Regresaron los fantasmas: la Policía vuelve a reprimir y el gobierno calla

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

El primero de mayo de 2025, en un país que aún no ha sanado las heridas del Paro Nacional de 2021, desapareció José Valle, un agroecólogo costarricense que viajaba por Buenaventura. En su última llamada, alcanzó a denunciar que estaba siendo extorsionado por policías. Desde entonces, no se sabe nada de él. Su rastro se pierde en la misma ruta donde cientos de líderes sociales han sido silenciados y donde, una vez más, la Policía aparece en el centro de una historia de miedo, impunidad y abandono estatal.

No es un caso aislado. El retorno de los abusos policiales en Colombia es una realidad que se niega a morir, incluso en medio de discursos progresistas y reformas prometidas que, en la práctica, no han cambiado la doctrina de una institución formada para la guerra, no para la vida civil.

A finales de mayo, en Cartagena, siete policías golpearon brutalmente a un menor de edad, sin que los gritos de su comunidad sirvieran para detenerlos. “¡Es un niño!”, se escuchaba mientras lo reducían a la fuerza. Días después, en Bogotá, Angie Alejandra Rodríguez Moreno, una joven de 27 años, recibió un disparo letal durante una requisa policial en el barrio Villamaría. Según las versiones oficiales, fue “un altercado”, pero quienes conocen el patrón saben que es otra víctima del exceso de fuerza que nadie quiere mirar.

Las cámaras ya no graban. Las redes ya no arden como antes. El país está atrapado en la inercia electoral del 2026, donde tanto la derecha como sectores de izquierda apuestan a la memoria corta. La reforma prometida a la Policía ha sido una modernización técnica, no un cambio estructural. Se les dieron más motos, más cámaras, más tecnología, pero ningún cuestionamiento real a su doctrina militar.

Mientras tanto, el silencio institucional es ensordecedor. El nombramiento de un ministro de Defensa militar, algo que ni siquiera Uribe se atrevió a hacer, deja un mensaje peligroso para la democracia: las armas mandan. La línea entre defensa nacional y seguridad ciudadana se ha vuelto borrosa. No hay reforma que valga si no hay justicia. Y no hay justicia mientras los crímenes de uniforme se sigan ocultando bajo el ruido de las campañas.

Ni de izquierda ni de derecha: lo que hay es politiquería. Y en medio de ese juego de poder, las víctimas siguen cayendo. Las familias de Angie, de José, del niño golpeado en Cartagena, no necesitan promesas, necesitan respuestas, justicia y verdad. El mensaje que envía el Estado es claro: los crímenes cometidos por policías pueden ocurrir, pueden doler, pero no importan lo suficiente como para impedir que se repitan.

Nos debe doler que lo extraordinario se vuelva rutina. Que los abusos ya no sorprendan. Que la desaparición de un extranjero, denunciada en tiempo real, se disuelva sin escándalo alguno. Colombia no puede permitirse ser una democracia donde se naturaliza la represión y se institucionaliza el olvido.

Lo mínimo, lo indispensable, lo urgente: una reforma policial de verdad, con enfoque en derechos humanos, con formación en civilidad, con sanciones reales. Y un compromiso con las víctimas que no dependa del color del gobierno, sino de la dignidad de la vida.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Guatemala: Operadores de justicia en la mira del poder

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el Sin comentarios

En las calles empedradas de Ciudad de Guatemala, el eco de las manifestaciones contra la corrupción aún resuena. La esperanza que una vez encarnó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ve opacada por una ola de persecuciones judiciales que buscan silenciar a quienes osaron desafiar las estructuras de poder corruptas.

La CICIG: Una esperanza de justicia

Establecida en 2007 mediante un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco, la CICIG tenía la misión de desmantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operaban con impunidad en el país. Bajo la dirección del jurista colombiano Iván Velásquez, la comisión logró avances significativos:

Procesamiento de expresidentes y altos funcionarios por corrupción.

Desarticulación de redes criminales infiltradas en el Estado.

Colaboración con el Ministerio Público para fortalecer la justicia.

Estos logros no pasaron desapercibidos. La CICIG se convirtió en un símbolo de esperanza para una ciudadanía harta de la corrupción endémica.

La reacción del poder

Sin embargo, el éxito de la CICIG también generó enemigos poderosos. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales, investigado por la comisión, decidió no renovar su mandato, alegando interferencias en la soberanía nacional. Desde entonces, una serie de acciones han buscado desmantelar los avances logrados:

Nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general, señalada por Estados Unidos como «actor corrupto y antidemocrático».

Designación de Rafael Curruchiche al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también sancionado por EE.UU.

Persecución judicial contra exfiscales y jueces que colaboraron con la CICIG, muchos de los cuales se han visto obligados al exilio.

Una justicia castigada por hacer justicia

Desde hace casi una década, Guatemala atraviesa una regresión autoritaria que ha convertido a sus operadores de justicia más valientes en fugitivos. Jueces, fiscales y abogados que antes eran reconocidos por desmantelar redes de corrupción ahora enfrentan acusaciones penales, exilio forzado o prisión. La consigna es clara: castigar a quienes tocaron las fibras del poder corrupto enquistado en el Estado.

La persecución judicial no es un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática de venganza impulsada por redes político-económicas que fueron expuestas por la extinta CICIG y la FECI. El mensaje es contundente: nadie que se atreva a investigar al poder está a salvo.

Casos como el de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI condenada a prisión por denunciar actos de corrupción de un juez, muestran la crudeza de esta arremetida. Tras ser declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, Laparra fue liberada solo para enfrentar nuevas amenazas legales que la empujaron al exilio. Su historia no es única.

Exilio como única salida

Cerca de 100 operadores de justicia han sido criminalizados o forzados al exilio en los últimos años. Entre las figuras clave de la lucha contra la impunidad hoy fuera del país se encuentran:

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, destituido por la fiscal general tras investigar al expresidente Giammattei. Vive en EE. UU. con asilo político.

Érika Aifán, jueza de Mayor Riesgo, hostigada con procesos de antejuicio y amenazas por conocer casos sensibles.

Miguel Ángel Gálvez, también juez de Mayor Riesgo, forzado a retirarse por campañas de desprestigio.

Claudia Paz y Paz, exfiscal general, reconocida internacionalmente por su lucha contra estructuras criminales, ahora reside fuera del país.

Pablo Xitumul y Gloria Porras, ambos con trayectoria intachable, también han sido blanco de denuncias infundadas y amenazas constantes.

Un país sin garantías para quienes defienden la legalidad

La situación en Guatemala ha sido duramente señalada por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó al país en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2023, destacando el «ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales» y la «criminalización y privación de la libertad de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos y periodistas».

La CIDH observó con preocupación la persistencia de la criminalización mediante el uso indebido del derecho penal, la prisión preventiva arbitraria y las órdenes de captura internacional contra quienes se han visto forzados a huir.

La ONU también ha expresado preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala, señalando las injerencias del Ministerio Público que han socavado los resultados del proceso electoral y puesto en entredicho la independencia de los poderes públicos.

Gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a actores clave del Ministerio Público, como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, por considerarlos “corruptos y antidemocráticos”. En 2023, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a varios fiscales y jueces guatemaltecos en la Lista Engel. El Reino Unido, por su parte, denunció el abuso sistemático contra fiscales independientes.

La Cancillería colombiana también reaccionó rechazando la orden de captura emitida por una corte guatemalteca contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, considerándola sin fundamento jurídico y una represalia por su labor anticorrupción.

Culpables por luchar contra la corrupción

En junio de 2025, una corte guatemalteca emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez —excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia— y Luz Adriana Camargo, fiscal general de ese país, por su participación en las investigaciones sobre la trama de sobornos de Odebrecht. La acusación, calificada como persecución política por expertos, busca reescribir la historia e incriminar a quienes sacaron la podredumbre a la luz.

El precio de la valentía

Quienes alguna vez representaron una esperanza real de transformación para Guatemala hoy viven con miedo, lejos de sus familias, y sin poder ejercer su profesión. Pero su lucha no fue en vano. El archivo de sus investigaciones, los testimonios que recolectaron, los procesos judiciales que impulsaron siguen vivos, y son una memoria activa de la dignidad.

Desde Justicia & Dignidad, expresamos nuestra profunda solidaridad con los juristas Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por su incansable lucha por la justicia, así como con los operadores judiciales guatemaltecos que han sido criminalizados y forzados al exilio por cumplir con su deber. Hacemos un llamado urgente a la comunidad jurídica internacional a alzar su voz frente a este atropello a la independencia judicial. No podemos permanecer en silencio mientras se persigue a quienes defendieron el Estado de derecho y combatieron la corrupción con valentía.

Como escribió Iván Velásquez en el décimo aniversario del caso La Línea:

“Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala.”

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 20m al 25m

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

Del 20 al 25 de mayo de 2021, en Colombia se desató una oleada de represión estatal que dejó una estela profunda de graves violaciones a los derechos humanos. No fueron hechos aislados ni errores de procedimiento: fueron órdenes claras y planificadas desde lo más alto del poder. Iván Duque, su ministro de Defensa Diego Molano, y el general Eduardo Zapateiro siguen en la impunidad, mientras los crímenes cometidos, delitos de lesa humanidad, permanecen en la sombra del olvido oficial. Es esta historia de dolor y silencio la que pesa sobre la memoria colectiva, una deuda que no puede quedar sin castigo ni reconocimiento. Ahora, en manos del gobierno que se anuncia como “el de la esperanza”, está la urgente tarea de alumbrar ese camino oscuro, abrir una puerta a la justicia y al restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas. No es solo un acto de reparación, es la condición para que la democracia recobre su alma y para que Colombia vuelva a creer en sí misma.

Por eso clamamos por una comisión de esclarecimiento ¡ya!

20 de mayo de 2021 – Sede Almacén Éxito Calipso, Cali – Secuestro, violencia y posible tortura

Esa noche no dormía nadie. En el barrio Calipso de Cali, los gritos se colaban entre las rendijas de las casas y el concreto del almacén Éxito parecía tragar gente. Los vecinos juraban que dentro había presos, que se escuchaban los gritos y  los golpes. Un comando del ESMAD custodiaba el lugar como si fuera su cuartel. A quien se acercara, lo espantaban con una granada en la mano. Veinticuatro horas después, cuando por fin entraron los organismos de derechos humanos, lo que vieron no se olvida: sangre seca en el piso, manos marcadas en las paredes, rastros de lo que pudo ser un infierno.

20 de mayo de 2021 – Nacional – Instalación de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Social

Mientras tanto, en Bogotá se firmaban papeles. Se instalaba la Mesa Nacional de Garantías, una promesa que nacía vieja, arrugada. El decreto 003 era un vestido bonito sobre un cuerpo lleno de moretones. Había protestas, sí, pero también muertos, desaparecidos, presos sin razón. Lo que se discutía en los salones del poder era apenas un eco lejano de lo que ardía en las calles.

20 de mayo de 2021 – Varias ciudades – Hostigamiento, desapariciones forzadas, tortura y violencia estatal

Los panfletos volaban como palomas negras. Jóvenes señalados, perseguidos, cazados. Algunos aparecían muertos, otros no aparecían nunca. A los que volvían se les notaba el miedo tatuado en la piel. Cuerpos con signos de tortura, con los ojos aún abiertos de tanto horror. Era la política del terror con uniforme y presupuesto.

20 de mayo de 2021 – La Romelia, Pereira – Detenciones arbitrarias, golpes y judicialización fallida

En La Romelia, Pereira, la noche trajo un operativo militar con 200 soldados. Parecía guerra. Detuvieron a 23 jóvenes; once fueron llevados ante un juez, golpeados, encadenados, tratados como criminales. Nada probó la fiscalía. Salieron libres tras quince horas de audiencia, pero con el alma doblada y los cuerpos rotos por el sol, la sed y los grilletes.

20 de mayo de 2021 – Parque de los Niños, Bucaramanga – Hostigamiento a comunicadores populares

En Bucaramanga, lo que dolía era la palabra. Periodistas populares fueron señalados como vándalos por los mismos que debían representar al pueblo. Fotografías, videos, insultos desde las curules. La libertad de prensa era un delito si mostraba la represión.

20 de mayo de 2021 – Viaducto García Cadena y Estación Central de Policía, Bucaramanga – Detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas

A Johan Ferney y Camilo Andrés los atrapó dos veces la policía. La primera, para callarlos. La segunda, para castigarlos. Los golpearon, los esposaron a unas vallas siete horas sin baño ni comida. Las amenazas les llegaban al oído como cuchillos: violación, muerte, exterminio.

20 de mayo de 2021 – Vía a Cali (sector Río Ovejas) – Ataque con artefacto explosivo contra Guardia Indígena

En la vía Panamericana, los comuneros indígenas eran puente y no barricada. Llevaban comida, medicina, vida. Pero siete encapuchados les tendieron una trampa. Lanzaron un artefacto explosivo que no mató, pero dejó claro el mensaje: aquí no se permite la paz.

20 de mayo de 2021 – Tuluá, Valle del Cauca – Asesinato y heridos por ataque armado contra manifestantes

En Tuluá, a la altura de la curva de las feas, un joven de la Primera Línea cayó. Lo mataron dos hombres que salieron del cañaduzal con plomo en las manos. Dos más quedaron heridos. Fue una emboscada pensada, planeada, ejecutada con precisión criminal.

20 de mayo de 2021 – Cali (Siloe, Univalle, Calipso, Paso del Comercio) – Ataques armados, detenciones arbitrarias y uso de centro de tortura La ciudad ardía en varios frentes.

En Siloe, gases y balas. En Calipso, un muerto más y camionetas sin placas rondando con hombres sin nombre. En Univalle, cuatro detenidos sin paradero. En la Simón Bolívar, el almacén Éxito se convertía en un centro de tortura improvisado, con sangre que el jabón no borró. En Paso del Comercio, motorizados disparaban a las ocho de la noche: dos muertos, varios heridos. Cali era un mapa de horror.

21 de mayo de 2021  – Cali – Uso irregular de vehículos oficiales

Un carro sin placas, con hombres armados, con uniforme y sin nombre. En Cali, ese 21 de mayo, la legalidad era un disfraz. Los mismos vehículos oficiales se prestaban para las sombras, para borrar huellas, para desaparecer la ley.

21 de mayo de 2021 – Tuluá y San Pedro (Valle del Cauca) – Ataques armados por civiles y asesinato

A medianoche, en Tuluá y San Pedro, los civiles armados salieron de cacería. Uno fue capturado, otro logró disparar desde un carro. Dos muertos más. Tres heridos. El pueblo respondió incendiando el vehículo del asesino. Era la única justicia posible en medio del caos.

21 de mayo de 2021 – Cartago – Represión policial, heridos y detenciones arbitrarias

En Cartago, el ESMAD entró como si fuera una invasión. Lanzó granadas, gases, detuvo sin razón. Heridos por todos lados, casas rotas, niños llorando. A un detenido lo dejaron grave y sin atención. Las motos de la policía ardieron. Algunos decían que fueron ellos mismos quienes les prendieron fuego, para culpar a los otros.

21 de mayo de 2021 – Cali y Yumbo – Uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial

Organismos de derechos humanos documentaron que entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2021, al menos 39 muertes en Cali y Yumbo estarían relacionadas con uso excesivo de la fuerza pública. De las víctimas, al menos 11 eran personas afrodescendientes, lo cual evidencia un patrón de violencia racializada.

21 de mayo de 2021 – Colombia – Detenciones ilegales, tortura y desapariciones temporales

Los centros de detención eran cualquier sitio: buses, estaciones, supermercados. A Edwin lo orinaron, lo golpearon, lo hicieron firmar papeles. A Duglan lo extorsionaron. Las familias pagaban por tenerlos de vuelta, vivos o al menos enteros. Era una cadena de tortura que se tejía en la impunidad.

21 de mayo de 2021– Soledad, Atlántico – Violencia sexual y homofobia en detención

En Soledad, tres jóvenes fueron arrestados. Uno era gay. A ese le fue peor. Lo manosearon, lo penetraron con los dedos, se burlaron de su orientación. La policía reía. La tortura tenía forma de chiste homofóbico.

22 de mayo de 2021– Cali, punto de concentración Calipso – Lesión ocular a defensor de derechos humanos

Yonatan Castillo no fue a protestar. Fue a defender derechos. Lo dejaron medio ciego. La policía le lanzó gases al rostro como quien lanza una piedra. Otra vez, el enemigo era quien protegía a los demás.

22 de mayo de 2021– La Delfina, Valle del Cauca – Ataque armado y uso indiscriminado de gases

A las 2:30 a.m., mientras la comunidad indígena dormía en La Delfina, el ESMAD atacó con armas, granadas, gases y perdigones. Niños, mujeres, abuelos despertaron en medio del humo y el estruendo. No había crimen, solo descanso. Pero el descanso también era resistencia.

22 de mayo de 2021 – Cali, barrio Calipso-Puerto Madera – Ataque armado, homicidios y represión a la prensa

Cayó la noche y con ella el estruendo. El ESMAD y el GOES entraron a Calipso como si fuera territorio enemigo. No hubo aviso ni medida. Gases, explosivos y ráfagas de fusil contra un barrio lleno de gente. Dispararon a todo lo que se movía.

Jhon Erik, un pelado con los sueños intactos, cayó por un disparo en el pecho. Otros cinco quedaron heridos. También atacaron a periodistas y defensores de derechos humanos. Lo dicen los vecinos: fue una cacería. La policía disparó como si la ley les diera licencia para matar. Y el Estado, mudo. Cómplice.

23 de mayo de 2021 – La Guinea, Corregimiento de Cisneros, Dagua – Ataque con fusiles, gases y detenciones arbitrarias

El 23 de mayo amaneció con fusiles. En La Guinea, cerca de Cisneros, Dagua, no hubo diálogo ni advertencia. El ESMAD y el Ejército cayeron de golpe sobre el punto de resistencia: gases, disparos y gritos. Había niños, mujeres, viejos. No importó. Tres fueron retenidos —una mujer y dos menores del Cabildo Indígena Nuevo Despertar—, y uno más desapareció entre el monte. La ORIVAC alzó la voz, pero el estruendo del Estado, otra vez, quiso apagarla a plomo.

23 de mayo de 2021 – La Paila, norte del Valle del Cauca – Amenaza de detención e intimidación por policías de civil

En La Paila, donde el Valle se despide y el Quindío empieza, la protesta seguía firme. Pero esa tarde no llegaron uniformados: llegaron de civil, con cara de nadie y armas escondidas. Querían llevarse a alguien —no dijeron a quién ni por qué. La comunidad se plantó y les torció el plan. No se fueron sin dejar rastro: grabaron rostros, lanzaron amenazas y se perdieron entre la gente como sombras. La Policía calló. Y el miedo quedó sembrado.

23 de mayo de 2021– Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado a toma cultural comunitaria y agresión a la prensa

Eran las 5:50 de la tarde. En el Puente de los Mil Días, la comunidad bailaba, cantaba, resistía. Era una toma cultural, no una batalla. Pero la Policía llegó con fusiles. Dispararon aunque había niños, viejos, y cuerpos quebrados por la vida. No hubo heridos, pero el miedo se quedó a vivir ahí.

Esa noche, la gente señaló al hotel Eclipse: desde allí —decían— operaban agentes encubiertos. El Canal 2 fue a comprobarlo. Los recibieron a tiros. Así, en la cara, contra la prensa, contra la verdad.

23 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca – Ataque del ESMAD a manifestantes y heridos civiles

Cuando la tarde se apagaba, el ESMAD encendió el caos en Cartago. Llegaron con sus trajes de guerra y rompieron la protesta a golpes y gases. Varios civiles cayeron heridos, sin más culpa que la de alzar la voz. La gente, cansada de tanta bala y tanto olvido, pidió lo básico: que el Estado deje de disparar contra su propio pueblo.

24 de mayo de 2021 – Panorama nacional

Gobierno y Comité del Paro firmaron un preacuerdo: garantías para la protesta, dijeron. Palabras que suenan bien, sobre el papel. Pero ese mismo día, en varias ciudades, la represión siguió su curso, implacable, como si nada hubiera cambiado. La distancia entre el diálogo y la realidad, a veces, es una herida abierta que no deja de sangrar.

24 de mayo de 2021 – Cali – Allanamiento violento a defensora de derechos humanos

A las 3 de la mañana, sin aviso ni orden clara, la Policía, el GOES y la SIJIN, algunos vestidos de civil, destrozaron la puerta de Sandra Castro. Ella, defensora de derechos humanos, guardaba en su casa la memoria del Paro Nacional: registros, documentos, pruebas. Todo fue arrebatado. No la dejaron ni vestirse ni llamar. La violencia no solo fue contra su hogar, sino contra la resistencia misma. El Estado, otra vez, tocando puertas donde debería proteger.

24 de mayo de 2021 – Cali y Popayán – Allanamientos simultáneos y capturas a líderes sociales

Mientras en la casa de Sandra Castro sonaba el golpe violento, en Cali otras ocho viviendas de líderes sociales fueron allanadas. Seis personas capturadas, entre ellas defensores del Observatorio “Pedro Vaca”. En Popayán, la persecución siguió el mismo camino: casas invadidas, derechos pisoteados, denuncias en el aire. Todo fuera del horario legal, sin respeto por las garantías mínimas. El gobierno de Iván Duque no solo mira hacia otro lado, sino que pone la mano en la balanza para aplastar la resistencia.

24 de mayo de 2021 – Cali, Puerto Resistencia – Corte de servicios y militarización

El 24 de mayo, en Puerto Resistencia, apagaron la luz y callaron las voces digitales. Cortaron la electricidad, el Wi-Fi, los datos móviles. Dos camiones policiales rodearon el punto de encuentro como perros de presa. Los defensores de derechos humanos miraban con miedo, esperando el golpe que parecía inevitable. La calma antes de la tormenta.

24 de mayo de 2021 – Cali – Presión empresarial para asistir a marcha

En Cali, para la marcha del 25 de mayo, no fue sólo la calle la que se llenó de protestas. Empresarios presionaron a sus trabajadores para que asistieran con camisa blanca. La consigna venía con amenaza: quien no cumpliera, podía perder el empleo. Así se fabrica la protesta obligada, entre miedo y obediencia.

24 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de dos jóvenes

Eran las 6:20 de la tarde cuando la policía se llevó a Alejandro Mosquera y Carlos Ocampo, en la esquina de la calle 70 con carrera 7. Dos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, nadie sabe dónde están. El silencio de las autoridades pesa más que cualquier respuesta.

24 de mayo de 2021 – Cali, barrio Quintas de Salomia – Uso excesivo de fuerza policial

En la noche, mientras el ministro Molano hacía discursos en el Senado sobre “protocolos” para la fuerza pública, en Quintas de Salomia la policía respondía con balas a la protesta. Palabras de un lado, plomo del otro. Así se escribe la historia de este país.

24 de mayo de 2021 – Pronunciamiento institucional

La UBPD y la ONU dijeron que el Estado por fin movió fichas ante las denuncias de desapariciones en las protestas. Un avance, dicen, pero para muchos organizaciones sociales, esas acciones son un espectáculo con poca luz y muchas sombras. La verdad, esa que la gente reclama, sigue esperando su turno.

 

24 de mayo de 2021 – Universidad de Pamplona, Norte de Santander

Veinticinco estudiantes en la Universidad de Pamplona, firmes en su plantón, fueron atacados por civiles armados con perdigones. La violencia los obligó a dispersarse, a dejar la lucha por miedo a perderlo todo: su vida, su seguridad. Así apagan voces que solo buscan ser escuchadas.

24 de mayo de 2021 – Soacha, Cundinamarca-Irrupción violenta, detenciones y persecución

En Soacha, el ESMAD no solo llegó a reprimir, llegó a sembrar miedo y caos. Detuvieron a manifestantes y a gente que nada tenía que ver. Familiares y abogados golpearon puertas que no se abrieron. El Comando de Policía negó información, ocultó a los detenidos como si fueran sombras.

Al caer la tarde, con el Centro Comercial Ventura de testigo, comenzó la cacería. Lanzador múltiple «Venom», drones, helicópteros; tecnología al servicio de la represión indiscriminada. La gente huyó, buscando refugio, pero el miedo quedó pegado a las calles.

25 de mayo de 2021- Cali- Persecución a periodistas y abogados

Alberto Tejada, del Canal 2, y el Equipo Jurídico N21 no solo documentaban, también resistían. Pero el poder les puso el ojo: seguimientos constantes y hostigamiento. En la noche, disfrazados de trabajadores de telefonía, acosaron al Equipo Jurídico que estaba en su lugar de trabajo, analizando, registrando, haciendo memoria junto a Justicia y Paz.

La persecución no perdona ni a quienes luchan con palabras y pruebas.

25 de mayo de 2021- Amenaza directa a defensor de derechos

Rodrigo Becerra recibió un mensaje que no se olvida fácil: una foto de un panfleto amenazando a líderes del paro, con el nombre de su hijo. El miedo llegó a la familia, la intimidación tocó la puerta de lo más sagrado. El mensaje es claro: la resistencia tiene precio, y la amenaza, nombre propio.

 

El infierno en el Dollarcity de Siloé: lo que nadie cuenta del asesinato de Didier Andrés Quintero

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

La noche del 28 de mayo de 2021, cuando se cumplía un mes del estallido social que sacudió a Colombia, el barrio Siloé, en Cali, vivió una jornada que dejó marcas imborrables. La memoria oficial habla de saqueos, disturbios, y violencia desbordada. Lo que pocos se atreven a contar es que esa noche, en un almacén Dollarcity vacío desde el inicio del paro, jóvenes manifestantes fueron encerrados, incendiados y algunos, asesinados. Uno de ellos fue Didier Andrés Quintero, de 17 años.

El encierro

En la versión que no salió en los boletines de prensa ni en los informes oficiales, testigos relatan que policías vestidos de civil, con chalecos antibalas, ingresaron al Dollarcity de Siloé acompañados por la fuerza pública. Dentro del almacén, donde ya no quedaban productos ni señales de saqueo, fueron encerrados varios manifestantes. Afuera, los gases y los disparos. Adentro, la desesperación.

«Había humo, gritos. No era un saqueo, era una trampa», dice un joven que logró escapar. La comunidad, al ver el fuego, rompió un muro del local comercial. Por ese hueco salieron los muchachos como pudieron: algunos con las ropas quemadas, otros arrastrándose, y varios más fueron detenidos por los mismos hombres que provocaron el incendio.

Didier: el joven barbero que quería estudiar

Didier Andrés Quintero no salió con vida. Tenía 17 años, trabajaba como barbero para ayudar a su familia y soñaba con seguir estudiando. Era alegre, entusiasta y solidario. Quienes lo conocieron recuerdan que no le gustaba la violencia, pero sí la justicia. Fue alcanzado por los hombres de civil cuando intentaba huir. Lo subieron por la fuerza a una camioneta. Horas después, su cuerpo apareció en el sector La Playa del barrio Brisas de Mayo, con siete impactos de bala y rastros de quemaduras.

“Lo mataron para sembrar terror”, dice una lideresa comunitaria. “Era un niño, no un criminal”.

La orden que incendió el país

El asesinato de Didier se inscribe en un contexto de represión sistemática contra la protesta. El 28 de abril de 2021, Colombia salió a las calles en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque Márquez. Dos días después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un trino fatídico: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas…” La violencia se institucionalizó.

El 2 de mayo, Duque decretó la asistencia militar en las ciudades, figura que no sólo fue inconstitucional sino que dio vía libre a la militarización de la protesta. En Cali, epicentro de la resistencia, la represión fue brutal, selectiva y planificada.

El 28 de mayo, Duque y el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, estuvieron en la ciudad, avalando públicamente las operaciones. Ese mismo día, en Siloé, más de 60 personas fueron detenidas, algunas golpeadas, torturadas y trasladadas a lugares no oficiales, como el sótano de la Fiscalía. Otros fueron judicializados por terrorismo, sin pruebas.

La narrativa oficial: el silencio cómplice

La Fiscalía, en lugar de investigar los crímenes cometidos por agentes estatales, optó por ocultar. En medio de la tragedia humanitaria, la institución mantuvo una actitud de inoperancia e incluso persecución contra líderes sociales y manifestantes. El fiscal Francisco Barbosa, cercano al poder político, encabezó una gestión marcada por la cooptación institucional y la impunidad.

El asesinato de Didier Andrés Quintero no ha tenido justicia. Ni el coronel Edgar Vega Gómez ni el teniente Néstor Mancilla Gonzales, quienes lideraban los operativos ese día, han sido llamados a responder. Ninguno de los civiles armados y protegidos con chalecos antibalas ha sido identificado formalmente.

Siloé: herida abierta

El barrio Siloé fue durante el paro un bastión de dignidad popular, pero también el epicentro de la represión. Aquella noche, además de Didier, fueron asesinados Michel Aranda y Daniel Stiven Sánchez Quiceno. El Estado sembró terror para apagar el fuego de la protesta, pero el eco de sus crímenes sigue resonando.

Didier no murió en un saqueo. Fue asesinado tras ser retenido ilegalmente, quemado y ejecutado por quienes debían proteger la vida. Su caso, como el de tantos otros, sigue esperando verdad y justicia.

Porque a veces, para matar la esperanza, primero hay que prenderle fuego.

Por: Sofía López, abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad.

Daniel Sánchez, 4 años de Impunidad

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Ejecuciones Extrajudiciales, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

A esta hora, un 29 de mayo de hace cuatro años, los vecinos de Siloé ya sabían. Las redes lo habían dicho con la crudeza de una imagen que no puede borrarse. Los familiares aún lo negaban. Aún tenían esperanza. Aún lo buscaban. Pero la verdad cayó como un ladrillo desde la boca de alguien que no quería decirlo, que lo murmuró como una disculpa: “encontramos el cuerpo de Daniel”.

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Era del barrio, de los que madrugan con la pala y se acuestan con la esperanza de que lo poquito sirva. Hacía lo que podía para ayudar a su mamá. Esa noche no regresó.

Entonces comenzó la película de terror.

Pero no era una película. Era un guion real escrito desde arriba. Desde las órdenes de Estado. Desde el trino con voz de mando de Álvaro Uribe Vélez autorizando a soldados y policías a usar sus armas para defenderse del «terrorismo vandálico». Desde el decreto de asistencia militar de Iván Duque, que llenó las calles de uniformados, tanquetas y balas, y dejó en las aceras los cuerpos de quienes apenas reclamaban pan, educación, futuro.

El 28 de mayo de 2021, lo detuvieron arbitrariamente en la glorieta de Siloé, frente a Dollarcity. No era un terrorista, era un muchacho. Un adolescente. Le dispararon en la pierna, lo arrastraron como si no doliera. Testigos dicen que lo subieron a una tanqueta del ESMAD. Que pedía ayuda. Que gritaba que era menor de edad. Que los brigadistas intentaron alcanzarlo y también les dispararon.

Esa noche, Siloé ardió en fuego y rabia. Y a la mañana siguiente, el cuerpo de Daniel apareció calcinado dentro del local incendiado. Pero no se había quemado con el fuego. Se había quemado con el silencio.

La Fiscalía dijo que fue un accidente. Que Daniel murió por inhalación de gases calientes. Que se trató de una “culpa exclusiva de la víctima”. Como si él mismo se hubiera golpeado, arrastrado, encerrado. Como si el Estado no hubiera estado allí, con toda su maquinaria, para cazar.

El fiscal de Cali, Jhon Freddy Encinales, repitió esa versión como quien obedece una orden. No investigó. No recibió testimonios clave. No revisó videos ni fotos. No escuchó. No quiso escuchar.

La familia de Daniel tuvo que suplicar para que les entregaran su cuerpo. Medicina Legal se negó al principio, diciendo que no podían identificarlo, aunque ya lo habían hecho. Cuando finalmente lo devolvieron, el cadáver estaba destrozado: cortes sin justificación, suturas irregulares, músculos raspados donde había golpes. Le faltaban pedazos. No solo de cuerpo. También de verdad.

El informe forense tardó un mes en llegar. Los anexos, tres. Cuando llegaron, no coincidían. Las radiografías eran de alguien más. No mostraban fracturas visibles. No mostraban la historia del cuerpo de Daniel. No mostraban nada.

Tampoco hay pruebas de laboratorio. Ni de sus prendas. Fueron entregadas, sí, pero no al expediente. Acabaron destruidas en una funeraria. Lo que podía hablar, fue silenciado.

La investigación pasó un año después a la unidad de Derechos Humanos en Bogotá. La fiscalía 207 apenas repitió entrevistas y amenaza permanentemente con el archivo del caso. No reconstruyó hechos. No judicializó a nadie. El caso sigue flotando en una carpeta con polvo. Sin culpables. Sin justicia. Sin verdad.

Los responsables tienen nombre y rango: Iván Duque Márquez, expresidente; Diego Molano, exministro de Defensa; Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Ellos no solo sabían. Ellos ordenaron. Autorizaron. Justificaron. Supervisaron. Y repitieron que todo estaba “bajo control”, mientras el país contaba muertos. Por acción y omisión, por la sistematicidad de los hechos, por la política estatal de represión violenta contra la protesta social, son responsables de crímenes de lesa humanidad. La cadena de mando los incrimina. Las órdenes firmadas los señalan. Las madres que no tienen a sus hijos los acusan.

El presidente Petro prometió una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes del paro. Lo dijo en campaña, lo repitió en discursos. Hoy, esa comisión no existe. No hay decreto, ni plan, ni escucha real a las víctimas. La promesa murió antes de nacer.

Las víctimas de ese mayo sangriento están hoy peor. Muchas están desplazadas. Amenazadas. Calladas. No pueden siquiera inscribirse en el Registro Único de Víctimas porque la ley no se los permite. Ese registro es solo para víctimas del conflicto armado, como si el estallido social del 2021 no fuera también hijo de esa guerra prolongada, como si no fuera una consecuencia de que Duque le falló a la paz. Los protocolos no reconocen la represión como crimen. El Estado se niega a mirarse al espejo. No reciben ayuda humanitaria. No tienen atención psicosocial. Nadie les protege la vida ni la dignidad. La impunidad es total. Intacta. Triunfante.

A esta hora, hace cuatro años, una madre, doña María Deiba, recibió la noticia que le arrancó la mitad del alma. Desde entonces, Crisol Yurani, hermana de Daniel, se prometió luchar hasta el último día para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

A esta hora, hace cuatro años, el país perdía a un hijo más, y ganaba una herida más. Una que no cierra porque no hay justicia. Porque no hay voluntad. Porque a Daniel lo mataron dos veces: primero la bala, luego el olvido.

Y esta historia no es solo la de Daniel. Es la de muchos. Es la de un país que sigue caminando sobre cadáveres mientras promete no repetirlos.

Pero la voz de su madre y su hermana, y la de quienes aún nombran a los que faltan, no ha callado. Sigue latiendo. Aunque tiemble, aunque duela. Porque hay verdades que no pueden quedar enterradas.

Porque cada cuerpo merece justicia. Porque Daniel tenía 16 años.
Y porque a esta hora, hace cuatro años, comenzó un horror que aún no ha terminado.

Por: Sofía López, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

 

 

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 17M, 18M y 20M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el Sin comentarios

Ahora que el gobierno habla de un segundo estallido social, no puede permitirse el lujo de olvidar el primero. Porque allí, en las calles que sangraron, en las madres que todavía buscan, en los jóvenes con el rostro tatuado de miedo, sigue latiendo un país que no ha sanado. No puede haber revolución sin memoria, ni cambio sin justicia. No se puede hablar de transformaciones mientras las víctimas del primer grito colectivo siguen esperando que alguien les devuelva el nombre, el cuerpo, la dignidad.

17 de mayo de 2021 – Bogotá, Colombia- Informe Oficial sobre Violaciones en el Marco de la Protesta

En los escritorios de la Fiscalía y la Defensoría se redactan comunicados, no verdades. Allá, entre corbatas y aire acondicionado, anotaron que fueron siete muertos y mucho vandalismo. No más. No dijeron nada del niño que perdió un ojo, ni del joven que no volvió a su casa. Tampoco hablaron de las cárceles improvisadas ni de los golpes que no salen en los noticieros. Las cifras oficiales son frías porque no sienten, y porque quienes las firman nunca han tenido que correr con miedo por la Séptima, ni esconderse en una panadería. Afuera, en cambio, la memoria se tejía en redes y cuadernos, con nombres y lágrimas. Una verdad camina en las calles, la otra se encierra en oficinas con membrete.

17 de mayo de 2021 – Bogotá, carrera séptima con calle 21- Lesiones Personales y Persecución en Bogotá

Cuando cayó la noche, también cayó la electricidad. Apagaron las luces, como si al quitarles el brillo a los postes pudieran tapar los disparos. El ESMAD llegó sin decir palabra y disparó sin preguntar. A Johnatan Giraldo lo marcaron con plomo, y esa herida le quedó en el pecho y en el alma. No lo dejaron llegar al hospital tranquilo. Lo persiguieron como si fuera delincuente, como si curarse fuera un delito. Dicen que también había hombres sin uniforme, armados, disparando con la venia de los escudos. La violencia no caminaba sola: iba tomada de la mano con la impunidad.

17 de mayo de 2021 – Yumbo, Valle del Cauca-Represión Militarizada y Graves Violaciones a los Derechos Humanos

En Yumbo, el amanecer se volvió guerra. Las tanquetas bajaron por las calles como si vinieran a tomar un pueblo enemigo. No había frontera, no había trinchera. Sólo casas humildes y gente que gritaba por pan y dignidad. Los gases entraron por las ventanas, los disparos por las puertas. A un joven con discapacidad lo hirieron buscando a su hermano. En los hospitales, el miedo era más grande que el dolor. Nadie quería ser curado si eso significaba ser capturado. Los indígenas Nasa estaban allí, como siempre: resistiendo. A uno lo bajaron del carro a golpes, a otra le intentaron arrancar la dignidad en plena calle. Las tanquetas no sólo disparaban, también filmaban. A los encapuchados los armaron para que justificaran la represión. Y cuatro jóvenes no volvieron a ver el sol. En Yumbo, la protesta fue enterrada con plomo.

17 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca-Represión y Violencia Estatal Contra la Población

En Cartago, la represión fue puntual, como una carta enviada desde Yumbo. Llegó con gases, con motos, con gritos. Era la lección del miedo. Pero también hubo resistencia, solidaridad, vecinas que abrían las puertas, enfermeros que atendían sin preguntar. La comunidad entendió que la represión no era local: era nacional. Y que el silencio también mata. Por eso exigieron, entre el humo y la rabia, que pararan la masacre.

 

18 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio- Julio César Caicedo Salguero

Julio César no quería pagar un peaje ilegal. Iba en moto, se bajó, caminó, y un joven armado le disparó cinco veces. Cayó en seco, en el asfalto de Calimío. Su familia cargó el cuerpo hasta el hospital porque ni la policía quiso entrar al barrio. Así lo mataron: por caminar libre en una ciudad sitiada por el miedo.

 

18 de mayo de 2021 – Puerto Madera, Cali- Represión con disparos y heridos

A las 7:50 de la noche, en Puerto Madera, la protesta se hacía con cacerolas. Entonces llegaron dos hombres en moto y dispararon sin mirar. Dos jóvenes cayeron. Al principio nadie entendía. Después, la rabia fue más clara que la pólvora. No era casual: era mensaje.

 

18 y 19 de mayo de 2021 – Bajo Cauca, Antioquia- Represión violenta contra protesta campesina, indígena y minera

En el Bajo Cauca, los campesinos, los indígenas y los mineros caminaron juntos por sus derechos. Marchaban por la tierra, por la vida, por el derecho a existir. Pero la respuesta fue plomo, gas caducado, represión sin rostro. Mandaron infiltrados a dañar la protesta, a romper la palabra. A los líderes los marcaron, a los niños los hirieron. El Estado se disfrazó de enemigo.

 

19 de mayo de 2021 – Bucaramanga, Santander- Represión con heridos graves

Un joven corría. Atrás venía el Esmad. Le dispararon un gas directo al rostro. Cayó. Tenía la cara rota, la piel quemada. Nadie lo ayudó. Esa noche, Bucaramanga entendió que el dolor no se improvisa: se planifica.

 

19 de mayo de 2021 – Barrancabermeja, Santander- Uso ilegal de establecimientos comerciales para detenciones y violaciones a derechos humanos

Las tiendas de barrio se volvieron cárceles. Las fincas, centros de detención. Allí metían a los jóvenes, sin orden, sin juez. Los defensores de derechos humanos no podían entrar. Eran tratados como enemigos. En el barrio Boston, el miedo era la nueva moneda. Y las armas, el nuevo idioma.

 

19 de mayo de 2021 – Usme, Cundinamarca, Ciudad Bolívar- Represión generalizada y afectación a civiles

En Usme y Ciudad Bolívar, la guerra entró por las ventanas. El gas durmió con las familias. A los niños les ardían los ojos, a las abuelas se les cortaba la respiración. Cortaron la luz, tumbaron puertas, persiguieron a quienes daban agua o refugio. No buscaban vándalos: buscaban sembrar terror.

 

19 de mayo de 2021 – Cali- Represión con asesinatos y violencia sexual

A Angie Johana Valencia la mató una bala que entró al Éxito sin pagar. En Puerto Madera, volvieron los disparos desde motos. Mujeres fueron agredidas sexualmente. Callaron, porque el miedo también aprieta la garganta. En Calipso, los médicos eran acosados por ayudar. Ni la salud fue neutral.

19 de mayo de 2021 – Varias localidades-  Represión y hostigamiento a defensores de derechos humanos

A los que defendían la vida les lanzaron gases vencidos, los golpearon, los siguieron. Les dijeron guerrilleros, les dijeron bandidos. Pero eran los que buscaban a los desaparecidos, los que cargaban listas y fotografías. En esos días, defender derechos humanos era ponerse una cruz en la espalda.

Hoy, cuando el gobierno de Gustavo Petro habla de un segundo estallido social, debe tener claro que el primero no ha terminado. Que la herida sigue abierta. Que la dignidad no se repara con discursos. Que no hay revolución sin justicia ni justicia sin memoria. Las víctimas del 2021 no son parte del pasado: son el presente incómodo que exige respuestas. No basta con reconocer la represión: hay que hacer justicia. Porque si no se escucha a los que sangraron por un país mejor, la historia volverá a gritar. Y esta vez, con más fuerza.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

 

Los Once de Jericó #EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

A veces, en Colombia, ser campesino ya es una forma de delito.

Y si se defiende el agua, peor.

Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.

Desde el 13 de mayo de 2025 se reanudó la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Lo más grave: pretenden imponerles medida de detención preventiva.

Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.

La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a quienes estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra; que dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.

El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.

Pero los campesinos resisten como la montaña.

Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia, que la tierra no se arrienda, que la vida no se entrega.

Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares.

Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz.

¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.

Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger.

Que la protesta no es un delito.

Que defender el territorio es un derecho.

Tenemos que sumarnos.

Exigir su libertad inmediata.

Que regresen a sus veredas, a sus cafetales, a sus ríos.

Que sigan defendiendo la vida.

Por eso, hoy más que nunca:

#EstoyConLos11DeJericó

Porque no están solos.

Porque no pedimos justicia: la exigimos.

Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.

Por defender el territorio, NO deben ser privados de la libertad.

Por ejercer su derecho a la protesta pacífica, NO deben ser privados de la libertad.

Por cuidar la vida, NO deben ser privados de la libertad.

A la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo:

¿Qué mal le queda a su Fiscalía perseguir la protesta social para favorecer a una empresa que viola derechos humanos?

Señor Presidente Gustavo Petro:

¿Qué mal le queda a su gobierno —que dice ser Colombia Potencia Mundial de la Vida— permitir que una multinacional que viola derechos humanos se salga con la suya?

¡Libertad para los 11 de Jericó!

Corporación Justicia y Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 14M, 15M y16M

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

Lo ocurrido el 14, 15 y 16 de mayo de 2021 en Colombia no puede quedar en la impunidad. La detención arbitraria de Dayana Mosquera en Buga, la ejecución de Sebastián Quintero en Popayán, el asesinato del líder campesino Cristian Torres en Leiva, la desaparición forzada de varios jóvenes en Cali, las graves lesiones a David Quiñonez y otros manifestantes, y el homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo, joven indígena del resguardo de Pitayó abatido por el ESMAD en Yumbo, son crímenes que claman justicia. Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y reparación. No son daños colaterales: son seres humanos, con historias, con sueños truncados por una violencia estatal que actuó con sevicia en medio del Paro Nacional. El país tiene una deuda con ellos y con la dignidad colectiva que resiste.

14 de mayo de 2021 – Buga, Valle del Cauca- detención Arbitraria

Entre las 8 y las 9 de la mañana, la mañana amaneció con la noticia que nadie quería escuchar. La fuerza del ESMAD irrumpió en un barrio popular y se llevó a Dayana Mosquera. No fue una detención cualquiera. Fue arbitraria, violenta, sin justificación.
Dayana, mujer del pueblo, conocida por su lucha y resistencia, ahora estaba en manos del Estado. Organizaciones sociales no tardaron en levantar la voz: “¡No a la violencia sexual! ¡No a la tortura! ¡No a la desaparición forzada!”. Su nombre empezó a ser un grito de alerta. El Estado colombiano fue señalado con responsabilidad directa por su integridad y exigieron su libertad inmediata. Dayana no es un número. Es una vida. Un rostro de la lucha. Y en esa mañana, el terror volvió a tomar calles que creíamos cotidianas.

14 de mayo de 2021 – Leiva, Nariño- desaparición forzada y asesinato

La desaparición de Cristian Torres Cifuentes no es una historia aislada. Es la réplica de una violencia que se vuelve sistemática. Líder campesino convocado a una reunión que nunca existió, engañado con falsas promesas, secuestrado en el camino. Su cuerpo apareció enterrado, callado testigo de una violencia que no cesa. Cristian dejó de ser una voz entre el pueblo. Fue silenciado con la crueldad del asesinato, justo a pocos metros de su motocicleta, esa que quedó abandonada como un símbolo de abandono y desamparo.
Sus compañeras y compañeros alertaron de otras falsas convocatorias, de ese método que pretende atrapar más voces, más vidas. La impunidad se disfrazó de abandono. El miedo se volvió ley.

14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- asesinato de Sebastian Quintero Munera

La muerte de Sebastián Quintero Munera no fue un accidente. Fue una ejecución en medio de la represión a un pueblo que clama justicia. Sebastián salió esa noche a vender arepas, a ganarse la vida, a cuidar a su gente. Avisó a su padre que estaría en la protesta por Alison, una joven menor que se había suicidado tras denunciar violencia sexual (abuso y acoso sexual) por parte del ESMAD. La protesta fue pacífica, llena de banderas, arengas y cultura, hasta que el Estado decidió responder con gas lacrimógeno, balas y bombas.
Sebastián fue alcanzado por una bomba de estruendo Venon, disparada por el ESMAD, que le explotó en el cuello. Su familia asegura que hubo intencionalidad, que sabían el daño que causaría. El joven, a un cuatrimestre de ser ingeniero informático, era un referente en su barrio, ayudando a otros jóvenes atrapados por la droga, trabajando en el emprendimiento familiar y resistiendo con dignidad.

14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- Lesion Ocular

Ese mismo día, David Quiñonez Villaquirán, un joven de 27 años, sufrió la pérdida total de su ojo izquierdo tras recibir un disparo indiscriminado de perdigones por parte del ESMAD en el barrio Bello Horizonte. David no participaba en la protesta; solo pasaba por el lugar buscando un medicamento. Fue víctima inocente de una violencia desmedida que marcó para siempre su vida.

14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Un joven de 24 años denunció que fue severamente lesionado luego de ser aplastado por una tanqueta del ESMAD.

14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Juan Diego Ortiz se desplazaba hacia Popayán para participar en el Paro Nacional. Al acercarse a la vía transversal 9, donde había barricadas, intentó ayudar a un compañero que no vio la tanqueta del ESMAD acercarse. En ese momento, fue atropellado por la tanqueta, sufriendo impactos en su cuerpo y rostro.

14 de mayo, cifras de la represión estatal

Hasta ese día, la Campaña Defender la Libertad había contado a 169 personas heridas por la Policía Nacional y el ESMAD, que con su fuerza desmedida parecían no querer entender que en las calles solo había protesta, no enemigos. Entre esos heridos, 17 perdieron la vista en uno o ambos ojos, una violencia brutal que apunta directo a apagar miradas. Nueve personas recibieron balas de armas de fuego, mientras que 37 defensores de derechos humanos soportaron golpes y empujones solo por estar allí, acompañando el clamor popular.

Las mujeres no se salvaron: 10 de ellas sufrieron violencias basadas en género, también ejercidas por quienes deberían proteger, no agredir. La detención fue la sombra más larga: 672 personas capturadas, muchas sin razón, otras torturadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos que el Estado niega pero no puede ocultar. Hubo 12 allanamientos a casas y espacios de resistencia, 8 de esos declarados ilegales, sembrando miedo y robo de libertad en nombre de la seguridad.

Las denuncias sumaban 444, todas historias de abuso de poder, violencia policial y arbitrariedades que se vuelven rutina. Y en medio de todo, la muerte se hizo presente: 3 personas cayeron, víctimas de las balas o la brutalidad, sin que hasta hoy se sepa con certeza quién cargará con esa culpa.

14 de mayo, Cali — Seguimiento e intimidación contra manifestante

A las 10 de la mañana, un hombre llegó con cámara a la casa de una mujer que había salido a marchar. No estaba solo: dos hombres vestidos con ropa militar la acechaban en el pasillo, mirándola con ojos duros, señalándola, llenándola de miedo. No era la primera vez ni sería la última. Días después, cuando intentaba hacer trámites sencillos, ellos seguían allí, recordándole que estaba bajo vigilancia. Ese acoso, sutil y cruel, es también parte de la represión.

14 de mayo — Denuncia de posibles fosas comunes en Buga y Yumbo

Las organizaciones de derechos humanos no se atreven a cerrar los ojos. En la zona rural de Buga y Yumbo, señalan la existencia de fosas comunes, lugares donde podrían estar enterrando los cuerpos de muchos jóvenes desaparecidos en medio de la violencia. En Yumbo, la represión fue asfixiante: la Policía y el ESMAD se convirtieron en fuerzas de ocupación, con francotiradores vigilando todas las avenidas, disparando miedo. Pero la gente no se calló. Con valor y esperanza, resistió. No cedió a la brutalidad ni al silencio impuesto.

15 de mayo de 2021 — Popayán — Militarización y estigmatización

El ministro de Defensa anunció toque de queda y la llegada del ESMAD y Ejército a Popayán, mientras señalaba a cuatro líderes sociales y defensores de derechos humanos como responsables de actos vandálicos, ofreciendo recompensa por su captura. Daniel Gallego (“Cheto”), Fabián Andrés Sánchez (“Maíz”), Andrés Duque (“Caleño”) no tienen procesos judiciales ni pruebas que los incriminen, pero quedaron marcados como objetivos militares. Ese mismo día y al siguiente, hombres en moto rondaron el caserío Julumito buscando a “Maíz”, en un claro acto de intimidación. Aunque autoridades locales rechazaron las acusaciones, la amenaza contra estos líderes persiste en medio de la militarización y la violencia estatal.

16 de mayo de 2021 — Yumbo — Homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo

John Alexander tenía apenas 21 años. Venía del Resguardo Indígena de Pitayó, en Silvia, Cauca, y como muchos jóvenes ese día salió a las calles de Yumbo con la esperanza de ser escuchado. Pero la voz de la protesta chocó con la brutalidad. En medio del enfrentamiento con el ESMAD, John recibió un disparo. Cayó sin vida en medio de una jornada que dejó otra víctima mortal y más de treinta heridos, todos en el marco de un Paro Nacional marcado por la violencia estatal.

Su muerte no es un número: es la historia truncada de un joven que luchaba por un país que aún no aprende a respetar el derecho a la protesta.

16 de mayo de 2021 — Cali — Detenciones arbitrarias en el Puente de las Mil Luchas

En el Puente de las Mil Luchas, ese mismo día, varios jóvenes desaparecieron de la vista pública sin explicación. Ángela Vanessa, Juan David, Óliver, Aves David, Daniel, Juan, Jhon Freddy y Jhon Alexander fueron detenidos sin orden clara, sin motivo aparente, y sus paraderos eran una incógnita que encendió la alarma en familiares y organizaciones sociales.

La sombra de la desaparición forzada se cernía sobre ellos, junto al riesgo de sufrir torturas o tratos crueles. Quienes los detuvieron olvidaron que la protesta no es delito, que su deber es proteger y no castigar. Las voces que clamaron por su liberación exigieron respeto por sus cuerpos, sus vidas, y por el derecho a expresar la rabia y la esperanza.

Por eso, es urgente la creación de una Comisión de Esclarecimiento de los Hechos de Represión de Estado durante el Estallido Social. No puede seguir reinando el silencio ni la distorsión oficial de los hechos. Se necesita una instancia con legitimidad social, técnica y moral que nombre a las víctimas, documente la verdad, identifique a los responsables y proponga garantías de no repetición. El esclarecimiento no es solo una tarea histórica, es una necesidad inmediata para la democracia, para la memoria, y para cerrar las heridas abiertas con justicia. La impunidad no puede ser el final del relato.

¡Comisión de Esclarecimiento ya!

 

 

Consulta popular y la masacre laboral de Jóvenes en Paz

por Sofia LopezComunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el Sin comentarios

Hace cuatro años, los jóvenes salieron a la calle. No por moda, no por redes, no por ideología: por hambre. Hambre de comida, sí, pero sobre todo de futuro. Hace cuatro años, cuando el hambre era más punzante que el miedo, salieron. No los llamó ningún partido ni los movilizó ninguna ONG. Salieron porque ya no cabía ni una gota más de abandono. Porque el Estado les negó todo, menos el terror.

Y salieron miles de Jóvenes, entre profesionales, estudiantes, desempleados, vendedores ambulantes, habitantes de calle. Salieron de las casas sin agua, sin empleo, sin futuro. Con las manos vacías y el corazón encendido. Porque sabían que si no lo hacían, nadie lo haría por ellos.

No era solo una protesta. Era el estallido de un pueblo al que le explotaron los sueños. Y sabían que les costaría caro. Desde el primer día, el Estado los trató como enemigos. Los persiguió, los mutiló, los torturó, los mató, los desapareció. Intentaron borrarlos del mapa. Pero no pudieron. Porque entre los escombros de las tanquetas y las ollas comunitarias, nació otra cosa: una esperanza política.

La fuerza de esa juventud parió el cambio. En 2022 eligieron, con voto rebelde y valiente, al primer gobierno popular de la historia de Colombia. No fue una conquista de partidos ni de tecnócratas con diplomas. Fue obra de las comunas de Cali, de los barrios de Popayán, de Medellín , Pasto, Bogotá, de Soacha, de Bosa, de los puntos de resistencia donde se cocinaba sancocho en olla comunitaria y dignidad. Fue la fuerza de los que pusieron el pecho.

Pero hoy, esa misma juventud siente la traición.

Más de 50 jóvenes siguen en prisión. Condenados con montajes judiciales, pruebas falsas y fiscales que aún responden al viejo régimen. No han recibido garantías, ni justicia, ni verdad. Y la promesa presidencial de una Comisión de la Verdad del estallido social, esa que Petro hizo en campaña y reafirmó en su primer año de gobierno, nunca se cumplió. No se instaló. No escuchó. No reparó. No hubo verdad para los mutilados, ni memoria para las madres que siguen llorando en silencio. Solo impunidad, esa que huele a archivo y suena a silencio.

Y si algo faltaba, el programa Jóvenes en Paz, la única política pública pensada para transformar la resistencia en futuro, hoy se tambalea.

315 jóvenes vinculados laboralmente al programa enfrentan ahora una masacre silenciosa: no les pagan, los contratos se vencieron, los procesos administrativos están paralizados. Se aferran a su trabajo en los territorios, pero el Estado los suelta de la mano. Irónicamente, no son las balas ni los gases esta vez: es la burocracia, la que mata en cuotas mensuales.

El programa fue improvisado desde su nacimiento. Diseñado desde una Consejería Presidencial para la Juventud que copió modelos urbanos sin entender la Colombia profunda, y ejecutado por una unión temporal que no logró contener la magnitud del reto.

Para intentar ordenar el caos, se nombró a Andrés Gallego Segovia, uribista pura sangre, exgerente del NO en el plebiscito de paz, exfuncionario de Pastrana, Duque y Santos, viejo zorro de la administración pública, experto en papeleo pero ciego ante el dolor del pueblo. Un gestor que conoce el escritorio, pero no el territorio. Con él llegaron los retrasos, los vacíos, el desgaste. Su administración agravó el desorden: pagos demorados, desinformación, y una cadena de precarización laboral disfrazada de gestión.

Sí, un uribista administrando el programa bandera de Gustavo Petro, el que prometía reciprocidad con los jóvenes que le dieron el triunfo. Si eso es posible en este gobierno, ¿qué más podríamos esperar?

Desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Francia Márquez, se intentó sostener el barco. Pero mientras tanto, Armando Benedetti, desde otros rincones del poder, propone reemplazar Jóvenes en Paz por otro programa, “Gestores para la Paz”. Una disputa burocrática de pasillos, donde lo que está en juego no son votos, sino vidas jóvenes.

Hoy, 16 de mayo, en horas del mediodía, varios integrantes del programa ‘Jóvenes en Paz’ se congregaron en la gris Bogotá en la calle 16 con carrera 5, en las inmediaciones del edificio de la Procuraduría General, como parte de una jornada de protesta que busca visibilizar las inconformidades de quienes están vinculados a la ejecución del programa impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Las razones son muchas, y todas duelen: el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de abril, la falta de claridad en la continuidad del programa, el cambio inesperado en su operación, la ausencia de insumos de trabajo, la alta carga laboral, y la mora en los pagos a proveedores de alimentos y espacios.

Y para rematar el pastelito —como si la precarización no bastara—, el Ministerio de Igualdad ha anunciado públicamente que dará por terminado de facto el convenio con la Unión Temporal Territorio de Paz el próximo 31 de mayo de 2025. Lo que eso significa no necesita traducción: despido masivo de cientos de contratistas, cierre de procesos comunitarios, y la muerte por inanición del único programa que intentó recoger los pedazos del estallido social.

Sí señor, esa es la coherencia del gobierno del cambio que hoy promueve una consulta popular por los derechos laborales, mientras masacra, por vía administrativa, a los jóvenes que encarnaron esa esperanza.

Y como si se tratara de una burla planificada, el Ministerio del Interior ha anunciado un nuevo programa: “Gestores de Convivencia”, con el que se capacitará a 12.000 jóvenes, ofreciéndoles un salario superior al mínimo para desarrollar habilidades en resolución de conflictos y cultura ciudadana. Un programa calcado en las oficinas, sin el barro de las comunas, pensado más como vitrina que como justicia. Un contrapeso burocrático al cuerpo caliente del estallido. Una cortina de humo para reemplazar memoria por estadística.

¿Quién responde por este desastre? ¿Quién le explica a los jóvenes por qué el gobierno por el que lucharon hoy los deja solos? ¿Dónde están los informes de ejecución, los soportes de desembolsos, los contratos firmados y no cumplidos? ¿Quién responde por la impunidad judicial que aún persigue a los manifestantes?.

Y, sobre todo, ¿con qué moral puede hablar este gobierno de un “segundo estallido social” si el primero lo dejó morir en el olvido?¿De qué dignidad laboral hablan Gustavo Petro, Francia Márquez y Carlos Rosero, si permiten que el hambre y la incertidumbre caigan sobre quienes les dieron el poder? De Armando Benedetti no se espera nada —su historial habla por él—, pero que quienes prometieron cambiarlo todo terminen repitiendo los peores vicios del poder es una traición que se escribe con sangre joven y contratos incumplidos.

La memoria es terca. Y los pueblos también. Si los que lucharon por el cambio siguen siendo desechables, entonces el poder no cambió: solo se mudó de rostro. Y mientras tanto, los que pusieron el pecho siguen esperando algo tan sencillo como justo: no ser traicionados.

Porque si esta es la forma de agradecer, lo que viene no es otro estallido. Es el ocaso de una esperanza. Y ese, como la historia, también se escribe con sangre joven.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 12M y13M

por Sofia Lopez2021, Abuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el Sin comentarios

En este país de silencios rotos y heridas abiertas, la historia de Alison y de tantas víctimas de violencia sexual durante el paro nacional no puede seguir siendo un secreto al que le den la espalda. Cada agresión es un grito que reclama justicia, una verdad que exige ser escuchada. No basta con palabras ni promesas: hace falta una Comisión de Esclarecimiento ya, un espacio donde se desnuden las violencias ocultas, donde la juventud, que apostó su esperanza en un cambio, no quede atrapada de nuevo en el abandono y el olvido. La verdad es urgente, la justicia es un derecho y la impunidad una herida que no cicatriza.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Tortura y violencia sexual

Ese día, Popayán temblaba de jóvenes. De los que no se rinden. De los que con piedras, cantos y primeros auxilios se atreven a enfrentar un país que les ha dado la espalda. Era 12 de mayo. La marcha había sido inmensa. Como un río desbordado de dignidad. Y cuando la tarde caía, ya muchos se devolvían a casa. Otros, solidarios, acompañaban aún a las brigadas de salud. A eso de las cinco y media, en la glorieta de la Chirimía, cuatro jóvenes —tres muchachos y una chica— fueron rodeados como si fueran criminales. Quince parejas motorizadas del GOES y el ESMAD, rugiendo con sus motos y bolillos como si la guerra fuera contra ellos. Los empujaron, los golpearon. A la muchacha le jalaron el pelo hasta que su cuerpo tocó el piso. La comunidad gritó, grabó, intentó impedir la brutalidad. Pero la furia oficial no escucha razones. Detuvieron a dos: un joven y a Emily , una mujer de apenas 18 años, con la vida por delante y la voz quebrada de tanto horror. Los llevaron a la URI. Ahí, según denunció su madre, seis policías abusaron sexualmente de su hija. No bastó con el dolor: le gritaron «perra», «¿qué hacés en la calle?», «¿por qué no estás cocinando?», «mechuda», «qué rico pa’ lamerte», «bajate los pantalones pa’ violarte». El compañero fue golpeado en los testículos mientras le escupían: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. No fue solo violencia física. Fue tortura. Fue humillación. Les tomaron fotos. Les dijeron que los iban a buscar. Que los iban a matar. Que agradecieran estar en la URI, porque si no, «ya estarían en otro lado». Emily fue golpeada en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Y mientras un agente del ESMAD desenfundaba un destornillador, lo blandía contra el pecho del joven como si fuera una daga. Los amenazaban. Les preguntaban por sus nombres, por dónde vivían. Les repetían, una y otra vez, que no se les olvidara: “los vamos a matar”.

Cuando dijeron que eran menores de edad, no hubo compasión, solo estrategia: «hay que llevarlos a la URI», dijeron en voz alta. A Emily quisieron llevarla primero a otro sitio. Un policía la subió a una moto y le dijo, sin pudor, que quería violarla. Ella saltó en movimiento, desesperada, y se aferró a un defensor de derechos humanos. Entonces la policía lo golpeó a él también. Y Emily, con un acto de coraje inconmensurable, se soltó para proteger al defensor. Aun con síntomas de asfixia y súplicas por su libertad, la arrastraron a la URI. Una hora y media después, se la devolvieron a su madre, miembro de la Misión Médica. Ella también fue golpeada al intentar recuperar a su hija. En ese país, a veces ser madre es una forma de resistencia.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Violencia sexual y suicidio

Mientras Emily luchaba por salir viva del engranaje policial, otra joven enfrentaba su infierno. A las nueve de la noche, Alison Lizeth Salazar Miranda, de 17 años, cruzaba una calle. No protestaba. No gritaba. Caminaba con su celular en la mano, grabando lo que pasaba. El número 05523 del ESMAD la vio. Y en este país, grabar una injusticia es delito. La aprehendieron como se caza a un animal. A la fuerza. A la brava. Cuatro hombres la tomaron de brazos y piernas, la arrastraron hacia la URI. Ella gritaba que la estaban desvistiendo, que le bajaban el pantalón. Nadie la escuchó. Le golpearon el pecho. Le dejaron hematomas.

Pasadas las nueve entró a la URI. Salió casi dos horas después. Su abuela la recibió. La abrazó. Intentó consolarla. Pero el alma de Alison ya estaba rota. El 13 de mayo, en la mañana, se quedó mirando su cuerpo en el espejo. Recorrió con los ojos los golpes. Los rastros. Y después escribió un post en el Facebook, como un grito final: “me manosearon hasta el alma”. Poco después, se quitó la vida.

Alison no murió por depresión. Ni por impulso. Alison murió por violencia estatal. Por el miedo. Por la vergüenza. Por el abandono. Su muerte fue el desenlace de una cadena de violencias que comenzaron con una patrulla, con un bolillo, con la orden de “subala”. Su suicidio fue un asesinato con uniforme.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Lesión ocular

Harold Conejo volvía de su trabajo, un hombre común con las manos curtidas por la cotidianidad, el rostro marcado por jornadas duras. Caminaba sin más destino que su casa cuando, desde la fría estructura de un CAI, un policía lo vio y decidió que su rostro debía ser blanco. El disparo fue certero, brutal, y el ojo izquierdo de Harold quedó herido de muerte. Esa bala no solo atravesó su piel; hirió también la esperanza de volver a ver sin miedo. Fue llevado al hospital San José, donde la lucha entre la vida y la violencia se escribió en cada latido.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Detención arbitraria y tortura

Alexander Ascué Medina caminaba por el centro, ajeno a los estallidos de la ciudad, sin imaginar que su identidad sería condena. Ser indígena en ese instante era ser culpable de un crimen que no había cometido. Policías y ESMAD, con la furia de quienes quieren borrar rostros incómodos, lo detuvieron, lo insultaron y lo golpearon hasta que la conciencia se le perdió en el suelo. Lo acusaron de pertenecer al CRIC, una etiqueta que sirvió para justificar el maltrato. Despojado de sus pertenencias y de su dignidad, despertó en el hospital, con el cuerpo marcado por la violencia y los ojos testigos de la brutalidad contra otro hombre cuya mano fue destrozada bajo la bota de un uniforme.

12 de mayo de 2021 – Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado paramilitar

La noche cayó en el Puente de los Mil Días y con ella llegó la sombra de la muerte. Treinta disparos rompieron el aire, atravesaron el miedo de quienes resistían, sembrando el caos y la desesperanza. Tres motos y una camioneta blanca, como símbolos de una violencia organizada, cruzaron la escena con la precisión de un terror calculado. Aquellos hombres armados no buscaban solo herir cuerpos, sino acallar voces, apagar la rabia de un pueblo que clama por justicia. El Puente de los Mil Días se convirtió en un escenario más de la guerra no declarada contra la protesta social.

12 de mayo de 2021 – Cali, Siloé – Envenenamiento con soda cáustica

En el barrio Siloé, la resistencia se expresaba en cada gesto, en cada piedra lanzada contra el miedo. Ese día, entre el humo de los gases y la rabia contenida, apareció la traición disfrazada de ayuda. Lo que debía ser bicarbonato para aliviar quemaduras se tornó en veneno: soda cáustica, corrosiva y cruel, fue entregada a los jóvenes que peleaban con el cuerpo y el alma. No fue solo un error, fue un ataque perverso que busca quebrar no solo la piel, sino la esperanza de un mañana diferente. En Siloé, la violencia se viste de mentira y amarga el alma de quienes resisten.

13 de mayo de 2021 – Villarrica y Puerto Tejada, Cauca – Ataque armado, amenazas y racismo estructural

Eran las cuatro de la tarde en Villarrica cuando un grupo de trabajadores bloqueaba el Parque Industrial, pidiendo justicia y respeto. Pero en lugar de respuestas, recibieron disparos desde una camioneta blanca de vigilantes de Huevos Kikes. Al exigir la placa del vehículo para denunciar, les negaron hasta esa verdad mínima. La Fiscalía y la Alcaldía guardaron silencio.

Esa misma tarde en Puerto Tejada, líderes sociales recibieron amenazas firmadas por las Águilas Negras, con fotos de sus casas tomadas sin permiso y mensajes que advertían tortura y muerte, incluso para sus hijos. En Cali, los barrios afrodescendientes sufrieron una represión brutal, donde el racismo estructural convirtió la protesta en delito y la piel negra en condena.

13 de mayo de 2021 – Valle del Cauca – Desapariciones, ejecuciones y fosas comunes

En Mulaló, el rumor corría como fuego entre la gente. Camiones que descargaban cuerpos sin nombre, cuerpos que nadie buscaba. Fosas comunes donde se enterraban los silencios, donde se escondían las desapariciones. Jóvenes que desaparecían luego de ser detenidos, llevados a Guacarí, donde les decían adiós con disparos en la oscuridad. Nadie preguntaba. Nadie respondía. La fuerza militar, bajo el nombre de “asistencia”, se había vuelto dueña de la vida civil. Y en ese dominio, la impunidad crecía, el miedo se hacía grande. Cali y todo el Valle eran un territorio de miedo y sangre. La represión no perdona. No respeta edades, ni sueños, ni familias. La ciudad se ahogaba en un silencio pesado, en un grito que nadie quería oír. Y mientras tanto, la justicia era solo una palabra que se repetía en vano.

 

Petro, despierta. No seas otro político de retórica vana que olvida a quienes lo eligieron. No seas indiferente ante el dolor de un pueblo que entregó su juventud, su vida y sus sueños para que tu proyecto se hiciera realidad. No permitas que la sangre derramada quede enterrada bajo el silencio de la impunidad. Colombia te mira con esperanza y con rabia; exige que la memoria de Alison y de todas las víctimas no sea un grito ahogado. Que esta historia de violencia no se repita. Que la Comisión de Esclarecimiento se instale ya, como un acto de verdad, reparación y dignidad. Porque sin verdad no hay paz, y sin justicia no hay futuro.

¡Comisión de esclarecimiento ya!