Las masacres de “La Pedregosa” y “La Rejoya”, a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

por Sofia LopezConflicto Armado, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera,

Abogada defensora de derechos humanos y periodista

de la Corporación Justicia y Dignidad

En noviembre de 1999, cerca de cincuenta mil personas pertenecientes a organizaciones populares, campesinas y de base, que se congregaron en El Cairo, municipio de Cajibío y en Galíndez, municipios del Patía (Cauca), bloquearon durante veintiséis días la carretera panamericana exigiendo al gobierno la destinación de recursos económicos para atender las necesidades básicas de los habitantes del sur occidente colombiano. En la zona de protesta participaron cerca de doce mil campesinos cajibianos, representando cerca del 20% de las personas protestantes. La movilización generó que el Estado acordará desembolsar 112 mil millones de pesos para la región sur del occidente del país, de los cuales, 13 mil millones serían destinados a programas sociales para el municipio de Cajibío. Sin embargo, a partir del año 2000, la movilización popular fue reprimida por agentes estatales y paramilitares mediante violaciones sistemáticas de derechos humanos contra las personas habitantes del municipio de Cajibío, y a través de la Tercera Brigada y La Brigada Veintinueve del Ejército Nacional, los bloques “Calima” y “Héroes de Ortega” de las AUC, esto, con la constatada la colaboración de hacendados del departamento del Cauca. Los paramilitares del “Bloque Calima” de las AUC, al mando de José Everth Veloza García  (alias “HH”), durante el año 2000 y 2001 controlaron militarmente a 22 municipios del departamento del Cauca. En octubre de 2000, las Farc incursionó en el corregimiento de Ortega (Cajibío), asesinando a 14 personas, quemando varias casas y se desplazando a cerca de 96 familias. En este corregimiento, desde 1977, se creó un grupo de autodefensa campesina tipo paramilitar que se enfrentaba de manera reiterada con la insurgencia. La incursión de las Farc durante el año 2000 llevó a los líderes de ese grupo paramilitar: Lizardo Becoche Pechené y Rubinder Becoche, a realizar acuerdos con la Tercera Brigada y La Brigada Veintinueve del Ejército Nacional, a través de los mandos militares Jaime Canal y Marco Fidel Velandia, quienes proporcionaron equipos de comunicación y ayuda monetaria a los referidos paramiltiares. Luego de recibir apoyo y orientación del Ejército Nacional, acudieron al “Bloque Calima” de las AUC, quienes acordaron brindarle asesoría y entrenamiento militar. Un grupo de alrededor de 40 integrantes de las “Autodefensas de Ortega” se dirigió hacia la zona de La Mosquitera, ubicada entre La Balsa y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, con el fin de recibir entrenamiento militar por parte del “Bloque Calima”.

Después del entrenamiento militar, regresaron hasta Ortega, y en el camino asesinaron a personas señaladas como milicianos o simpatizantes de la subversión. El Grupo del Bloque Calima que ingresó a Ortega y a la zona rural de Cajibío estaba comandando por Chilapo, Nechí y Franco. 

En esta zona permanecieron alrededor de dos semanas antes de retornar al norte del Cauca. Durante este lapso realizaron el denominado “recorrido de la muerte” en la zona rural de Cajibío entre los días 19 al 26 de noviembre de 2000.Asesinaron a nueve personas señaladas de sostener vínculos con la guerrilla, otras fueron torturadas y se presentaron saqueos en negocios de las distintas veredas por las que transitaron. Como resultado de estas acciones se generó desplazamiento de la población hacia el casco urbano de Cajibío, Popayán y Cali.Los primeros hechos ocurrieron el domingo 19 de noviembre, día de mercado, en la vereda El Dinde, donde obligaron a la población a reunirse en la plaza principal del poblado, se presentaron como AUC y tildaron a la población de pertenecer y colaborar con la guerrilla. La población fue encerrada en la vivienda de la señora Virgelina Campo. El campesino Argelino Largacha fue conducido al corregimiento de Ortega en donde fue torturado, le arrancaron las orejas y la nariz. Al día siguiente lo condujeron a la vereda La Diana, en donde fue golpeado con un palo delante de la población y asesinado. 

El día 16 de noviembre de 2000, el comandante de policía del Municipio de Morales, Jose Vicente Ortiz Murcia, fue informado sobre la presencia de grupos paramilitares en algunas zonas aledañas al municipio y que se dirigía al vecino municipio de Cajibío en dirección a la vereda La Pedregosa. Estos hechos fueron informados por el comandante de Policía al alcalde del municipio de Morales, el señor Silvio Villegas Sandoval, mediante oficio fechado el 16 de noviembre de 2000, y radicado con el No 213. El 20 de noviembre, en la ciudad de Popayán, las autoridades civiles, militares y policiales, convocaron a un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento. En dicho consejo de seguridad, el señor alcalde del municipio de Morales Silvio Villegas Sandoval, señaló con claridad sobre la presencia de grupos paramilitares en su municipio y la movilización de estos grupos criminales hacia las zonas rurales del vecino municipio de Cajibío.

 

 

El 22 de noviembre, los paramilitares arribaron al corregimiento El Carmelo (Cajibío), donde cometieron una masacre. En este lugar, amarraron y se llevaron a los campesinos Alcibiades Camayo, Yonir Campo y Jaime Rojas hasta un paraje solitario en frente del cementerio y a las 7:30 a. m. los asesinaron. Los paramilitares pintaron con aerosol una volqueta y las paredes de algunas viviendas del lugar con las siglas «AUC» – «ACCU» y las consignas «fuera guerrilla» y «muerte a sapos guerrilleros». Le prendieron fuego a la vivienda de Manuel Valencia e ingresaron a algunas viviendas, hurtaron dinero, enseres y saquearon las tiendas de abarrotes del corregimiento

De acuerdo con la las versiones rendidas por los paramilitares en “Justicia y Paz”, los se marcharon de El Carmelo y en Casas Bajas tuvieron enfrentamientos con la guerrilla. En la confrontación resultó asesinado un integrante del Bloque Calima y heridos otros dos. Debido a esto, el comandante “Chilapo” dio la orden de repliegue hacia la vereda La Laguna en donde permanecieron hasta el 23 de noviembre. Cerca de las 6 de la tarde del día 23 de noviembre, el grupo, de alrededor de 70 paramilitares se desplazó hacia el corregimiento de la Pedregosa. Llegaron a la vereda Santa Catalina, a la vivienda del señor José Vicente Camayo, a quien encerraron en una de las habitaciones, requisaron la casa y retuvieron a sus hijos Eris Arturo y Diego Arnulfo Camayo Guetio, quienes fueron amarrados y torturados. Al otro día 24 de noviembre, prosiguieron el recorrido con los civiles retenidos. En la entrada del poblado de la Pedregosa instalaron un retén ilegal e  incineraron varios vehiculos. 

En el lugar del retén retuvieron a los campesinos Adolfo Benalcázar y Luis Germán Valenzuela, quienes llegaron procedentes de la vereda Buena Vista en una motocicleta. Los paramilitares les pidieron los documentos de identificación y una vez verificados Germán Valenzuela le preguntó a los paramilitares si podían seguir, uno de los paramilitares le dijo que no y Germán contestó: «por qué no me dejan seguir si estamos en un país libre», los paramilitares se molestaron con la afirmación de Germán y de inmediato lo amarraron, lo golpearon y estando vivo le quemaron la cara con ácido. La motocicleta de Germán fue incinerada. Posteriormente retuvieron al señor Dagoberto Velasco Chaguendo y a su padre el señor Silvio Velasco y los unieron al grupo de Germán Valenzuela, Adolfo Belalcázar, Eris Arturo Camayo, Diego Arnulfo Camayo y Bernardo Valencia. A las personas retenidas las amarraron de pies y de manos y las trasladaron unos 120 metros adelante, cerca de la capilla del corregimiento. El señor Adolfo Belalcázar pudo escapar aprovechando la confusión que generó el inicio de un ataque de la guerrilla a los paramilitares, quienes optaron por esconderse en las viviendas de la población y responder desde allí a los ataques. Bernardo Valencia y Silvio Velasco lograron escapar entre los matojos, en tanto el enfrentamiento armado continuaba. A Dagoberto Velasco Chaguendo,  Germán Valenzuela, Eris Arturo Camayo y Diego Arnulfo Camayo fueron asesinaron en la iglesia del poblado por los paramilitares.

Durante todo el día y luego de ocurrida la masacre los paramilitares sostuvieron combates con la guerrilla que operaban en el sector. Debido a la intensidad de los enfrentamientos, el grupo paramilitar recibió refuerzos paramiltiares desde el norte del Cauca. Durante el enfrentamiento armado, los paramilitares recibieron apoyo terrestre de unos 30 hombres del Ejército Nacional, quienes entraron por la vereda de Santa Catalina y apoyo aéreo por medio de helicóptero de la fuerza aérea.

Los cuerpos sin vida de Dagoberto Velasco Chaguendo, Germán Valenzuela , Eris Arturo Camayo, y Diego Arnulfo Camayo fueron levantados por la comunidad solo hasta el día 25 de noviembre.  El último hecho violento contra la población civil se presentó en la vereda La Laguna, entre el 25 y 26 de noviembre. Allí procedieron a retener, torturar y asesinar al señor Miguel Ángel Campo Astaíza. La masacre de la Rejoya Ocurrió el 15 de enero de 2001, poco tiempo de las incursiones paramilitares en Cajibío. Las víctimas se movilizaban en una “chiva” entre Popayán y el corregimiento de Rosario (Cajibio), y fueron señalados como milicianos de la guerrilla por un soldado del ejército nacional de apellido Zapata, por otro hombre de apodado “Rayo”, por alias “La Gorda”, ex guerrillera que pasó a hacer parte de las filas del Bloque Calima, y por algunos paramilitares de Ortega. 

Fueron asesinados 10 campesinos entre los que se encontraban dos menores de edad, las víctimas fueron: Absalón Troyano Victoria, Carlos Chantre Peña, Florencio Flórez Mesa, Hugo Idobro Ledezma, José Luis Campo Imbachí, Juan Carlos Velasco Orozco, Luis Alberto Muñoz Imbachí, Oveider Mosquera, Rubén Darío Sánchez Urmendez y Wilmer Camayo Montenegro.  Los paramilitares y el hombre que señalo a las víctimas salieron en huida del lugar por entre el rastrojo que rodeaba la vía. Llama la atención que no alcanzaron a pasar cinco minutos de los hechos y llego el ejército a acordonar la zona y a realizar las supuestas labores de custodia de la escena del crimen.

Los paramilitares que participaron de los hechos, postulados en “Justicia y Paz” confesaron que llegaron a la hacienda La Adelita, propiedad de Juan José Ayerbe, hacendado de la ciudad de Popayán, donde prepararon el retén paramilitar e ingresaron las armas. Una vez cometida la masacre llegaron a dicha hacienda y se escondieron, horas más tarde en un automotor de la hacienda los sacaron hasta la ciudad de Popayán. Los paramilitares de Ortega Lizardo Becoche, Rubinder Becoche y Jairo Guachetá participaron activamente en la planeación de la masacre de la Rejoya en coordinación con alias La Gorda y Albeiro (Ómar). Estos actos preparatorios se dieron en los barrios San José y 31 de marzo de la ciudad de Popayán.

El día 20 de enero de 2001, el periódico EL LIBERAL de la ciudad de Popayán señaló que el jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO, mediante misiva al defensor del Pueblo, reconocía su participación en los hechos de la masacre de la Rejoya. El comandante paramilitar alias “HH”, confesó que la masacre de la Rejoya se hizo en coordinación con el comandante del Gaula de ese entonces.

Luego de 22 años de ocurrencia de estas masacres surgen muchas preguntas: ¿Por qué el reconocido hacendado de la ciudad de Popayán Juan José Ayerbe sigue en libertad? ¿Por qué los militares Jaime Canal y Marco Fidel Velandia, que se relacionaban con comandantes paramilitares de Ortega nunca fueron llamados ni siquiera a declarar en los procesos? ¿Por qué jamás se individualizaron ni identificaron los militares Rayo, Zapata y Huila que participaron en la masacre de la Rejoya? ¿Por qué jamás se identificaron a los militares que prestaron apoyo terrestre y aéreo a los paramilitares del bloque Calima y de Ortega cuando fueron incursionados por la guerrilla luego de cometida la masacre de la Pedregosa? ¿Por qué jamás ha sido objeto de investigación la inoperancia de los funcionarios de seguridad del Estado, que sabían de la llegada de los paramilitares al municipio de Cajibío y que participaron de los consejos de seguridad? Estas preguntas y muchas más no han sido resueltas.

Pese a lo anterior, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, mediante informe No. 68/23 notificado el día 29 de junio de 2023, aprobó la admisibilidad del caso de la masacre de La Pedregosa ocurrida en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca. Es importante resaltar que mediante informe No. 240/20, también admitió el caso de la masacre de la Rejoya. Los casos de las masacres de la Rejoya y la Pedregosa fueron declarados como crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2020. Estas decisiones de carácter nacional e internacional constituyen una posibilidad para el restablecimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas, familiares de las víctimas y de las comunidades campesinas de Cajibío que fueron afectadas. Principalmente, nos sirve para esclarecer los hechos de la violencia paramilitar y la responsabilidad del Estado de Colombia en el recorrido del horror, muerte y barbarie que dejó a su paso los grupos paramilitares, “Bloque Calima” y “Héroes de Ortega” de las AUC. La esperanza de justicia se tiene en la decisión que de fondo pueda proferir la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la incapacidad que tiene el Estado de Colombia de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

El campesinado como sujeto de derechos en la presente legislatura

por Sofia LopezDerechos Humanos y Protesta Social, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Durante el siglo XIX, se produjo en Colombia un cambio económico significativo. Se sustituyó la explotación minera por la explotación agrícola, generando un proceso de despojo de tierras a los campesinos e indígenas. Los resguardos indígenas desaparecieron y fueron parcelados, se estableció el proceso de “terraje” o arriendo de la tierra, y el indígena perdió su identidad étnica y fue tratado como un campesino sin tierra. Desde esta época, los campesinos fueron reconocidos solamente como una fuerza de trabajo que realizaba todas las labores de cultivo y recolección del sector agrícola en condiciones laborales precarias. Entre finales de XIX y principios del siglo XX, el Estado Colombiano entregó grandes extensiones de baldíos a los terratenientes, fomentando el latifundismo que posteriormente sería el origen de los conflictos sociales que aún nos aquejan. Para el sacerdote Jesuita Javier Giraldo, el acceso a la tierra es el detonante principal que da origen al conflicto armado.

Desde la década de 1920, mediante movilizaciones agrarias, los campesinos empezaron a exigir el derecho a la propiedad sobre la tierra y a no ser considerados solamente como fuerza de trabajo al servicio de los terratenientes. Un ejemplo de estas expresiones organizativas son los campesinos de Córdoba, que llegaron a conformar colonias agrícolas autónomas como el Baluarte Rojo de Loma grande, San Fernando, Canalete y Callejas. En 1928 se habían consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano. Con la Gran Depresión de 1929 y la crisis de la economía mundial, se fortaleció la lucha campesina en Sumapaz, Viotá y la región del Tequendama y Córdoba. Posteriormente, aparecieron las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales y las Unidades de Acción Rural, la Federación Campesina e Indígena, posteriormente conocida como la Confederación Campesina e Indígena, fundada en 1942. Con la crudeza del denominado periodo de la violencia en Colombia (1946-1958), las organizaciones campesinas fueron diezmadas, y para la década del cincuenta solo sobrevivía la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia.

Existieron varios intentos gubernamentales para conjurar el problema del acceso a la tierra, mediante la expedición de leyes de Reforma Agraria. El problema nunca se resolvió porque cada iniciativa fue contrarrestada por intereses económicos y políticos opuestos que empantanaron y volvieron inocuos los proyectos que se adelantaron. La Ley 200 de 1936, expedida durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, surgió como medida ante la crisis económica de La Gran Depresión. En los años treinta, en Colombia, resurgió la violencia como consecuencia del levantamiento armado campesino a causa de la propiedad rural. La violencia se agudizó cuando el Partido Liberal ascendió al poder y gobernó el país hasta 1946. La Reforma Agraria de la Ley 200 de 1936 buscó fortalecer el sector agrario en beneficio del proceso de industrialización de la economía nacional y mejorar las condiciones de la población campesina. Fue una política de saneamiento de títulos, de colonización y de protección a colonos cuyo objetivo real era dar solución al problema de los colonos, estableciendo la modalidad de la prescripción agraria como una forma de adquirir la propiedad completa, reduciendo el plazo de posesión a cinco años continuos sobre el predio. Posteriormente, para el segundo mandato de López Pumarejo, se promulgó la Ley 100 de 1944, conocida como Ley de aparcerías o de contra-reforma, que extendió a quince años el tiempo de posesión para lograr la prescripción adquisitiva de dominio de la propiedad rural.

La primera Reforma Agraria de López Pumarejo causó un descontento en los terratenientes, que se manifestó en la expulsión de los campesinos de las haciendas y generó la migración de campesinos sin tierra a las ciudades. Los efectos de la Ley 200 de 1936 fueron neutralizados por la Ley 100 de 1944 (contrarreforma), que revirtió el objetivo de transformar el latifundio apoyando los contratos de aparcería. Esta ley favoreció los intereses de los terratenientes y preservó los latifundios, lo cual llevaría, con el tiempo, al agudizamiento de los conflictos sociales en el campo.

En pleno contexto de “Guerra Fría” y para evitar el crecimiento de los movimientos populares de orientación comunista, el gobierno de Alberto Lleras Camargo promovió una Reforma Agraria mediante la Ley 135 del 13 de diciembre de 1961, que se centró en la reconstrucción de unidades de explotación en las zonas de minifundio, la dotación de tierras y la generación de mejores condiciones socioeconómicas para los campesinos. En esta ley se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Consejo Social Agrario como órgano consultivo y el Fondo Nacional Agrario.

Las primeras guerrillas nacen como forma de autodefensa campesina de orientación liberal en las décadas de los 40 y 50, y posteriormente de orientación comunista en la década de los 60, es decir: el problema del acceso a la tierra y la inexistencia de una verdadera Reforma Agraria dieron origen al conflicto armado en Colombia.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue fundada en 1967, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en el periodo del Frente Nacional, cuya organización le dio una estructura más fuerte al movimiento campesino. Con la llegada al poder de Misael Pastrana Borrero se frenaron los intentos de Reforma Agraria. En 1972 se firmó el “Pacto de Chicoral” entre el Gobierno y grandes terratenientes para frenar la movilización de la ANUC y evitar una posible expropiación de tierras a favor de los campesinos. El Pacto de Chicoral fue un proyecto de contrarreforma que frustró la idea de modificar la distribución de la propiedad, aceleró la concentración de la tierra e incrementó la expulsión de campesinos y otras comunidades de sus territorios. La Ley 1 de 1968, conocida como de “Ley de arrendatarios y aparceros”, amplió las causales de expropiación y reglamentó la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Asimismo, se promulgaron las Leyes 4 y 5 de 1973 bajo el mandato de Pastrana Borrero (1970-1974), que respondieron al Pacto de Chicoral.

La Ley 6 de 1975, promulgada durante la administración de López Michelsen, sustituyó los programas de Reforma Agraria por los del Plan de Alimentación y Nutrición (PAN) y el Fondo de Desarrollo Rural Integral (DRI), que no buscaba dar solución jurídica a los reclamos campesinos, sino promover la coexistencia de explotaciones capitalistas y otras formas productivas; esto también hacía parte de lo acordado en el Pacto de Chicoral.

En los años 80, se formaron nuevas organizaciones políticas, como la Unión Patriótica (UP), “A Luchar”, el “Frente Popular”, y organizaciones campesinas como la FENSA y ANTA; la lucha campesina resurgió y llegó a su auge en 1987. Ante las numerosas marchas campesinas y tomas de tierras se expidió la Ley 35 de 1982, la cual intentó restablecer el INCORA y dar acompañamiento a sus acciones, y se creó el Plan de Rehabilitación Nacional (PRN), para  adelantar acciones sociales en áreas de violencia

La Constitución de 1991 protegió de forma explícita a las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y los derechos del campesinado solo quedaron plasmados en tres artículos (63, 64 y 65), que reducen al campesino a un simple trabajador agrario, es decir, fuerza de trabajo sin ser sujeto de derecho. A mediados de los años 90, el sector agrario vivió una aguda crisis económica asociada a las políticas de apertura e implementación del modelo neoliberal. Esta situación dio origen a la implementación de políticas agrarias mediante la promulgación de la Ley 60 de 1994 en la administración de Ernesto Samper Pizano. Esta reforma derogó la Ley 135 de 1961 y estableció un sistema de mercado de tierras subsidiadas para compra directa por parte de los campesinos. Mediante esta ley el gobierno estimuló la colonización de nuevas tierras y de esta manera privilegió la titulación de baldíos, sin afectar tierras fértiles y adecuadas para la agricultura de los latifundios improductivos, muchos de ellos en manos de narcotraficantes y la ganadería extensiva. También se expidió el decreto que reglamentó las Zonas de Reserva Campesina, que dieron origen a la creación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).

Las Asociaciones Campesinas de Arauca, del Valle del Río Güéjar y del Catatumbo surgen en la década del 2000 como resistencia a la violencia paramilitar, buscando reunir a los campesinos en un movimiento regional para salvaguardar sus territorios, evitar el despojo y defenderse del desplazamiento forzado.

En el año 2013 con el Paro Nacional Agrario se vincularon campesinos, mineros artesanales, transportadores, educadores, centrales sindicales y estudiantes, y dieron origen al proceso de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Con el acuerdo de Paz entre las guerrillas de las Farc y el gobierno de Juan Manual Santos en 2016, no se estableció ningún proceso de Reforma Agraria, las partes acordaron simples procesos de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para quienes ya tenían posesión sobre la tierra, y los procesos de restitución y reparación para quienes perdieron la tierra en el marco del conflicto armado, teniendo como base legal la ley de víctimas y demás decretos que la desarrollan. Con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc surgió la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) para tratar el punto de sustitución de cultivos.

En el informe, “Radiografía de la desigualdad, lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia”, investigación realizada por OXFAM International, se indicó que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración en la tenencia de tierra con cifras escandalosas que explican el porqué de la situación de pobreza de la población campesina en la actualidad. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración de los Derechos del Campesinado, y Colombia bajo las orientaciones del expresidente Iván Duque se abstuvo de votar dicha declaración. Por esta razón, el gobierno del presidente Gustavo Petro en el año 2022 presentó ante el congreso un proyecto de reforma constitucional para considerar al Campesinado como Sujeto de Derechos y adoptar algunos estándares de esta Declaración.

En la legislatura que acaba de terminar se modificó el artículo 64 de la constitución política y se incluyó lo siguiente: «el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección» y «las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos». Con la especial protección constitucional que se otorga al campesinado, el Estado de Colombia se encuentra obligado a implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de esta población, y vía jurisprudencial, se podrán adoptar los estándares de protección jurídica internacional establecidos por la ONU en la Declaración de Derechos del Campesinado, garantizando una protección en la dimensión territorial, dimensión cultural, dimensión político-organizativa y dimensión productiva. Así mismo, se dará protección a derechos como el acceso a la tierra, derecho al agua, la protección de las semillas, la soberanía y autonomía alimentarias, y la consulta previa. Por otra parte, se aprobó en esta legislatura la jurisdicción agraria, que pretende llevar la justicia especializada al campo. Esta jurisdicción tendrá procedimientos propios, pensados específicamente para la construcción de paz y convivencia en los territorios, donde la débil presencia del Estado ha creado profundas desconfianzas entre la ciudadanía y la institucionalidad, lo que agudiza y eterniza los graves problemas agrarios entre las comunidades rurales.

Estas dos reformas constitucionales recién aprobadas permitirán el fortalecimiento del movimiento campesino nacional con miras a la creación de un verdadero proceso de Reforma Agraria, que permita el inicio de una justa y equitativa repartición de la tierra en Colombia.

La lucha de los últimos Pubenenses contra el exterminio

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Antes de la conquista española existían tres grandes grupos indígenas representativos: los Muiscas, los Taironas y los Pubenenses. Sobre los Pubenenses se sabe que tenían mecanismos centralizados de orden económico, político y religioso; que hicieron una alianza militar al mando del cacique Pubén, que surgió de la necesidad de contar con un ejército permanente para defender la integridad territorial. El cacique Pubén ordenó la construcción de cuatro fortalezas amuralladas situadas sobre los caminos obligados, donde debían acuartelarse tropas indígenas encargadas de repeler la incursión de los Pijaos y Yaporongos. Estos cuatro frentes tomaron los nombres de los caciques Mastales, Pisitao, Yambitará y Guacacallo.

La Confederación Pubenense estaba conformada por los indígenas Coconucos, Guambianos, Totoroes, Paeces, Guanacas, Pijaos y Pubenenses, y conformada por territorios que hoy ocupan los municipios de Popayán, Timbío, Sotará, El Tambo, Rosas, Puracé, Inzá, y Páez. En estos frentes se libraron varias batallas en las cuales los indígenas enfrentaron a los españoles, destacándose en el proceso de resistencia, la batalla de Mastales, Guazábara y Xamundi.

El cacique Payán comandaba las tribus de los Paeces y los Faguas, y fue asesinado en la batalla de Mastales. El cacique Calambás lideró la acción de los Pubenenses en Guazábara, donde murió junto al cacique Yazgüen, los caciques Piendemú, Tálaga, Cobaló y Tumbichucué de la agrupación de los Guambías, el cacique Zénzela de las tribus Toribíos y la Cacica Gaitana de los Paeces. Estos líderes encarnaron la resistencia que los Pubenenses libraron contra los españoles en defensa de su integridad como civilización.

La conquista española provocó una disminución de la población y número de pueblos indígenas, mientras los Pubenenses, Guambianos y Coconucos cayeron en poder de la conquista española, los Paeces, destacados como “guerreros”, fueron derrotados parcialmente por los invasores solo hasta el año 1.610.Los Pubenenses constituían un cacicazgo de pueblos Nasa que habitaron en el Valle de Pubenza, donde actualmente se ubica la ciudad de Popayán, que incluye el corregimiento de Julumito, lugar donde se encuentra el Resguardo de San José de Julumito. Los Pubenenses eran valientes guerreros que vivían en ranchos de paja, su civilización era superior a las tribus vecinas y contaban con una magnífica organización militar.

La población que habita el Resguardo de San José de Julumito se reconoce como descendientes de los Pubenenses, en consideración a su ubicación geográfica, registro histórico de los apellidos de los pobladores, y también por sus usos y costumbres. Se menciona por un lado que el nombre de Julumito proviene del nombre de un cacique llamado Julumu o Cucumico, mientras que historiadores manifiestan que proviene del Quechua Jucu que significa esclavo. Las primeras familias fueron de apellidos Chamizo, Trujillo, Angucho, Guasca, Yacumal y Lúligo. La comunidad indígena de Julumito viene de un largo proceso para su reconocimiento, y como pueblo indígena se dice que son los últimos Pubenenses.

Esta comunidad, los últimos Pubenenses, como se denominan la comunidad del Resguardo San José de Julumito, no tiene tierra a pesar de ser reconocida como Resguardo. La comunidad indígena como tal no cuenta con un espacio que garantice su pervivencia y el normal desarrollo de sus usos y costumbres. Lo anterior debido a un viejo litigio afortunadamente ya superado con la iglesia católica. Desde 1924 el Cabildo Indígena de Julumito en cabeza del entonces gobernador del Cabildo, Don Marcelino Medina, mediante litigio ante juzgado civil solicitó el reconocimiento de unos predios a favor de la comunidad indígena de San José Julumito, pero en dicho litigio se presentó la impugnación y oposición mediante la excepción al procedimiento interpuesta por la Arquidiócesis de Popayán por cuenta de la Iglesia de San Francisco de Julumito (hoy Iglesia Sagrado Corazón), mediante apoderado judicial doctor Adolfo Córdoba. La iglesia católica argumentaba su oposición en que ésta era la dueña exclusiva de los lotes de terreno objeto de la partición material.

Posteriormente, mediante la escritura pública No.242 del 04 de marzo de 1926 de la Notaría Única de Popayán, registrada en los folios 120-120592 y 120-120594 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, se evidencia que las tierras fueron adjudicadas al Cabildo de San José de Julumito, pero estos terrenos fueron entregados en Usufructo al culto y a la educación, siendo la Iglesia Católica la usufructuaria de los predios, pero la comunidad indígena debía conservar la propiedad.

Finalmente, el litigio por estos predios se resolvió a favor de la comunidad indígena, ya que la Parroquia del Sagrado Corazón de Julumito representada por el presbítero Carlos Fernando Sánchez, interpuso demanda de declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio contra el resguardo indígena de Julumito, el 18 de diciembre de 2009. Es decir, la iglesia ya no quería ser usufurctuaria, sino tener la propiedad de los predios de la comunidad indígena. En primera instancia, la Juez Sexto Civil del Circuito de Popayán le dio la razón a la iglesia y declaró el dominio pleno y absoluto por prescripción extraordinaria de dominio a favor de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Julumito de Popayán sobre los terrenos ubicados en la parcialidad de Julumito, sentencia que fue apelada por el cabildo indígena de San José de Julumito y que el Tribunal Superior de Popayán Cauca – Sala Civil revocó, reconociendo los derechos de la tierra a la comunidad indígena. Los predios, como estuvieron en usufructo de la iglesia, hoy ocupan lugares comunes como la escuela, el cementerio, la iglesia, la cancha. Son predios pequeños, que, si bien reconocen la existencia de una comunidad indígena con más de cien años de permanencia en el territorio, no garantizan la pervivencia de la comunidad reconocida como los últimos Pubenenses.

A razón de que se ganó el litigio con la iglesia católica, la comunidad del Cabildo Indígena de la Parcialidad San José de Julumito, inició su proceso de ampliación de Resguardo y está priorizada para la adquisición de la ampliación territorial por parte de La Agencia Nacional de Tierras. El predio de la antigua hacienda El limonar (Balcones), ubicado al occidente de la ciudad de Popayán en el corregimiento de Julumito, lugar donde se han ubicado los últimos Pubenenses, es reconocido por la comunidad indígena como parte de su territorialidad ancestral, y por esta razón, mediante los acuerdos con el Estado, fue priorizado para que se adquiriera por la Agencia Nacional de Tierras a favor de la comunidad indígena. La comunidad indígena manifiesta que comunicó al municipio de Popayán, a la Lonja de Propiedad Raíz de Popayán para que este predio no fuera objeto de negocio jurídico, y así mismo, se firmó un acuerdo con el sindicato de docentes ASOINCA y FE-PROVITEC, que es la empresa inmobiliaria del sindicato, a fin de que se le permitiera a la Agencia Nacional de Tierras la comprar el mencionado predio para dotar de tierras a la comunidad indígena de Julumito en su pretensión de ampliar su resguardo.

ASOINCA y FE-PROVITEC compró el predio que la comunidad indígena había proyectado para el proceso de ampliación de resguardo, desconociendo los acuerdos que existían a fin de garantizar que la comunidad indígena pudiera tener un territorio. Esta situación es responsabilidad de los entes del Estado que se demoraron en los procesos de compra de la tierra. La escritura del predio da cuenta de una compra por cuatro mil millones de pesos, aunque la comunidad indígena manifiesta que el predio en realidad fue comprado por nueve mil millones de pesos, en la actualidad ASOINCA oferta este predio por quince mil millones de pesos, suma que no pagará en efecto la Agencias Nacional de Tierras y por eso cada vez se ve más lejos la posibilidad de que esta comunidad indígena pueda acceder a la tierra para su pervivencia.

Los docentes de ASOINCA se defienden, manifiestan que el predio fue comprado con sus recursos, que fue un negocio legal, y señalan que la comunidad indígena está impidiendo el ejercicio de su derecho a la posesión sobre dicho inmueble. Señalan a la comunidad indígena como invasores que los atacan con papas bombas y cohetones. Los docentes manifiestan que han puesto las denuncias y que la fiscalía va capturar a los dirigentes indígenas. Por su parte, los indígenas manifiestan que los docentes usan armas de fuego para impedir su ingreso al lugar, y se mantienen en la posición de que esa finca debe ser objeto de ampliación de su resguardo por ser territorio ancestral. El conflicto ya ha escalado a medios de comunicación en donde los docentes hacen graves acusaciones y la comunidad indígena denuncia amenazas de grupos al margen de la ley. Ya se han presentado desplazamientos de al menos veinte familias indigenas como consecuencia de los señalamientos de ASOINCA.

El negocio inmobiliario de compra de predios para lotear eleva de manera abrupta el costo del valor de la tierra rural en la ciudad de Popayán, generando con ello el denominado proceso de gentrificación rural, que consiste en elevar el precio de los predios dificultando que comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a la tierra en el periurbano de Popayán, consolidándose una especie de despojo.

La Agencia Nacional de Tierras y los demás entes competentes, con la demora en los procesos de compra de tierra para las comunidades indígenas, son los únicos responsables de que se generen este tipo de conflictos interétnicos o sociales, porque estamos en presencia de un conflicto entre un gremio sindical y el movimiento indígena del Cauca. Por eso, el Estado debe resolver en justicia todas las afectaciones que ha causado a las partes. El gremio sindical docente y las comunidades indígenas deben ser conscientes que quienes disfrutan y sacan provecho de este conflicto son los terratenientes y la elite payanesa y caucana. Mientras se resuelven las disputas territoriales podemos manifestar con mucha tristeza que el ultimo pueblo Pubenense aún no tiene tierra y todo este conflicto lo llevará aún más por los derroteros del exterminio.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ES UNA POSIBILIDAD DE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS

por Sofia LopezDerechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Los antecedentes de la Corte Penal Internacional (CPI), datan de 1919, después de terminada la Primera Guerra Mundial, cuando los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. El estallido de la revolución en una Alemania debilitada por la guerra lo obligó a exiliarse en Holanda, donde adquirió un castillo en el que viviría hasta su muerte. El Tratado de Versalles de 1919, con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, estableció que el Káiser Guillermo II debía ser sometido a pública acusación por el delito de agresión ante un tribunal, conformado por jueces pertenecientes a las principales potencias, pero la reina Guillermina de Holanda, impidió que se realizará el juicio cuando rechazó su extradición. Después de la Primera Guerra Mundial se hizo visible la necesidad de adoptar y crear un código, y un tribunal penal internacional.

Un precedente más inmediato se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores firmaron, en Londres el 8 de agosto de 1945, el acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes criminales de guerra del eje Europeo. Mediante dicho acuerdo se crearon los tribunales internacionales para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y de Japón. El Tribunal Militar de Núremberg condenó a pena de muerte a doce lideres nazis, hubo siete sentencias de encarcelamiento, tres sobreseimientos (suspensiones de procesos) y se declaró con el título de criminales a tres organizaciones. En el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, con sede en Tokio, condenó a pena de muerte a siete jefes y altos cargos militares japoneses e impuso penas privativas de la libertad a otros dieciocho acusados.

En 1948, las Naciones Unidas consideraron por primera vez la posibilidad de establecer una corte internacional permanente para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Por los diferentes conflictos internacionales que generó la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS esta tarea se vio suspendida por décadas. Pero en la resolución 260 del 9 de diciembre de 1948 se adoptó la Convención sobre la Prevención y Sanción del delito de Genocidio. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó a la Comisión de Derecho Internacional, la preparación de un proyecto de estatuto de una corte penal internacional. En 1993, tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad y de genocidio en Yugoslavia, por lo que se estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994, con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o promotores del genocidio ruandés.

La Comisión de Derecho Internacional completó su trabajo en el proyecto de elaboración del estatuto para una corte penal internacional y en 1994 fue sometido a la Asamblea General. La Asamblea General estableció el comité ad hoc (comité excepcional) para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998; por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, para ser abierto inmediatamente a firma.

La Corte Penal Internacional- CPI es un tribunal permanente de justicia internacional cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. La Corte empezó a funcionar el 1 de julio del 2002, una vez entró en vigor el Estatuto de Roma, su tratado constitutivo.

La CPI puede actuar en cualquiera de los 120 países que suscribieron y ratificaron el Estatuto de Roma, o por otros Estados que hayan aceptado su jurisdicción o a solicitud de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Solo puede juzgar a personas naturales mayores de 18 años, no juzga Estados, ni personas jurídicas como Empresas o Multinacionales. Investiga los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma cometidos después 1 de julio de 2002 para genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, a partir del 17 de julio de 2018 para el crimen de agresión o a partir del momento de ratificación del Estatuto de Roma por parte de algún Estado.

El 5 de agosto de 2002, el expresidente Andrés Pastrana ratificó el Tratado de Roma, pero dejó consignada la salvedad prevista en el artículo 124, es decir, que la CPI tiene competencia en Colombia desde que entró en vigor el tratado de Roma, desde el 1 de noviembre de 2002 para los crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, pero no tendría competencia para investigar los Crímenes de Guerra. Esta excepción se estableció por un periodo de siete años comprendidos entre el 1 de noviembre de 2002 y el 1 de noviembre de 2009, y se realizó con la aspiración de facilitar un proceso de negociación de paz con los grupos subversivos en Colombia.

La CPI complementa los sistemas de justicia nacionales y solo se puede activar cuando un Estado no está dispuesto a impartir justicia o no puede hacerlo. Busca sancionar a los más responsables de los crímenes de competencia del Estatuto de Roma, escuchando y brindando protección a las víctimas, garantizando su participación en todas las etapas del proceso, y de igual manera, velando por su seguridad e integridad física y psicológica.

La CPI está conformada por cuatro órganos principales: la Presidencia, las Salas (que a vez se subdividen en Salas de Cuestiones Preliminares, la Sección de Primera Instancia y la Sección de Operaciones), La Fiscalía y la Secretaria. Además, cuenta con la asamblea de Estado partes del Estatuto de Roma y el Fondo fiduciario.

La denuncia sobre una situación en donde se haya cometido uno o varios de los crímenes de competencia de la CPI la puede realizar un Estado Parte o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Fiscal también puede iniciar de oficio una investigación, debiendo solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. Cuando la Fiscalía llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, cuando la Sala considere que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto es de competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación.

Desde junio de 2004, la situación en nuestro país fue objeto de un examen preliminar por parte de la Oficina del Fiscal de la CPI con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, centrado en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Durante 17 años, las organizaciones de la sociedad civil enviaron permanentemente comunicaciones sobre la situación de nuestro país en lo relacionado a la comisión de crímenes de lesa humanidad. En el marco de este examen preliminar, la anterior Fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, emitió informes públicos en donde destacó la existencia de prácticas sistemáticas y generalizadas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos”, al menos en varias brigadas militares en Colombia. Así mismo, mediante la figura del “Amicus Curie” (que traduce: amigos de la corte) ante la Corte Constitucional Colombiana, cuestionó el diseño de la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) en lo relativo a la investigación y sanción de los más responsables de la comisión de crímenes de competencia de la CPI.

Las organizaciones de la sociedad civil aspiraban que la apertura formal de un caso ante la CPI se diera al menos en tres líneas: la primera, relacionada con el paramilitarismo, la segunda relacionada con las ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes cometidos por la fuerza pública, y la tercera, enfocada al juzgamiento de los crímenes de guerra de las guerrillas. Con la firma del acuerdo de Paz del 2016 se crea la JEP y en virtud del principio de complementariedad, los crímenes cometidos por las guerrillas y la fuerza pública, son investigados por esta jurisdicción sin que pueda ser remplazada por la jurisdicción de la CPI y con el compromiso de que los derechos de las víctimas se vean restablecidos. Es importante anotar que hasta la fecha a ninguna víctima se le ha restablecido sus derechos en los tramites que adelanta la JEP.

El 28 de octubre de 2021 y por lo ya mencionado, el nuevo Fiscal de la CPI, Karim Khan, concluyó cerrar el examen preliminar de los crímenes bajo competencia de la Corte cometidos en Colombia. Es decir, como ya existía una jurisdicción especializada para investigar los crímenes de la fuerza pública y las guerrillas, entonces se cerraba el examen preliminar. Pero a la fecha nada se ha dicho sobre los crímenes de los paramilitares que se encuentran en la absoluta impunidad. El cierre del examen preliminar para Colombia significa que miles de víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI se vean privadas de conocer la verdad y obtener justicia.

Con las declaraciones reveladoras del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien actúa ante la JEP como testigo (ya que esta Jurisdicción no tiene competencia para investigar y sancionar la responsabilidad de los crímenes cometidos por los paramilitares), sumado a la inoperancia de los tramites surtidos en Justicia y Paz (trámite de la ley 975 de 2005 para juzgar a los paramilitares, que no funcionó porque los altos mandos paramilitares fueron extraditados y los que no están extraditados ya están en libertad y otros conforman las filas del clan del golfo y de las disidencias de las Farc), por todo esto, sumado a la muy conocida ineficiencia de la justicia ordinaria, se abre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro solicite con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil la reapertura del examen preliminar, al menos en lo que tiene que ver con el fenómeno del paramilitarismo y con personas que no pueden ser juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP está diseñada solamente para juzgar y actuar en los casos de guerrilleros, miembros de la fuerza pública y funcionarios del Estado o políticos vinculados al conflicto. Podrán acudir terceros únicamente de forma voluntaria. La JEP no puede investigar los crímenes de los expresidentes, presidentes, ni terceros que no tengan voluntad de acudir a la JEP. Entonces frente a los crímenes cometidos por estas personas sí tendría competencia la CPI.

No son tan ciertas las afirmaciones realizadas por Karim Khan, el Fiscal de la CPI que nos visitó recientemente, de que no pueda abrirse un examen preliminar para Colombia, que no exista voluntad política del organismo es diferente. El presidente Gustavo Petro, respaldado por las víctimas, puede solicitar la reapertura del examen preliminar ante la CPI, para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad que no serán objeto de investigación por la JEP tales como el paramilitarismo o los crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios del Estado. Con el acuerdo de colaboración de la Corte Penal Internacional y la JEP, y la apertura de la oficina de la CPI en Colombia se verificará que en efecto muchos crímenes están en la impunidad y se abre la posibilidad de justicia real para las víctimas.

Alerta Dignidad #13

por Sofia LopezAlerta DignidadPublicado el No hay comentarios
ASESINADO FIRMANTE DE PAZ EN EL CAUCA
En el municipio de Guachene-Cauca fue asesinado el día 4 de mayo el firmante de paz José Edgar Molina Méndez integrante de la cooperativa multiactiva Ecocomún del municipio de Caloto y del Consejo Comunitario Brisas del Río Palo. Era agente escolta vinculado al sindicato Memoria Viva y líder del esquema de protección del colectivo de cooperativa Coomecc.
  
 Asesinado Líder Social y docente del Tambo Cauca
El 5 de junio de 2023 fueron encontrados los cuerpos sin vida del líder social y docente: Jairo Tombe y su esposa Leonora González quienes se encontraban desaparecidos desde el 31 de mayo cuando salieron desde su casa hasta la escuela de Pueblo Nuevo en el corregimiento de Quilcase del Tambo Cauca. Jairo Tombe fue presidente del Consejo Comunitario Saman y era representante legal de la organización social Afrontac
LIDER SOCIAL Y PERIODISTA ASESINADO EN CORDOBA
LUIS GABRIEL PEREIRA ARANGO, periodista y lider social, fue asesinado con arma de fuego la tarde del 9 de mayo en el barrio Julio Manzur, del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, donde fue abordado por sicarios que lo impactaron en varias oportunidades hasta quitarle la vida.
ASESINADO LIDER SOCIAL EN SUCRE CUACAEl 11 de mayo, Gildardo Hoyos Hoyos exalcalde y concejal del municipio de Sucre Cauca, fue asesinado mientras se encontraba en la vereda La Granja, donde tenía una propiedad. Vecinos del sector indican que en el siria se habría presentado una balacera.
LIDERESA SOCIAL ASESINADA EN BOLIVAR
Dania Sharit Polo fue víctima de un ataque de arma de fuego en su vivienda el 30 de abril en el municipio de Carmen de Bolivar y falleció el día 12 de mayo de 2023. Era una destacada lideresa, defensora de derechos humanos, activista Lgbti, que dinamizó la participación comunitaria en la justicia transicional.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN SUCRE
El día 11 de mayo en la ciudad de Sincelejo fue asesinado el líder social y defensor de derechos humanos Jhon Fredy Rueda Rodríguez quien se desempeñaba como veedor del municipio de Sincelejo, cuando sicarios a las afueras de su vivienda le dispararon.
  
LIDERESA SOCIAL ASESINADA EN EL GUAVIARE
El cuerpo sin vida de Yenifer Córdoba Henao fue encontrado el 16 de mayo en la vereda Agua Bonita Media del municipio de Calamar. La lideresa se desempeñaba como candidata al consejo por el Polo Democrático y hacia parte de la JAC y del comité de tierras de la inspección Barranquilla, también adelantaba acciones contra la deforestación.
FIRMANTE DE PAZ ASESINADO EN EL META
Henry Buitrago fue asesinado el 17 de mayo en la vereda El Encanto, municipio de Vista Hermosa región de la Serranía de la Macarena. El Firmante de Paz realizaba actualmente su proceso de reincorporación en la AETCR La Cooperativa en el departamento del Meta.
LÍDER SOCIAL ASESINADO EN EL META
El 18 de mayo fue asesinado en Tibú en el barrio La Esperanza el líder social Sergio Luis Castro cuando los sicarios dispararon en su humanidad. El líder social fue trasladado a un centro asistencial en donde falleció. Era candidato al consejo municipal por La Colombia Humana y venía realizando denuncias y veedurías por irregularidades en la administración municipal de Tibú.
FIRMANTE DE PAZ ASESINADO EN El META
El 20 de mayo fue asesinado Alfonso Correa Zapata en los límites con Vista Hermosa y San Juan de Arama en la vereda Costa Rica donde sicarios dispararon contra su humanidad. Realizaba su proceso de reincorporación en la ATCR Georgina Ortiz la reforma Vistahermosa en el meta.
 
FIRMANTE DE PAZ ASESINADO EN El GUAVIARE
Víctor Manuel Caicedo Núñez, firmante de paz que adelantaba su proceso de reincorporación en el Guaviare fue asesinado en la Inspección de la Paz municipio del Retorno el día 20 de mayo.
 
MEDICA TRADICIONAL ASESINADA EN CAUCA
Libia Quiguanas y su esposo Telesforo Ipia desaparecieron desde el lunes 22 de mayo y dos días después fueron encontrados, habrían sido arrojados al rio Jambalo, sus cuerpos presentaban signos de tortura.
LÍDER SOCIAL ASESINADO EN EL CAUCA
El 31/05/23 fue asesinado Hugo Horacio Ramírez Burgos, en la vereda Rio Negro sobre la vía Corinto -Miranda. El líder social del departamento del Valle del Cauca, perteneciente a las organizaciones UPAZUR, ASTRACAVA y ASOCAMPPTIN, integrante del Grupo Motor del PDET en Pradera, Valle.
Hijo del líder social asesinado en Cúcuta
El 2/6/23 Kevin Fabián Grimaldo un campesino de 19 años, de vda Monte Verde cgto Palmarito – Cúcuta, fue vilmente asesinado por el ELN. Dedicado al cacao y a la pesca. Hijo de
don Wilfredo Grimaldo presidente de la asociación de Cacaoteros.
LIDER SOCIAL ASESINADO EN LA VEGA CAUCA
Guido Idelber Gómez Hoyos fue asesinado el 02/06/23 en La Vega, Cauca. Era un reconocido líder y actual presidente de la JAC del barrio Villa Nueva Paraíso en el mpio de Sucre, Cauca. Además, hacía parte del -CIMA-
LIDER SOCIAL ASESINADO EN CÓRDOBA
El 5/6/23 fue asesinado Néider de Jesús Alzate Correa, reconocido líder y comerciante del corregimiento de Juan José en el municipio de Puerto Libertador, Cór

Golpe de Estado blando, de dónde viene y para dónde va

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

 

Se denomina “golpe de Estado blando”, suave, o golpe no tradicional, a las técnicas no frontales y de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder, la mayoría de las veces el poder de la derecha. La expresión ha sido atribuida a Gene Sharp: filósofo, político, profesor, politólogo y escritor estadounidense.

Sharp fue también fundador del instituto “Albert Einstein”, una organización sin ánimo de lucro que estudia y promueve el uso de la acción no violenta para “democratizar el mundo”. El instituto “Albert Einstein” ha sido cuestionado por haber estado detrás de las “Revoluciones de colores”. A mediados del siglo XX, bajo la bandera de la democracia, distintos movimientos sociales euroasiáticos de base estudiantil protestaron por la instauración de un modelo liberal, reclamaron el fin de gobiernos supuestamente autoritarios y proclamaron la independencia nacional. El nombre derivó de la masiva utilización simbólica de colores o nombres de flores, empleados como elementos de identificación de la «No violencia».

Las Revoluciones de Colores fueron promovidas por Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Open Society Foundations, la USAID y el National Endowment for Democracy, su objetivo era propiciar cambios políticos en los países de la zona de influencia de la actual Rusia -antes países integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-

para que pasen a formar parte del bloque occidental de dominio estadounidense. Ha sido tan intensa la influencia de Estados Unidos en las Revoluciones de colores que derivaron en un conflicto bélico internacional entre Rusia y Ucrania.  Es decir, los golpes de Estado blandos son un invento y un experimento de Estados Unidos para derrocar gobiernos que no comparten la visión estadounidense sobre la organización económica, política y militar de las naciones.

El golpe de Estado blando tiene varias etapas. La primera, busca generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. La segunda, consiste en desarrollar campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de desgobierno. La quinta y última etapa, tiene por objeto forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

En Colombia estamos abordando las etapas del golpe de Estado blando, dónde los medios de comunicación al servicio del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y de la derecha fascista promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez juegan el papel protagónico. Por supuesto, el excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro, es un personaje que tendrá un papel estelar.

En las últimas semanas se ha hecho visible la puesta en marcha de la primera fase del golpe de Estado blando en nuestro país. El escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti por cuenta de los posibles hurtos de una niñera, que haría también las veces de espía y el probable proceso de contraespionaje adelantado por estos funcionarios, con el eficaz acompañamiento del fiscal Barbosa, han generado un clima de no gobernabilidad, de intriga, de mentira, que pretende involucrar directamente al Presidente de la República. Este proceso tiene una particularidad, y es que no se entiende como dos políticos tradiciones de la derecha como Laura Sarabia y Armando Benedetti, que no vienen del proceso político de izquierda ostentan tanto poder en el gobierno de Gustavo Petro, la desestabilización parece estar generada desde adentro, liderada por el fiscal general y publicitada al extremo por los medios de comunicación tradicionales.

Otra etapa que se agota en este fenómeno de defenstración la ejemplifica la denuncia de la periodista Camila Zuluaga, quien acusa al presidente Petro de orquestar seguimientos al estilo paparazzi, cuando ella supuestamente cubría el escándalo de la niñera espía, con carta conmovedora y lágrimas en los ojos ante las cámaras, posando como víctima, acusa al gobierno de violar la libertad prensa. Pero es que durante todo el mes de mayo los titulares eran sobre la violación de la libertad de prensa en Colombia, y el presidente fue requerido por la FLIP en varias oportunidades, al punto de que se le llamó la atención por exigir la verdad imparcial.

Como si fuera poco, se entregaron 90.000 firmas de dudosa procedencia, porque son entregadas por el uribismo, al congreso de la república, solicitando el archivo de las reformas, campaña a la que le han llamado “firmatón en contra de las reformas sociales de Petro”. Los efectos de esta campaña se vieron reflejados, ya que las congresistas del partido verde, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, partido de la coalición de gobierno, firmaron el día jueves una proposición de archivo a la reforma de la salud. Fue tal el exabrupto que terminó en escándalo con compañeros de su mismo partido en la sesión de votación en la cámara de representante. Las otrora candidatas progresistas en el momento de la elección son hoy alfiles de la derecha.

Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello enarbolan las banderas de la oposición en Colombia. Barbosa durante este mes y a fin de ocultar los crímenes del Clan del Golfo acuso al presidente Petro de violar su autonomía, acusación que fue respaldada con comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Los medios de comunicación, haciendo eco en sus titulares, acusan a Petro de no respetar la independencia de las ramas del poder público. Ha sido tal la persecución del fiscal Barbosa que ordenó una inspección judicial a la Casa de Nariño por el caso de la niñera espía y señaló al gobierno de interceptar comunicaciones, comparando la situación con los tiempos del F2 y del DAS. Llama bastante la atención que estas interceptaciones fueron ordenadas por la misma fiscalía días antes de que se presentara el famoso hurto de los 7.000 dólares en donde se acusa a la niñera. Lo que corroboraría que estamos en presencia de un entrampamiento para afectar la gobernabilidad.

Por su parte, la procuradora Cabello está dedicada a perseguir dirigentes elegidos popularmente. Ya son varias las suspensiones y destituciones que ha venido realizando contra funcionarios de alto nivel y congresistas del Pacto Histórico. Que la bancada del pacto histórico deba acudir a la Comisión Interamericana para la protección de sus derechos políticos, que además la OEA se pronuncie sobre la persecución que viene adelantando la Procuraduría, indica que es evidente que, aunque tenemos un gobierno de izquierda, existe un establecimiento controlado por la derecha que está en función del defenestro del gobierno actual.

Mientras que las primeras planas cubren el escandalo de la niñera, de la violación a la libertad de prensa, de los viajes chárter, de las supuestas interceptaciones y otros asuntos baladíes, el fiscal Barbosa no da cuenta sobre las investigaciones de los crímenes del Clan del Golfo, y por el contrario sigue insistiendo en la preclusión del proceso de expresidente Álvaro Uribe Vélez y se desentiende en absoluto de las confesiones de Salvatore Mancuso que involucran a la clase empresarial, a los medios de comunicación y a los políticos que ostentaron el poder antes del actual gobierno con el paramilitarismo. Por esta razón debe intervenir formalmente mediante la apertura de un caso en Colombia la Corte Penal Internacional.

Se ha configurado un ambiente de ingobernabilidad, los funcionarios del gobierno dan papaya, los canales de comunicación oficiales son demasiado débiles y la prensa tradicional es mendaz y voraz, al servicio de una derecha arraigada que seguirá jugando su papel protagónico en el golpe de Estado que parece avenirse. Queda entonces preguntarnos de manera concreta: ¿Estamos en un proceso de Golpe de Estado? La respuesta inapelable parece ser afirmativa. Coincidimos con el presidente Gustavo Petro, en Colombia se está gestando un golpe de Estado blando y Militar, y la derecha colombiana trabaja incansablemente para este objetivo.

SE ENCUENTRA DESAPARECIDO LIDER SOCIAL Y SU ESPOSA

por Sofia LopezAlerta Dignidad, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

 

Desde el 31 de mayo de 2023, aproximadamente a las 7 a. m, se encuentran desaparecidos el líder social JAIRO ENRIQUE TOMBE y su esposa LEONORA GOZALEZ. JAIRO ENRIQUE TOMBE es líder social egresado de la Maestría en Educación Popular de la Universidad del Cauca, padre de dos hijos, docente de la Institución Educativa de la vereda Navarro, corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de El Tambo- Cauca. Fue representante legal de Consejo Comunitario el Samán y es el representante legal de la organización social AFRONTAC. Su desaparición no ha sido reportada como accidente o en desaparición en movilización recreativa, por lo que se presume estaría relacionada con las labores de liderazgo social que JAIRO ENRIQUE TOMBE viene realizando.

Durante en el 2022 el departamento del Cauca reportó el mayor número de homicidios de lideres sociales y durante el 2023 la cifra sigue en ascenso. Los grupos armados que operan en la zona han sido señalados de cometer masacres, asesinatos contra docentes y lideres sociales. Por esta razón solicitamos que sea respetado el Cese al Fuego decretado por el gobierno nacional, y se respete la vida e integridad de JAIRO ENRIQUE TOMBE y LEONORA GONZALES. Al Estado de Colombia exigimos dar con el paradero de las personas desparecidas activando todas las rutas de protección y búsqueda urgente.

La Corporación Justicia y Dignidad se une a las labores de búsqueda del líder social y su compañera, exige al Estado de Colombia a través de sus instituciones lo siguiente:

  • Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación aperturar investigación penal y activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).
  • Solicitamos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a Medicina legal activar las rutas de Búsqueda Urgente y ponerse a disposición de los familiares de las personas desaparecidas para garantizar el acompañamiento integral.
  • Solicitamos a la Defensoría del Pueblo hacer acompañamiento humanitario a las familias de las personas desaparecidas a través de la defensoría comunitaria o la dupla de víctimas de la entidad.
  • Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hacer un llamado a los grupos armados para que se respete la vida de los lideres sociales en el departamento del Cauca.
  • Solicitamos a los sindicatos de profesores ASOINCA, SUTEV y FECODE hacer acompañamiento humanitario a las familias de las personas desaparecidas brindando la asesoría que este a su alcance.
  • Solicitamos a los medios de comunicación tradicionales y alternativos hacer máxima difusión de la noticia hasta dar con el paradero de las personas desaparecidas
  • Hacemos un llamado a las organizaciones sociales del Cauca y del país sumarse a la búsqueda del líder social y su esposa.

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNDAD

El Tambo-Cauca, junio 1 de 2023

Lo que se sabe y no se sabe del paramilitarismo en el Cauca

por Sofia LopezConflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos

de la Corporación Justicia y Dignidad

 

El paramilitarismo ha sido un instrumento del que se ha valido el Estado de Colombia para garantizar el control político, económico y social de las élites. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad indicó en su informe que en febrero de 1962, Estados Unidos envió una misión de cooperación militar denominada Yarborough, que sentó las bases de la doctrina contrainsurgente, conocida como doctrina de la Seguridad Nacional, y que se aplicaría en las décadas siguientes con graves consecuencias en materia de derechos humanos. Un componente de esta doctrina planteaba el involucramiento de los civiles en el conflicto armado en la modalidad paramilitar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fallar el caso de los diecinueve comerciantes, declaró responsable al Estado Colombiano, y esclareció formalmente el origen de los grupos paramilitares. Además, indicó, que a partir de la década de los sesenta, el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el entonces presidente de Colombia Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora Paloma Valencia, emitió el Decreto Legislativo No. 3398 del 24 de diciembre de 1965 “por el cual se organiza la defensa nacional”, que fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación del paramilitarismo. Este cuerpo normativo autorizaba a las fuerzas militares para armar a los civiles a fin de que pudieran colaborar en asuntos de seguridad nacional.

 

 

A partir de 1985, en la región del Magdalena Medio, se implementó un proyecto piloto paramilitar a órdenes de Paulo Emilio Guarín y Henry Pérez con apoyo de la fuerza pública y bajo el amparo legal de las normas citadas. Este proyecto piloto paramilitar se replicó posteriormente en el Urabá al mando de los hermanos Castaño Gil: Años después se consolidó como el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequibles” apartes del Decreto Legislativo 3398 de 1965 que dio origen al paramilitarismo. A pesar de no contar con sustento legal, el monstruo ya había sido creado, estaba más fortalecido que nunca y en pleno proceso de expansión.

Posteriormente se crearon las CONVIVIR, las cooperativas de seguridad privada promovidas insistentemente por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, que ayudaron a fortalecer el proyecto paramilitar. La figura de las CONVIVIR buscaba seguir dando sustento legal al paramilitarismo. Sobre ella se refirió el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en sentencia sobre los crímenes de José Hebert Veloza García, alias “HH”: “Desafiando el pasado desafortunado de la década de 1980, y desconociendo sus propias decisiones y las de la Corte Suprema de Justicia de 1989, (el Estado) decidió darle vía y amparo legal a la formación de estructuras armadas que usaban informantes con el permiso del uso de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, con el objetivo de establecer el orden público turbado en algunas zonas del país, expidiendo el decreto 356 de 1994”.

En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Carlos Castaño logró integrar los diferentes grupos que delinquían en el país, y que marcarían una de las épocas más sangrientas de su historia, en la que se registrarían más de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país. El Cauca estuvo en miras del gran proyecto paramilitar: llegó a estas tierras y se instaló de forma oficial desde el año 2000.

En febrero de 2000, las AUC anunciaron públicamente un plan para avanzar al departamento del Cauca. En una carta a los alcaldes de la zona, con copia para el Gobernador, los líderes de las AUC afirmaban que sacarían a los combatientes del departamento del Valle del Cauca y arrebatarían el control a las guerrillas. De las versiones libres de los paramilitares en Justicia y Paz se confirmó que 54 paramilitares provenientes de Tuluá se instalaron en las fincas Las Cañas, La Yolanda y Berejonal ubicadas entre Buenos Aires y Jamundí. En la vereda San Miguel de la Balsa, de Buenos Aires, instalaron una base de entrenamiento y realizaron ejercicios militares. Desde estos lugares realizaron varias incursiones militares en los municipios aledaños en el norte del Cauca.

Uno de los primeros crímenes que cometieron los paramilitares en el departamento del Cauca ocurrió el 9 de junio de 2000 en la vereda La Ventura del municipio de Buenos Aires, con el asesinato de pobladores y el establecimiento de controles económicos para paso de combustible y alimentos. El 21 junio de 2000,  en el mismo municipio, un grupo de hombres armados incursionó en la vereda San Francisco y asesinó a dos miembros de la comunidad, con lo que se produjo el éxodo de cientos de personas de las veredas La ventura y San Francisco.

Los paramilitares realizaron una reunión en la finca del narcotraficante Arcángel Henao, alias “El Mocho”, cerca de Cartago, Valle. A dicha reunión asistieron alrededor de 50 personas, y en ella se encontraban los jefes paramilitares Vicente Castaño, alias “El Profe”; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, y los narcotraficantes Diego León Montoya, alias “Don Diego”; Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, y  alias “El Mocho”. En ese encuentro, los jefes paramilitares hablaron de la necesidad de apoyar al “Bloque”, haciendo alusión a los 54 hombres que se habrían instalado en el Cauca, y expandirlo a otras regiones para combatir a la guerrilla. Por eso pidieron la colaboración económica de los asistentes, pues “manejaban el poder en el Valle” y también presentaron a “HH” como el nuevo jefe del “Bloque Calima”.

 

“H.H” se convirtió en el nuevo comandante. Elkin Casarrubia, conocido como “El Cura”, asumió como segundo al mando, y se dividieron las zonas en cuatro frentes: El norte del Cauca y Jamundí era manejado por José de Jesús Jiménez, alias “Martín” o “Sancocho”; el centro del Valle quedó a cargo de “El Cura”; Palmira, Florida, Pradera y Miranda las manejó el paramilitar Juan de Dios Úsuga alias “Geovany”, y Buenaventura estaba bajo el mando de “Félix”. Asimismo, alias “Fernando” quedó encargado de manejar las relaciones con los políticos. Orgánicamente, y según “H.H”, “El Bloque” tenía la siguiente estructura: Frente Cacique Calarcá (Sevilla, Bugalagrande, Andalucía); el Central (Tuluá, Buga, Río Frío, Trujillo); Frente Pacífico (Calima Darién, Dagua, Restrepo, Cisneros, Buenaventura); Frente Farallones (Jumbo, sur del Valle y norte del Cauca).

Los paramilitares incursionaron en Santander de Quilichao vestidos de civil bajo el mando de alias “El Capi” y “La Marrana”, pero, al poco tiempo, éstos le cedieron el mando a “Patepalo”, a quien encargaron supuestamente de detectar a milicianos y a colaboradores del sexto Frente de las Farc para asesinarlos. Cuando la cifra de homicidios en ese municipio se elevó, los paramilitares optaron por llevar a sus víctimas hasta el corregimiento de La Balsa, para desaparecer los cuerpos en el río Cauca. Varios cuerpos fueron rescatados por la Defensa Civil y entregados a sus familiares. Sin embargo, dentro de la Defensa Civil se encontraba Armando Lugo, un hombre que, aprovechando su condición, se volvió informante de los paramilitares para señalar a supuestos milicianos o colaboradores de la guerrilla, quienes terminaron asesinados. Con el tiempo Lugo, dejó la Defensa Civil y llegó a ser un mando medio del “Bloque Calima”, conocido con el alias de “El Cabezón”, y que tuvo nexos con miembros de la Fuerza Pública.

Santander de Quilichao fue uno de los puntos clave del Frente Farallones y, por esta razón, sus jefes instalaron a cuatro kilómetros del municipio, en la vereda Lomitas, un grupo de patrulleros con armas de largo alcance, para que controlaran las vías de comunicación, protegieran a los urbanos y demás hombres que se encontraban en fincas aledañas como “Barracón” y “Corcovado”, ésta última propiedad de Manuel Mosquera Chaux.

Entre los hechos más graves cometidos por los paramilitares en Santander de Quilichao estuvieron las masacres del Porvenir, Gualanday, y San Pedro, con victimas campesinas, indígenas y jóvenes; en esta zona también hicieron trabajos de la mal llamada “limpieza social”. Para finales del año 2000, el Frente “Farallones” del Bloque “Calima” se extendió a Suárez, Cauca. El 2 de diciembre de 2000, algunos de sus hombres asesinaron a cuatro campesinos y saquearon varias tiendas. Según algunos testigos, los paramilitares ingresaron por la vereda “El Amparo”, en donde había una base del Ejército encargada de proteger la represa de la Salvajina.

Los paramilitares también llegaron a Puerto Tejada a partir de diciembre de 2000. La Fiscalía estableció que los urbanos de Puerto Tejada dormían en una hacienda cercana al casco urbano y también estuvieron en municipios cercanos como Villa Rica, Padilla, Miranda, Corinto y Caloto.

El municipio de Cajibío había contado con la presencia desde antaño de un grupo de autodefensas campesinas en el corregimiento de Ortega, que se adhirió posteriormente a las AUC, tomando el nombre de Bloque Paramilitar “Mártires de Ortega”. Se tiene conocimiento acerca de que este grupo fue acogido por el Bloque “Calima” y entrenado política y militarmente en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el corregimiento de San Miguel de la Balsa, en donde se les dotó de armamento de guerra para la realización de su supuesta lucha antisubversiva en el municipio de Cajibío.

Durante el mes de noviembre de 2000, los paramilitares de las AUC arremetieron sin piedad en las veredas del municipio de Cajibío, y dejaron como saldo las masacres del “Carmelo” y de “La Pedregosa”, en las que fueron víctimas líderes sociales y comunales de la región, además de centenares de familias en condición de desplazamiento forzado.

Tropas pertenecientes al Batallón “José Hilario López”, adscrito a la Vigésima Novena Brigada, con sede en Popayán, incursionaron abruptamente en las veredas del municipio de Cajibío el 12 de diciembre de 2000, menos de un mes después de que las AUC llevaran a cabo sus primeras matanzas en este municipio.

Para el mes de enero de 2001, ocurrieron los lamentables hechos de la masacre de “La Rejoya”, en donde fueron acribillados y asesinados diez campesinos, y gravemente herido un civil, quienes se transportaban en un bus escalera, hecho que, días después, se auto-atribuyó el comandante Carlos Castaño, jefe de las AUC. El proceso judicial adelantado por esta masacre arroja serios indicios de la participación en los hechos de efectivos de las Fuerzas Militares de Colombia en coordinación con paramilitares.

Los paramilitares de Ortega, que luego se unieron al bloque “Calima” de las AUC, tuvieron estrecha relación con el coronel Fidel Ricardo Velandia Cáceres del Batallón “José Hilario López”, y el coronel Jaime Alberto Canal, miembro de la Tercera Brigada, específicamente del Batallón “Pichincha”. Esta información fue corroborada por el Consejo de Estado en una acción de grupo de su conocimiento.

Las masacres de “La Rejoya”, “La Pedregosa” y “El Carmelo” arrojaron un saldo de 300 familias desplazadas y fueron declaradas por la Fiscalía como crímenes de lesa humanidad.  El Bloque “Calima” se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 en la finca “El Jardín”, ubicada en el corregimiento de Galicia, municipio Bugalagrande, Valle del Cauca, con 564 miembros, y entregó 451 armas. Parte de la estructura del Bloque “Calima”, siguió operando de manera informal en esta región, manteniendo relaciones con algunos narcotraficantes del norte del Valle. Del bloque “Calima” salió Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien fuera el comandante en jefe de la organización criminal “Los Urabeños” o “Clan del Golfo”.

Como en otras partes del país, en el Cauca, empresarios y políticos apoyaron el proyecto paramilitar. De Juan José Chaux Mosquera, exgobernador del Cauca, quien falleció sin ser condenado, los paramilitares manifestaron que, más que colaborador, era orgánico y actuaba como emisario político. Protagonizó bochornosos episodios de la farándula política entrando por los sótanos el Palacio de Nariño en compañía del abogado del paramilitar y narcotraficante alias “Don Berna”.

Los paramilitares en el Cauca salpicaron a la empresaria María del Carmen Flores Fajardo. Uno de los hijos de Jacobo Sadovnik, cofundador de la asociación de Transportadores Coomotoristas, denunció penalmente a la gerente de la empresa María Del Carmen Flores Fajardo por el homicidio de su padre, con base en las declaraciones que dieron los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz: “A mi papá lo mataron los paramilitares y, según las versiones de “HH” en Justicia y Paz, quien dio la orden fue la señora María del Carmen Flores Fajardo, por quedarse con el control de la asociación”. Ella nunca fue investigada ni sancionada por estos hechos. Los más osados la llaman la “Gata Caucana”, haciendo alusión al modus operandi de Enilse López, la empresaria costeña, que se hizo dueña del negocio de las apuestas con apoyo de los paramilitares y el narcotráfico. No se sabe quién ordenó traer a los paramilitares al Cauca, no se sabe qué políticos apoyaron a los paramilitares en el Cauca, no se sabe qué empresarios financiaron a los paramilitares en el Cauca! Estas verdades quedaron a medias con la extradición del paramilitar “HH” a los Estados Unidos.

El proyecto paramilitar actual retoma de nuevo su forma inicial, sin unidad nacional de mando que les permite invisibilizarse ante la opinión pública, y en la que ejercen el control bajo diferentes nombres: inicialmente denominados como “bandas criminales”, posteriormente se hicieron llamar “Águilas Negras”, “Organización Nueva Generación”, “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, “Clan del Golfo”, “Los Gaitanistas”, “Los Machos”, “Los Contadores”, “Los Mayimbú”. La característica principal de estos grupos es estar al servicio del narcotráfico.

Después del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y Las Farc, se rearmaron mandos medios de las extintas Farc, quienes no firmaron el Acuerdo de Paz ni se desmovilizaron; estos exguerrilleros se organizaron militarmente, y hoy se hacen llamar las “disidencias”, quienes actúan mayoritariamente como bandas criminales al servicio del narcotráfico; su actuar es similar al modus operandi paramilitar, asesinando líderes sociales, guardias indígenas, amenazando a la población, generando desplazamientos masivos de población y realizando prácticas de reclutamiento forzado, entre otras atrocidades.

 

 

 

 

 

 

NOS SIGUEN MATANDO: ESCANDALOSA CIFRA DE ASESINATOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

por Sofia LopezConflicto Armado, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad  

 

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales hecha desde la Organización de Naciones Unidas en su artículo 1 establece que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por tanto, toda persona que, de cualquier forma, promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.

No existe una lista cerrada de acciones que se definan dentro del ejercicio de defensa de los Derechos Humanos y puede ser llevada a cabo incluso desde las instituciones del Estado, las labores comunitarias, los movimientos populares, indígenas, de género, a favor de la infancia, de la vivienda digna, del medio ambiente, entre otras. Cuando nos referimos a líderes sociales en términos particulares, nos estamos refiriendo también a personas que defienden derechos humanos. Las cifras de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia siguen siendo escandalosas, al punto de llegar a la barbarie máxima. El mes de abril y este comienzo del mes de mayo son una radiografía espeluznante del panorama que se está padeciendo:

El miércoles 3 de mayo fue asesinado el guardia indígena de Jambaló, William Vargas, quien quedó atrapado en el fuego cruzado de los grupos armados de la columna “Dagoberto Ramos” de las disidencias de la FARC y del ELN.  En la Minga Humanitaria celebrada a finales de abril, los actores armados responsables del asesinato del líder indígena se habrían comprometido mediante comunicados públicos a “desescalar” el conflicto en la región.

El martes 2 de mayo fue asesinado Diego Fernando Papamija Chilito, líder social de Argelia, Cauca, secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico y fiscal del comité de carreteras de Argelia. Su cuerpo sin vida presentaba impactos de arma de fuego, y fue encontrado en la vía que conduce de Balboa a Argelia en el Cruce de San Alfonso.

El martes 4 de abril, Herney Muñoz fue sacado de su casa por integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC en el corregimiento La Planada de Balboa, Cauca. Su cuerpo sin vida, presentaba impactos de arma de fuego, y fue hallado en la vereda El Turbio. El líder social se distinguía por organizar la famosa Semana Cultural y Deportiva del corregimiento La Planada. Días antes, los medios de comunicación informaron sobre la ocurrencia de una masacre el 20 de marzo, donde fueron asesinadas tres personas en la vereda La Primavera en zona rural de Balboa, Cauca. Al parecer, las víctimas en realidad fueron cinco, y se especula que eran supuestos integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC que estarían cobrando vacuna a traficantes de droga. Los integrantes de la Columna “Carlos Patiño”, en retaliación, asesinaron al líder social Herney Muñoz sólo porque ejercía labores de liderazgo social, además de buscar causar terror en la población civil.

Según Front Line Defenders -ONG irlandesa que busca proteger a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos-, los líderes sociales en Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a constantes amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en pro del cumplimento de los derechos humanos. Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en la lista de los países donde más asesinan defensores de derechos humanos en el mundo. Durante el 2022, fueron asesinados en Colombia el 46% del total de los defensores asesinados en todo el mundo. Según Front Line, en nuestro país fueron asesinados 186 defensores, y En Ucrania, con una guerra de por medio, fueron asesinados 50 defensores, ocupando el segundo lugar.

Juan Pappier, subdirector para Las Américas de la ONG Human Rights Watch, denunció que durante el primer trimestre del 2023 se habrían cometido 33 asesinatos contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Según las cifras de INDEPAZ, durante el mes de abril y principios del mes de mayo se presentaron 59 homicidios de lideres sociales. Para el observatorio de violencias Alerta Dignidad, la cifra llegó a los 61 homicidios. Esto quiere decir que, en tan solo 34 días, se duplicó el número de homicidios de líderes sociales sobre la totalidad del primer trimestre del 2023.

¿Quién está protegiendo a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Existe una política pública destinada a la protección de estas figuras públicas que propenden por la dignidad y seguimiento de los derechos humanos en Colombia?

La realidad cruda es que no se sabe quién protege a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia: la política pública de protección hacia estas personas es difusa, no existe un órgano o institución del Estado que se responsabilice de su formulación y ejecución, no es efectiva ni arroja resultados, no cuenta con presupuesto propio. Y en tiempos de Paz Total debe enfrentarse activamente el hecho de que las cifras de homicidios de líderes sociales va en aumento.

En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos cuentan con dos mecanismos que, podría suponerse, funcionan como una especie de política pública de protección a personas líderes y defensoras de derechos. En primer lugar, está el Proceso Nacional de Garantías como espacio de deliberación política y de participación de la sociedad civil, y en segundo lugar, los mecanismos legales ejecutados por la Unidad Nacional de Protección, que son específicamente para la atención de quienes defienden derechos humanos, además de los programas de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de diálogo político de alto nivel de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre el tema de las garantías para el ejercicio pleno de la labor de defensa de derechos humanos. En este espacio se acuerdan acciones, lineamientos de política, medidas concretas para enfrentar la persistente violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Esta instancia no resuelve casos individuales ni situaciones de riesgo inminente: visto más de cerca, representa sólo un espacio consultivo no vinculante en donde la sociedad civil es solamente escuchada por el Estado.

El Proceso Nacional de Garantías se encuentra en crisis, es un modelo anacrónico implementado desde el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, que no ha resuelto en el suroccidente colombiano las necesidades básicas para garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos, y que no incide de manera contundente en acciones concretas de protección a los defensores; es más, ni siquiera permite el buen funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección o, en materia de acceso a la justicia, no logra llegar a encarar los procesos penales para que pueda superarse la etapa de la indagación preliminar y el desarchivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ultimas, el dialogo político nacional y regional de alto nivel entre la sociedad civil y el Estado no se traduce en la defensa de la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia sino que se erige como un parapeto de justicia corrupta, obsoleta y meramente burocrática.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se evidenció cómo en la Unidad Nacional de Protección se comenten diferentes tipos de delitos: muchas camionetas de la UNP han sido incautadas con estupefacientes y armas; así mismo, muchos funcionarios de la entidad han sido vinculados con carteles del narcotráfico. De una entidad que apenas se está depurando de la criminalidad pululante en su interior no se puede esperar la correcta implementación de medidas de protección para los ciudadanos que la requieren con urgencia. Los estudios de evaluación de riesgo no se realizan ni siquiera con acciones de tutela, y cuando se realizan, el CERREM –Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-, de manera objetiva, no tiene en cuenta los contextos de agresión que han padecido las personas defensoras de los derechos humanos, y es prácticamente imposible que implementen esquemas de seguridad duros con blindaje, ya que la UNP manifiesta que no hay carros blindados en el territorio nacional. Así mismo, nunca se implementan las medidas de urgencia, ni siquiera existiendo una disposición legal que así lo permita.

Y es que es tan lamentable la situación de protección de quienes defienden derechos humanos en este país, que ni siquiera las medidas cautelares de protección que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia se implementan de manera  inaplazable. La cancillería, a cargo del canciller Álvaro Leiva, se ha caracterizado por desconocer el funcionamiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en particular y, en general, del derecho internacional de los derechos humanos. Empecemos por señalar que la cancillería presentó un absurdo Proyecto de Ley que buscaba el cumplimiento inmediato de las órdenes de tribunales internacionales: es necesario que alguien instruya al canciller y le haga claridad acerca de  que en este momento no se necesita  una ley para la aplicación de las decisiones de tribunales internacionales, ya que son de aplicación automática. En concreto, podríamos decir que el grupo de derechos humanos de la cancillería ni siquiera se toma el trabajo de programar reuniones de concertación de medidas cautelares. En los gobiernos de derecha más sanguinarios que ha tenido Colombia, al menos se garantizaba con prontitud la realización de estas reuniones, y las víctimas beneficiarias de las medidas cautelares eran escuchadas oportunamente. Fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que garantizó los derechos políticos al Presidente Gustavo Petro, pero es, en su gobierno, la cancillería misma la que obstaculiza la implementación de los mecanismos de protección desde dicho sistema.

Hacemos un clamor desesperado para que se diseñe y se implemente de manera perentoria una política pública de protección a los defensores de derechos humanos en Colombia: Nos siguen matando, y cada día tenemos que llorar a nuevas personas líderes y lideresas sociales asesinadas.

 

“AJUA”, ¿el grito que pretende acallar la verdad por medio de un golpe de Estado?

por Sofia LopezConflicto Armado, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada,  periodista y defensora de derechos humanos

de la Corporación Justicia y Dignidad

 

Este miércoles 10 de mayo, los reservistas y veteranos de las fuerzas militares salieron a la Plaza Bolívar en Bogotá para protestar y manifestarse en oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro. La convocatoria pública se hizo por redes sociales y estuvo a cargo del excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro Miranda. Como era de esperarse, dicho militar fue recibido como el líder de esa cofradía.

Es evidente, los militares retirados estarían planeando un golpe de Estado, o por lo menos así lo confirmó el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia -ACORE-, en entrevista con “la W”. El coronel en retiro John Marulanda,  manifestó: “Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de ACORE, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”.

Eduardo Zapateiro el hombre detrás de la protesta de reservistas y veteranos de las fuerzas militares, desde el inicio de su carrera ha estado involucrado muy de cerca en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Solo un personaje de un talante tan siniestro como Zapateiro sería el apto para conflagrar un golpe de Estado en Colombia. Masacres, falsos positivos y desapariciones forzadas, son algunos de los casos en los que se relaciona el nombre de Eduardo Zapateiro que evidencian una vida militar muy acorde a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

 

Zapateiro ingresó al ejército el 1 de diciembre de 1985, y operó en el departamento de Santander y en la zona del Magdalena Medio, lugares donde Henry Pérez  y Pablo Emilio Guarín conformaban, para la época, el grupo paramilitar del Magdalena Medio, con apoyo del ejército nacional. En el año 1987, Zapateiro fue nombrado comandante del Pelotón del

“Batallón de Infantería número 15 Francisco Paula Santander”, con jurisdicción en el departamento de Santander. A finales de este año, 19 comerciantes fueron desaparecidos forzadamente. Los comerciantes salieron de Cúcuta con rumbo a Medellín para transportar mercancía y el 6 de octubre de 1987, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo Santander, fueron desaparecidos por el grupo paramilitar del Magdalena Medio. Los 19 comerciantes fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por estos hechos y en 2008, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del exgeneral del Ejercito Farouk Yanine Díaz, quien fue Comandante de la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga, y además era superior de Eduardo Zapateiro.

Desde el 1 diciembre de 1988 hasta el 23 de junio de 1989, Eduardo Zapateiro, subalterno del exgeneral Yanine Díaz, fue el Jefe de Inteligencia del “Batallón de Infantería número 27 en Magdalena”. En este tiempo, exactamente el 18 de enero de 1989 fueron asesinados en Bucaramanga 12 funcionarios que investigaban la desaparición de los 19 comerciantes.

Desde el 7 de septiembre de 1994 hasta el 1 de junio de 1996 Eduardo Zapateiro fue nombrado comandante de Compañía del “Batallón Voltígeros” en Urabá, que integraba la Brigada XVII del ejército. La Fiscalía de Justicia y Paz han manifestado que las masacres, asesinatos y desplazamientos forzados que cometieron los paramilitares entre 1996 y 2004 en el Urabá, fueron efectuadas en complicidad con la Brigada XVII del Ejército, así como con miembros de la Policía y agentes de los organismos de seguridad especializados DAS, SIGIN y DIGIN.

El 1 de marzo de 1995, Jaime Enrique Quintero Cano, padre de Juan Fernando Quintero, reconocido futbolista de la selección Colombia y del Junior de Barranquilla, se presentó ante la IV Brigada del Ejército para prestar el servicio militar. Jaime Enrique Quintero Cano fue seleccionado para integrar el segundo contingente de 1995, del Batallón de Infantería Voltígeros y fue trasladado a la Brigada XVII en la zona del Urabá donde Eduardo Zapaterio ejercía como capitán. De acuerdo con testimonios de algunos militares, Jaime Enrique Quintero Cano, a su llegada, tuvo un fuerte altercado con el entonces capitán Zapateiro. Como respuesta al enfrentamiento, Zapateiro dio la orden de desvincularlo del Ejército y devolverlo inmediatamente a Medellín en transporte público. En su traslado fue detenido por los paramilitares y desde entonces se encuentra desaparecido forzadamente.

En la noche del 12 de agosto de 1995, alrededor de 15 paramilitares asesinaron a 18 personas en el municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Los paramilitares entraron a una discoteca llamada “El Aracatazo”, acusaron a varias personas de ser supuestos colaboradores de la guerrilla, los obligaron a tenderse al piso boca abajo y les dispararon. Las víctimas pertenecían al “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria”, SINTRAINAGRO, eran líderes de izquierda y militaban en el Partido Comunista Colombiano. El Estado colombiano fue Condenado en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de esta masacre, por la omisión de tomar medidas que pudieran contrarrestar el ataque paramilitar y evitar la violación a los derechos humanos.

El paramilitar Ever Veloza alías HH. señaló en versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz que la masacre del Aracatazo fue en coordinación con el Batallón Voltígeros, a órdenes del General en retiro Rito Alejo del Río. Es por esta razón que el procurador Alfonso Pío Fernández Angarita, ha insistido que Eduardo Zapateiro debe ser llamado en declaración por estos hechos.

“Vorágine”, un medio de comunicación independiente, menciona que la alianza entre los paramilitares y la unidad del Ejército en el Urabá, comandada por Zapateiro era tan cercana, que incluso realizaban actuaciones de enfrentamientos coordinados entre ellos para fingir distancia ante la población civil. Esta información se sustentó en un testimonio que rindió el exmilitar Carlos Arturo Furnieles Álvarez el 16 de abril de 2009.

Eduardo Zapaterio está involucrado también con casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cuando era brigadier general de la Quinta Brigada. El 22 de febrero de 2014, el campesino Jorge Eliécer Hernández Blanco, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Limón, en el municipio de San Pablo, Bolívar, fue asesinado por las tropas de la Fuerza de Tarea Marte. El comandante de la Quinta Brigada que respondía por esa jurisdicción era Zapateiro. El oficial salió a justificar ante los medios de comunicación la muerte del campesino indicando que se trataba de alias “Severo” y que era enlace con Frente 24 de las Farc.

El 24 de agosto de 2014, en “Nuevo Girón” Santander, Jhon Alexander Velásquez fue asesinado por militares de la Quinta Brigada y reportado como agresor de la tropa, al supuestamente ser portador de una granada de mano. El expediente contra los militares llegó hasta el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de un conflicto de competencias. Con las pruebas que aportó la Fiscalía se demostró que la granada pertenecía al Ejército y que había una orden de operaciones para hacer control militar en el Barrio Girón. La conclusión del Consejo Superior de la Judicatura fue que posiblemente se trató de un homicidio en estado de indefensión, ya que según la necropsia, el joven se encontraba de espalda al recibir los disparos, la granada era del Ejército y no hubo agresión de la víctima. Zapateiro de nuevo salió en defensa de los militares afirmando “que no había ninguna posibilidad de que los soldados le pusieran una granada al joven, pues las tropas del Batallón Mercedes Ábrego no llevan ese tipo de explosivos en sus equipos”, insinuando que el portador de la granada era el joven y no los uniformados.

En el Gobierno del presidente Iván Duque, Eduardo Zapateiro fue nombrado como comandante general de las Fuerzas militares. Ostentando este alto cargo militar se refirió en medios de comunicación a los magistrados de la JEP como “víboras venenosas” por el ejercicio judicial de vincular a militares en el caso 03 relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Zapateiro, como comodante general del ejército, ordenó la ejecución de operaciones militares en donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas los vejámenes cometidos en marco del paro nacional y la masacre del Putumayo.

Durante el estallido social del 2021 en la ciudad Cali, se gestó, por parte del gobierno un laboratorio para imponer un golpe de Estado local a fin de reprimir la protesta social de forma violenta. La orden de “asistencia militar” impartida por Iván Duque la llevó a cabo Eduardo Zapateiro, quien viajo hasta la ciudad de Cali donde instaló un “Puesto de Mando Unificado”, se reunió con el gremio empresarial y se comprometió a restablecer el orden público “a como diera lugar”. Efectivamente este compromiso se manifestó en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los puntos de protesta social y en los barrios populares de la ciudad de Cali, dejando como víctima a la población civil que ejercía legítimamente su derecho a la protesta social. La ciudad estaba tan militarizada a merced del general Zapateiro, que parecía estar gobernando en todo el departamento del Valle del Cauca, mediante la figura inconstitucional de la asistencia militar, ya que el accionar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, fue omisivo frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles, militares y policías.

El 28 de marzo de 2022, a las 6:00 a. m., tropas de la división de asalto aéreo del Ejército descendieron a la vereda “Bajo Remanso”, del municipio de Puerto Leguízamo -Putumayo, se vistieron de negro y asesinaron a 11 personas. Luego, el ejército se llevó los cuerpos de las víctimas y retuvo ilegalmente por horas a los demás pobladores. Las organizaciones sociales denunciaron que los fallecidos eran civiles del municipio de Puerto Leguízamo. El General Eduardo Zapateiro afirmó que las personas fallecidas formaban parte de la estructura criminal “Gao-r 48”, reviviendo con fuerza la práctica criminal de los falsos positivos.

Detrás de las intenciones de un Golpe de Estado se encontraría sin duda alguna Eduardo Zapateiro, quien convocó a la manifestación de reservistas y veteranos de la Fuerzas militares, y quien ya tiene experiencia en golpes de Estado locales, como el ocurrido en Cali con el Paro Nacional.

El presidente Gustavo Petro reaccionó manifestado en su cuenta twitter: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado ¿Porque les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero”. Y es que esta misma semana a instancias de la JEP, el paramilitar Salvatore Mancuso, en diligencia judicial, ha empezado a involucrar a altos mandos militares, políticos y empresariales en la conformación de grupos paramilitares, en el diseño y ejecución de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Veinte años después la verdad empieza a sonar y pretenden acallarla con el particular grito “AJUA”, en la modalidad de golpe de Estado.