El exterminio de las infancias: cuando Estados Unidos trafica y vende bebés

por Sofia Lopez2026, Abuso de autoridad ( judicialPublicado el Sin comentarios

No fue Jeffrey Epstein.

No empezó con Donald Trump.

La violencia contra las infancias no es un escándalo reciente ni un desvío individual: es una práctica sistemática, administrada desde el poder y protegida por la impunidad.

En abril de 1975, mientras Vietnam del Sur colapsaba y Saigón estaba a punto de caer, Estados Unidos ejecutó una operación que llamó Operación Babylift. La presentó como humanitaria. No lo fue. Fue tráfico y venta de bebés bajo la coartada de la guerra. Bajo la narrativa del “rescate de huérfanos”, más de 3.000 bebés y niños vietnamitas fueron extraídos del país y enviados a Estados Unidos y a otras potencias occidentales para ser dados en adopciones que movieron dinero, prestigio y poder. Cuando un país arde, la infancia queda sin voz; cuando el poder habla de salvación, suele esconder despojo.

El 4 de abril de 1975, el primer vuelo militar despegó de Saigón en un C-5A Galaxy cargado de bebés. No era un avión para niños, sino para tropas y armamento. Minutos después, la aeronave se estrelló contra un dique y se partió en cuatro. Murieron 78 bebés y niños. Así empezó la operación. Sin pausa. Sin duelo. Sin responsables.

La versión oficial habló de compasión. Los hechos contaron otra historia. Muchos de esos niños no eran huérfanos. Tenían madres, padres y abuelas que los habían dejado temporalmente en orfanatos mientras huían de los bombardeos. El consentimiento fue, en numerosos casos, inexistente o forzado. Los vuelos siguientes continuaron en condiciones precarias: bebés enfermos, deshidratados, sin revisiones médicas adecuadas, transportados durante horas interminables en aviones militares. La infancia convertida en mercancía para alimentar un sistema de adopciones transnacionales donde familias ricas del Norte pagaban y el Sur perdía a sus hijos.

Una de las primeras voces en denunciarlo fue la enfermera vietnamita Muoi McConnell, quien junto con el Comité para Proteger los Derechos de los Niños de Vietnam presentó una demanda el 29 de abril de 1975. Denunció la salida de niños sin consentimiento familiar y la violación de derechos fundamentales. La denuncia existió. La rendición de cuentas, no.

Décadas después, aquellos bebés crecieron. Muchos buscaron su origen con pruebas de ADN y archivos incompletos. Surgió Operation Reunite. Los reencuentros fueron mínimos: apenas una docena entre miles de separaciones. Estados Unidos nunca asumió responsabilidades. No hubo condena internacional ni memoria institucional. La impunidad fue total.

Por eso Jeffrey Epstein no es una anomalía, sino un síntoma. Epstein traficó niñas y las sometió a violencia sexual durante años, protegido por redes de poder. Donald Trump no es un accidente histórico, sino parte de una cultura política que banaliza la violencia sexual y protege a los agresores cuando son ricos y poderosos.

En Vietnam hubo extracción masiva, tráfico y venta de bebés bajo el lenguaje del rescate. En las islas privadas hubo explotación sexual directa bajo el lenguaje del privilegio. Cambia el escenario, no el fondo: la infancia como territorio de conquista.

Mientras no se nombre como lo que es —un exterminio lento de las infancias— seguirá repitiéndose. Con otros nombres. Con otros aviones. Con otras islas.

La memoria no absuelve a quien trafica y vende bebés.

La historia tampoco.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Álvaro Uribe, el CNE y el efecto búmeran contra Iván Cepeda

por Sofia Lopez2026, Abuso de autoridad ( judicial, ComunicadosPublicado el Sin comentarios

El Consejo Nacional Electoral cree que está cerrando el paso. En realidad, está empujando. En su afán por poner obstáculos “técnicos”, por inventar candados jurídicos y por decidir con jueces que no se apartan ni cuando deberían, puede estar haciéndole el mayor favor político imaginable a Iván Cepeda Castro.

La consulta del 8 de marzo, tal como está planteada entre las trabas del CNE y las maniobras del uribismo para impedir que Cepeda participe y así dividir a la izquierda, promete poco: bajo caudal electoral, escasa movilización y un resultado que difícilmente encendería entusiasmos. Ganar ahí no convierte a nadie en favorito presidencial; apenas lo certifica como sobreviviente de un trámite. Sacar a Cepeda de ese escenario no lo debilita: lo fortalece. Lo saca del pantano procedimental y lo lanza, directamente, al terreno donde se ganan las elecciones de verdad.

Porque la elección presidencial no se decide con resoluciones ni con tecnicismos. Se decide con emociones. Y nada moviliza más que la sensación de injusticia. Cuando el poder parece torcer las reglas para excluir, fabrica símbolos. Y los símbolos, en política, pesan más que cualquier consulta de baja intensidad.

Detrás de esta torpeza institucional asoma, como casi siempre, la sombra de Álvaro Uribe Vélez. No hace falta que dé órdenes ni que firme papeles: basta con que sus viejas redes jurídicas sigan funcionando. El resultado puede ser paradójico. En vez de frenar a Cepeda, pueden estar ayudándolo a llegar a mayo con algo que ningún trámite otorga: una candidatura cargada de rabia, memoria y sentido político.

En Colombia, cada vez que el poder intenta administrar la democracia desde los escritorios, termina recordándole a la gente que el voto sigue siendo la última palabra. Y esa palabra, cuando llega cargada de indignación, suele ser más fuerte de lo que sus administradores imaginan.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

No vaya, señor Presidente

por Sofia LopezAbuso de autoridad ( judicial, Pueblos y TerritoriosPublicado el Sin comentarios

Señor Presidente, por favor, no se le ocurra ir a la Casa Blanca.

No vaya.

No se suba a ese avión.

No cruce esa puerta giratoria alfombrada donde las sonrisas brillan mientras los cuchillos esperan.

Todo esto —absolutamente todo— huele a trampa.

A trampa vieja.

De esas que no necesitan creatividad porque ya fueron usadas.

Con manual desclasificado.

Con antecedentes verificables.

Con entradas propias en Wikipedia.

Hagamos memoria, que es el deporte que más incomoda al poder.

El 19 de octubre de 2025, Donald Trump decidió que usted no era un presidente, sino un “líder del narcotráfico”. Así, sin juez, sin fiscal, sin pruebas. Sin más sustento que su cuenta de Truth Social y su conocida pasión por la calumnia.

No fue una metáfora ni un exabrupto. Fue una acusación directa. Y luego la repitió. Y la repitió otra vez. Porque cuando Trump encuentra una palabra que le sirve, la exprime hasta dejarla seca: narcotraficante, protector de la coca, enfermo, peligro regional. Todo dicho con el mismo rigor probatorio con el que algunos insisten en que la Tierra es plana.

Después vino el siguiente acto del libreto: la descertificación moral, política y diplomática. No contentos con insultarlo, decidieron castigar a Colombia. Y como eso no alcanzaba, lo pusieron a usted y a su familia en la famosa Lista Clinton. Esa lista que no necesita jueces, ni sentencias, ni debido proceso, porque basta con la sospecha conveniente.

Usted.

Su esposa.

Su hijo.

Un castigo colectivo, pulcro, elegante. De esos que se presentan como trámite administrativo pero que en realidad funcionan como una ejecución política en cámara lenta. Ya bastante daño le han hecho, señor Presidente, como para ahora invitarlo a la sala principal del verdugo.

Y no olvidemos un detalle nada menor: mientras todo esto ocurría, sectores muy respetables de la derecha colombiana hacían fila en Washington. Fila ordenada, bien peinada, con inglés esforzado. Pidiendo sanciones, intervención, presión internacional. Cualquier cosa que sirviera para sacarlo del camino. El viejo sueño húmedo de siempre: que el problema colombiano lo resuelva otro, preferiblemente con botas.

A esto se suma un hecho grave que no puede pasarse por alto: Álvaro Leyva no se quedó en los audios. Leyva interpuso denuncias penales contra usted en Estados Unidos, buscando activar mecanismos judiciales fuera del país, precisamente en la jurisdicción que hoy lo invita con gesto diplomático. No fue una salida de tono ni un arrebato personal: fue una jugada política y jurídica deliberada.

Y como telón de fondo permanente, una amenaza reiterada: el uribismo ha instalado desde hace años la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro, presentándolo como determinador político del narcotráfico. No es un rumor marginal ni una exageración retórica. Es un discurso que aparece cíclicamente en columnas, entrevistas, redes y escenarios internacionales, siempre listo para activarse cuando el poder interno no alcanza.

Así que no estamos hablando de paranoia. Estamos hablando de denuncias formales, antecedentes políticos, amenazas públicas y de un marco jurídico hostil que se ha venido construyendo pieza por pieza.

Ahora bien, supongamos que usted va.

Que acepta la invitación.

Que llega sonriente, con traje oscuro y discurso conciliador.

¿Y si no lo dejan salir?

No es una pregunta exagerada. Es una pregunta histórica.

¿Qué tal que lo retengan “preventivamente”?

¿Qué tal que inventen una causa, una orden, un trámite?

¿Qué tal que lo capturen, lo congelen, lo neutralicen diplomáticamente y aquí nos quedemos, solos, mirando el noticiero con esa sensación incómoda de haber visto esta película antes?

Y aquí reaparece Álvaro Leyva, personaje que pasó de canciller a oráculo del desastre. Audios suyos, revelados por El País de España, lo muestran hablando con total naturalidad de un plan para sacarlo a usted del poder. Golpe blando, golpe duro, golpe elegante: el nombre es lo de menos.

En esos audios se menciona que Francia Márquez sabía.

Que Francia Márquez quedaría de presidenta.

Que había que mover fichas, buscar apoyos, acelerar tiempos.

Todo dicho con la serenidad de quien habla de cambiar una junta directiva, no de romper una democracia.

Y perdón, señor Presidente, pero la historia sudamericana no ayuda a tranquilizarnos. Ahí está Dina Boluarte, en el Perú: vicepresidenta leal hasta el minuto exacto en que dejó de serlo, firmando la traición a Castillo con una mano y el decreto de represión con la otra. Ahí están los manuales no escritos de vicepresidencias convertidas en puentes hacia el poder cuando el presidente estorba.

Nada raro sería que Francia Márquez, rodeada, presionada, seducida por el canto de sirena del poder y la bendición internacional, hubiera sucumbido al virus de la traición. No sería la primera ni la última. Para la muestra, un botón: ahí está Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la Venezuela bombardeada e invadida, puesta en ese lugar por el mismo poder que hoy lo invita a usted a la Casa Blanca.

La historia no juzga, pero se repite con una constancia admirable.

Así que no, señor Presidente.

No vaya.

No nos deje solos.

No se entregue voluntariamente al escenario donde ya lo insultaron, lo sancionaron, lo acusaron y lo cercaron.

No confíe en la invitación del mismo hombre que lo llamó narcotraficante, que habló de operaciones militares, que celebró su aislamiento. Esto no es diplomacia: es una ratonera con luces.

Hay una lección básica que conviene recordar: con los locos no se pelea en público, y con los locos no se les pone uno de frente. Por eso, no le diga nada a ese señor por redes sociales. Pero, sobre todo, no cruce esa puerta.

Quédese.

Gobierne desde aquí.

Hable con quien tenga que hablar por teléfono, por carta o por paloma mensajera si es necesario.

Porque todo esto —todo— huele a una gran trampa.

Y de esas, en América Latina, ya sabemos cómo se sale: tarde, mal y con un monumento póstumo.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 12M y13M

por Sofia Lopez2021, Abuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el Sin comentarios

En este país de silencios rotos y heridas abiertas, la historia de Alison y de tantas víctimas de violencia sexual durante el paro nacional no puede seguir siendo un secreto al que le den la espalda. Cada agresión es un grito que reclama justicia, una verdad que exige ser escuchada. No basta con palabras ni promesas: hace falta una Comisión de Esclarecimiento ya, un espacio donde se desnuden las violencias ocultas, donde la juventud, que apostó su esperanza en un cambio, no quede atrapada de nuevo en el abandono y el olvido. La verdad es urgente, la justicia es un derecho y la impunidad una herida que no cicatriza.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Tortura y violencia sexual

Ese día, Popayán temblaba de jóvenes. De los que no se rinden. De los que con piedras, cantos y primeros auxilios se atreven a enfrentar un país que les ha dado la espalda. Era 12 de mayo. La marcha había sido inmensa. Como un río desbordado de dignidad. Y cuando la tarde caía, ya muchos se devolvían a casa. Otros, solidarios, acompañaban aún a las brigadas de salud. A eso de las cinco y media, en la glorieta de la Chirimía, cuatro jóvenes —tres muchachos y una chica— fueron rodeados como si fueran criminales. Quince parejas motorizadas del GOES y el ESMAD, rugiendo con sus motos y bolillos como si la guerra fuera contra ellos. Los empujaron, los golpearon. A la muchacha le jalaron el pelo hasta que su cuerpo tocó el piso. La comunidad gritó, grabó, intentó impedir la brutalidad. Pero la furia oficial no escucha razones. Detuvieron a dos: un joven y a Emily , una mujer de apenas 18 años, con la vida por delante y la voz quebrada de tanto horror. Los llevaron a la URI. Ahí, según denunció su madre, seis policías abusaron sexualmente de su hija. No bastó con el dolor: le gritaron «perra», «¿qué hacés en la calle?», «¿por qué no estás cocinando?», «mechuda», «qué rico pa’ lamerte», «bajate los pantalones pa’ violarte». El compañero fue golpeado en los testículos mientras le escupían: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. No fue solo violencia física. Fue tortura. Fue humillación. Les tomaron fotos. Les dijeron que los iban a buscar. Que los iban a matar. Que agradecieran estar en la URI, porque si no, «ya estarían en otro lado». Emily fue golpeada en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Y mientras un agente del ESMAD desenfundaba un destornillador, lo blandía contra el pecho del joven como si fuera una daga. Los amenazaban. Les preguntaban por sus nombres, por dónde vivían. Les repetían, una y otra vez, que no se les olvidara: “los vamos a matar”.

Cuando dijeron que eran menores de edad, no hubo compasión, solo estrategia: «hay que llevarlos a la URI», dijeron en voz alta. A Emily quisieron llevarla primero a otro sitio. Un policía la subió a una moto y le dijo, sin pudor, que quería violarla. Ella saltó en movimiento, desesperada, y se aferró a un defensor de derechos humanos. Entonces la policía lo golpeó a él también. Y Emily, con un acto de coraje inconmensurable, se soltó para proteger al defensor. Aun con síntomas de asfixia y súplicas por su libertad, la arrastraron a la URI. Una hora y media después, se la devolvieron a su madre, miembro de la Misión Médica. Ella también fue golpeada al intentar recuperar a su hija. En ese país, a veces ser madre es una forma de resistencia.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Violencia sexual y suicidio

Mientras Emily luchaba por salir viva del engranaje policial, otra joven enfrentaba su infierno. A las nueve de la noche, Alison Lizeth Salazar Miranda, de 17 años, cruzaba una calle. No protestaba. No gritaba. Caminaba con su celular en la mano, grabando lo que pasaba. El número 05523 del ESMAD la vio. Y en este país, grabar una injusticia es delito. La aprehendieron como se caza a un animal. A la fuerza. A la brava. Cuatro hombres la tomaron de brazos y piernas, la arrastraron hacia la URI. Ella gritaba que la estaban desvistiendo, que le bajaban el pantalón. Nadie la escuchó. Le golpearon el pecho. Le dejaron hematomas.

Pasadas las nueve entró a la URI. Salió casi dos horas después. Su abuela la recibió. La abrazó. Intentó consolarla. Pero el alma de Alison ya estaba rota. El 13 de mayo, en la mañana, se quedó mirando su cuerpo en el espejo. Recorrió con los ojos los golpes. Los rastros. Y después escribió un post en el Facebook, como un grito final: “me manosearon hasta el alma”. Poco después, se quitó la vida.

Alison no murió por depresión. Ni por impulso. Alison murió por violencia estatal. Por el miedo. Por la vergüenza. Por el abandono. Su muerte fue el desenlace de una cadena de violencias que comenzaron con una patrulla, con un bolillo, con la orden de “subala”. Su suicidio fue un asesinato con uniforme.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Lesión ocular

Harold Conejo volvía de su trabajo, un hombre común con las manos curtidas por la cotidianidad, el rostro marcado por jornadas duras. Caminaba sin más destino que su casa cuando, desde la fría estructura de un CAI, un policía lo vio y decidió que su rostro debía ser blanco. El disparo fue certero, brutal, y el ojo izquierdo de Harold quedó herido de muerte. Esa bala no solo atravesó su piel; hirió también la esperanza de volver a ver sin miedo. Fue llevado al hospital San José, donde la lucha entre la vida y la violencia se escribió en cada latido.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Detención arbitraria y tortura

Alexander Ascué Medina caminaba por el centro, ajeno a los estallidos de la ciudad, sin imaginar que su identidad sería condena. Ser indígena en ese instante era ser culpable de un crimen que no había cometido. Policías y ESMAD, con la furia de quienes quieren borrar rostros incómodos, lo detuvieron, lo insultaron y lo golpearon hasta que la conciencia se le perdió en el suelo. Lo acusaron de pertenecer al CRIC, una etiqueta que sirvió para justificar el maltrato. Despojado de sus pertenencias y de su dignidad, despertó en el hospital, con el cuerpo marcado por la violencia y los ojos testigos de la brutalidad contra otro hombre cuya mano fue destrozada bajo la bota de un uniforme.

12 de mayo de 2021 – Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado paramilitar

La noche cayó en el Puente de los Mil Días y con ella llegó la sombra de la muerte. Treinta disparos rompieron el aire, atravesaron el miedo de quienes resistían, sembrando el caos y la desesperanza. Tres motos y una camioneta blanca, como símbolos de una violencia organizada, cruzaron la escena con la precisión de un terror calculado. Aquellos hombres armados no buscaban solo herir cuerpos, sino acallar voces, apagar la rabia de un pueblo que clama por justicia. El Puente de los Mil Días se convirtió en un escenario más de la guerra no declarada contra la protesta social.

12 de mayo de 2021 – Cali, Siloé – Envenenamiento con soda cáustica

En el barrio Siloé, la resistencia se expresaba en cada gesto, en cada piedra lanzada contra el miedo. Ese día, entre el humo de los gases y la rabia contenida, apareció la traición disfrazada de ayuda. Lo que debía ser bicarbonato para aliviar quemaduras se tornó en veneno: soda cáustica, corrosiva y cruel, fue entregada a los jóvenes que peleaban con el cuerpo y el alma. No fue solo un error, fue un ataque perverso que busca quebrar no solo la piel, sino la esperanza de un mañana diferente. En Siloé, la violencia se viste de mentira y amarga el alma de quienes resisten.

13 de mayo de 2021 – Villarrica y Puerto Tejada, Cauca – Ataque armado, amenazas y racismo estructural

Eran las cuatro de la tarde en Villarrica cuando un grupo de trabajadores bloqueaba el Parque Industrial, pidiendo justicia y respeto. Pero en lugar de respuestas, recibieron disparos desde una camioneta blanca de vigilantes de Huevos Kikes. Al exigir la placa del vehículo para denunciar, les negaron hasta esa verdad mínima. La Fiscalía y la Alcaldía guardaron silencio.

Esa misma tarde en Puerto Tejada, líderes sociales recibieron amenazas firmadas por las Águilas Negras, con fotos de sus casas tomadas sin permiso y mensajes que advertían tortura y muerte, incluso para sus hijos. En Cali, los barrios afrodescendientes sufrieron una represión brutal, donde el racismo estructural convirtió la protesta en delito y la piel negra en condena.

13 de mayo de 2021 – Valle del Cauca – Desapariciones, ejecuciones y fosas comunes

En Mulaló, el rumor corría como fuego entre la gente. Camiones que descargaban cuerpos sin nombre, cuerpos que nadie buscaba. Fosas comunes donde se enterraban los silencios, donde se escondían las desapariciones. Jóvenes que desaparecían luego de ser detenidos, llevados a Guacarí, donde les decían adiós con disparos en la oscuridad. Nadie preguntaba. Nadie respondía. La fuerza militar, bajo el nombre de “asistencia”, se había vuelto dueña de la vida civil. Y en ese dominio, la impunidad crecía, el miedo se hacía grande. Cali y todo el Valle eran un territorio de miedo y sangre. La represión no perdona. No respeta edades, ni sueños, ni familias. La ciudad se ahogaba en un silencio pesado, en un grito que nadie quería oír. Y mientras tanto, la justicia era solo una palabra que se repetía en vano.

 

Petro, despierta. No seas otro político de retórica vana que olvida a quienes lo eligieron. No seas indiferente ante el dolor de un pueblo que entregó su juventud, su vida y sus sueños para que tu proyecto se hiciera realidad. No permitas que la sangre derramada quede enterrada bajo el silencio de la impunidad. Colombia te mira con esperanza y con rabia; exige que la memoria de Alison y de todas las víctimas no sea un grito ahogado. Que esta historia de violencia no se repita. Que la Comisión de Esclarecimiento se instale ya, como un acto de verdad, reparación y dignidad. Porque sin verdad no hay paz, y sin justicia no hay futuro.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

 

Guantánamo: El campo de concentración del siglo XXI

por Sofia Lopez2025, Abuso de autoridad ( judicial, Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad, Derecho a las garantías judiciales, Desaparición forzadaPublicado el Sin comentarios

La historia de la humanidad está marcada por episodios de horror, de esos que la memoria colectiva intenta enterrar pero que, con brutal insistencia, resurgen en nuevos escenarios, con nuevos verdugos y nuevas víctimas. El siglo XX nos dejó las huellas imborrables de Auschwitz, Dachau y Treblinka, lugares donde la humanidad se desmoronó bajo el yugo del Tercer Reich. Y, aunque la Historia suele disfrazar sus repeticiones con otros nombres, el horror sigue encontrando refugio en estructuras de metal, alambres de púa y burocracias de ultraderecha que justifican lo injustificable. Guantánamo es hoy el reflejo de esos tiempos oscuros, un campo de concentración legitimado por la maquinaria del poder global.

Desde que Estados Unidos se apropió de Guantánamo a finales del siglo XIX, tras la independencia de Cuba de España, la base naval se convirtió en una anomalía jurídica: una porción de suelo cubano ocupado ilegalmente y en un bastión del imperialismo estadounidense en el Caribe. Cuba ha rechazado una y otra vez los cheques de alquiler que Washington envía, pero el coloso del norte no tiene intenciones de marcharse. La base ha sido utilizada como punto de control militar, centro de detención de refugiados y, finalmente, como un limbo legal para aquellos a quienes el gobierno estadounidense desea desaparecer forzadamente en ultimas.

En 2001, tras los atentados del 11-S y la invasión de Afganistán, Guantánamo se transformó en un laboratorio del terror. Prisioneros, capturados sin juicio ni pruebas fehacientes, fueron enviados a un lugar donde las leyes internacionales no se aplican, menos el derecho internacional de los derechos humanos. La tortura, el aislamiento y la deshumanización se convirtieron en el pan de cada día. Con eufemismos como «técnicas mejoradas de interrogatorio», se justificaron vejaciones inimaginables. Y todo, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional, que ha preferido ignorar lo que allí ocurre.

Si los detenidos de la «guerra contra el terrorismo» fueron las primeras víctimas de esta farsa jurídica, el futuro de Guantánamo parece incluso más macabro. La administración de Donald Trump emitió un memorando que propone la ampliación de la base para albergar a 30.000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. «Un lugar duro para escapar», sentenció Trump, mientras anunciaba que el centro de detención se convertiría en la solución para los «peores extranjeros ilegales criminales».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida con el mismo lenguaje frío y calculador que en su día utilizaron los arquitectos del Holocausto. «Es mejor que se les retenga en un lugar seguro como la Bahía de Guantánamo, construida para migrantes», afirmó, mientras proponía habilitar el campo de golf de la base para extender su capacidad de detención.

Nada en este discurso es nuevo. Es la repetición del mismo esquema de segregación, represión y exterminio lento que ha sido utilizado contra aquellos considerados «indeseables» por regímenes autoritarios. Guantánamo es, hoy por hoy, un gueto moderno, un campo de concentración revestido de tecnocracia, con protocolos y burocracia que validan la existencia de una prisión sin condena, una cárcel sin derechos.

La existencia misma de Guantánamo es una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional. Pero la indiferencia global ha permitido que siga operando como un limbo, una licencia abierta para grave violaciones a los derechos humanos. El mundo ha olvidado las lecciones de Núremberg, ha dejado de lado los tratados internacionales que, en teoría, impiden las detenciones arbitrarias y la tortura. El silencio es cómplice, y la continuidad de Guantánamo demuestra que el poder no necesita justificar sus atrocidades cuando el resto del mundo elige mirar hacia otro lado.

El horror del siglo XXI no se esconde en campos de exterminio clandestinos. Se exhibe a plena luz del día, con comunicados oficiales y ruedas de prensa, con memorandos firmados por presidentes y aprobados por burócratas que han reducido la dignidad humana a una cifra en un informe de seguridad nacional. El campo de concentración de Guantánamo sigue operando, sin hornos crematorios, pero con el mismo desprecio por la vida. La historia, como siempre, se repite y la justicia no se asoma.

Mientras tanto, en Colombia, la derecha encarnada en Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila e Iván Duque (quien ahora sueña con ser Secretario General de la OEA), celebran la inhumanidad y defienden los intereses del imperio del norte con la esperanza de que este les ayude a recuperar el poder. Dios nos libre de una Colombia gobernada de nuevo por el Centro Democrático.

 

¡Comisión de esclarecimiento YA!

por Sofia LopezAbuso de autoridad ( judicial, Antioquia, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartago, Cauca, Censura a la prensa, Cundinamarca, Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad, Derecho a la reunión pacífica, Derecho a la vida, Derecho a las garantías judiciales, Derechos Humanos y Protesta Social, Desaparición forzada, Detención arbitraria, Detención en centros clandestinos o no legales, Ejecuciones Extrajudiciales, Homicidio, Ibagué, Impunidad, La Virginia, Lesiones personales, Libertad de expresión, Medellín, Pereira, Popayán, Riofrio, Risaralda, Tolima, Tortura, Tuluá, Valle del Cauca, Violencia sexual, YumboPublicado el Sin comentarios

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !

Relatores de la ONU cuestionan las judicializaciones de manifestantes del Paro Nacional 2021

por Sofia LopezAbuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

Por: Sofía López Mera Abogada defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa implementa en la actualidad el llamado “derecho penal del enemigo” dentro del cual, quienes sean contrarios a su posición política e ideológica, serán tratados como sujetos sin derechos y no como ciudadanos. Este derecho es un concepto acuñado por Günther Jakobs desde 1985, y se refiere a que alguien puede ser castigado sin haber cometido delito alguno utilizando como medio de justificación la pretendida peligrosidad del sancionado. Es una forma de negar, parcial o totalmente, los derechos procesales y sustantivos que corresponden a toda persona. Así, el enemigo no se considera ciudadano, sino que es algo menor que éste y, por ello, no merece la aplicación de las garantías y derechos de la ciudadanía. Por lo menos así lo confirman los patrones sistemáticos identificados por los relatores de la ONU acerca de las judicializaciones en medio del paro nacional colombiano del 2021.

Leicy Mercedes Benavidez, lideresa social de Pasto, quien coordina la campaña de Ollas Comunitarias en los barrios más vulnerables de la ciudad, fue vinculada a un proceso penal dirigido en contra de los jóvenes que integran La Primera Línea mediante la utilización de operaciones y de agentes encubiertos ilegales que no contaban con la autorización de un juez competente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, además de ser ilegales en su obtención y en su apreciación, carecen de convicción y resultan contradictorias; con dicho material probatorio no se llega a la conclusión de que Leicy Mercedes participó de actos vandálicos en el marco de las movilizaciones del paro nacional. Por esta razón, no se le impuso medida de aseguramiento, y se ha solicitado la preclusión de la investigación.

El 23 de febrero del presente año, cuando la lideresa abordó un taxi de placas SVR293 en dirección a su casa de habitación, fue llevada a un destino distinto; la mujer pidió ayuda a través de redes sociales. En el momento de llegar La Policía, la lideresa social fue requisada, su reclamo no fue atendido y fue llevada al centro de atención transitoria -CAT-, en donde fue golpeada y maltratada verbalmente; así mismo, se le quitó el celular y fue borrado el video donde ella pide ayuda en redes sociales. No se le permitió llamar a un familiar y, gracias al video publicado en su facebook, fue encontrada por sus familiares, quienes exigieron su liberación inmediata. Era evidente: La Policía orquestaba una desaparición forzada. En esta última semana, la lideresa y de más jóvenes judicializados recibieron amenazas por parte de uno de los agentes encubiertos de La Fiscalía, quien les manifestó que todos los de La Primera Línea que se salvaron en ese proceso penal, serán asesinados simulando accidentes o robos. A pesar de los pedidos de protección ante los entes del Estado, Leicy se encuentra en absoluto desamparo, afrontando situaciones de exilio, desplazamiento forzado y, ahora, confinamiento.

El 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Garantías de Buga otorgó la libertad por vencimiento de términos al joven Sebastián Simanca, víctima de montaje judicial en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Entre otras muy confusas acusaciones, fue señalado de participar de las protestas en el marco del paro nacional, y de realizar actos vandálicos como la quema del camión de bomberos. Los elementos de pruebas de La Fiscalía son insuficientes y contradictorios, y la acusación resulta tan mal formulada que no son claros los hechos jurídicamente relevantes, es decir, que no se sabe puntualmente de qué se le acusa. Luego de año y tres meses de presentado el escrito de acusación, la audiencia aún no se ha realizado.

El 29 de abril en horas de la tarde en Popayán, en el marco del paro nacional, las organizaciones sociales y populares que integran “Los Sin Techo” hicieron una rueda de prensa a orillas de la carretera panamericana, contiguo al lote donde fue desalojado el campamento humanitario el día anterior. Durante la realización del ejercicio periodístico sufrieron provocaciones y saboteos por parte de miembros de La Policía Nacional. Hacia las 6:00 p.m., cuando “Los Sin Techo” habían terminado la rueda de prensa y se dirigían a otros puntos de protesta, fueron detenidos arbitrariamente. Entre las víctimas de la detención arbitraria se encontraba el líder social Andrés Duque, conocido públicamente como “El Caleño”: el procedimiento fue grabado en vivo en redes sociales. Por la presión comunitaria, fue dejado en libertad horas después.

El 15 de mayo de 2021, en el marco de las labores de la “asistencia militar” decretada por la Presidencia, el entonces ministro de Defensa Diego Molano anunció en una rueda de prensa dentro de las instalaciones del Batallón José Hilario López: “En Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de “Andrés”, “Cheto”, “Maíz” y “Caleño”, por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021”. Molano hacía alusión al incendio de las instalaciones de la URI, y ofreció la suma de 50 millones de pesos por sus paraderos. Las personas señaladas por Molano son lideres sociales del Cauca, entre ellos Andrés Duque. Luego se presentaron una serie de amenazas de muerte por medio de panfletos que culminaron con un montaje judicial. El 17 de junio de 2022, previo a las elecciones presidenciales, y con el fin estratégico de desestabilizar y de generar terror y zozobra ante el eventual triunfo del entonces candidato Gustavo Petro, fue detenido arbitrariamente por personas de civil, sin identificación, el líder social Andrés Duque, en hechos que quedaron grabados en directo por las redes sociales. A pesar de la evidente ilegalidad de su captura, se le impuso “medida de aseguramiento intramural”, y se le imputaron cargos por los delitos de “avasallamiento de bien inmueble”, “violencia contra servidor público” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. Llama la atención que el líder social no ha contado hasta ahora con una defensa técnica que garantice el reconocimiento de su calidad de detenido político, a pesar de que, en cada una de las audiencias realizadas, conglomerados de personas integrantes de organizaciones sociales y populares del Cauca piden su libertad con consignas y gritos. También exigen la libertad del artista y líder social Bremen Hinestroza, figura emblemática del paro nacional por su traje de colores patrios y sus símbolos de repudio a la guerra y a la injusticia social. A pesar de que estos dos líderes sociales fueron designados por el presidente de La República como “voceros de Paz”, el congresista Christian Garcés del Partido Centro democrático los señaló de “colados”: “Hay dos invasores de tierras colados en los ‘voceros de paz’ que Gustavo Petro quiere dejar libres, ambos imputados por éste y otros delitos que no fueron cometidos en desarrollo de las protestas del paro nacional”. Acusación temeraria, si se tiene en cuenta que la persecución de estos líderes se orquestó por su participación en el paro nacional en medio de su pedido de reivindicaciones, específicamente sobre el tema de la vivienda digna. Ellos continúan presos por ejercer el derecho a la protesta social, sin que el gobierno nacional haya podido restablecer aún su libertad.

Cinco relatores especiales adscritos a la ONU y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria cuestionan la legalidad de las privaciones de la libertad de jóvenes judicializados en medio del paro nacional de 2021, muchos casos similares a estos fueron estudiados por los relatores. Los hallazgos describen un patrón de violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, cuyas características fueron la judicialización mediante el uso inapropiado del derecho penal o implementación del derecho penal del enemigo, así como la estigmatización a las personas que participaron en las manifestaciones.

El 24 de marzo de 2023 se dio a conocer el comunicado del relator especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y de la relatora especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el Terrorismo, en los que se presentó un diagnóstico sobre los hechos ocurridos en el año 2021 en nuestro país relacionados con las detenciones y las judicializaciones en el marco de a represión estatal en el paro nacional.

Dentro de sus principales hallazgos, los relatores de la ONU comunicaron su preocupación por la existencia de “un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta”. Dicho patrón tendría dos modalidades: la primera  se presentó simultáneamente con el paro nacional durante los primeros meses del estallido social por medio de la judicialización de manifestantes mediante la aplicación indiscriminada de figuras jurídicas tales como “captura en flagrancia” y el “traslado por protección”.

En esta modalidad, la Fiscalía apeló al uso de tipos penales como “daño en bien ajeno”, “violencia contra servidor público”, “perturbación en servicio de transporte”, “empleo y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. A pesar de que la mayor parte de las personas judicializadas en esta modalidad recuperaron su libertad, en muchos casos se presentaron imputaciones para estigmatizar y desincentivar la protesta social.

La segunda modalidad a la que se refirieron los relatores de la ONU se presentó entre junio de 2021 y 2023 en una etapa posterior a las movilizaciones. Las judicializaciones en este caso se produjeron mediante capturas con orden judicial sustentadas en posibles montajes, y apelando al uso de tipos penales desproporcionados como “terrorismo”, “concierto para delinquir”, “tentativa de homicidio”, “instigación a delinquir”, “secuestro”, “tráfico, fabricación y porte de explosivos”, entre otros. Ante esta modalidad, los relatores expresaron su preocupación, ya que identificaron que el objetivo de este tipo de imputaciones es desestimular a la ciudadanía y a los manifestantes a ejercer sus derechos, y a estigmatizar a las personas que participaron en la protesta social.

Los relatores subrayaron su preocupación por la interpretación consagrada en la Directiva N° 002 de 2021, y promovida por Francisco Barbosa, actual fiscal General de la Nación, que ordenaba investigar los posibles actos delictivos de la protesta como “terrorismo”, en contraste con el criterio que hasta ese momento consagraba  la derogada  Directiva N° 008 de 2016, la cual indicaba que debían tipificarse bajo el delito político de “asonada”, otorgando un carácter político.

En el informe, los relatores de ONU destacan que las personas judicializadas en esta modalidad son, en su mayoría, jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y cuestionaron la consideración de Las Primeras Líneas como grupos de delincuencia común organizada -GDCO- para justificar un tratamiento más restrictivo de la libertad.

En el mismo sentido, el pasado 29 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado recogiendo las preocupaciones de los relatores, y señalando que “Expertos de la ONU han solicitado a Colombia que deje de utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo, para procesar a personas por participar en protestas contra las políticas del Gobierno”.

Se necesita con urgencia una ley de alternatividad penal para quienes fueron privados de su libertad con ocasión de los hechos ocurridos durante el paro nacional y, de esta manera, restablecer sus derechos fundamentales, entre ellos, la libertad.