Categoría: Comunicados

La historia de Jeffrey Epstein es la de un sistema que permitió que durante décadas niñas vulnerables fueran reclutadas, traficadas y explotadas sexualmente mientras una red de hombres poderosos se protegía entre sí. Lo que hoy llamamos “el caso Epstein” fue, en realidad, una maquinaria de trata de personas disfrazada de lujo, filantropía y conexiones políticas. Su estructura revela cómo la violencia sexual contra niñas se vuelve invisible cuando el agresor tiene dinero, aviones privados y amigos influyentes.

Epstein operaba bajo un método casi industrial. Sus colaboradoras —mujeres adultas, algunas exalumnas suyas— buscaban niñas en escuelas públicas, centros comerciales y barrios empobrecidos. Les ofrecían dinero por “dar un masaje”, oportunidades de modelaje o simplemente la promesa de ayudar económicamente a sus familias. Muchas tenían entre 13 y 16 años.

Cuando llegaban a las mansiones de Epstein, la narrativa cambiaba. Las presionaban a desnudarse, a tocarlo, a dejarse tocar. Después venía lo que ellas describieron como “un pago” que no se parecía a un salario, sino a un soborno que buscaba encerrar la culpa en sus cuerpos adolescentes: 100 o 200 dólares que las convertían, según Epstein, en “cómplices”.

El abuso era solo el inicio. A muchas niñas se les exigía reclutar a otras. Esa cadena humana —diseñada para multiplicar víctimas sin que Epstein se expusiera— convirtió la red en una forma de esclavitud sexual sostenida por la manipulación psicológica y el miedo.

Durante años, las niñas denunciaron. Hablaron con policías, con abogados, incluso con periodistas locales. Pero sus palabras fueron insuficientes para romper el blindaje que rodeaba a Epstein. En 2008, después de una investigación amplia, negociaron para él un acuerdo judicial secreto que lo dejó prácticamente libre. El fiscal que firmó ese pacto —Alexander Acosta— llegó después como ministro en la primera administración Trump. La impunidad no fue un accidente: fue una decisión institucional.

Este encubrimiento explica cómo un depredador pudo seguir abusando incluso después de haber sido formalmente investigado. Su fortuna compró credibilidad; el sistema judicial compró silencio.

Donald Trump y Epstein se conocían desde los años noventa. Trump lo dijo en 2002: “Jeff es un tipo fantástico… le gustan las mujeres jóvenes”. Compartieron fiestas en Florida y Nueva York, viajaron en los mismos círculos sociales, y Trump incluso organizó eventos privados en Mar-a-Lago donde Epstein era invitado frecuente.

Años después, múltiples documentos —listas de vuelos, registros telefónicos, correos recuperados— muestran interacción entre ambos.

En 2016, una mujer que se identificó como Katie Johnson presentó una demanda civil afirmando que, cuando ella tenía 13 años, fue violada por Trump en presencia de Epstein. Describió un modus operandi idéntico al de la red: reclutamiento, amenazas y presión. Retiró la demanda entre miedo y amenazas, según su abogada, quien más tarde aseguró que la intimidación fue real y persistente.

Los documentos recientes de los casos vinculados a Epstein exponen una red de contactos en la que aparecen políticos, actores, empresarios y príncipes. Algunos visitaron su isla privada; otros usaron su avión; otros fueron parte del círculo íntimo. Estas piezas dibujan un mapa donde la trata de niñas no fue un accidente, sino un negocio sostenido por hombres con acceso al poder.

La pregunta que crece no es solo quién participó directamente en los abusos, sino quién supo, quién calló y quién protegió a Epstein a cambio de favores, dinero o silencio.

Tras el arresto de Epstein en 2019 comenzaron a salir, lentamente, los nombres que durante años circularon por sus mansiones, sus islas y los vuelos del “Lolita Express”. Entre ellos, Donald Trump: fotografiado con Epstein y Ghislaine Maxwell, registrado por la policía de Palm Beach como visitante frecuente y mencionado por víctimas que recuerdan haberlo visto en esos espacios donde la explotación se mezclaba con el lujo. Los correos internos revelados recientemente aumentaron las sospechas: allí se afirma que Trump “sabía de las chicas” y que pasó “tiempo con una de ellas”. No son pruebas finales, pero sí piezas que encajan en un patrón de silencios, amistades selectivas y puertas cerradas.

Hoy el Congreso exige más documentos, los bancos están bajo investigación por permitir movimientos millonarios de Epstein y las organizaciones de víctimas presionan para que los nombres con poder no sigan siendo intocables. Porque la historia de Epstein nunca fue sólo sobre él: fue sobre quienes lo rodeaban, se beneficiaban de su influencia o preferían mirar hacia otro lado.

Y tranquilos: si esto les parece lejano, Colombia también tiene lo suyo. Nuestro pedófilo criollo, Andrés Pastrana, aparece en los registros de vuelos de Epstein. Y, como si nada, la misma derecha colombiana que idolatra al pedófilo favorito del trumpismo quiere heredar el poder en 2026. Indignación selectiva, le dicen.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Digamos su nombre sin tanto misterio: Abelardo De La Espriella.

Sí, el mismo abogado estrella, estrella fugaz o estrella estrellada —según a quién le pregunte uno—. Ese personaje estrambótico, de corronchera notoria, de lente oscuro, bronceado permanente; el que presuntamente maltrató gatos, el que decía odiar la comida colombiana, el que era ateo y hoy jura por Dios; performático con banderines de la bandera gringa, y que ahora anda proponiendo, presuntamente, una revolucionaria política criminal para salvar a Colombia:

Tres años de cárcel para narcotraficantes, devolución del 90% de sus fortunas “mal habidas”, quedarse ellos con el 10%, cero extradición y todo en nombre de las reformas del Estado.

Una maravilla.

Un sueño.

Una fantasía fiscal digna de Disney. O, quién sabe, ¿una invitación con moño rosado para que el crimen organizado vote feliz?

Y entonces uno, desde la ingenuidad, se pregunta:

¿será que el narcotráfico, de forma descarada, tiene candidato presidencial? . No afirmo nada —Dios me libre—, pero el país es tan surrealista que ya ni sorprende.

Porque, claro, cuando alguien propone semejante indulto dorado, el público inevitablemente recuerda episodios del pasado. Esos episodios donde se ha mencionado —en titulares, expedientes y corrillos judiciales— que presuntamente hubo dineros de la pirámide DMG que no llegaron a donde debían llegar.

No faltó quien insinuara que, en ese entonces, “alguien” habría cobrado, intermediado o gestionado para “ayudar” a los implicados, y que parte del dinero simplemente… desapareció.

¿Quién fue?

¿Fue real?

¿Fue inventado?

Preguntas, solo preguntas. Como buena columna prudente.

Y luego están los paramilitares extraditados…

Ese otro capítulo donde se ha dicho —siempre “se ha dicho”, por si acaso— que algunos jefes paras que estaban haciendo fila para negociar no quedaron muy contentos con sus representantes. Incluso se ha insinuado que hubo plata que, presuntamente, tampoco llegó donde era.

¿Malentendidos?

¿Descuentos de intermediación?

¿O eso de “ladrón que roba ladrón tiene cien años de perdón” aplicado a escala continental?

Nadie lo sabe.

O mejor dicho, nadie lo dice.

Pero el rumor sigue caminando por Bogotá como si tuviera piernas propias.

Y ahora viene el giro de la historia:

¿el país debería entregarles el 10% de su fortuna a los narcos —como propone el prestigioso abogado— para que el Estado “reforme” lo que haya que reformar con el 90% restante?

¿Y si luego ese 90% también se pierde, como presuntamente se perdieron otras platas?

Las de DMG.

Las de los paras.

Las de tantos “servicios” que nunca llegaron.

La pregunta es inevitable:

¿será que además de legalizar a los narcos… también los van a volver a robar?

Eso solo pasa en Colombia.

Colombia es un reality show sin final.

Porque, como dicen por ahí, a De La Espriella lo llaman “El Tigre”.

Aunque, viendo el país como va, uno no sabe si al final el que nos va a devorar es él…

…o Hello Kitty, esa versión más tierna y más peligrosa de los poderes reales que se mueven tras bambalinas.

No se escandalicen, por favor.

Que aquí al proceso de perdón social le llamaron “pacto de la Picota” y casi incendian el país de histeria colectiva.

Pero ahora que se propone un perdón ampliado, premium, ejecutivo y con devolución de capital a los narcotraficantes, nadie hace bulla.

Curioso, ¿no?

Y mientras tanto…

La izquierda, tan poética y tan torpe, todavía no logra resolver la personería jurídica del Pacto Histórico.

No encuentra fórmula para ir en bloque a las elecciones del 2026.

No se ponen de acuerdo ni para tomarse un tinto.

Y, mientras tanto…

al pueblo colombiano se lo puede comer El Tigre.

O Hello Kitty.

Tú decides cuál.

Qué grave.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Entre el 12 y el 13 de noviembre el Cauca volvió a ser el espejo más crudo de Colombia. En Padilla, hombres armados dispararon desde una panadería contra la estación de policía; en Inzá lanzaron granadas y balearon el casco urbano; en Suárez hubo combates entre el Ejército y las disidencias que dejaron casas dañadas; en Timbío dos explosiones estremecieron el pueblo; y en la vía Panamericana, a la altura de Rosas, un retén ilegal bloqueó el paso a punta de fusil. La población entera vivió dos días de zozobra. Cientos de familias se encerraron, los colegios suspendieron clases, los comercios bajaron sus persianas.

Los ataques fueron atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, estructuras que hace mucho dejaron de representar ideas revolucionarias y hoy operan como ejércitos privados del narcotráfico y las economías ilegales. Son grupos que controlan rutas, cobran extorsiones, protegen cultivos y manejan minería ilegal. No son insurgentes: son empresarios del miedo. El gobierno explicó que esta escalada de violencia sería una retaliación por la operación militar en el Guaviare, donde fueron neutralizados más de quince combatientes del grupo de Iván Mordisco y destruidos campamentos de producción de cocaína.

Pero reducir la explicación a una venganza es simplificarla. En Colombia, la guerra nunca ha sido solo un asunto de fusiles, sino de poder. Culpar al presidente Gustavo Petro por los atentados es una maniobra política que busca torpedear la Paz Total y minar la credibilidad de su proyecto. A Petro todo podría convenirle, menos una oleada de terror que deslegitima su bandera principal y fractura la posibilidad de continuidad del progresismo en 2026. Esta guerra no lo fortalece; lo debilita.

En cambio, a la derecha sí le conviene. A ella siempre le ha convenido la guerra, porque es su argumento, su negocio y su modo de gobernar. Los discursos de orden y seguridad se venden mejor cuando hay muertos. La derecha necesita el miedo para prometer salvación, y en Colombia el miedo siempre se fabrica con pólvora. No es casual que cada vez que se aproxima un proceso electoral o que un gobierno habla de paz, los fusiles vuelvan a sonar. Es una coreografía conocida: el terror se enciende, la gente se asusta, y los viejos discursos de mano dura vuelven a parecer sensatos.

Las relaciones entre sectores políticos de derecha y el narcotráfico no son suposiciones: están documentadas en expedientes judiciales, confesiones de exparamilitares y sentencias que probaron la parapolítica. Esa simbiosis entre el poder económico, el poder armado y el poder político ha sostenido por décadas un modelo que necesita enemigos para sobrevivir. Las disidencias son hoy parte de ese engranaje: se financian con la coca, se arman con los mismos circuitos que abastecieron al paramilitarismo y le sirven, sin saberlo o sabiéndolo, a los intereses que quieren ver fracasar la paz.

Los atentados del Cauca no buscan un cambio, buscan un mensaje. Son una forma de recordarle al país quién manda cuando la paz amenaza con imponerse. Son, también, una advertencia electoral. Porque cada vez que el progresismo avanza, la derecha responde con fuego. Cada explosión, cada ráfaga, cada herido es una pieza más del mismo libreto: generar miedo, deslegitimar al gobierno, vender seguridad.

Por eso, más que una ofensiva armada, lo que vive el Cauca es una ofensiva política. Las balas de estos días llevan una firma invisible: la de quienes necesitan el caos para volver al poder. Y su eslogan, repetido entre los disparos, se entiende sin palabras: estamos en campaña electoral.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

¿Una magistrada severa que carga el peso de dos mundos —el militar y el judicial— o la pieza clave de un tablero político que amenaza con desestabilizar la democracia?

¿Es, como sugieren sus críticos, la “magistrada del camuflado” que juega en las sombras de un golpe blanco?

¿O solo una jueza celosa de su independencia?

Lombana no surgió de la carrera judicial, sino del Ejército colombiano, donde alcanzó el grado de mayor. Veinte años en filas marcaron su carácter y su modo de entender la jerarquía y la lealtad. En 2019, su nombre saltó a los titulares cuando el periodista Daniel Coronell publicó la columna La calladita: un retrato de silencios, omisiones y posibles conflictos de interés. Coronell recordaba que Lombana había trabajado con Jaime Granados, el abogado de Álvaro Uribe Vélez, y que no lo mencionó en su hoja de vida cuando fue elegida magistrada. También señalaba que, al ser seleccionada, aún figuraba como militar en servicio activo.

La historia tomó un giro inesperado cuando fue elegida para integrar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el mismo escenario que investigaba al expresidente Uribe. Su pasado castrense y sus antiguos vínculos profesionales comenzaron a despertar sospechas dentro y fuera del Palacio de Justicia. ¿Cómo interpretar que una oficial del Ejército terminara en una sala encargada de juzgar a civiles, y entre ellos, a figuras del poder político y militar?

Años después, nuevos reportes periodísticos recordaron otro dato inquietante: Lombana había estado casada con el mayor William Roberto del Valle, un oficial procesado por ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Coronell escribió que incluso lo habría representado legalmente y que omitió informarlo a la Corte. No se trata de responsabilizarla por los delitos de su exesposo, sino de subrayar que debió declararlo por transparencia. Los silencios, en su caso, pesan tanto como los hechos.

La magistrada que evitaba los reflectores reapareció en los noticieros en 2025, cuando ordenó el allanamiento de la vivienda de Armando Benedetti. Pero lo más inquietante fueron las denuncias previas del ministro —mano derecha de Petro— sobre los sobrevuelos de helicópteros y drones en su vivienda días antes del operativo. La imagen de Lombana bajando de un helicóptero, con pantalón camuflado, se volvió símbolo de una justicia que algunos consideran politizada y otros, valiente.

La casa de Benedetti quedó destruida: rompieron paredes y pisos, y además, la esposa del exembajador denunció haber sido maltratada por la magistrada militar.

El episodio reavivó la pregunta: ¿dónde termina la independencia judicial y dónde comienza la agenda política?

En paralelo, circularon audios del abogado Diego Cadena, conocido por su cercanía con Uribe, y de un hombre identificado como Manuel Castañeda, alias “el narcochofer”. En las grabaciones se mencionaba a “una magistrada” de la Corte que podría servir de enlace para involucrar a figuras de la izquierda con el narcotráfico. Los medios señalaron que la descripción coincidía con Lombana, aunque nunca se divulgó una prueba definitiva ni existe fallo judicial sobre ello. La Corte no se pronunció, la Fiscalía guardó silencio y la magistrada tampoco habló.

Su mutismo volvió a ser noticia: en la era de los micrófonos abiertos, su silencio retumba más que cualquier declaración.

Con el paso del tiempo, los expedientes y las columnas han dibujado un perfil de poder en solitario: una mujer formada en la disciplina militar, habituada a obedecer y a mandar, que llegó a un tribunal civil en medio de una tormenta política. Sus detractores la acusan de ser el puente entre los cuarteles y los despachos judiciales; sus defensores la ven como víctima de una persecución por su pasado castrense.

Pero las preguntas persisten: ¿a quién responde una magistrada que fue oficial del Ejército, trabajó con el abogado de Uribe y hoy investiga casos que afectan al gobierno? ¿Es coincidencia su cercanía con expedientes sensibles para el progresismo, o forma parte de un diseño mayor? ¿Está la justicia colombiana actuando sola o alineada —voluntaria o involuntariamente— con intereses de Washington y de ciertos círculos de poder económico?

Mientras los opositores del presidente viajan a Estados Unidos para denunciarlo, y mientras figuras como el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno —quien ha expresado abiertamente su animadversión hacia Petro por denuncias relacionadas con el Banco del Pacífico y el caso Chambuco Consult— o exfuncionarios de vieja guardia alimentan discursos de deslegitimación, el país asiste a una coreografía inquietante: una guerra jurídica sin uniformes, pero con togas, expedientes y filtraciones.

Lombana, la mayor que se volvió magistrada, parece ser la figura en torno a la cual giran esas sospechas.

En los cafés del centro de Bogotá se repite una pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta:

¿Es Cristina Lombana una jueza más o la pieza judicial de un proyecto político que busca desestabilizar al gobierno?

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Supongamos, solo por un momento, que Gustavo Petro amaneciera con el mismo humor imperial de Donald Trump —ese humor de bulldozer con peluquín— y anunciara que el Congreso colombiano no legislará durante tres años, porque está cansado de los políticos “corruptos y obstruccionistas”.

Que, en un arrebato de eficacia tropical, declarara que gobernará solo, por decreto, y que si no le firman el presupuesto, pues se cierra el Gobierno y que cada funcionario se coma su cédula.

Imaginen el espectáculo.

En cuestión de minutos, Vicky Dávila abriría un especial de emergencia titulado:

“El Golpe de Estado tropical: Petro cierra el Congreso.”

Con música de fondo de película catastrofista, entrevistaría a generales retirados —Zapateiro, embravecido— amenazando con más crímenes de lesa humanidad; a juristas alarmados de la Sergio Arboleda; y a exministros con rostro compungido.

María Fernanda Cabal, en Twitter, pediría intervención militar “para salvar la República”.

Paloma Valencia recitaría una oda a la división de poderes mientras culpa a los indígenas del Cauca, que tanto detesta.

Y desde su finca, el mismísimo Álvaro Uribe Vélez escribiría en mayúsculas:

“PETRO QUIERE SER DICTADOR COMO MADURO.”

El mismo libreto, pero con subtítulos en inglés.

Porque si el que hace exactamente eso no es Petro, sino Trump, entonces el guion cambia.

Cuando el magnate rubio anuncia que no se aprobará ninguna ley en tres años y cuarto, no es autoritarismo:

es estrategia política.

No es un golpe, sino una “jugada de ajedrez contra el pantano de Washington”.

Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial y sobrino de narcotraficante, saldría a decir que “Trump está modernizando la gobernanza”.

Mauricio Cárdenas, exministro uribista, explicaría que “los parlamentos son ineficientes y el mundo necesita líderes fuertes como Peluquín”.

Y Abelardo de la Espriella, fiel a su estilo performático, se grabaría bailando con la bandera estadounidense al cuello, coreando Make Colombia Great Again en su cuenta de Instagram.

La contradicción no les incomoda.

Mientras el autoritario hable inglés y tenga residencia en Mar-a-Lago, todo es democracia.

Solo se vuelve dictadura cuando el populismo se pronuncia con acento bogotano.

Lo que Trump amenaza con hacer al Congreso —y lo que ya hizo en su primer gobierno: bloquearlo, gobernar por decreto, culpar a todos menos a sí mismo— es exactamente lo que la derecha colombiana acusa a Petro de soñar con hacer.

Solo que Trump lo hace en el país que ellos veneran como modelo de civilización.

Y allí, los mismos que aquí gritarían “dictadura”, allá lo llaman “liderazgo fuerte”.

Quizá porque no les molesta el poder concentrado, sino quién lo concentra.

Si lo hace un multimillonario blanco, es patriotismo.

Si lo hace un presidente progresista, es comunismo.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En Popayán, cuando noviembre abre su corazón de montaña, la memoria se hace tambor y guitarra. En el Primer Festival Rock y Otras Artes sobre la Memoria, no solo suena la música: suenan las voces que el país quiso callar. Allí estará el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, esas guardianas de la vida que caminan con los retratos de los desaparecidos pegados al pecho, con los nombres de sus hijos escritos en el alma.

Ellas llegarán con su fuerza mansa y su grito firme, recordando que la patria aún debe respuestas. Irán por los niños y niñas desaparecidos, por los jóvenes reclutados a la guerra, por las víctimas de trata y de olvido, por todas esas vidas truncadas que siguen reclamando justicia desde los ríos, los caminos y los sueños.

Entre el rock, el teatro y la poesía, se teje la resistencia. Los jóvenes que cargan guitarras y tambores son también hijos de la memoria. Saben que la historia no se cuenta solo en los libros, sino en las canciones que nacen del dolor y de la esperanza.

Porque la resistencia no es solo aguante, es rocksistencia: la capacidad de transformar la rabia en arte, el duelo en canto, el miedo en abrazo. En cada acorde vibra la dignidad, en cada paso de las madres florece la justicia que no ha llegado pero que sigue caminando.

Popayán será entonces un territorio sagrado de memoria viva, donde los ecos del pasado se mezclan con los gritos del presente. Y allí, en medio del ruido del rock y el murmullo del viento andino, las madres dirán una vez más: “Aquí estamos, por la vida, por la verdad, por la paz.”

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

Guardia Intercultural Humanitaria

La derecha colombiana celebra el “revés” del Consejo de Seguridad a la JEP como quien canta victoria en la antesala del festín. Pero antes de poner la música, conviene explicar, sin paños tibios, por qué ese brindis puede terminar en entierro propio.

Primero: el Acuerdo de Paz no es un papelito doméstico que desaparece con un gesto. Tiene respaldo y seguimiento internacional —incluida la Misión de Verificación de la ONU— y se creó en diálogo con mecanismos y resoluciones internacionales que le dan un estatus y una protección que no se derrumban con un referendo local o con “firmitas” chimbas. La ONU y su misión siguen teniendo un papel en la verificación del proceso.

Segundo: la JEP y la arquitectura de justicia transicional no son un mecanismo que favorezca únicamente a las Farc por arte de magia; están pensadas para abordar también los crímenes de Estado. Los llamados “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas militares— están ampliamente documentados por organismos de derechos humanos y por la propia investigación colombiana. Esa documentación muestra cadenas de mando, patrones y responsabilidad institucional que no son fáciles de barrer debajo de la alfombra.

Tercero: si la táctica de la derecha es deslegitimar la JEP y erosionar el principio de complementariedad para que las decisiones transicionales “no cuenten”, la lógica procesal internacional no se invierte por decreto. La Corte Penal Internacional funciona con un principio de complementariedad —que permite a la CPI intervenir cuando los sistemas nacionales no investigan de manera genuina— y tiene políticas para valorar cuándo un caso debe avanzar a la esfera internacional. Si los casos de falsos positivos o de connivencia con paramilitares están bien documentados y las rutas nacionales no son efectivas, la CPI puede entrar en acción.

Y aquí la ironía más brutal: los primeros casos que podrían llegar con fuerza a instancias internacionales no serían necesariamente los que la derecha espera. Entre los expedientes más sólidos están las ejecuciones extrajudiciales masivas —y las evidencias apuntan a responsabilidades superiores, no solo de soldados rasos. Si hay investigación ordenada y documentación (como la que ya existe en varios informes y denuncias), los señalamientos apuntan hacia quienes ocuparon la cúspide del mando político y militar. En otras palabras: Álvaro Uribe podría ser llamado a responder ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) —y quizá también por vínculos con paramilitarismo— si la vía nacional resulta insuficiente y la complementariadad obliga a que la CPI actúe.

Para que el lector lo tenga claro y sin eufemismos: todo lo que la derecha promueve para debilitar la JEP —minar su credibilidad, vaciar el principio de complementariedad, erosionar la verificación internacional— puede volverse contra ellos con fuerza. Si cierran o desvirtúan vías nacionales, las víctimas y organizaciones pueden recurrir a mecanismos internacionales (incluso a la jurisdicción universal o a la CPI), y los casos más ordenados y documentados —falsos positivos, paramilitarismo— serán, paradójicamente, los que tiren de la madeja hacia arriba. El bumerán de la justicia no distingue banderas: vuelve con quien lanzó el primer golpe.

Celebrar que se debilite la JEP es apostar a que los vacíos institucionales no serán llenados por nadie. Mala apuesta. La arquitectura internacional tiene memoria, procedimientos y paciencia. Y esa memoria talla, cuando hace falta, el nombre de los responsables en los expedientes que cuentan.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En la hora más oscura, cuando los vientos del imperio soplan fuertes y las torres de la arrogancia parecen inquebrantables, Nueva York eligió la esperanza.

Zohran Mamdani, hijo del mundo, joven, valiente, con la mirada fija en los barrios olvidados, ganó la Alcaldía de Nueva York. No solo ganó una elección: abrió una grieta en el muro de la indiferencia, en la torre de cristal de los que se creen dueños de la ciudad.

Con él, Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders levantan la bandera de un ala progresista que late dentro del partido demócrata, soñando con transporte gratuito, vivienda digna y justicia para todos. Ellos representan el aire fresco que recorre la ciudad, el viento que despeina la arrogancia y barre la codicia.

Mamdani llegó con un plan que olía a justicia: transporte público gratuito, viviendas asequibles para quienes habían sido desplazados por la codicia, salarios dignos, escuelas abiertas a todos y mercados donde el pan no tenga precio de lujo. Propuso que la ciudad recupere su latido y que los ricos paguen lo que deben, para que los pobres puedan respirar.

Y así, mientras Donald Trump insultaba sin cesar, llamando a Mamdani “comunista”, “lunático” y “nut job”, mientras amenazaba con recortar fondos y presionaba con su riqueza y sus ejércitos de abogados, la gente votó. Votó por Zohran. Votó por la esperanza, a pesar de la presión, a pesar del miedo, a pesar del ruido venenoso de quienes no quieren compartir el poder.

Porque cuando el pueblo decide, no hay amenazas que puedan doblegarlo. La cosmopolita y adorable Nueva York dijo: no queremos reyes. Queremos justicia, queremos calles llenas de vida, queremos futuro. Y así, el imperio, tan orgulloso y tan ciego, comienza a derrumbarse, piedra a piedra, tuit a tuit, mentira a mentira.

Y si en Nueva York la gente pudo, en Colombia también podrá. A pesar de la presión económica y política, de las amenazas externas, de quienes quisieran frenar el cambio, el pueblo colombiano seguirá eligiendo la izquierda. Petro, con su gobierno progresista, representa ese mismo viento fresco que recorre las ciudades y los campos, que busca justicia social, dignidad para los más pobres y respeto por la tierra que nos sostiene.

El imperio se derrumba. Y en cada rincón de América Latina, mientras los poderosos intentan sembrar miedo y silencio, los pueblos siguen soñando. Siguen eligiendo esperanza. Siguen eligiendo vida.

Porque el mundo no se construye desde los tronos, sino desde las calles, desde las plazas, desde los barrios, desde los ojos de quienes saben que otra realidad es posible. Y así, en la hora más oscura, el pueblo se levanta y dice: sí, más esperanza. Sí, más justicia. Sí, más vida.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo