Blog

En el Suroeste antioqueño, una región reconocida por su riqueza hídrica, biodiversidad y vocación agrícola, las comunidades de Jericó y Támesis enfrentan una grave amenaza: la imposición de la megaminería por parte de AngloGold Ashanti, la tercera empresa minera de oro más grande del mundo. A pesar de más de 14 años de resistencia jurídica y social, los derechos a la participación ambiental y la autonomía territorial siguen siendo vulnerados sistemáticamente.

Los concejos municipales prohibieron la megaminería en 2017, pero sus decisiones fueron anuladas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Posteriormente, intentos de modificar el ordenamiento territorial y de convocar una consulta popular también fueron bloqueados, dejando a las comunidades sin herramientas efectivas para decidir sobre su territorio.

Hoy, la situación se agrava: AngloGold Ashanti fue sorprendida realizando exploraciones mineras clandestinas en la vereda La Soledad, sin contar con licencia ambiental, pues esta fue archivada. La plataforma fue retirada al ser descubierta por campesinos que ahora mantienen un plantón indefinido exigiendo respuestas.

Denunciamos la actuación ilegal y sistemática de esta multinacional, que opera como si estuviera por encima de la ley, y exigimos a las autoridades competentes actuar de inmediato. La omisión estatal es cómplice del despojo y la destrucción de uno de los territorios más biodiversos y agrícolas del país.

El Suroeste antioqueño ya decidió: sí a la vida, no a la mina.

¡Fuera AngloGold Ashanti de nuestros territorios!

#JericóSinMinería #FueraAngloGold #SOSJericó #DerechoADecidir #JusticiaAmbiental

El nuevo bloqueo de la vía Panamericana en el Cauca no es un reclamo legítimo de los pueblos indígenas. Es el resultado de la injerencia indebida del alcalde de Piendamó, Jhón Freiman Urbano, un político de derecha que decidió meterse en un conflicto intraétnico para favorecer intereses particulares, desestabilizar la región y poner a miles de caucanos a pagar las consecuencias.

El Ministerio del Interior, mediante la Resolución 0206 del 13 de febrero de 2025, reconoció como autoridades legítimas del Resguardo Indígena Guambiano La María Piendamó al mayor Anselmo Yalanda Yalanda y su equipo de trabajo. En la misma resolución, se dejó claro que Luis Enrique Yalanda Hurtado no es autoridad del resguardo.

Pese a esto, el alcalde de Piendamó interpuso un recurso de apelación contra la decisión, sin tener competencia ni legitimidad para hacerlo. ¿Por qué lo hace? ¿A quién le debe favores políticos? ¿Qué acuerdos oscuros se esconden detrás de su respaldo a un líder desconocido por su propia comunidad?

La respuesta está en los hechos: el alcalde no solo apoya a Yalanda Hurtado, sino que avala bloqueos viales, desconoce las decisiones del Ministerio del Interior y traiciona la voluntad del consejo de taitas y mamas Misak. En vez de ayudar a resolver el conflicto, lo profundiza.

Además, en el día de ayer, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) manifestaron públicamente que no participaron del bloqueo de la vía Panamericana, que sus insignias fueron utilizadas sin autorización, y que mantienen una postura de diálogo con el gobierno nacional. ¿Entonces, quién está detrás del bloqueo?

Las trece autoridades que integran el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (COTAINDOC) han sido contundentes: el único liderazgo legítimo es el de Anselmo Yalanda. Y al gobierno nacional le piden no dejarse presionar por intereses individuales que quieren imponer decisiones mediante el chantaje y el caos.

Pero mientras se resuelve la apelación del alcalde –que carece de sustento legal–, la vía fue bloqueada. Los comerciantes perdieron dinero, los campesinos no pudieron sacar sus productos, los enfermos no llegaron a los hospitales. Todo porque un alcalde decidió hacer política con un conflicto que no le corresponde.

Lo que vivimos en el Cauca no es solo un problema indígena. Es el resultado de un poder local que juega a incendiar el territorio para fortalecer sus alianzas. Con un claro propósito: sabotear al gobierno nacional. Es la mano oscura de la derecha haciendo oposición de la forma más ruin, sin importar el costo.

Hoy, el alcalde Jhón Freiman Urbano es responsable directo del bloqueo de la Panamericana. Y si el Ministerio del Interior rechaza su apelación –como corresponde–, ¿vendrán más cierres?

Que no nos digan que esto es autonomía. Esto es manipulación. Esto es politiquería. Esto es castigar a miles de personas por un capricho de poder y una vil forma de hacer oposición.

Por: Prensa Justicia y Dignidad.

Terminó marzo con su carga astral y abril arrancó con el caos de siempre. En el suroccidente colombiano, la vía Panamericana, arteria vital entre Popayán y Cali, está bloqueada desde hace 48 horas. En la capital, delegaciones de comunidades indígenas han llegado para exigir diálogo con el gobierno.

El lunes 30 de marzo, más de quince cabildos de Cauca, Nariño y Putumayo desembarcaron en Bogotá con la misma consigna: reconocimiento. La Confederación de Pueblos y Naciones Originarias de Colombia clama por el respeto de sus identidades, autoridades y derechos, y denuncia la exclusión de las plataformas oficiales que dicen representar al movimiento indígena, pero que omiten a buena parte de los 115 pueblos originarios del país. Exigen que la Presidencia instale una mesa de diálogo donde se reconozca la pluralidad de sus demandas y se articulen estrategias reales de trabajo conjunto. Sin embargo, en el fondo, lo que se disputa es el poder dentro de las mismas comunidades, un conflicto que no le compete al gobierno nacional, sino que solo la justicia indígena podría resolver.

En Bogotá y en el Resguardo de La María Piendamó, los pueblos indígenas han optado por la movilización y el bloqueo de vías para visibilizar sus reclamos. Pero detrás de estas protestas también pesan los conflictos intraétnicos: disputas entre gobiernos paralelos dentro de un mismo territorio que, en teoría, deberían resolverse en el marco de la jurisdicción especial indígena. Sin embargo, ante la falta de respaldo de sus propias comunidades, han decidido escalar el problema al gobierno nacional. Estas fracturas vienen de tiempo atrás, de luchas por el poder local, de la relación compleja entre la tradición y las nuevas generaciones, de las dificultades para administrar territorios que no solo tienen riquezas naturales, sino también amenazas externas.

Abril arranca con el nudo bien apretado. La fragmentación indígena no es solo resultado de disputas internas; es una estrategia que ha sido aplicada sistemáticamente por los gobiernos de turno. No es casualidad que el movimiento indígena, que ha sido uno de los más organizados y combativos en la historia del país, se vea desgarrado por la infiltración, la cooptación y la manipulación externa. Desde hace décadas, el poder central ha buscado debilitar sus estructuras mediante la creación de organizaciones paralelas que pretenden hablar en nombre de los pueblos originarios, pero que en realidad responden a intereses ajenos.

Un ejemplo claro de esta estrategia fue la creación de la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Abanderada por su ministro Fabio Valencia Cossio, la OPIC fue reconocida con bombo y platillos como una alternativa “legítima” al movimiento indígena tradicional. Pero con el tiempo, se descubrió que sus principales líderes no eran defensores de los derechos indígenas, sino controladores de estructuras paramilitares en el Cauca. Bajo el manto del reconocimiento oficial, la OPIC facilitó la expansión del paramilitarismo en territorios indígenas y muchos de sus miembros terminaron desmovilizándose bajo la Ley de Justicia y Paz. La vieja táctica del poder: dividir para reinar.

Las luchas internas en los cabildos no surgieron de la nada. Son el resultado de años de intervención estatal y de presiones externas que han puesto a los pueblos indígenas en una encrucijada: o se alinean con la institucionalidad o enfrentan la estigmatización, la criminalización y la represión. Mientras el Estado habla de autonomía y de diálogo, alimenta estas fisuras, entregando reconocimiento y recursos a quienes estén dispuestos a plegarse a su línea. Y cuando las comunidades alzan la voz para reclamar lo que es suyo, la respuesta es la misma de siempre: el desconocimiento, la negación de los derechos fundamentales y la militarización de los territorios.

En el fondo, la historia se repite. Las carreteras se bloquean, los gobiernos se muestran desconcertados, los líderes indígenas se debaten entre la autonomía y la necesidad de apoyo estatal, y los ciudadanos del común pagan el precio de la parálisis. Al no recurrir a la justicia indígena, la movilización se convierte en la única herramienta de quienes han entrado en rebeldía con sus propias autoridades tradicionales. Es su forma de hacerse visibles, de demostrar que existen y que su lucha no es solo contra el Estado, sino también dentro de sus propias estructuras.

El resultado: una crisis sin salidas fáciles. La ciudadanía sufre la falta de libre tránsito, el gobierno se ve atado por el respeto a la autonomía política de los pueblos indígenas, y el movimiento indígena exhibe sus propias fisuras. Mientras las autoridades intentan destrabar lo intrincado, en Popayán la gente busca rutas alternativas para llegar a Cali, y en Cali buscan por dónde llegar a Popayán.

Por: Prensa Justicia y Dignidad.

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del pueblo U’wa contra el Estado colombiano representa un hito fundamental en el desarrollo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. En un contexto donde la normatividad nacional ha limitado sistemáticamente estos derechos, la decisión de la Corte IDH no solo reconoce las violaciones cometidas por el Estado colombiano, sino que también establece lineamientos claros para la restitución, reparación y garantía de no repetición.

El caso surge a raíz de la concesión de títulos mineros y licencias de explotación en el territorio del pueblo U’wa sin la realización de estudios de impacto ambiental adecuados, lo que restringió el acceso de la comunidad a su territorio ancestral y vulneró sus tradiciones culturales y espirituales. A pesar de los argumentos del Estado sobre la importancia estratégica de estos proyectos para la producción de energía y el desarrollo económico del país, la Corte IDH determinó que estas acciones representaban una violación de múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la propiedad colectiva, la consulta previa, la participación en la vida cultural, el medio ambiente sano y el derecho a la vida.

La decisión de la Corte se estructura en tres puntos clave:

i) Restitución: el Estado colombiano deberá implementar medidas para el saneamiento integral del territorio del pueblo U’wa, clarificando sus títulos coloniales y asegurando la protección efectiva de su territorio.

ii) Satisfacción: la Corte ordenó la publicación de la sentencia y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, el cual deberá ser traducido al idioma U’wa como forma de reparación simbólica.

iii) Creación de un fondo de desarrollo comunal: este mecanismo busca reparar el daño causado a la participación en la vida cultural del pueblo U’wa y compensar los perjuicios sufridos por la comunidad debido a las acciones estatales.

La trascendencia de esta sentencia radica en que, por primera vez, la Corte IDH protege los derechos territoriales de todo un pueblo indígena y no solo de una de sus comunidades. Este fallo sienta un precedente clave para otros pueblos indígenas que enfrentan conflictos similares en el continente. Es particularmente importante para el caso colombiano, ya que es la primera sentencia sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país.

Sin embargo, genera preocupación el aval que la Corte otorga a los procedimientos de calificación de títulos coloniales, ya que en Colombia estos procesos no han tenido avances significativos y representan un riesgo para la integridad del territorio indígena. La falta de claridad y efectividad en estos mecanismos puede afectar la protección real de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país.

En definitiva, esta sentencia representa un avance significativo en la consolidación de un marco de protección efectiva para los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia y América Latina. Se espera que este fallo impulse a los operadores judiciales a nivel nacional a garantizar una mayor protección a estos derechos en sus decisiones futuras, fortaleciendo así el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y territorial en la región.

Por: Prensa Justicia y Dignidad