MASACRE EN NUEVA GRANADA MAGDALENA El 14 de abril, Bingo Rebolledo, Kevin Molina y Elvis Romero fueron asesinadas con arma de fuego en la vereda La Loma, Municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena. Presentaban signos de tortura
MASACRE EN LA GUAJIRA El 15 de abril en zona rural del municipio de Dibulla, fueron encontrados cuatro cadáveres con signos de tortura y con tiros en diferentes partes del cuerpo. Las víctimas oriundas de Santa Marta fueron identificadas cómo: Edgardo Cortés Meza, Bladimir Henao Rúa, Cristian Taffur Mercado y Alan Yesit Márquez Peralta. Días atrás habría circulado un panfleto amenazante del grupo paramilitar conquistadores de la Sierra.
FIRMANTES DE PAZ ASESINADOS EN CAQUETA Y CHOCO El 16 de abril fueron asesinados Carlos Cortés Henao y Suil Bejarano Robledo, en el Caquetá y en el Choco. Ambos eran firmantes de la paz. El cuerpo de Henao, fue hallado sin vida en la vereda Turín, del municipio de Milán -Caquetá. Suil Bejarano Robledo fue asesinado y arrojado a un río en el municipio de Río Quito, en el Chocó.
MASACRE EN RIO QUITO- CHOCO Hombres armados asesinaron a cuatro hombres, en Río Quito- Choco. Campesinos encontraron inicialmente tres cuerpos, minutos después, hallaron un cuarto cuerpo el cuál fue identificado cómo Saúl Bejarano Robledo, quién fue firmante del proceso de Paz. En esta zona hacen presencia el Eln y el Clan del Golfo.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN ABEJORRAL ANTIOQUIA El 21 de abril, el líder campesino y comunitario Gilberto Antonio Rivera López fue asesinado en la vereda La Peña del municipio de Abejorral cuando salia de su casa a iniciar sus labores diarias.
LIDERESA INDIGENA ASESINADA EN CORDOBA El 25 de abril, Mary Cruz Petro fue asesinada en modalidad sicarial. Era una reconocida lideresa indígena, actual tesorera del Cabildo Zenú Cantagallo de Ciénega de Oro en Córdoba. También se desempeñaba como enfermera en el puesto de salud de Pijiguayal zona rural del mismo municipio.
FIRMANTE DE PAZ ASESINADO EN EL CHOCO El 28 de abril , un firmante del acuerdo paz identificado como Harol Chami Lana, fue asesinado en Nuevo Belén de Bajirá. La víctima que se encontraba adelantando su proceso de reincorporación fue atacada a disparos en la vía que comunica con el corregimiento de Caucheros.
LÍDER SOCIAL ASESINADO EN CHAPARRAL TOLIMA Carlos Andrés Torres, líder juvenil del corregimiento de Calarma y consejero de juventudes en el municipio de Chaparral, Tolima fue asesinado el 30 de abril, su cuerpo tenia impactos de arma de fuego .
MASACRE EN EL CAQUETA Nelson Quiñones de Ayapel-Córdoba y Edwin Sotelo de Puerto Leguizamo -Putumayo, junto con una tercera persona sin identificar, que fueron asesinados , su cuerpos fueron encontrados el 29 de abril en la vereda Villa Hermosa del corregimiento El Danubio, de Florencia Caquetá.
ATENTADO CONTRA UN FIRMANTE DE PAZ Atentan contra Henry Bergaño Gómez, firmante del acuerdo de Paz oriundo de Argelia_ Cauca. Hoy 3 de mayo, siendo aproximadamente las 6:30 pm, alrededor del centro Comfacauca de la ciudad de Popayán, recibió un impacto de arma de fuego en su rostro, se encuentra en delicado estado de salud
Se denuncia que están planeando un asalto violento de un grupo de personas, al parecer al mando de la segunda maquetalia, en contra del campamento humanitario La Estrella Roja. Pese haber solicitado protección, la comunidad está desprotegida, se solicita presencia urgente de policía, defensoría y procuraduría .
ASESINADO LIDER POLITICO DE CENTRO DEMOCRÁTICO EN ARAUCA
El 16 de abril en el municipio de Puerto Rondón-Arauca fue asesinado Hernando Montoya Melo por sicarios que ingresaron a su residencia. La víctima de 67 años, dirigente y excandidato al concejo municipal; también, fue candidato a la alcaldia de ese municipio por el partido Centro Democrático.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN EL CAUCA José Isaías Quiguanás oriundo de Tacueyo y médico tradicional indígena fue asesinado el 18 de abril en el sector de Quitacalzon de Corinto-Cauca.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN ANTIOQUIA El 17 de abril fue asesinado en su finca en la vereda Morro Azul del municipio de Nariño el reconocido ganadero y comerciante Jairo Zuleta. Durante varios años fue directivo de la Colonia de Nariño en Medellín y actualmente también apoyaba las labores de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
LIDERESA SOCIAL ASESINADA EN ANTIOQUIA El 17 de abril fue asesinada la lideresa Sorelsy Jhoana Echavarria Cañas con arma blanca cuando se dirigía al sector de la finca la Mesa en Medellín. Era madre comunitaria e íntegro la JAC del Barrio Popular No 2 de Medellín . Observatorio de violencias.
FIRMANTE DE PAZ ASESINADO EN EL CALI El domingo 30 de abril fue asesinado Luis Antonio Piedrahita, firmante del acuerdo de paz, en el barrio Comuneros del Distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali en donde realizaba su proceso de reincorporación. Recibió heridas de gravedad por arma blanca y arma traumática, falleció en la clinica Valle de Lili.
MASACRE EN EL HUILA El 29 de abril, tres personas, una mujer y dos hombres, fueron asesinadas cerca a Zuluaga, en el municipio de Garzón-Huila. Al parecer por disputas relacionadas al microtráfico en el sector. Otro hombre sobrevivió y fue trasladado hasta un centro asistencial.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN EL CAUCA Asesinan al líder social campesino Diego Papamija Secretario de la JAC de Puerto Rico y fiscal del comité de carreteras de Argelia, Cauca Su cuerpo fue encontrado en la vía de conduce de Balboa – Argelia Cruce de San Alfonso.
GUARDIA INDIGENA ASESINADO Acaba de fallecer el guardia indígena Wiliam Vargas, del resguardo de Jambaló que fue atacado por grupos armados Dagoberto Ramos y ELN cuando trataba de apoyar a la comunidad que está en medio de los combates entre Caldono y Jambalo.
Por: Sofía López Mera Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
La coyuntura de la movilización social del Paro Nacional en Colombia del año 2021 tuvo como detonante una reforma tributaria lesiva y regresiva, impulsada por el Gobierno de Iván Duque y un acumulado de malestares sociales producto de injusticias y desigualdades estructurales de vieja data. La respuesta del gobierno de ese entonces fue la represión hacia quienes salieron a ejercer el legítimo derecho a la protesta, así como el planeamiento y posterior ejecución de abominables prácticas de terrorismo de Estado que nos recuerdan la violencia padecida por los jóvenes en las dictaduras militares del Cono Sur, en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido por promover grupos paramilitares, integrar redes de narcotráfico y ser el responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante sus mandatos, ordenó, la mañana del viernes 30 de abril de 2021, a través de la plataforma “Twitter”, el uso de armas oficiales en contra de los manifestantes cuando dijo: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
Plantón frente al Comando de la Policía de Popayán.
En consecuencia con lo anterior, el domingo 2 de mayo de 2021, el presidente, Iván Duque, implementó la figura de la “asistencia militar”, a pesar de que existía jurisprudencia constitucional que protegía el legítimo derecho a la protesta. Estas dos órdenes de Estado derivaron en la militarización de la protesta social en todo el territorio nacional y en la sistemática y generalizada violación a los derechos humanosen contra de manifestantes y no manifestantes.
En contraposición a estas determinaciones, la Corte Suprema de Justicia, desde el 22 de septiembre de 2020 profirió sentencia que protegió el derecho a la protesta social en Colombia, tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Entre las medidas dispuestas por la Sala de Casación Civil, está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominó como “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Así mismo, la providencia ordenó la suspensión de las escopetas “calibre 12” usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa en función por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.
Mural en memoria a Sebastián Quintero Múnera
La brutalidad con la que actuaron las fuerzas policiales y militares en contra de la protesta social en Colombia, configuró un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el miércoles 28 de abril de 2021, evidenciaron la existía de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública colombiana en las manifestaciones ciudadanas, lo que derivó en la estigmatización hacia quienes, sin violencia, salieron a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales e hizo practicable también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso inadecuado de armas letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida, la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y libertad de prensa.
En la ciudad de Popayán se reprimió de manera violenta y desproporcionada las manifestaciones pacíficas de protesta social. Desde su inicio, la represión del Estado se dirigió en contra de los jóvenes de los barrios populares, los estudiantes universitarios y las organizaciones sociales de base y de derechos humanos de la ciudad. El sector social de los “Sin Techo” fue atacado sistemáticamente por la Policía Nacional desde el mismo miércoles 28 de abril, afectando a niños y mujeres, realizando detenciones arbitrarias, que durante el 2022 se tradujeron en montajes judiciales que hoy tienen privados de la libertad a líderes sociales.
En la tarde del jueves 29 de abril, en el marco del paro nacional, las organizaciones sociales y populares que integran “Los Sin Techo” hicieron una rueda de prensa a orillas de la carretera panamericana, contiguo al lote donde fue desalojado el campamento humanitario el día inmediatamente anterior, propiedad de la familia de la senadora caucana Paloma Valencia. Durante la realización del ejercicio periodístico sufrieron provocaciones y saboteos por parte de miembros de La Policía Nacional. Hacia las 6 p. m., cuando “Los Sin Techo” habían terminado la rueda de prensa y se dirigían a otros puntos de protesta, fueron detenidos de manera arbitraria algunos líderes sociales. Entre las víctimas de la detención se encontraba el joven Andrés Duque, conocido públicamente como “El Caleño”; el procedimiento fue grabado en vivo en las redes sociales, y por la presión comunitaria fue dejado en libertad horas después.
La detención de Alison Meléndez, una joven menor de edad, se produjo el miércoles 12 de mayo a las 8:57 de la noche, en medio de protestas ocurridas en el barrio “La Esmeralda”, y fue transmitida en vivo través de redes sociales. Alison fue detenida arbitrariamente y sufrió abuso sexual por parte de uniformados de la Policía Nacional en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía. Al día siguiente la menor se suicidó, dejando en sus redes sociales el mensaje “me manosearon hasta el alma”. Este abominable crimen provocó en la población payanesa y caucana un gran repudio y rechazo social, lo que incitó a una gran manifestación popular convocada por las organizaciones de mujeres.
El día sábado 14 de mayo se llevaron a cabo varios plantones populares de rechazo en el comando de la Policía y en la URI de la Fiscalía. La respuesta de la Policía fue atroz y hubo presencia de infiltrados dentro de la marcha que habrían ingresado por la parte trasera de las instalaciones de la fiscalía, se registraron videos de camionetas blancas en las que desaparecieron dos jóvenes a pocas cuadras de donde se realizaba la marcha, se usaron ilegalmente armas no convencionales para las protestas que cobraron la vida del joven estudiante Sebastián Quintero Múnera, también resultaron decenas de heridos, decenas de detenidos y la conflagración de las instalaciones de la URI de la Fiscalía y de Medicina Legal.
Durante la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de mayo se realizaron varios allanamientos ilegales por parte del Ejército Nacional en la ciudad, en donde se evidenció la ausencia de órdenes de allanamiento y captura, muy seguramente con fines de desaparición forzada. Por fortuna la reacción comunitaria impidió desenlaces fatales.
El domingo 15 de mayo, en el marco de las labores de la “asistencia militar” decretada por la Presidencia de Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano anunció en una rueda de prensa en el Batallón José Hilario López: “En Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de “Andrés”, “Cheto”, “Maíz” y “Caleño”, por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021”. Molano hacía alusión al incendio de las instalaciones de la URI, y ofreció la suma de 50 millones de pesos por sus paraderos. Las personas señaladas por Molano son lideres sociales del Cauca; meses después se presentaron una serie de amenazas de muerte por medio de panfletos que culminaron con un montaje judicial.
De esta manera, la ciudad de Popayán se encontraba totalmente militarizada y el alcalde Juan Carlos López y el Gobernador Elías Larrahondo Carabalí entregaron la ciudad y el departamento a las fuerzas militares para el control del orden público mediante la figura de la asistencia militar. Fueron relevados de sus cargos como máximas autoridades de Policía, instalando como en Cali, el Puesto de Mando Unificado –PMU-, lo que dejó al departamento del Cauca a merced del General Eduardo Enrique Zapateiro.
El ataque armado de la Policía a los inermes habitantes de Bello Horizonte, el día 14 de mayo, cuando hacían una “velatón” por la muerte del estudiante Sebastián Quintero Múnera, da cuenta de la ejecución de una orden de ataque militar a los barrios populares en Popayán, así mismo, los allanamientos irregulares en el barrio Yambitará por parte del Ejército el día 15 de mayo, indican que estaba lejos de cesar la violencia de Estado en la ciudad.
Desde Bogotá se denunció, por parte de la “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”, operaciones de inteligencia militar y policial en contra de personas y organizaciones populares que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. El plan consistía en usar los vehículos policiales con modificaciones y ocultamiento de los colores verdes y de los símbolos de la institución, polarizarlos y alterar las placas. Algunos vehículos habrían sido pintados en los sitios de parqueo del Comando de Policía en el barrio “El Cadillal”. Las actuaciones previstas, combinarían así, formas y accionar paramilitares para evitar que la cuestionada policía fuera responsabilizada.
Se presentaron constantes ataques en contra de la prensa, de los defensores de derechos humanos, así mismo se amenazó a la juez contencioso administrativa que mediante fallo de acción de tutela restringió el uso de las “Venom”, dispositivo letal usado por el ESMAD que generó pánico entre los manifestantes y causó la muerte del Joven Sebastián Quintero Múnera.
Un año después del estallido social, el viernes 17 de junio de 2022, previo a las elecciones presidenciales, fue detenido nuevamente y de manera arbitraria, por personas de civil sin identificación, el líder social Andrés Duque, en hechos que también quedaron grabados en directo a través de las redes sociales. A pesar de la evidente ilegalidad de su captura, se le impuso “medida de aseguramiento intramural”, y se le imputaron cargos por los delitos de “avasallamiento de bien inmueble”, “violencia contra servidor público” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. También fue víctima de este montaje judicial y privado de su libertad el artista, estudiante y líder social Bremen Hinestroza, figura emblemática del paro nacional, quien usó traje de colores patrios y símbolos de repudio a la guerra y a la injusticia social. A pesar de que estos dos líderes sociales fueron designados por el actual presidente de La República, Gustavo Petro Urrego, como “voceros de Paz”, los integrantes del “Centro Democrático” señalaron que no eran lideres del Paro Nacional, acusación falsa si se tiene en cuenta que la persecución de estos líderes se orquestó por su participación en el Paro Nacional en medio de su pedido de reivindicaciones, sobre el tema de la vivienda digna. Ellos continúan presos por ejercer el derecho a la protesta social, sin que el gobierno nacional haya podido restablecer aún su libertad.
Fueron días de terror vividos en la ciudad que quedarán en la memoria de los payaneses como nuestras muy patojas y lúgubres noches de los lápices.
Por: Sofía López Mera Abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
El Cauca alberga la mayor parte de la población indígena del país. A su vez, es uno de los departamentos de Colombia que más ha padecido las consecuencias del conflicto armado interno, ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y un sinnúmero de infracciones al derecho internacional humanitario; por tanto, la población indígena del Cauca ocupa un lugar representativo en el proceso de victimización de esta guerra que aún se mantiene vigente.
Llama la atención que las comunidades indígenas no hayan tenido hasta ahora una participación activa en los diferentes procesos de Paz llevados a cabo en el transcurso de la historia nacional, pese a que siguen siendo las principales afectadas por la violencia en sus territorios ancestrales, sin hablar de los espacios simbólicos de construcción de nación, en donde también han sido invisibilizadas y discriminadas desde los discursos elitistas.
Solo existe como referencia la participación en el proceso de negociones de Paz con el Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. En mayo de 1991, durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, este movimiento firmó la paz y retornó a la vida sin armas. Participaron en la Asamblea Nacional Constituyente a través de Alfonso Peña Chepe, hermano de uno de los comandantes desmovilizados quien, junto a los dirigentes indígenas Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, promovió importantes cambios a favor de las comunidades nativas en Colombia. Tras la desmovilización del Quintín Lame surgió la Alianza Social Indígena -ASI- como fuerza política que, al día de hoy, se mantiene en el escenario político nacional.
En los acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se incorporaron los derechos de las minorías étnicas a través de la inclusión del Capítulo Étnico: un conjunto de principios aplicados transversalmente en los Acuerdos, con el fin de garantizar los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos.
Desde que iniciaron los Diálogos de Paz en noviembre de 2012, los pueblos indígenas solicitaron que se creara una instancia que les permitiera incluir sus propuestas y que garantizara que los acuerdos que se pactaran entre el gobierno y las FARC no afectarían su cosmovisión ni sus reivindicaciones históricas. Sin embargo, su petición sólo fue aceptada cuando ya se habían acordado cinco de los seis puntos del Acuerdo Final. En el mes de junio de 2016 fueron citadas las comunidades para la construcción del Capitulo Étnico. Al final quedó un sinsabor: el Capítulo Étnico se estableció, en últimas, para que los Acuerdos de Paz no se cayeran por falta de consulta previa y, por tanto, no existió una participación real y efectiva de las comunidades étnicas en el proceso. La implementación y la verificación del Capítulo Étnico también están corriendo la misma suerte, pues nunca han existido recursos para tal fin. Mientras tanto, los territorios de las comunidades siguen siendo los escenarios de violencias, y los beneficios prometidos, entre ellos el de la “no repetición”, no han llegado.
Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios. Esta es una manifestación concreta de la regla general, según la cual, el Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”, teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”, según se dispone en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tanto la consulta como el consentimiento son aplicables a acciones administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre los derechos y los intereses particulares de los pueblos indígenas.
Siendo la consulta previa y el consentimiento informado derechos fundamentales de rango constitucional que detentan las comunidades indígenas y, en general, toda comunidad que vaya a ser intervenida por el Estado dentro de su territorio, ¿por qué no se ha dado la aplicación debida a este derecho en el marco de los procesos de Paz? La guerra se libra en los territorios indígenas, y gran parte de las víctimas las ponen estos pueblos. La participación directa de estas comunidades es, por tanto, esencial para la consolidación de una paz estable y duradera en el transito a la paz total.
Por otra parte, el contexto de la guerra del Cauca es particular, pues es una constante en la dinámica bélica el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas; pero también es cierto que muchos comuneros indígenas han disuelto por la fuerza el vínculo con sus comunidades para unirse a las filas de los grupos armados, fracturando el tejido social y organizativo, y profundizando los odios que se atizan aún más entre indígenas desertores contra sus comunidades de origen. Al igual que ocurre con las fuerzas legítimas del Estado, que en muchas ocasiones pone a su ejército a atacar al pueblo del que han surgido sus miembros, en los territorios indígenas se libra realmente una guerra fratricida, una especie de autoexterminio étnico del que se benefician los intereses del capital proyectados sobre estos territorios y, de forma particular, el negocio del narcotráfico que los usa como títeres en un escenario deshumanizado y criminal.
En una guerra donde los indígenas han sido reclutados o instrumentalizados por los actores armados y el narcotráfico para atacar a sus propias comunidades, juega un papel fundamental la justicia especial indígena. El artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de la Jurisdicción Especial Indígena, en donde se les otorga a las comunidades la facultad de establecer autoridades judiciales propias, así como la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos autónomos bajo la sujeción de la Constitución y de la Ley. Teniendo estas facultades constitucionales a través de la Jurisdicción Especial Indígena, los pueblos pertenecientes pueden construir una política pública de paz que involucre a sus comunidades y que logre desescalar el conflicto armado en los territorios, proteger a los menores víctimas de reclutamiento forzado y llegar a unos acuerdos locales que permitan sanar las fracturas organizativas que ha dejado la guerra.
Así lo ha entendido el movimiento indígena caucano desde sus facultades en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, fundamentados en el Derecho Mayor, el Derecho Propio y la Ley de Origen; mediante la resolución 021 del 12 de agosto de 2022, las 139 Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- pertenecientes a once pueblos, Ampiuille, Polindara, Nasa, Misak, Epedara-Siapidara, Yanakuna, Totoroéz, Embera, Kokonuko, Kisgo e Ingas, mandataron la operatividad y el desarrollo de los Diálogos Humanitarios Para La Vida con perspectiva de Paz con los actores armados ilegales, legales y terceros involucrados en el conflicto. Esta iniciativa busca consolidar agendas de paz entre los grupos armados y la población civil, y aterrizar las Políticas Públicas de Paz ya existentes en los territorios.
En el marco de este mandato, las comunidades indígenas se han convocado a la realización de La Minga Humanitaria, Política y Social por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz Total e Integral de Los Pueblos, que busca posicionar y empoderar a las autoridades y comunidades indígenas, a los sectores sociales, étnicos, populares, sindicales, estudiantiles, a jóvenes, mujeres, procesos rurales y urbanos del suroccidente colombiano, así como a los principales actores políticos, en el marco de la construcción de paz desde sus propios contextos territoriales, en coordinación con el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por otra parte, esta Minga busca conocer de fondo las voluntades reales por parte de los diferentes actores armados, del gobierno nacional y local, de los gremios económicos y de la sociedad civil frente a la construcción de la Paz Real e Integral. Esto implica desescalar el conflicto y avanzar en el cese multilateral de hostilidades.
Dentro del marco de la Jurisdicción Especial Indígena, este ejercicio permitirá encontrar vías alternas en búsqueda de la Paz en los territorios, pero también dinamizará la Política Pública de Paz, ya que ha encontrado en los actores armados y en su incumplimiento del cese al fuego sus principales detractores, y en el Fiscal General, en la Procuradora General de la Nación, y en el mismo Congreso de la República, grandes obstáculos para materializar las reglas mínimas de consolidación de los Diálogos de Paz con todo los actores en conflicto.
Pedagogía de Paz en los territorios indígenas y una Jurisdicción Especial Indígena en clave de Paz Total que silencia el ruido de los fusiles y las metrallas en el Cauca: esa es la apuesta de las comunidades y la única alternativa concreta que hasta ahora se vislumbra.
LIDER SOCIAL ASESINADO Este 9 de abril, día Nacional de la Memoria de las Víctimas del conflicto armado fue asesinado en el barrio La Paz de Cali el líder social Luis Alberto Quiñones Cortés. Proveniente de Magüi Payán,Nariño, fue desplazado forzadamente hacia el Valle. Hombres armados acabaron con su vida en un establecimiento de comercio.
El 9 de abril a las 14:10 horas en el sector del Barrio los prados del municipio de Puerto Asís, el agente escolta de la Subdirección Especializada de la UNP, Diego Mauricio Rojas, fue víctima de ataque armando por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.
HERIDO COMUNERO INDIGENA EN EL CAUCA En la madrugada del 12 de abril, en la vereda La Pila del Resguardo Indígena de San Francisco- Toribio, el ejército disparó a un comunero en la pierna. La comunidad indígena reaccionó y capturó a 16 integrantes del ejército.
MASACRE EN EL TAMBO CAUCA Rubén Darío López, Marcos Elías Gutiérrez y Didier Estiven Montenegro fueron asesinados el 11 de abril en Rio Sucio, cgto de Uribe, en el Tambo-Cauca. Fueron sacados de sus viviendas por hombres armados y posteriormente asesinados.
LÍDER SOCIAL ASESINADO EN ANTIOQUIA El 9 de abril fueron asesinados Rodolfo Holguín Martínez y Luz Dary Barón en Carmen de Viboral. Rodolfo era el presidente de la JAC de la vereda San Vicente.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN VALLEDUPAR El líder social Alfonso Medina fue asesinado por sicarios en la noche del 10 de abril en el barrio Villa Haydith, al sur de Valledupar en dónde fungía cómo presidente de JAC.
LIDERESA SOCIAL ASESINADA EN NORTE DE SANTANDER El 11 de abril DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ fue asesinada a golpes cuando se desplazaba hacia su vivienda. La lideresa residía en el municipio de San Cayetano y era reconocida por su gestión comunitaria en causas sociales y ambientales
LIDER SOCIAL ASESINADO EN SUMAPAZ Julio Tautiva Cruz fue asesinado el 11 de abril en Sumapaz, cuando armados ingresaron hasta su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones, luego sacaron su cuerpo y lo abandonaron en una zona poco transitada . Integraba la JAC,era gestor cultural y hacia parte del sindicato SINTRAPAZ.
LIDERES SOCIALES DE GUAPI ASESINADOS Hallan cuerpos sin vida de dos adultos mayores líderes en Guapi del Consejo Comunitario Alto Guapi y de la Junta Local del Río Yatin, María Cecilia Cuenu Cuenu y Juan Hilario Banguera Colorado, desaparecidos desde el 31 de marzo de 2023
SE PLANEA ATENTADO CONTRA LÍDER SOCIAL EN EL CAUCA : El líder social y precandidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Popayán ANDRES MAIZ ha sido informado por fuente de alta credibilidad que se estaría planeando un atentado en contra de su vida en el campamento humanitario de la Estrella Roja de Popayán. Instamos al Estado de Colombia para la protección de los lideres sociales.
LIDER SOCIAL ASESINADA EN BOGOTÁ El 15 de abril fue asesinada Luisa Isabel Moreno, líder social en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo II sector; venía siendo amenazada por denunciar las invasiones en el sector y los altos índices de inseguridad.
Por: Sofía López Mera Abogada defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa implementa en la actualidad el llamado “derecho penal del enemigo” dentro del cual, quienes sean contrarios a su posición política e ideológica, serán tratados como sujetos sin derechos y no como ciudadanos. Este derecho es un concepto acuñado por Günther Jakobs desde 1985, y se refiere a que alguien puede ser castigado sin haber cometido delito alguno utilizando como medio de justificación la pretendida peligrosidad del sancionado. Es una forma de negar, parcial o totalmente, los derechos procesales y sustantivos que corresponden a toda persona. Así, el enemigo no se considera ciudadano, sino que es algo menor que éste y, por ello, no merece la aplicación de las garantías y derechos de la ciudadanía. Por lo menos así lo confirman los patrones sistemáticos identificados por los relatores de la ONU acerca de las judicializaciones en medio del paro nacional colombiano del 2021.
Leicy Mercedes Benavidez, lideresa social de Pasto, quien coordina la campaña de Ollas Comunitarias en los barrios más vulnerables de la ciudad, fue vinculada a un proceso penal dirigido en contra de los jóvenes que integran La Primera Línea mediante la utilización de operaciones y de agentes encubiertos ilegales que no contaban con la autorización de un juez competente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, además de ser ilegales en su obtención y en su apreciación, carecen de convicción y resultan contradictorias; con dicho material probatorio no se llega a la conclusión de que Leicy Mercedes participó de actos vandálicos en el marco de las movilizaciones del paro nacional. Por esta razón, no se le impuso medida de aseguramiento, y se ha solicitado la preclusión de la investigación.
El 23 de febrero del presente año, cuando la lideresa abordó un taxi de placas SVR293 en dirección a su casa de habitación, fue llevada a un destino distinto; la mujer pidió ayuda a través de redes sociales. En el momento de llegar La Policía, la lideresa social fue requisada, su reclamo no fue atendido y fue llevada al centro de atención transitoria -CAT-, en donde fue golpeada y maltratada verbalmente; así mismo, se le quitó el celular y fue borrado el video donde ella pide ayuda en redes sociales. No se le permitió llamar a un familiar y, gracias al video publicado en su facebook, fue encontrada por sus familiares, quienes exigieron su liberación inmediata. Era evidente: La Policía orquestaba una desaparición forzada. En esta última semana, la lideresa y de más jóvenes judicializados recibieron amenazas por parte de uno de los agentes encubiertos de La Fiscalía, quien les manifestó que todos los de La Primera Línea que se salvaron en ese proceso penal, serán asesinados simulando accidentes o robos. A pesar de los pedidos de protección ante los entes del Estado, Leicy se encuentra en absoluto desamparo, afrontando situaciones de exilio, desplazamiento forzado y, ahora, confinamiento.
El 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Garantías de Buga otorgó la libertad por vencimiento de términos al joven Sebastián Simanca, víctima de montaje judicial en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Entre otras muy confusas acusaciones, fue señalado de participar de las protestas en el marco del paro nacional, y de realizar actos vandálicos como la quema del camión de bomberos. Los elementos de pruebas de La Fiscalía son insuficientes y contradictorios, y la acusación resulta tan mal formulada que no son claros los hechos jurídicamente relevantes, es decir, que no se sabe puntualmente de qué se le acusa. Luego de año y tres meses de presentado el escrito de acusación, la audiencia aún no se ha realizado.
El 29 de abril en horas de la tarde en Popayán, en el marco del paro nacional, las organizaciones sociales y populares que integran “Los Sin Techo” hicieron una rueda de prensa a orillas de la carretera panamericana, contiguo al lote donde fue desalojado el campamento humanitario el día anterior. Durante la realización del ejercicio periodístico sufrieron provocaciones y saboteos por parte de miembros de La Policía Nacional. Hacia las 6:00 p.m., cuando “Los Sin Techo” habían terminado la rueda de prensa y se dirigían a otros puntos de protesta, fueron detenidos arbitrariamente. Entre las víctimas de la detención arbitraria se encontraba el líder social Andrés Duque, conocido públicamente como “El Caleño”: el procedimiento fue grabado en vivo en redes sociales. Por la presión comunitaria, fue dejado en libertad horas después.
El 15 de mayo de 2021, en el marco de las labores de la “asistencia militar” decretada por la Presidencia, el entonces ministro de Defensa Diego Molano anunció en una rueda de prensa dentro de las instalaciones del Batallón José Hilario López: “En Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de “Andrés”, “Cheto”, “Maíz” y “Caleño”, por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021”. Molano hacía alusión al incendio de las instalaciones de la URI, y ofreció la suma de 50 millones de pesos por sus paraderos. Las personas señaladas por Molano son lideres sociales del Cauca, entre ellos Andrés Duque. Luego se presentaron una serie de amenazas de muerte por medio de panfletos que culminaron con un montaje judicial. El 17 de junio de 2022, previo a las elecciones presidenciales, y con el fin estratégico de desestabilizar y de generar terror y zozobra ante el eventual triunfo del entonces candidato Gustavo Petro, fue detenido arbitrariamente por personas de civil, sin identificación, el líder social Andrés Duque, en hechos que quedaron grabados en directo por las redes sociales. A pesar de la evidente ilegalidad de su captura, se le impuso “medida de aseguramiento intramural”, y se le imputaron cargos por los delitos de “avasallamiento de bien inmueble”, “violencia contra servidor público” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. Llama la atención que el líder social no ha contado hasta ahora con una defensa técnica que garantice el reconocimiento de su calidad de detenido político, a pesar de que, en cada una de las audiencias realizadas, conglomerados de personas integrantes de organizaciones sociales y populares del Cauca piden su libertad con consignas y gritos. También exigen la libertad del artista y líder social Bremen Hinestroza, figura emblemática del paro nacional por su traje de colores patrios y sus símbolos de repudio a la guerra y a la injusticia social. A pesar de que estos dos líderes sociales fueron designados por el presidente de La República como “voceros de Paz”, el congresista Christian Garcés del Partido Centro democrático los señaló de “colados”: “Hay dos invasores de tierras colados en los ‘voceros de paz’ que Gustavo Petro quiere dejar libres, ambos imputados por éste y otros delitos que no fueron cometidos en desarrollo de las protestas del paro nacional”. Acusación temeraria, si se tiene en cuenta que la persecución de estos líderes se orquestó por su participación en el paro nacional en medio de su pedido de reivindicaciones, específicamente sobre el tema de la vivienda digna. Ellos continúan presos por ejercer el derecho a la protesta social, sin que el gobierno nacional haya podido restablecer aún su libertad.
Cinco relatores especiales adscritos a la ONU y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria cuestionan la legalidad de las privaciones de la libertad de jóvenes judicializados en medio del paro nacional de 2021, muchos casos similares a estos fueron estudiados por los relatores. Los hallazgos describen un patrón de violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, cuyas características fueron la judicialización mediante el uso inapropiado del derecho penal o implementación del derecho penal del enemigo, así como la estigmatización a las personas que participaron en las manifestaciones.
El 24 de marzo de 2023 se dio a conocer el comunicado del relator especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y de la relatora especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el Terrorismo, en los que se presentó un diagnóstico sobre los hechos ocurridos en el año 2021 en nuestro país relacionados con las detenciones y las judicializaciones en el marco de a represión estatal en el paro nacional.
Dentro de sus principales hallazgos, los relatores de la ONU comunicaron su preocupación por la existencia de “un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta”. Dicho patrón tendría dos modalidades: la primera se presentó simultáneamente con el paro nacional durante los primeros meses del estallido social por medio de la judicialización de manifestantes mediante la aplicación indiscriminada de figuras jurídicas tales como “captura en flagrancia” y el “traslado por protección”.
En esta modalidad, la Fiscalía apeló al uso de tipos penales como “daño en bien ajeno”, “violencia contra servidor público”, “perturbación en servicio de transporte”, “empleo y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. A pesar de que la mayor parte de las personas judicializadas en esta modalidad recuperaron su libertad, en muchos casos se presentaron imputaciones para estigmatizar y desincentivar la protesta social.
La segunda modalidad a la que se refirieron los relatores de la ONU se presentó entre junio de 2021 y 2023 en una etapa posterior a las movilizaciones. Las judicializaciones en este caso se produjeron mediante capturas con orden judicial sustentadas en posibles montajes, y apelando al uso de tipos penales desproporcionados como “terrorismo”, “concierto para delinquir”, “tentativa de homicidio”, “instigación a delinquir”, “secuestro”, “tráfico, fabricación y porte de explosivos”, entre otros. Ante esta modalidad, los relatores expresaron su preocupación, ya que identificaron que el objetivo de este tipo de imputaciones es desestimular a la ciudadanía y a los manifestantes a ejercer sus derechos, y a estigmatizar a las personas que participaron en la protesta social.
Los relatores subrayaron su preocupación por la interpretación consagrada en la Directiva N° 002 de 2021, y promovida por Francisco Barbosa, actual fiscal General de la Nación, que ordenaba investigar los posibles actos delictivos de la protesta como “terrorismo”, en contraste con el criterio que hasta ese momento consagraba la derogada Directiva N° 008 de 2016, la cual indicaba que debían tipificarse bajo el delito político de “asonada”, otorgando un carácter político.
En el informe, los relatores de ONU destacan que las personas judicializadas en esta modalidad son, en su mayoría, jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y cuestionaron la consideración de Las Primeras Líneas como grupos de delincuencia común organizada -GDCO- para justificar un tratamiento más restrictivo de la libertad.
En el mismo sentido, el pasado 29 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado recogiendo las preocupaciones de los relatores, y señalando que “Expertos de la ONU han solicitado a Colombia que deje de utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo, para procesar a personas por participar en protestas contra las políticas del Gobierno”.
Se necesita con urgencia una ley de alternatividad penal para quienes fueron privados de su libertad con ocasión de los hechos ocurridos durante el paro nacional y, de esta manera, restablecer sus derechos fundamentales, entre ellos, la libertad.
FIRMANTE DE PAZ ASESINADO EN EL CHOCO El 31 de marzo fue asesinado Levison Valoys Mosquera en Bahia Solano, Choco. Previamente había manifestado a la UNP que tenía problemas de seguridad.
SESINADA LIDERESA SOCIAL EN NORTE DE SANTANDER El 2 de abril en Teorama, Norte de Santander, fue asesinada Lenis Yaneth Salazar, vendedora de chance y líder comunitaria, fue encontrada sin vida en un billar del corregimiento San Pablo. Presentaba herida de arma de fuego.Pertenecía a la Junta de Acción Comunal, al Comité de Ferias y Fiestas; al grupo de danzas de la Casa de Cultura, al Comité de Movilidad y participaba en las actividades de las Asociaciones de mujeres del corregimiento.
ASESINADO LIDER SOCIAL EN ANTIOQUIA El 30 de marzo, se encontró el cuerpo sin vida de Jhon Jairo Valencia Soto entre las veredas El Cauzal y La Victoria del municipio de #Abejorral #Antioquia. Fue concejal y apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2022.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN ANTIOQUIA El 3 de abril fue asesinado el lider comunitario Jorge Pérez Lopera en la vereda Quebrada del Medio, municipio de Ituango, Antioquia.
MASACRE EN EL META El 3 de abril a las 8pm, fueron asesinados con arma de fuego, dos hombres y una mujer en la vereda #LaCristalina, zona rural de #PuertoGaitán (Meta) .
LIDER SOCIAL ASESINADO EN BALBOA -CAUCA El día de ayer 4 de abril Herney Muñoz fue sacado de su casa por integrantes de las disidencias de las Farc en el corregimiento La Planada y hoy lo encontraron su cuerpo sin vida con impactos de arma de fuego en la vereda el Turbio.Se distinguía por organizar la famosa semana cultural y deportiva del corregimiento La Planada.
LIDER AMBIENTALISTA ASESINADO EN ANTIOQUIA El 2 de abril falleció Jaime León López luego de que fuera atacado con arma blanca el día 29 de marzo en Santa Bárbara- Antioquia. Era un destacado defensor de animales en la región.
Abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.
Durante el mes de marzo de este año, varios medios de comunicación han advertido sobre la crisis que está padeciendo el negocio del narcotráfico en el Departamento del Cauca que se encuentra en la lista de los mayores productores de hoja de coca en Colombia y, de conformidad con las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC-, forma parte de la gran región productora en el sur del Andén Pacífico -zona que abarca desde Tumaco a Buenaventura-. Los municipios del Tambo y Argelia, situados entre la cordillera occidental y la región Pacífica caucana son los principales productores de hoja de coca en el departamento.
En la última semana del mes de marzo, la senadora Paloma Valencia señaló a través de un video en sus redes sociales que había coca represada en el Cauca y en el Caquetá: “tenemos información de primera mano de que tenemos muchas toneladas de coca en el Departamento del Cauca escondidas y lo mismo parece estar pasando en el Departamento del Caquetá”.
El diario El Tiempo señaló que el precio de la hoja de coca cayó y se paga a menos de la mitad de lo que históricamente se ha vendido, mientras los insumos que se usan para la producción del cultivo como abonos, fertilizantes e insecticidas, han doblado su precio. La arroba de hoja de coca, que antes costaba $80.000 pesos, ahora se comercializa, si hay comprador, en $30.000 pesos, lo que no alcanza para pagar la mano de obra de los recolectores o “raspachines”. Grandes cantidades de coca se han quedado represadas por la escasez de compradores en los municipios de Argelia y el Tambo.
En otras zonas del país como el municipio de Vista Hermosa, Meta en límites con el Guaviare, se ha denunciado que desde hace seis meses no circula el dinero por la caída de compra de la hoja. Es decir, la escasez de coca como moneda de uso local tiene sumidas en el hambre y la miseria a varias veredas de este municipio; esta información, registrada en el documental del medio independiente El Cuarto Mosquetero, permite vislumbrar lo que se viene para el Cauca, en especial para los municipios de Argelia y el Tambo, donde se está viviendo esta misma situación.
Se han identificado tres razones por las cuales la agroindustria ilegal de la cocaína se encuentra en crisis: en primer lugar, a raíz de las acciones de control que viene realizando el gobierno nacional. En segundo lugar, el cobro extorsivo de “vacunas” en toda la cadena de producción y la disputa de los grupos armados ilegales por el control de este cobro y de las rutas del tráfico. En tercer lugar, por el auge de las drogas sintéticas que están sustituyendo la cocaína.
El ministro de Defensa Iván Velásquez ha señalado que la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro se centra en tres ejes: la incautación de insumos, la interdicción de la droga, y el golpe a los bienes de los grandes narcotraficantes a través de la extinción de dominio. Según las cifras del Ministerio de Defensa, se han logrado incautar 106 toneladas de clorhidrato de cocaína, destruir 1.161 laboratorios para el procesamiento de droga, y extinguir bienes por valor de $154 mil millones de pesos.
En el marco del debate de control político que se hizo a Velázquez, la senadora María José Pizarro resaltó la política de La Seguridad Humana y expuso las cifras del Ministerio de Defensa que indican que, durante los primeros siete meses del gobierno actual, y comparado con el anterior, se registran avances serios en la lucha contra el narcotráfico. Destaca la senadora un aumento significativo en las incautaciones: del 73% de aeronaves, del 39,9% de cocaína, del 3,3% de heroína, de 116,4% de hoja de coca, de 55,90% de base de coca y del 41,7% de la marihuana.
El ministro de Defensa ha sido enfático en señalar que La Seguridad Humana del gobierno del presidente Gustavo Petro no ataca a los más débiles de la cadena del negocio del narcotráfico: “No es afectando a los campesinos, que además han sido obligados a vivir de la coca porque el Estado no les ha dado una oportunidad diferente, porque es la única manera que tienen para subsistir […] se han registrado cifras realmente históricas, en algunos casos, casi duplicando decomisos anteriores, de insumos que significan mayor dificultad para la producción del clorhidrato de cocaína”, explicó Velázquez.
Por otra parte, se han incrementado las capturas en contra de los integrantes de grandes carteles del narcotráfico. Un ejemplo de ello es el operativo del 30 de marzo en Medellín, donde la Policía Nacional capturó a 52 personas vinculadas al narcotráfico internacional en una megaoperación que duró dos meses y que contó con el apoyo de Estados Unidos, Francia, España -entre otros países-, informó el Ministerio de Defensa. Entre los detenidos, 34 tienen órdenes vigentes de extradición. En los operativos se incautaron 4 toneladas de cocaína valoradas en $134 millones de dólares y 244 bienes con fines de extinción de dominio, valorados en aproximadamente $102 millones de dólares. La Policía indicó que entre los capturados se encuentran integrantes del “Cartel de Sinaloa”, “Jalisco Nueva Generación” y “Los Zetas”, además de la organización europea “Clan Devesa” y las organizaciones narcotraficantes colombianas “Clan del Golfo”, “Los Pachenca”, “La Local” y la disidencia “Oliver Sinisterra”, una facción que no se acogió a los acuerdos de paz firmados en 2016.
El gobierno de Gustavo Petro sí está persiguiendo a las grandes cabezas del narcotráfico nacional e internacional, lo que ha intensificado los controles de la salida de la hoja de coca e insumos, y puede ser una de las razones de la crisis cocalera en el Departamento del Cauca.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el Cauca es un territorio en disputa por parte de grupos armados ilegales que buscan el control de las extorsiones o “vacunas” que tienen que pagar todos los que participan en la cadena de producción del narcotráfico. En este sentido, en los municipios de Argelia y El Tambo se libra una guerra a muerte entre las disidencias de las FARC, la unidad móvil “Carlos Patiño”, los comandos de “La Segunda Marquetalia” y el ELN. Esta guerra, traducida en combates armados entre los grupos ilegales, ha dejado más de mil personas en situación de desplazamiento forzado y otros cientos en situación de confinamiento, lo que hace mucho más difícil la comercialización de la hoja y de la pasta de coca.
Para Daniel Rico, director de C-Análisis y experto en política de drogas, es importante recordar que la falta de demanda en hoja y base de coca es un fenómeno multicausal que, además, podría estar relacionado con inventarios de cocaína que están represados en los niveles intermedios de la ruta, como en México, Honduras y El Salvador. Dicho funcionario afirmó que “En el negocio del narcotráfico, desde que la cocaína se produce hasta que se vende, pueden pasar dos años”.
El ministro de Defensa Iván Velásquez señaló que la actual crisis cocalera puede estar asociada al aumento de las drogas sintéticas o a que la afectación a las finanzas del narcotráfico está dando resultados.
Las drogas sintéticas, que simulan los efectos de las drogas de origen vegetal, están en boga en el mercado del narcotráfico. La producción de estos narcóticos emergentes resulta menos costosa, ya que no depende de ejércitos de agricultores ni de tiempos de cultivo y, además, se produce en laboratorios. Las nuevas sustancias psicoactivas constituyen una amplia categoría que incluye una gama diversa de productos químicos, en gran medida de origen sintético. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC- señala que, en el último decenio, se han notificado a las autoridades cerca de 900 sustancias nuevas: dos tercios de éstas son catinonas (estimulantes que imitan los efectos de la cocaína o el éxtasis) o agonistas sintéticos de los receptores cannabinoides que, a su vez, simulan los efectos del tetrahidrocannabinol (THC), principal ingrediente psicoactivo del cannabis. El resto tiende a ser similar a los alucinógenos y sedantes o disociativos, pero también se ha reportado en los últimos años un número creciente de nuevos opioides sintéticos.
Es demasiado pronto para determinar si estas sustancias desplazarán a las drogas tradicionales de origen vegetal como la cocaína, la heroína o el cannabis, aunque los bajos costos en su producción puedan ser una de las razones de la crisis cocalera en el Cauca y en otros departamentos.
Los cocaleros en el Departamento del Cauca no están vendiendo su producción, y hay cultivos que llevan meses sin ser recogidos porque no hay quién les compre. Es la oportunidad para que el gobierno del presidente Gustavo Petro concerte con las comunidades rurales afectadas la implementación de los programas de sustitución de cultivos pactada en el acuerdo de Paz de 2016.
Masacre en Barranquilla Cinco personas fueron asesinadas en #Barranquilla, entre ellas habría una mujer. Las masacre ocurrió hacia las 11: p.m. del domingo #19marzo en el barrio Villanueva, sector La Loma. Otras 17 personas se encuentran heridas, varias de ellas en delicado estado de salud. La Policía Nacional de Barranquilla ofrece 100 millones de pesos en recompensa por los responsables de este hecho.
El reporte preliminar indica que hombres fuertemente armados y empezaron a disparar con sevicia. Los asesinos huyeron . Los cinco muertos fueron identificados como : Moisés Rafael Pacheco de la Cruz , Dailes Mar Coronel Álvarez, Alberto Enrique Guerrero , Ludy del Carmen Londoño Muñoz y Georgina Ortiz Berrio.
Los heridos responden a los nombres de : Miguel Angel Castillo Bradford, Brandon Steven Gómez Vergara, Heliodoro Oliveros Rodríguez, Jhon Jaime Polo Perea, Fernando Antonio Rocha Aconcha, Walberto Romero Arriguez, Yudis Patricia Barón Rivera, Zuleymi María Arroyo Duran, Daniel de Jesús Beleño Romero, Jenifer Paola Cervantes González,Diana Patricia Coronado Villanueva, Juan Carlos Suarez Arriguez,Wilson Montes Genesy Clara Navarro Aconcha.
FEMINICIDIO EN ATLANTICO El 19 de marzo, en Santa Rita, municipio de Pondera, departamento del Atlántico, José Javier Polo asesinó a puñaladas a su pareja Yenis Martínez de 30 años de edad, delante de sus tres hijos menores de edad al parecer por un ataque de celos.
MUJER ASESINADA EN VILLAVICENCIO El 19 de marzo, en el barrio el Emporio de la ciudad de Villavicencio, Marcela García, fue herida en su rostro con un arma blanca y posteriormente brutalmente golpeada en su cabeza, la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro clínico pero debido a los fuertes golpes recibidos falleció minutos después. La víctima era oriunda de la ciudad de Medellín.
FEMINICIDIO EN SABANETA-ANTIOQUIA El 15 de marzo, falleció en un centro hospitalario, Maryori Muñoz Sánchez, luego de que su expareja Luis Carlos Aguirre, un hombre de 68 años, le lanzara una sustancia toxica en su cuerpo. La mujer se encontraba en su lugar de trabajo y tenía medida de protección de la Comisaria de Familia.
MUJER ASESINADA EN YUMBO El 17 de marzo, en el sector de las Plataneras, municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, fue encontrado el cuerpo sin vida de Kelly Maritza Calderón, quien se había reportado como desaparecida desde el 15 de marzo. Su cuerpo registraba signos de violencia.
MUJER ASESINADA EN YUMBO El 17 de marzo, en el sector de las Plataneras, municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, fue encontrado el cuerpo sin vida de Kelly Maritza Calderón, quien se había reportado como desaparecida desde el 15 de marzo. Su cuerpo registraba signos de violencia.
MASACRE EN EL CAUCA El 20 de marzo se registró una masacre en la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Balboa, donde desconocidos habrían atacado con disparos a tres personas, causándoles la muerte.
MASACRE EN NARIÑO Cuatro personas fueron asesinadas con tiros de gracia, los hechos se registraron en el municipio del #Rosario al norte del departamento de Nariño el 23 marzo
SESINADO LIDER SOCIAL DEL CESAR El #21marz en la vía a la Pedregosa de Valledupar, apareció el cuerpo sin vida de Albert Camilo Mendoza, un reconocido líder y autoridad indígena. Actualmente, se desempeñaba como el Fiscal del Consejo Local de Mayores de CKV -Comunidad de Kankuamos de Valledupar- en el departamento del Cesar.
Fueron asesinados en la zona de invasión “Ciudad Albania” ubicada en zona rural del municipio. Las víctimas fueron identificadas como Rafael Antonio Sapuana, Aldair Marchena Gil y Luis Gregorio Brito Brito.
INCURSIÓN PARAMILITAR CHOCO Incursión del clan del golfo en contra de la #GuardiaIndígena del #Resguardo de #JurubiráChorí, #AltoBaudó, #Chocó. Un joven y un profesor resultaron heridos este 25 marzo.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN EL PUTUMAYO El martes 21 de marzo, en la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona, municipio de Puerto Caicedo, hombres armados asesinaron a Diego Jair Orbes comunero Nasa afilado al cabildo Selva Hermosa y Fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN BOYACA Gonzalo de Jesús Parra Forero, asesinado en Maripí, Boyacá, el 25 de marzo con arma de fuego. Presidía Asomipaz una asociación de mineros artesanales.
LIDERESA SOCIAL ASESINADA EN TUMACO El 26 de marzo en el barrio Villa del Prado de Tumaco Nariño, Mariela Martinez Gaviria, fue asesinada por hombres armados que irrumpieron en su vivienda
LIDER JUVENIL ASESINADO EN TUMACO NARIÑO Linder Stiven Sepúlveda, líder juvenil, artista y gestor cultural de 24 años fue asesinado el 27
Abogada defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.
Los hechos de violencia en el marco del conflicto armado van en aumento en el Cauca: a pesar de haber sido instaladas las mesas de negociación con los diferentes actores armados ilegales que han manifestado su voluntad de participar en la política gubernamental de “La Paz Total”, las víctimas se incrementan casi a diario y se agudiza la crisis humanitaria.
Esta semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral con el grupo armado “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, a raíz de la nueva oleada de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, como el ataque a una patrulla del Ejército y demás hechos criminales que se presentaron con ocasión del paro minero.
Entre el gobierno nacional no ha generado mayor impacto el accionar criminal de las disidencias de las Farc y el ELN en el Departamento del Cauca. En la actualidad, aún se mantiene vigente el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC o las llamadas disidencias al mando del “Iván Mordisco”. Desde el mes de enero, cuando se pactó el cese al fuego bilateral, las columnas móviles que integran estas disidencias, y que operan en el departamento, tales como la “Dagoberto Ramos Ortiz”, la “Jaime Martínez” y la “Carlos Patiño”, deliberadamente han asesinado y reclutado con violencia, y han secuestrado y hostigado a la fuerza pública, generando desplazamientos forzados y confinamientos; actualmente mantienen combates permanentes en los municipios de Argelia, Balboa y Caldono, y ejercen control territorial en cabeceras municipales.
Tulpa comunitaria del territorio de La Concepción Santander de Quilichao incinerada el 20/03/23
Las disidencias de las FARC burlan el cese al fuego, victimizan a la población civil y agudizan la situación humanitaria. Nada de esto parece ser de relevancia para el gobierno nacional, que se ha mostrado complaciente con este grupo armado y hasta le ha otorgado estatus político para su proceso de negociación.
Desde principios del mes de febrero se recrudecieron los combates entre las disidencias de las Farc “Carlos Patiño” y “La Nueva Marquetalia” en el corregimiento de Puerto Rico y las veredas de Los Pinos, Los Picos, Hueco Lindo y Mundo Nuevo del municipio de Argelia. Esta situación ha dejado más de mil personas en situación de desplazamiento forzado y cientos de familias en situación de confinamiento por la intensidad de los combates.
En comunicado del 13 de febrero, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- denunció que grupos armados pertenecientes a las disidencias siguen hostigando a la población civil indígena. Señalan que el 9 de febrero, la disidencia del frente “Dagoberto Ramos Ortiz” realizó extorsiones en los territorios de la comunidad indígena de la asociación “Juan Tama” del municipio de Inzá y, además, que el 13 de febrero incursionó en el resguardo de Mosoco, municipio de Páez, manifestando que ellos son los que controlarán en adelante los principales caminos y vías de la zona.
El 10 de febrero se presentó un hostigamiento en contra de la estación de Policía de Corinto. El ataque comenzó con la activación de una carga explosiva en el sector de Miraflores, cerca al acueducto. Desde el cerro conocido como “Las Antenas” y en el parque principal, los actores armados dispararon en contra de los uniformados. La misma Policía señaló como responsables del hostigamiento a la columna móvil “Dagoberto Ramos Ortiz”.
Fotografía tomada de la web
El día 11 de febrero, el comunero indígena Sandro Leonel Camayo Ipia fue reclutado forzadamente por milicianos de la columna móvil “Jaime Martínez” en la vereda San Isidro del corregimiento de Mondómo, municipio de Santander de Quilichao,
El 15 de febrero, en el municipio de Corinto, sujetos que al parecer harían parte de la disidencia “Dagoberto Ramos Ortiz”, lanzaron una granada cerca del sitio en el que se encontraban los militares, que resultaron ilesos. Los criminales también dispararon contra la estación de Policía sin dejar heridos.
El 19 de febrero fue asesinado el joven Fredy Guachetá cuando se dirigía al corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío en compañía de su padre. Guachetá fue abordado en un retén de las disidencias, le revisaron el celular donde encontraron una imagen del joven con camuflado, ya que había prestado servicio militar hace aproximadamente seis meses. De este hecho se responsabilizó a las disidencias “Jaime Martínez”.
A finales del mes de febrero, La Defensoría del Pueblo denunció que la columna móvil “Dagoberto Ramos” tiene un centro de operaciones militares y financieras en el municipio de Toribio, que además incluiría un centro de entrenamiento para los niños, niñas y adolescentes reclutados para el conflicto.
El día nueve 9 de marzo fue reclutado forzadamente el niño Juan David Erazo del grado séptimo de la Institución Educativa indígena “Despertar de Nuestros Sueños”, en el municipio de Morales. En su denuncia, la comunidad indígena del pueblo Nasa Muse Ukwe responsabilizó de este hecho a la columna “Jaime Martínez”.
El 13 de marzo circuló en redes sociales una amenaza anónima en contra de las instalaciones de las organizaciones indígenas de la zona norte, donde se invitaba a destruir las sedes de las autoridades ancestrales y de la organización zonal indígena. Esta amenaza se hizo efectiva en la madrugada del 20 de marzo cuando fue incinerada en su totalidad la tulpa comunitaria del territorio de La Concepción, municipio de Santander de Quilichao.
El día 15 de marzo, desde las 4:00 p.m., iniciaron los fuertes combates entre la columna “Dagoberto Ramos” y el ELN en el territorio del Resguardo Indígena de San Lorenzo de Caldono, dejando a la población civil entre el fuego cruzado. En medio de los combates se perpetró un ataque directo a la población indígena, donde fue asesinado Wilson Bomba Piamba, quien fungía como comisario del cabildo y concejal del municipio. También resultó herido Julio Cesar Peña y Jader Chilo, guardia indígena del territorio de Pioyá, quien fue secuestrado por la columna móvil “Dagoberto Ramos”.
Desde el 16 de marzo circularon en redes sociales dos panfletos amenazantes firmados por las “FARC EP” y por la Segunda Marquetalia”, en los que amenazan de muerte a varios líderes indígenas de la región, así como a las organizaciones indígenas locales, zonales y regionales por el ejercicio de autoridad que se realiza en cada territorio.
El 19 de marzo, en la vía del Palmar, municipio de Santander de Quilichao, fue asesinada la comunera indígena Nasa del territorio de Guadualito Ruby Eliana Mestizo, de 22 años de edad. Este mismo día, en la vereda Pueblo Viejo sobre el río Isabelilla en el territorio de Toribio, fue asesinada una persona aún sin identificar.
El 19 marzo fue encontrado en una zanja en la vereda Las Brisas, el cuerpo sin vida del líder comunitario afrocolombiano Weimar Possu, representante legal y presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, representante de los consejos comunitarios ante el Consejo Territorial de Planeación de Puerto Tejada. La vicepresidenta Francia Márquez, manifestó en su cuenta de Twitter: “Rechazamos el vil asesinato del líder Weimar Possu Díaz, Representante Legal del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro. Nos solidarizamos con su familia, la comunidad de Puerto Tejada y ACONC”, y pidió a La Fiscalía investigar los hechos.
El 20 de marzo fue asesinado en el patio de su casa el comunero indígena de “López Adentro” Wilmer Danuber Mensa Villano, de 30 años. El hecho tuvo lugar en la vereda Huasanó, municipio de Caloto.
El 20 de marzo se registró una masacre en la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Balboa, donde desconocidos habrían atacado con disparos a tres personas, causándoles la muerte.
El tejido de defensa de la vida y los derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca -ACIN- denunció esta semana que durante el mes de marzo se han perpetrado distintos actos de guerra, entre ellos, al menos, cinco homicidios, tres amenazas, un atentado y la destrucción de un sitio sagrado en la zona norte del Cauca, con afectación de comunidades afrocolombianas, campesinas y del pueblo Nasa.
Fotografía tomada de la web
Las disidencias de “Iván Mordisco”, es decir, las que el gobierno del presidente Petro denomina “Estado Mayor Central de las FARC”, fueron el grupo armado que más perpetró acciones violentas entre enero y febrero de 2023: así lo señaló INDEPAZ en su más reciente informe. Estas disidencias cometieron 16 acciones que violaron el cese al fuego. El principal territorio donde se violó el cese bilateral entre enero y febrero de 2023, dice el informe, fue el Departamento de Cauca.
No tiene lógica mantener un cese al fuego con un grupo armado que lo burla, máxime si se tiene en cuenta que es la única disidencia que cuenta con el amparo del cese al fuego, y a la que se le ha otorgado estatus político para negociar. En este sentido se pronunció el presidente del Senado, Roy Barreras: “Las disidencias atacan a los reincorporados en Mesetas (Meta) y ya lo hicieron en Caquetá, Putumayo y Cauca. Siguen extorsionando y ejerciendo violencia en Arauca, Casanare y otros lugares. En ese contexto no tiene sentido mantener decretos de cese al fuego del 31 de diciembre. Pueden mantenerse mesas de diálogo con ELN, disidencias y desertores entrampados, derogando esos decretos que, al ser incumplidos por los beneficiados, solo tienen como efecto un freno en operaciones militares”.
Por otra parte, el ataque indiscriminado en contra de las comunidades indígenas en el Cauca es ya per se, un conflicto intra-étnico: muchos milicianos de las llamadas disidencias de las FARC fueron comuneros indígenas y, por diferencias con el proceso organizativo indígena, se incorporaron a las filas de los grupos armados. Más allá de las disputas territoriales, del control por las rutas del tráfico de drogas, existen heridas organizativas por sanar que deben llevar al gobierno a plantear una negociación de Paz con enfoque étnico en el Departamento del Cauca, con participación protagónica de todas las comunidades indígenas y sus cosmovisiones. De no hacerse de esta manera, estamos en presencia de un etnocidio.
Es importante resaltar que, en la práctica, así las disidencias de “Iván Mordisco” se hagan llamar “Estado Mayor Central de la FARC”, no tienen unidad de mando: la autonomía y la descoordinación con las que actúan, así lo evidencian. El ministro de Defensa Iván Velásquez, había señalado en medios de comunicación que no existían condiciones para un cese al fuego, ya que no había certeza de la unidad de mando en los frentes que conforman el “Estado Mayor Central de las FARC”: “Por los hechos, como se han venido presentando particularmente, de estructuras que delinquen en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. (…), otras estructuras como la “Dagoberto Ramos” o la “Jaime Martínez”, actúan en contravía «, sostuvo el ministro Velásquez.
Al no existir unidad de mando entre las disidencias, es muy difícil que se pueda hacer efectivo un cese bilateral al fuego y lograr hacer un seguimiento del mismo. La voluntad de paz cada vez se ve más deteriorada por el accionar de las disidencias y por la cantidad de víctimas que han dejado a su paso. Lo mínimo que esperan los caucanos es una acción decidida del gobierno nacional para frenar la oleada de violencia y la grave crisis humanitaria. La situación del Cauca es incluso mucho más grave que las de otras regiones del país en donde se ordenó suspender el cese al fuego: El Cauca está en llamas con cese al fuego vigente.
MASACRE EN PUERTO GAITÁN EN EL META El #12Marz al paso por el poblado de Puente Arimena, cuando 4 sujetos que se desplazaban en 2 motocicletas, detuvieron un bus de la empresa flota Macarena y con lista en mano bajaron 3 personas para luego asesinarlas.
Asesinado Funcionario de la Defensoría del Pueblo Hoy #15marz a le 6am fue asesinado Néstor Enrique Martinez Brito, en el barrio Ranchería de la ciudad de Ríohacha #Guajira por hombres que se desplazaban en una motocicleta. Era docente universitario y funcionario de la Defensoría del pueblo.
Asesinados y secuestrados lideres indígenas Ayer #15marz en el Resguardo de San Lorenzo #Caldono #Cauca en medio de enfrentamientos de las disidencias de las FARC y el ELN, se perpetró un ataque directo a la guardia indígena , donde fue asesinado el comisario del cabildo y Concejal Wilson Bomba Piamba y secuestrado el guardia indígena Jader Chilo CeseAlFuegoYa
En las Veredas Mundo Nuevo, Los Pinos, Hueco Lindo de #Argelia #Cauca el #CeseAlFuego, aún no llega. Los campesinos se encuentran en situación de confinamiento y más de mil personas en situación de desplazamiento forzado .
SE RECRUDECE LA VIOLENCIA EN LOS TERRITORIOS INDIGENAS DE FLORIDA VALLE
El día de ayer en horas de la mañana la Guardia Indigena del Resguardo Kwesx Yu Kiwe descubrió un artefacto explosivo en vía pública colocada por las Discidencias de las FARC y el día de hoy 16 de marzo de 2023 se incinera un vehículo de protección de la dirigente indigena María Raquel Trujillo quien fue amordazada por sujetos armados pertenecientes a las mismas estructuras armadas ilegales.
Asesinado firmante de paz en límites del Huila y Caquetá Wilson Llanos Sarria firmante del Acuerdo de Paz fue hallado en una fosa común en la zona de Belén de los Andaquíes, límites con el municipio de Acevedo en el departamento del Huila. El hombre fue sacado de su vivienda el #6marz por hombres armados.
Masacre en Soledad Atlántico Tres personas fueron asesinadas en el barrio Los Almendros del municipio de Soledad, Atlántico el día #15marz. Las víctimas son: Omar guerrero, Jack Daniel Guerrero y Luis Martinez.
Asesinado Líder Social en Soledad – Atlántico El #16marz, Miguel Ángel Arrieta, fue asesinado por un hombre que se acercó y le disparó. Miguel Ángel Arrieta era un reconocido líder comunitario, quien fue candidato al concejo de Soledad, Atlántico por la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Venía denunciando temas de corrupción en el municipio.
Asesinado líder comunitario de Puerto Tejada Hoy #19marz fue encontrado en una zanja en la vereda las Brisas, el cuerpo sin vida de Weimar Possu, importante líder, representante legal y presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, representante de los consejos comunitarios ante el Consejo Territorial de Planeación de #PuertoTejada.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN QUIBDO Hoy #19marz fue asesinado el presidente de la junta de acción comunal del barrio la sub estación de Quibdó, José Eduardo Cardenas Sánchez (Parao).
MUJER ASESINADA EN SANTANDER DE QUILICHAO En la entrada de la vereda el Palmar zona rural de Santander de Quilichao Cauca fue encontrado el cuerpo sin vida de Ruby Eliana Mestizo,m de 22 años, comunera del resguardo indígena Guadualito. Tenía impactos de arma de fuego en su cuerpo .
