Trágico comienzo de año para las mujeres en Colombia

Por: Sofía López Mera

Abogada Defensora de Derechos Humanos Corporación Justicia y Dignidad

Las noticias sobre las mujeres víctimas de violencia en Colombia se presentan a diario en los medios de comunicación. En el 2023 este flagelo ha sido escabroso, se han registrado al menos 27 hechos de violencia grave contra las mujeres, solo durante el mes de enero, en la mayoría de casos han sido asesinadas. Será dramáticamente atroz cuando tengamos que afirmar que todos los días matan mujeres en Colombia. En el departamento del Cauca las mujeres asesinadas durante el primes mes del 2023 han sido reconocidas lideresas sociales que se suman la lista macabra del genocidio de lideres asesinados después de la firma de los acuerdos de paz. Estos han sido los registros noticiosos al respecto:

En la madrugada del domingo 1 de enero en el sector del Valle del Ortigal, occidente de la ciudad de Popayán fue asesinada Lorena Medina Ordóñez. La mujer recibió varias heridas con arma blanca a la altura del tórax y falleció por la gravedad de las mismas cuando era atendida en el hospital Susana López de Valencia. El supuesto responsable, conocido con el alias de ‘Quina’, fue capturado por las autoridades y puesto a órdenes de un juez con función de control de garantías.

Lorena Medina Ordoñez, asesinada 1 de enero en el sector del Valle del Ortigal, Popayan
Mariela Reyes, Dirigente Sindical, asesinada el 4 de enero en Santander de Quilichao

En la noche del miércoles 4 de enero, en una vivienda ubicada en el barrio El Palmar, en la comuna 4 de Barrancabermeja, Zuleyris Marielis Urriola Brizuela fue hallada con un disparo en su cabeza.

El domingo 1 de enero, una mujer identificada como Luisa María Colorado Valencia fue encontrada sin vida en un hotel de Armenia. La mujer de 29 años de edad había llegado al hotel, ubicado en la carrera 17 del sector centro, la noche del 31 de diciembre, y debido a que estuvo en silencio durante varias horas, uno de los empleados del hotel tocó la puerta de su habitación y, al no recibir respuesta, abrió la puerta encontrando la mujer sin signos vitales.

El lunes 2 de enero, Gina Paola Bocanegra de 22 años fue asesinada por su expareja en inmediaciones del barrio Moravia de la ciudad de Medellín. Los hechos del asesinato quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector.

El miércoles 4 de enero fue asesinada Mariela Reyes, lideresa social y dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos (SintraEmsdes) donde se desempeñaba como Secretaria de la Mujer en la junta directiva del sindical.  La mujer fue atacada en la espalda por un sicario en el barrio Morales Duque de Santander de Quilichao cuando visitaba a unos empleados en el sector. Tras ejecutar el hecho, el sicario huyó del sitio con ayuda de un motociclista.

Yanet Patricia Arroyo, desaparecida y encontrada muerta el 8 de enero en Cali.
Gina Paola Bocanegra, asesinada el 2 e enero por su expareja en inmediaciones del barrio Moravia de la ciudad de MedellínGina Paola Bocanegra,

En la madrugada del domingo 8 de enero se encontró al interior de una vivienda, en el barrio Villa del Prado al norte de Cali, el cuerpo sin vida de Yanet Patricia Arroyo, una mujer de 60 años que había sido reportada como desaparecida desde el 5 de enero.

En la mañana del martes 10 de enero, en aguas del río Nechí en el Bagre Antioquia, fue encontrado el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Alba Luz Pacheco Madrid de 36 años, víctima de feminicidio, quien se encontraba desaparecida desde el 4 de enero de 2023. Cuando la vieron por última vez discutía con un hombre en un billar en la zona urbana de este municipio.

El domingo 8 de enero en una playa de la localidad turística de Marbella, en España, fue encontrado por la Guardia Civil española, el cuerpo sin vida de Natalia Mosquera oriunda de la ciudad de Cali. En una audiencia realizada el viernes 13 de enero ante una corte de Marbella, un colombiano detenido le confesó a la policía de ese país que decapitó y mató a su pareja de nombre Natalia Mosquera. El acusado de este caso de feminicidio aseguró que le cortó las manos a la mujer y después arrojó el cuerpo ya sin vida al mar.

El domingo 8 de enero, en un “cambuche”, en la invasión conocida como Los Manguitos al suroriente de Fonseca, en La Guajira, dos sujetos en motocicleta asesinaron a una mujer identificada como Jenireth Andreina Pérez Landaeta. La comunidad enfurecida lincho a uno de los sicarios.

Alba Luz Pacheco Madrid, su cuerpo fue encontrado en aguas del río Nechí en el Bagre el 10 de enero
Valentina Trespalacios, DJ, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta depositada en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón, Bogota el 22 de enero

El lunes 9 de enero, en el Bagre Antioquia, fue secuestrada Ana Lucía Atencia Chamorro mujer en condición de discapacidad cognitiva con su menor hijo de 2 años de edad. Sus captores la dejaron en libertad tras la denuncia en medios de comunicación el día 12 de enero en un lugar a 15 horas del lugar de su secuestro.

Laura Isabel Ortiz Avila, de 31 años, fue asesinada por sicarios cuando transitaba por la avenida Pedro Romero a la altura del barrio Las Palmeras, a las 6:50 de la tarde del jueves 12 de enero en Cartagena. Acompañantes de la mujer alcanzaron a trasladarla a una clínica, pero murió cuando recibía atención médica.

El lunes 16 de enero fue asesinada la estilista Yared Carolina Pomares, quien recibió varias heridas por arma blanca frente a la iglesia cristiana Misión Boston, ubicada en el barrio Torices, a pocos metros de su casa, en la ciudad de Cartagena. La estilista habría sido agredida por su pareja sentimental, un peligroso fletero, con quien momentos antes había protagonizado una fuerte discusión en una fiesta.

Mariana Rueda Álvarez, el 22 de enero mientras se encontraba al interior de un vehículo llegó un hombre armado quien le disparó y asesinó en Medellin.
Edilsan Andrade, reconocida lideresa social en el sector de Loma Baja, una de las veredas de Rosas, Cauca, asesinada el 31 de enero

El martes 17 de enero, en la ciudad de Cali, Sandra Barona, intentó ayudar a su hijo para que no le robaran la motocicleta y los delincuentes le dispararon en la cabeza ocasionándole la muerte instantánea.

El miércoles 18 de enero en Villavicencio, en una casa del barrio Prados de Mavicure, fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer trans y empresaria de 33 años María José Pérez Astros, presentaba una puñalada en el pecho.

El viernes 20 de enero, en el centro de la ciudad de Medellín fue asesinada la profesora Érika Jesenia Cuadros de 32 años de edad, quien fue víctima de hurto por parte de dos jóvenes, de 18 y 17 años, quienes fueron capturados por la Policía.

El domingo 22 de enero en la ciudad de Medellín ocurrió el asesinato de la manicurista Melissa Toro Álvarez, madre de una niña de 8 años, quién fue baleada cerca de la parroquia Divino Jesús de Praga. Su hija menor de edad fue testigo del asesinato de su madre y dio aviso a su abuela.

Yared Carolina Pomares, estilista, asesinada con arma blanca frente a la iglesia cristiana Misión Boston el 16 de enero en Cartagena.
Laura Isabel Ortiz Avila, fue asesinada por sicarios cuando transitaba por la avenida Pedro Romero a la altura del barrio Las Palmeras en Cartagena el 12 de enero.

El domingo 22 de enero ocurrió el feminicidio de Mariana Rueda Álvarez, de 25 años de edad, mientras se encontraba al interior de un vehículo, hasta donde llegó un hombre armado que disparó en su contra. Los hechos ocurrieron en la comuna 8, barrio Villa Hermosa, de Medellín, se presume que el hecho estaría relacionado con “situaciones de orden sentimental”, como indicó el último informe de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

El domingo 22 de enero, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, fue hallado el cuerpo de la joven DJ Valentina Trespalacios en una maleta dentro de un contenedor de basura. La fiscalía de Colombia capturó a John Poulos, un ciudadano estadounidense , pareja de la víctima. Ha sido un proceso judicial mediático en donde se ha revictimizado a Valentina y a su familia por parte de los medios de comunicación.

El viernes 27 de enero, en una vivienda del municipio de Pitalito Huila, fue asesinada la niña María Camila Plazas de 10 años de edad por Jonathan García Tapias, quien acababa de salir de la cárcel tras pagar una condena por abuso sexual. El señalado criminal atacó también a la abuela de la menor, una mujer mayor adulta de 67 años y mató a su mascota. Se maneja la versión de que iba agredir sexualmente a la niña.

El viernes 27 de enero, en el barrio Villa Luz de la ciudad de Arauca, fue asesinada Luz Amanda Murcia Rincón por su compañero Milcíades López Mattos, quien posteriormente se suicidó. Los cadáveres fueron encontrados tres días después. La mujer presentaba signos de violencia en su cuerpo.

Erika Jessenia Cuadros López, profesora asesinada en Medellin el 20 de enero
Laura Camila Dueñas, asesinada por un hombre que la acosaba desde hacía varios días y era cliente frecuente del almacén donde ella trabaja en Yopal, Casanare el 29 de enero

El domingo 29 de enero, Laura Camila Dueñas, una universitaria de 22 años de edad que trabajaba en un almacén de calzado en Yopal Casanare, fue asesinada por un hombre que la acosaba desde hacía varios días y era cliente frecuente del almacén donde ella trabaja. Al parecer, debido al rechazo de Laura, el acosador le propinó varios impactos de bala frente a compañeros de trabajo y clientes.

El lunes 30 de enero en el sector La Bodega de El Santuario, Antioquia fue asesinada a golpes la adulta mayor Rosalba Giraldo Gómez, de 63 años. Un familiar que llegó a su casa de habitación encontró el cuerpo sin vida de la mujer, los bomberos confirmaron que habría sido asesinada a causa de un golpe y de forma violenta. Al parecer, la adulta mayor habría sido atacada con un objeto contundente.

El martes 31 de enero fue asesinada Edilsan Andrade, una reconocida lideresa social en el sector de Loma Baja, una de las veredas de Rosas, Cauca, que se vio afectada por el deslizamiento de tierra que tiene bloqueada la vía Panamericana. La mujer fue candidata al concejo de su municipio en las pasadas elecciones por la Alianza Social Independiente y también hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano – Cima.

El martes 31 de enero se denunciaron públicamente las amenazadas de muerte a tres lideresas sociales perteneciente a la organización Madres del Catatumbo por la Paz, quienes hacen frente al tema de Feminicidios y reclutamiento de menores en el Catatumbo.

El miércoles 1 de febrero fue hallada sin vida Yuli Loaiza Núñez, la joven que estaba desaparecida en Cali. Su cuerpo se encontró en el río Cauca a la altura del sector Paso de la Torre, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Yuli estaba desaparecida desde el pasado jueves 26 de enero.

El jueves 2 de febrero en la vía Potosí – Las Lajas, en el departamento de Nariño, Oscar Potosí se lanzó al abismo del río Guáitara luego de asesinar a su esposa María del Carmen Chaspuengal. El mencionado feminicida le proporcionó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo.

En la mañana de este viernes 3 de febrero, una mujer identificada como Elizabeth Barrios Pertuz, de 33 años, fue asesinada con arma de fuego cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San José, del municipio de Pivijay (Magdalena). Las primeras indagaciones apuntan a que dos hombres habrían llegado en motocicleta y dispararon en contra Barrios Pertuz, causándole la muerte de manera inmediata.

Yuli Loaiza Nuñez, desaparecida en Cali, fue hallada sin vida, en el río Cauca en el municipio de Yumbo el 1 de febrero

El viernes 3 de febrero murió en Cartagena la joven de 19 años Izamar Mora, luego de haber sido víctima de ataque sicarial el 13 de diciembre de 2022, en el que había recibido varios impactos de bala en su cuerpo. La mujer víctima, que encontraba en un centro asistencial, no pudo sobrevivir a las graves heridas.

En la noche del 3 de febrero mientras terminamos de redactar este informe los medios de comunicación registran la comisión de un feminicidio en la localidad de Tunjuelito Bogota. Se tardaría de una mujer asesinada por su expareja sentimental.

La violencia contra las mujeres está presente en todos los rincones de lo que se concibe como territorio nacional y en todas las modalidades, no discrimina edad , profesión ni clase social. Desde feminicidios, homicidios, amenazas, hurtos, desaparición forzada, hasta persecución y hostigamiento a las mujeres que defienden los derechos de las mujeres.

Luz Amanda Murcia Rincón, fue asesinada por su compañero Milcíades López Mattos el 27 de enero en Arauca
 Isamar Mora, 19 años, asesinada por sicarios luego de haber recibido varios impactos de bala en su cuerpo en Cartagena el 3 de febrero.

Mientras tanto la política de protección para las mujeres en Colombia enmarcadas en las leyes 1257 de 2008, Ley 1761 de 2015 y Ley 1719 de 2014, resultan inoperantes y en la práctica inaplicables por el desconocimiento que tienen los funcionarios judiciales y administrativos de las medidas urgentes de protección. Una mujer víctima de violencia puede pasar toda una mañana en alguna Comisaria de Familia de Colombia sin que se expida una medida de protección, que según la ley debe expedirse en 4 horas. Por su parte, los fiscales en Colombia no hacen uso de las medidas de protección mediante la solicitud de audiencias ante jueces con funciones de control de garantías y cuando estas medidas son solicitadas por las víctimas, las audiencias de protección no se realizan porque nunca comparece el procesado o supuesto victimarios, ni su defensa.

La vicepresidenta de la república fue elegida y visibilizada por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista.  Esperamos, como mujeres que defendemos mujeres, que en el gobierno del cambio se cumpla con el compromiso internacional adquirido mediante la Ley 248 de 1995 por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. No queremos más mujeres asesinadas, ni violentadas, ni desaparecidas #NiUnaMas.

Tres años sin saber de Narly Gómez Jiménez

Por: Sofía López Mera Abogada defensora de Derechos Humanos   Corporación Justicia y Dignidad.

¿Dónde está Narly?, es la pregunta que nos hacemos incansablemente. Familiares, amigos, acompañantes, organizaciones sociales y de mujeres, al igual su pequeña hija, quien desde los cinco años le sigue escribiendo cartas de amor en días de la madre y en los días de cumpleaños, esperando, al igual que nosotros, por su regreso. ¿Dónde está Narly?, le preguntamos al Estado Colombiano a través de derechos de petición dirigidos a la Cancillería Colombiana y de informes radicados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que se obtenga respuesta efectiva. Han pasado tres años exactos desde la desaparición forzada sin saber del paradero de la víctima y el caso se encuentra en la más absurda impunidad.

Narly Gómez Jiménez fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona con quien fue vista fue su excompañero sentimental, padre de su hija, el militar Ever Yobany Muñoz Imbachí, en zona rural de Popayán. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro.  El día señalado, Narly y su menor hija se trasladaron a un colegio para realizar diligencias de matrícula para la menor (última imagen en video de Narly registrada por una cámara de seguridad cerca de la institución educativa). Posteriormente y por averiguaciones de la familia se supo que Narly, Ever Yobany y su hija se trasladaron a una zona rural de Popayán a ver unos lotes.

La niña manifestó posteriormente que el día de los hechos su papá se había ido con su mamá y que la dejó encerrada en “una casa de paredes de tierra” y “luego llegó sólo y con los brazos manchados de sangre”. Otros testimonios que obran en el proceso penal indican que la pareja bajó discutiendo en dirección a un río y que de regreso el militar subió mojado, sin camisa y bastante asustado. Ever Yobany se trasladó en una camioneta alquilada, hasta el corregimiento de Guachicono (municipio La Vega), junto a su hermana Ruby Muñoz. En este lugar pretendieron regalar a la niña a unos familiares quienes no quisieron recibirla porque no tenía autorización de Narly. Por ello, la niña fue dejada donde la madre de Ever Yobany, posteriormente la abuela paterna les entregó la menor a los familiares de Narly.

Narly Gómez Jiménez, desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020

Por este caso, el día el 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH le otorgó medidas cautelares tras considerar que se encuentran en situación de extrema gravedad e instó al Estado colombiano a actuar inmediatamente ordenando medidas para dar con su paradero. Desde el 16 de diciembre de 2019, ante la fiscalía Narly, había denunciado al militar sobre la violencia intrafamiliar de la que venía siendo víctima, nadie protegió a Narly a pesar de que ella denunció oportunamente y Narly finalmente se encuentra en situación de desaparición forzada.

Los familiares de Narly han realizado búsquedas sin institucionalidad en la zona rural de los municipios de Timbío y Rosas apoyados por la solidaridad de vecinos, amigos y lideresas sociales que buscan a los desaparecidos en el Cauca. Las Fiscalía Primera Especializada y La Fiscalía séptima especializada demoraron por nueve meses una orden de captura contra el presunto responsable, y posteriormente informaron que el militar habría sido asesinado en extrañas circunstancias en el departamento del Huila. Luego de exigir pruebas de ADN para la efectiva identificación del militar, ahora la Fiscalía Primera Especializada presiona para la preclusión y archivo de la investigación. Se teme que con el archivo de la investigación el caso forme parte de los anaqueles polvorientos en donde no es posible el restablecimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para las mujeres victimas de las violencias basadas en género.

De nada sirvió que el caso este en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni que se adelanten reuniones de concertación de alto nivel coordinadas con la Cancillería Colombiana, ya que la Fiscalía General de la Nación y los funcionarios judiciales en el departamento del Cauca no conocen del derecho internacional de los derechos humanos, ni de los mecanismos internacionales de protección, adelantando procesos sin el cumplimiento de los principios de la debida diligencia y sometiendo a los familiares de las víctimas a procesos de revictimización con graves consecuencias emocionales. Que difícil ha sido que el director seccional de fiscalías de Popayán, en el marco del pronunciamiento internacional, pueda enviar el proceso a una fiscalía especializada destacada en género o a una unidad para las violaciones a los derechos humanos. Igualmente, que la fiscalía titular ordene búsquedas especializadas con personal idóneo. Las búsquedas de Narly por parte de las instituciones judiciales del Cauca no pasaron de ser formatos digitalizados y promesas para el diseño de rutas que jamás se conocieron ni se recorrieron. Los familiares de Narly siguen buscando sin institucionalidad a su ser querido en condición de desaparición forzada.

Mientras tanto, en la actualidad, en un ambiente hostil y de total desprotección bajo la amenaza y el acoso, mediante llamadas telefónicas a través de abogados inescrupulosos, los familiares del militar Ever Yobani Muñoz quieren apoderarse de lotes, motocicletas, acreencias laborales que en vida le pertenecieron al Militar.

¿Dónde está Narly? rezan varios carteles y fotografías sostenidos por familiares y amigos que hacen un plantón en el parque Caldas de la ciudad, a los tres años de su desaparición forzada.

Alerta Dignidad #3 Resumen Semanal

DDHH #Valle | #15E

Salomé López de 08 años, Kevin Castaño de 17 años y Jhoan Dávila de 18 años, fueron asesinados, en medio de un cumpleaños, por sicarios en el barrio Ciudadela de #LaUnión #ValledelCauca. #PazTotal #CeseAlFuego

DDHH #Putumayo| #17E

Al menos 3 personas fueron asesinadas en el bajo Putumayo en la vía que comunica a Orito con Bella Vista en la vía a la inspección de Portugal.

Los 3 hombres se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux de placas de #Timaná. #Huila y fueron hallados sin vida y con los pantalones abajo en un terreno destapado y a su lado el vehículo tipo camioneta en el que aparentemente se movilizaban.

#PazTotal #CeseAlFuego

DDHH #Sucre| #17E

Asesinan a Genivero Méndez Buelvas reconocido sabedor cultural, compositor y líder del municipio de #Morroa (Sucre), fue asesinado por sicarios en el corregimiento de Las Flores, mientras conversaba con Enrique Santos Franco, de 36 años de edad, quien también resultó víctima.

Méndez fue fundador del festival musical ‘Voces de la Luna’ y trabajaba por la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado a través de la oralidad y el arte.

#PazTotal #CeseAlFuego

DDHH #Antioquia| #19E

masacre en el barrio Juan Antonio Murillo de Rionegro, Antioquia por hombres armados, quiénes utilizaron armas de fuego con silenciador. Las víctimas son

Diego León Gómez Tabares, su pareja Lina Marcela Ángel Pino y Bryan Muñoz Pulgarín . #PazTotal #CeseAlFueg

🇨🇴 #DDHH#Cauca| #20E en #PuebloNuevo #Caldono

4 guardias indígenas y una menor de edad fueron heridos en atentado con explosivos , la comunidad señala la responsabilidad del Grupo Dagoberto Ramos #CeseAlfuegoYa #PazTotal

🇨🇴 #DDHH #Caqueta| #21E

fue Asesinado Samuel Sabí Dorado, secretario de la JAC de vda Reina Baja, en La Montañita #Caqueta #CeseAlFuegoYa #PazTotal

Abrazo Poético con el hermano pueblo del Perú

Danelly Duran, Desaparecida en Popayán información con la Fiscalia Popayán

El congresista Miguel Polo Polo sera investigado por unas declaraciones en su cuenta de Twitter, dónde hace diversos llamados a la protesta en contra del gobierno actual.

Abrirán investigación contra Polo Polo

Al congresista Miguel Polo Polo se le abrirá una investigación por unas declaraciones en su cuenta de Twitter, dónde hace diversos llamados a la protesta en contra del gobierno actual. Así lo dijo el presidente del senado, Roy Barreras, quien no dudo en contestar las declaraciones de Polo Polo, a su vez, pedir a la Corte Suprema que investigue estas declaraciones que califica de amenazantes.

¿Dónde están los desaparecidos del paro nacional?

Fotografía de Jorge Alexander Pérez siendo llevado por la Policía

Alerta Dignidad #2

Nadie da cuenta de la cifra exacta de personas desaparecidas forzadamente durante el paro nacional del 2021. En la ciudad de Cali, donde todas las técnicas de terrorismo de estado se hicieron presentes ─desde la tortura hasta el abuso─, la modalidad de la desaparición forzada fue una constante de grandes magnitudes, al punto de que tanto las ONG nacionales y regionales con experiencia en el registro de graves violaciones a los derechos humanos, no se dieron abasto y las cifras siguen siendo una incógnita. Llama la atención que los reportes de Temblores e Indepaz, sobre los hechos de represión durante el paro nacional, no se referían al número de personas reportadas como desaparecidas en sus reiterados boletines, pero llegaron a reportar la cifra de 346 personas desaparecidas forzadamente.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos que participaron de la Misión de verificación del paro nacional en Santiago de Cali y que contaron con el acompañamiento de La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, compartieron el Informe No.1, en el cual relacionaron el reporte de personas desaparecidas, información que se ha consolidado a partir de los registro de las organizaciones de derechos humanos, recibida también a través de redes sociales y medios de comunicación. Solo en la ciudad de Cali, desde el 28 al 6 de mayo de 2021, se registró una cifra de 125 personas desaparecidas forzadamente, se documentaron 156 casos de los cuales tenían información que habían aparecidos con vida solo 31 personas algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública.

Alerta Dignidad Paro Nacional

DDHH #Cali| A temprana hora del día Domingo #27j de 2021, la comunidad reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca a la Av del Río, por el Boulevard #ColombiaEnDictadura

El 3 de mayo, en redes sociales, aparecía la fotografía de Jorge Alexander Pérez, sus familiares denunciaban que en la calle 15 con ciudad de Cali sobre el Puente de los Mil días, había sido retenido por la Policía Nacional. Tal y como se muestra en la fotografía y pese haber sido buscado en todas las estaciones de policía de Cali, no se dio con su paradero.

En redes sociales también se observaba como varios jóvenes eran sometidos a practicas de tortura y sobre muchos de ellos se desconoce su paradero.

Así mismo, durante los meses de julio y junio, sobre el Río Cauca y sobre sectores del oriente de Cali, empezaron aparecer cuerpos sin vida de jóvenes, restos humanos presumiblemente de personadas desaparecidas durante las protestas.

Cuerpos encontrados en el río Cauca

Según la fiscalía general de la nación, existen solo dos casos de desaparición forzada de personas, aperturados en investigación preliminar, siendo víctimas 36 personas solo de la ciudad de Cali. El proceso aun no constituye proceso penal y puede afirmarse que sobre él recae todo el peso de la impunidad.

Organizaciones de DDHH cómo Justicia y Paz  así como Justicia y Dignidad recibieron relatos escabrosos y delicados sobre las practicas criminales de la Policía Nacional en la ciudad de Cali, cuyo fin era la desaparición forzada de jóvenes manifestantes. En el marco de estas denuncias se supo de la existencia centro ilegales de operaciones de la Policía, lugares de ajusticiamiento y zonas de fosas comunes.

Audio sobre desapariciones

Se indicó, por varias fuentes, que el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes habrían sido llevados a unos sótanos y horas más tarde serían sacados en camionetas polarizadas. Posteriormente, se informó que en camiones que usa la Policía para su movilidad, se transportarían cuerpos sin vida a altas horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado habrían descargado cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos. Se denunció que por el olor y la remoción de la tierra se tratarían de fosas comunes.

Los jóvenes que eran detenidos o reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, en Guacarí y en Buga, habrían sido “ajusticiados”. Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales. El 23 de mayo se conoció también de la existencia de una “Casa de Pique” en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín, en la ciudad de Cali, al control de civiles armados.

EN RIESGO DE ATENTADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ

Fue tan evidente, que la orden del máximo responsable de las fuerzas militares, era la desaparición forzada, que quedó en evidencia con el caso del Daniel Estiven Sánchez Quiceno. El joven fue detenido por el ESMAD de la policía el día 28 de mayo de 2021 al frente de Dollarcity de Siloé, fue golpeado y subido a la fuerza a la tanqueta de la Policía. Al día siguiente su cuerpo se encontró incinerado en las ruinas del Dollarcity, pretendían desaparecer su cuerpo, pero los mismo jóvenes manifestantes que habían sido testigos de su detención arbitraria fueron quienes rescataron el cuerpo sin vida del joven.

Daniel Estiven Sánchez Quiceno, 16 años, habitante del barrio Siloé, ayudante de construcción

Las cifras siguieron siendo una incógnita, y en Cali, mediante el terror instaurado por la medidas dictatatoriales del general Zapateiro, se impidió que las víctimas reportaran a sus familiares desaparecidos, que se buscaran a los mismos y que las organizaciones sociales y de derechos humanos pudieran tener un registro que permitiera dar con el paradero de las víctimas y que los casos no quedaran en impunidad.

¿Dónde están los desaparecidos del paro nacional? Esta es la pregunta que nos hacemos luego de un año y medio de uno de los peores capítulos de horror de la historia nacional. Esta semana en medio de la denuncia por corrupción, en el marco de los contratos distritales de Bogotá con los operadores de los cementerios, se estableció que un general de la Policía ordenó la cremación de al menos 300 cuerpos de jóvenes en el marco del paro nacional 2021. Es urgente que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro convoque a una comisión de esclarecimiento de los hechos del paro nacional, la fiscalía general de la nacional hasta el momento solo ha sido garantía de impunidad.

Retratos Audiovisuales Jidus

Alerta Dignidad #1 Resumen Semanal

DDHH #Valle |Cristian Salinas, barrista del América, líder del paro 2021 y de la campaña del Pacto Histórico, fue asesinado el sábado #7Enero tras denunciar corrupción en obras de su municipio Ginebra Valle. #NosEstanMatando #QueLaPazNoNosCuesteLaVida.

DDHH #Cucuta | El domingo #8Enero a las 9:45 pm en un restaurante en el barrio Alfonso Gómez, fueron asesinados con armas de fuego José Francisco Quintero Robles, Darkis Lorena Acevedo Villamizar y otro hombre aún sin identificar . El señor Junior Gaona Cuadros se encuentra gravemente herido #CeseAlFuegoYa #PazTotal

Foto: La Nación Perú

DDHH #Peru| Dina Boluarte , la dictadura parlamentaria y las fuerzas armadas del Perú asesinan deliberadamente a quienes ejercen el derecho legítimo de protestar. El martes 10 de enero en Puno 17 personas fueron asesinadas, el miércoles 11 de enero en cusco una persona fue asesinada. Según el New York Times van 46 personas asesinadas en lo transcurrido del año #DinaPareLasMasacre

Naciones Unidas responsabiliza al Estado Colombiano de la muerte de manifestantes en el marco del Paro Nacional en 2021

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta un documento en donde a partir de su observación y la recopilación y contraste de información recopila casos de acciones y omisiones de parte de agentes del Estado, integrantes de la Fuerza Pública que atentan contra el derecho a la vida, a la reunión pacífica, un uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, actos de discriminación y racismo.

Compartimos el documento completo del informe, en donde se detallan estas violaciones a los derechos humanos y en particular en contra de la movilización social.

Alerta Dignidad Paro Nacional

DDHH #Cali| A temprana hora del día Domingo #27j de 2021, la comunidad reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca a la Av del Río, por el Boulevard #ColombiaEnDictadura

DDHH #Cali | Hallan cuerpo sin vida en canal de aguas negras al nororiente de Cali B/Calimio, unidades del cuerpo de bomberos hacen presencia en el sitio para realizar el levantamiento #18jul #ColombiaEnDictadura

DDHH #Cali Hoy #25j encuentran el cuerpo de un joven en canchas barrio Cañaveralejo de la Ciudad de Cali . Se publica está foto para reconocimiento. #ColombiaEnDictadura

🇨🇴 #DDHH #Cali | Hoy #9oct Hallan cuerpo sin vida flotando en un canal de aguas negras al oriente de Cali, Cra 7R entre los barrios Alfonso López y 7 de Agosto. #ColombiaEnDictadura

#JusticiaParaDaniel

Con argucias la Fiscalía imposibilita la inclusión en el programa de
protección a los familiares de Daniel Stiven Sanchez.

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali
frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la
represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la
detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a Medicina Legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia. En Medicinal Legal se cometió un nuevo crimen, borraron las evidencias de impacto de arma de fuego y golpes del menor, lo anterior para configurar la impunidad en el crimen y exculpar a la policía mediante el falaz argumento de que el menor murió por inhalación de vapores calientes.

Los familiares de DANIEL STIVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos de comunicación y a la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizó operativos de allanamiento sin orden judicial sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. El 21 de agosto se informó sobre un operativo de asesinato contra los familiares de la víctima, hecho denunciado públicamente, frente a la inacción de la fiscalía se generó un cuarto desplazamiento forzado de la familia. Las líneas telefónicas de las víctimas y de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.
Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigosse han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección. Existe una alerta sobre la judicialización de los jóvenes que integraron la primera línea y la brigada de salud en Siloe, lo anterior cobra sentido teniendo en cuenta que fueron los testigos presenciales de las múltiples violaciones de derechos humanos que cometió la policía en contra de los jóvenes en Siloé en el paro nacional.
La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales abiertas. El funcionario JUAN CARLOS BUITRAGO del programa de protección a víctimas y testigos de la fiscalía brindo información falsa sobre el programa de protección para desestimular a las víctimas, en este sentido indicó de manera falsa que los niños tenían que obligatoriamente desescolarizarse durante el tiempo que durara el proceso así fueran años, es decir que para ser incluido en el programa los menores edad deben renunciar a su derecho fundamental a la educación, así mismo indicó que las personas mayores de edad también deberían suspender sus estudios superiores porque serian cambiados a otros departamentos y que no ofrecían condiciones de continuidad educativa. Lo que supuestamente ofrecía económicamente el programa era mínimo , si apenas alcanzaría para cubrir gastos de alimentación de menos de la mitad del grupo familiar, el funcionario indicó que les prohíben realizar trasteos de sus muebles y enseres y que el programa solo les facilitaría colchonetas y un televisor, así mismo les manifestaron que tendrían prohibición de contactarse con sus abogados obstaculizando así su participación en el proceso judicial en búsqueda por la justicia. Esta información false se suministró con la única finalidad de que la familia desistiera de la solicitud de inclusión en el programa de protección. Fue tan evidente que ni si quiera se les permitió consultar con la familia y se les exigió firmar el desistimiento el mismo día que les suministró la falsa información. Bien es sabido que el programa cuenta con capacidad para garantizar la protección y las condiciones de dignidad de victimas y testigos que no impide el derecho a la educación, ni el derecho a la alimentación, ni continuar participando del proceso judicial. Lo anterior en contravía de los que aseguro el Fiscal 13 seccional de Vida cuando afirmó de la existencia de un programa con enfoque diferencial para poder atender la situación de la familia de DANIEL STIVEN SANCHEZ.

Por su parte el Fiscal 13 seccional de Vida sigue en desacato de la tutela, no ha convocado comité técnico jurídico, no garantiza la inclusión de las víctimas en el programa de protección y no escala la investigación a una unidad de derechos humanos de la Fiscalía y como si no fuera suficiente se niega mediante argucias a legalizar los elementos de prueba y evidencia física aportados por las víctimas. El Fiscal 13 seccional de vida quiere instaurar impunidad mediante el archivo o preclusión de la investigación.

Queremos Justicia para Daniel, queremos que se restablezca su Dignidad, solicitamos enviar mensajes de exigencia al Fiscal para el cumplimiento de la sentencia de tutela y para que no se obstaculice la búsqueda de justicia.
Enviar comunicaciones cristian.rodriguez@fiscalia.gov.co Fiscal que conoce del caso.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso con enfoque diferencial.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ .

JusticiaParaDaniel

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2021

#RetracteseMinistroMolano

#SerLinderSocialNoEsUnDelito

Carta Abierta (artículo 23 de la constitución)

dirigida al ministro de Defensa Diego Molano Aponte

Siendo las 3:00 pm del 15 de mayo del 2021 al terminar un consejo de seguridad con el alcalde del municipio de Popayán y el Gobernador del Cauca, en las instalaciones del Batallón José Hilario López el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, quien por mandato del Presidente de la República se había desplazado a Popayán para ejercer la “asistencia militar”, figura discutida debido a que no sigue los estándares internacionales para la atención de disturbios,  anunció en rueda de prensa a medios periodísticos y televisivos (locales y nacionales) las medidas de seguridad adoptadas y, además, en su alocución señaló que en las comunas 5 y 6 del municipio de Popayán según informe de inteligencia estarían operando las disidencias de las FARC; cabe resaltar que en estas comunas se encontraban alojados en campamentos humanitarios delegaciones de campesinos de varios municipios del Cauca que participaban del paro nacional.

En la declaración brindada por el Ministro de Defensa en la rueda de prensa, señaló que “en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de Andrés, Cheto, Maíz y Caleño por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021 ofreciendo la suma de 50 millones de pesos, por información que permita establecer su vinculación con estos actos”.

Las acusaciones realizadas por el ministro de Defensa en la rueda de prensa, hacen alusión a los señores FABIAN ANDRES SANCHEZ (Maíz), JOSE DANIEL GALLEGO (Cheto), ANDRES DUQUE (Caleño) y WILSON ANDRES QUIJANO MARTINEZ (Andrés) quienes son líderes sociales y estudiantiles reconocidos en el municipio Popayán por la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

En el debate de moción de censura contra el Ministro de Defensa el 24 de mayo de 2021, este mismo indicó ante el Senado que “no [era su] talante referir[se] a los defensores de derechos humanos con alias. A los líderes sociales siempre [se* refier[e] con nombre y apellido”[1]. Agregó que cuando hizo los anuncios públicos en Popayán se refería al problema grave de la destrucción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI ) de la Fiscalía general. Agregó que “lament[aba] si alguno se [hubiera] conside[rado] aludido”. Indicó en términos generales que, el hecho importante era que la justicia había sido afectada y que ese era un acto terrorista y que él, como Ministro estaba detrás de los responsables[2].

En ningún aparte de su intervención pidió disculpas por las menciones a los defensores, pero admitió tímidamente que no se refería los defensores de derechos humanos que son los propuestos beneficiarios, y tampoco indicó sobre qué información seria o de inteligencia sustentaba lo que había dicho en la rueda de prensa, para ofrecer recompensa por el paradero de los supuestos alias de los responsables que coinciden con los nombres de pila o apellidos de los propuestos beneficiarios. 

A diferencia de lo manifestado por el Ministro de Defensa los propuestos beneficiarios son personas que ejercen un servicio social y comunitario en labores de defensa y promoción de Derechos Humanos, ambientales y territoriales en el Departamento del Cauca.

Los defensores de derechos humanos estigmatizados por el Ministro Molano a quienes se les colgó una lápida en su cuello y se les puso precio por su cabeza se encuentran en total desprotección, las amenazas en su contra no se hicieron esperar y a cuatro meses de los criminales señalamientos del Ministro Molano estos derivaron en peno exilio de JOSE DANIEL GALLEGO y la situación de desplazamiento forzado de ANDRES SANCHEZ, ANDRES DUQUE y WILSON QUIJANO quienes pese a la estela de muerte que persigue a la dirigencia comunitaria en el paro, continúan realizando labores en defensa de los derechos de las comunidades que representan.

Como si el Exilio y Desplazamiento Forzado no fueran graves violaciones a los derechos humanos, para la justicia colombiana es un equivalente a la no vulneración de los derechos fundamentales de los defensores de derechos humanos, en este sentido el Juzgado 56 penal del circuito con funciones de conocimiento declaró que la tutela interpuesta por los afectados de los criminales señalamientos del ministro Molano era improcedente. Que procede luego de los criminales señalamientos del Ministro, ¿La muerte? En la acción de tutela se solicitó protección para los defensores de derechos humanos y para un juez de la república ni siquiera merece pronunciamiento al respecto.

En esta carta abierta nuestra Corporación como peticionaria de tramite internacional exige al Ministro DIEGO MOLANO APONTE su retractación frente a los criminales y falaces señalamientos realizados en contra de FABIAN ANDRES SANCHEZ (Maíz), JOSE DANIEL GALLEGO (Cheto), ANDRES DUQUE (Caleño) y WILSON ANDRES QUIJANO MARTINEZ (Andrés).  Así mismo se insta al Estado de Colombia garantizar el retorno o reubicación de las personas desplazadas, exiliadas y sus familias, así mismo garantizar medidas de protección para salvaguardar sus derechos a la vida y la integridad personal.


[1] Ver Audiencia de Control Político al Ministro de Justicia de 24 de Mayo de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RxAKCO1el8o Ver Minutos: 06:24:25 a en adelante Min: 06:25:25 en adelante.

[2] Ver Audiencia de Control Político al Ministro de Justicia de 24 de Mayo de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RxAKCO1el8o Ver Minutos: 06:24:25 a en adelante.

#JusticiaParaDaniel

TOTALMENTE DESPROTEGIDOS SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES Y TESTIGOS EN EL CASO DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencia s Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. Luego de la entrega del cuerpo los familiares constataron que Medicina Legal cometió un nuevo crimen al borrar evidencias de golpes en el cuerpo y el impacto de bala en una de sus piernas mediante la realización de cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas forenses. Después de tres meses exigiendo los anexos del dictamen de Medicina Legal fueron entregados una foto, y dos radiografías, en donde se verificó que no se realizaron las radiografías, ni fotografías, ni videos correspondientes a la práctica forense, ni mucho menos exámenes de laboratorio. No se cumplió ninguna de las exigencias de los protocolos de Minnesota y Estambul de obligatorio cumplimiento en graves casos de violaciones a los derechos humanos. No existe evidencia científica en el dictamen médico legal que sustente la falacia sobre la muerte por inhalación de vapores calientes, conclusión ventilada en medios de Comunicación por el fiscal ENCINALES director seccional de Fiscalías de Cali.

Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.

El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevó a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar porque a pesar de que se informó a la fiscalía de la situación no se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y la integridad.

Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigos se han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección.

La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales aperturadas. Así mismo ha obstaculizado la labor probatoria de los representantes de las víctimas sin que a la fecha se haya ordenado la practica de pruebas solicitadas, ni se haya presentado ante juez con funciones de control de garantías los elementos de prueba y evidencia física recaudados por las víctimas y testigos para hacerlos valer dentro del proceso penal, oportunamente entregados a la Fiscalía. No se han adelantado los comités técnico jurídicos ni se ha escalado la investigación a una fiscalía especializada de la Unidad de Derechos Humanos tal y como lo ordenó el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali en acción de tutela radica con el número 2021-00214.

En el día de hoy integrantes de nuestra corporación fuimos informados que se estaría gestando un plan de judicialización en contra de los testigos del presente caso en el marco de los falsos positivos judiciales que se vienen orquestando desde la Fiscalía General de la Nación y de los que se han realizado capturas desde la semana pasada en la Ciudad de Cali y Palmira. Esta situación obstaculiza el derecho de las víctimas de participar en la dinámica probatoria del proceso penal y también que víctimas y testigos sean cobijados por el programa de protección de la fiscalía, todo lo anterior en garantía de impunidad.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021