa juventud, con su coraje y su resistencia, fue la que pavimentó el camino para que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Sin los cuerpos caídos, sin los judicializados, sin los desaparecidos del paro, no habría hoy un gobierno que se llama a sí mismo progresista. Por eso, el olvido no es una opción. Porque el silencio ante esta deuda es traición.

En este país donde la impunidad camina impune, donde el progresismo se olvida de las víctimas que lo pusieron donde está, recordarlo es una forma de exigir. ¿Dónde está la Comisión de Esclarecimiento sobre el Paro Nacional? ¿Dónde están las respuestas para los 90 jóvenes asesinados, para los más de 300 víctimas de montajes judiciales, para los 50 condenados que hoy están privados de libertad, para los desaparecidos que aún no tienen nombre en la prensa?

Hoy lo conmemoramos no con flores, sino con memoria activa. Traemos un podcast con las últimas entrevistas concedidas por Eduardo Umaña Mendoza, para que su voz siga haciendo lo que siempre hizo: incomodar, movilizar, exigir justicia.

A 27 años, no pedimos homenajes: exigimos verdad. Exigimos justicia.

Exigimos Comisión de Esclarecimiento YA !!.

Prensa Justicia y Dignidad