Categoría: Comunicados

Nunca en la historia reciente se había visto algo así: Donald Trump, el hombre que convierte cualquier espacio en un altar a sí mismo, quedó opacado dentro de su propio Despacho Oval. Y no por un multimillonario, ni por un general condecorado, ni por Oprah, sino por un joven alcalde electo de Queens, socialista democrático, calmado, elegante y peligrosamente carismático: Zohran Kwame Mamdani.

Lo más impresionante no fue que Trump lo recibiera. Lo impresionante fue que Trump salió de esa reunión… fascinado. Desorientado. Reculando. Y hasta queriendo vestirse como él.

Desde que Mamdani puso un pie en la Casa Blanca, Trump se volvió rarísimo. Se acomodó la corbata cinco veces, se retocó el copete como si estuviera por grabar un comercial de shampoo y hasta preguntó si era cierto eso de que Mamdani siempre llegaba con la vibra de “profesor buena onda que te cambia la vida”. Parecía un adolescente esperando al crush. Y cuando Mamdani por fin entró, Trump se quedó mirándolo como si hubiera visto a Elvis reencarnado… pero con WiFi y conciencia social.

La reunión empezó tensa, claro. Durante la campaña Trump había dicho que Mamdani era comunista, radical, extremista, y hasta sugirió —sin decirlo exactamente, porque la difamación tiene abogados— que el tipo podría estar metido en cosas “peligrosas”. Pero apenas se vieron, Mamdani le habló con una serenidad tan científica que Trump empezó a derretirse. De verdad, parecía gelatina patriótica.

Y ahí vino el primer momento histórico: un periodista le preguntó a Mamdani, frente a Trump, si consideraba que el expresidente era un fascista. Trump, en su eterno estilo de macho alfa, dijo:

—“Está bien, puedes decirlo.”

Y Mamdani, sin pestañear, dijo:

—“Sí.”

Trump no explotó. No gritó. No mandó un tuit. No pidió construir un muro alrededor de Queens. Solo asintió, como si le hubieran dicho que tenía un poquito de colesterol alto. Mamdani lo llamó fascista en su cara y él respondió como quien recibe diagnóstico médico: “Bueno, sí, es posible”.

De ahí para adelante, Trump cayó rendido. Cuando Mamdani empezó a hablar de asequibilidad, vivienda, derechos de trabajadores y cooperación federal, Trump pasó de su típico tono mandón a un susurro obediente. Cada frase que Mamdani decía sonaba como si le estuviera reprogramando el cerebro.

Alguien en la sala asegura que Trump, en un momento, dijo:

—“Estoy seguro de que podemos trabajar en algo juntos.”

Con esa voz que usan los estudiantes cuando el profesor les explica que si no entregan la tarea, pierden el semestre.

Y por si fuera poco, llegó la escena más absurda del día. Un periodista gritó:

—“¿Es cierto que Mamdani es yihadista?”

Trump, el mismo Trump que había coqueteado con ese rumor durante la campaña, respondió indignado:

—“¡No! Para nada, para nada. Él es un buen tipo. Excelente tipo. Nada de eso.”

Ese fue el instante en que quedó claro que Trump estaba oficialmente… encantado. Mamdani podría haberle dicho que también era astrólogo y Trump habría preguntado su signo lunar.

El resto fue un espectáculo digno de documental. Al terminar la reunión, Trump declaró que Mamdani era “muy capaz”, “excelente” y que los neoyorquinos estaban “en buenas manos”. En lenguaje trumpiano, eso es básicamente una serenata.

Horas después, un asesor de la Casa Blanca confesó —en anonimato, porque todavía tiene dignidad— que Trump preguntó dónde compraba su ropa Mamdani. Que si era un diseñador pequeño. Que si los busos cuello tortuga se conseguían “en Nueva York o por internet”. Y que pidió sugerencias para “refrescar un poco la imagen”.

El trumpismo está pasando por su peor pesadilla: su líder quiere parecerse a un socialista joven de Queens.

Mientras tanto, Mamdani salió tranquilo, con esa sonrisa de quien no entiende por qué un magnate septuagenario lo observa como si fuera influencer de moda. Habló de políticas públicas, de cooperación, de garantizarle a Nueva York una vida más barata y más segura. Como si nada.

Trump salió pensando en busos cuello tortuga.

Mamdani salió pensando en gobernar.

Y la Nación entera salió pensando en lo impensable:

¿qué carajos le hizo Mamdani a Trump para dejarlo así de reculado, encantado y confundido?

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En Colombia —esa república barroca donde todo se repite como un bolero mal cantado— la derecha siempre ha tenido una vocación incansable por la guerra. No cualquiera: la guerra útil, rentable, esa que se libra sin despeinarse. Primero fue la guerra sucia, con sus discretos fusiles y sus escuadrones sin firma. Pero cuando las urnas dejaron de obedecerles, encontraron un juguete nuevo, más limpio y menos ruidoso: la guerra jurídica. Y en esa cruzada resplandece, como un querubín cabreado, Paloma Valencia, siempre vestida de blanco nuclear, siempre con gesto de heroína bíblica, siempre lista para demandar a alguien que no vote como ella quisiera.

En el Congreso no legisla gran cosa —ni falta que le hace—; tampoco convence, ni articula país. Lo suyo no es crear, sino anular. No propone: demanda. Y en un país donde media elección puede desaparecer con un auto, semejante habilidad es equivalente al arte de gobernar sin cargo oficial. Paloma no necesita ministerios: le basta una impresora, un abogado diligente y un Consejo de Estado con vocación de arcabuz.

Porque las demandas de la senadora no son instrumentos de control político: son proyectiles, pequeños misiles de toga y membrete contra la democracia. Y el alto tribunal, convertido a estas alturas en su batería de artillería, las admite con la devoción con que se admiten las estampitas religiosas en Semana Santa.

Ahí están, en fila, los obuses jurídicos.

Primero, la demanda contra la personería del Pacto Histórico. Un movimiento quirúrgico, estratégico: si se tumba la personería, la izquierda no podrá unirse. Una coalición sin personería es como un barco sin casco: se hunde por cualquier lado. Cualquier candidato progresista podría terminar inhabilitado por doble militancia; cualquier alianza podría nacer muerta. La Paloma, con un solo documento, dejó al movimiento más votado del país caminando en puntas de pie, tratando de no rozar ninguna arista legal.

Pero no satisfecha, siguió con el partido Progresistas, como quien remata la faena por deporte. Otra demanda, otra incertidumbre, otro frente debilitado. Lo que en otras latitudes sería un proyecto político, aquí se vive como un trámite disciplinario perpetuo

Después vino la demanda contra la reforma pensional, no por tecnicismos constitucionales —eso es accesorio— sino porque la palabra “solidaridad” provoca alergia entre quienes conciben el país como un gran CDT. A eso siguió la demanda contra el decreto de salud, por si acaso al gobierno se le ocurre gobernar sin solicitar permiso al sector financiero, o a las clinicas privadas

Y, claro, la Universidad Nacional. Cuando el Consejo de Estado anuló la elección de su rector, la Paloma celebró como si hubiera derribado una fortaleza enemiga. De inmediato pidió intervención preventiva, no fuera que a la academia se le ocurriera gobernarse sin su tutoría involuntaria.

Mientras la derecha pierde elecciones, Paloma gana autos admisorios. En Colombia eso equivale a una curul invisible: un poder que no pasa por el voto, sino por los expedientes.

Porque lo que ha logrado con su guerra jurídica es sencillo y eficaz: que la izquierda no pueda organizarse sin sentir que está pisando un campo minado. Hoy cualquier candidato progresista se pregunta si al inscribirse despierta una demanda, si al unirse activa una sanción, si al ganar la elección lo anulan por deporte. La democracia, en su versión Paloma, se vive como una carrera de obstáculos legales.

Mientras tanto, la derecha disfruta de una estabilidad de relojería: sus alianzas jamás se cuestionan, sus movimientos internos jamás se interpretan como doble militancia, sus partidos jamás entran en esos laberintos kafkianos. No por inocencia, sino porque nadie los demanda con la rigurosa devoción con la que la senadora demanda a la izquierda. La Paloma vuela hacia un solo lado. Nunca contra los clanes, los parapolíticos, los carteles electorales. La ley, en su cruzada, es arma, pero nunca ética.

En el centro de este campo de batalla está Iván Cepeda, uno de los pocos políticos que todavía generan respeto transversal. Y precisamente por eso es un objetivo. Que si puede estar en el Frente Amplio, que si no; que si apoyar a alguien es militancia simultánea; que si su sola existencia es causal disciplinaria. La misión parece obvia: mantenerlo más ocupado defendiéndose que construyendo un proyecto democrático.

La ironía mayor es que la derecha no se une no por exceso de ideas, sino por exceso de intereses. Son como una cofradía de piratas: todos quieren ser capitán y ninguno quiere repartir botín. Demasiados caciques, demasiados feudos, demasiados apetitos. La izquierda, que al menos intenta discutir programas, vive bajo la tormenta perfecta de la inseguridad jurídica fabricada por Paloma y ejecutada con entusiasmo por los magistrados.

Al final, la democracia según la Paloma no se juega en las urnas, sino en los estrados. El poder no se disputa en plazas públicas, sino en autos admisorios. La institucionalidad no se construye: se bloquea. La política no se debate: se proscribe. Es el país de las demandas como forma de gobierno, el país donde votar es un acto casi decorativo, porque la última palabra no la tiene el ciudadano sino el expediente.

Y como si todo esto fuera poco, Paloma libra esta guerra mientras hace campaña presidencial. Una campaña invisible, fantasmal, sostenida por un lema —“Colombia tiene power”— que parecía sacado de un comercial noventero. Su intención de voto es tan baja que ni siquiera aparece en las encuestas. Y para rematar, su propio partido no la ve como opción. Uribe, con su olfato quirúrgico y su misoginia bien documentada, jamás la nombrará candidata.

La guerra jurídica, entonces, no le sirve para llegar al poder.

Pero sí está logrando algo: erosionar la democracia y esto a la postre nos llevará a un estallidos social pidiendo Constituyente y la derecha colombiana y nuestra palomita de la guerra quien sabe que demanda se inventaran para torpedear la voluntad popular.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Si algo caracteriza a Colombia es esa capacidad casi poética de indignarse por encargo. Por estos días, Abelardo de la Espriella —tribuno de las buenas costumbres ajenas y operador alegre de fortunas que aparecen y desaparecen con la misma gracia con que un mago saca conejos— decidió iluminar al país con una propuesta digna de sobremesa entre capos: legalicemos el 10% del dinero ilegal, entreguemos el 90% al Estado, demos tres años de cárcel a los delincuentes y eliminemos la extradición. Una lavadora industrial de activos, pero con factura. Y como es Abelardo, los guardianes del orden moral han decidido ponerse de perfil: nadie grita, nadie se escandaliza, nadie exige la renuncia de nadie. Al contrario, lo celebran como si hubiera descubierto la vacuna contra la corrupción. Aquí nadie recuerda —o prefiere no recordar— DMG, las pirámides financieras, los paramilitares adoptivos ni las contabilidades esotéricas. Pero ahora sí, súbitamente, Abelardo es apóstol fiscal.

Lo divertido —si se puede llamar así a esta tragicomedia— es imaginar qué pasaría si Gustavo Petro propusiera exactamente lo mismo. Basta un segundo para escuchar los gritos: Semana sacaría 20 portadas simultáneas (“¡Chávez reencarnó!”, “Petro legaliza a Pablo Escobar”, “Se acabó la República”). Vicky Dávila transmitiría en un solo suspiro tres horas de indignación patriótica. La W pondría panelistas de ceja crispada denunciando la inminente entrega del país al crimen. Y en cafeterías y chats familiares se repetiría el mantra habitual: Petro está destruyendo la patria. Porque en Colombia, lo que escandaliza no es la propuesta sino quién la firma.

Mientras Petro lleva dos años buscando un marco jurídico serio para la Paz Total —un marco que permita el sometimiento real de estructuras criminales, con verdad para las víctimas y penas que no sean simbólicas—, el Congreso y la Fiscalía se han empeñado en bloquearlo. Ni una ley, ni un procedimiento, ni un articulito que permita pacificar territorios. Pero aparece Abelardo, que no tiene víctimas a las cuales responder ni una guerra que terminar, ofreciendo un modelo de blanqueo masivo con beneficios carcelarios… y la derecha lo celebra como si hubiera traído la tabla de la ley. Su propuesta es, en esencia, un lavado de activos con recibo oficial: los narcos entregan lo que quieran llamar “90%”, esconden el resto donde siempre, y salen a disfrutar de tres años en una cárcel que probablemente tendrá spa. Y además sin extradición, para completar el paquete premium.

Por supuesto, nadie como Abelardo para administrar fortunas “arrepentidas”. Si pudo revolcarse en el caso DMG sin despeinarse, ¿qué no haría con los patrimonios de los grandes capos? No sería raro que parte de ese 90% terminara misteriosamente en consultorías mágicas o fundaciones familiares de súbito altruismo. Colombia, siguiendo su lógica, debería entregarle su economía directamente a Capone: al menos ese tenía estilo.

En el fondo, lo que queda en evidencia es la obscena incoherencia de la extrema derecha. Si Petro quiere un marco para la paz, es dictadura. Si Abelardo propone un blanqueo masivo, es innovación. Aquí la ética no depende del contenido sino del color político del mensajero. Y así seguimos: un país donde los santos son bandidos, los bandidos son próceres y quienes intentan arreglar el desastre son los únicos acusados de empeorarlo. Un país donde lo grotesco ya es simplemente lo normal.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En la Nación del Sagrado Corazón, donde los rumores tienen cédula y los chismes pagan impuestos, existe una verdad casi ancestral: detrás de cada gran villano siempre hay una gran villana. Y sí, hablamos del personaje central del drama político colombiano, Álvaro Uribe Vélez, y de su esposa, Lina Moreno Mejía, que aparenta no matar ni una mosca, aunque muchos en los pasillos del poder aseguran que detrás de esa silueta discreta se mueven sombras más densas que las montañas antioqueñas al atardecer.

A veces, incluso, no es solo la pareja: es toda la familia la que ya se siente dueña del país, como si Colombia fuera pastel de boda repartido entre ellos. Ahí está el hermano, Carlos Enrique Moreno Mejía, figura central del universo farmacéutico y cabeza del poderoso conglomerado de Audifarma, sobre quien recaen señalamientos públicos de manipular el acceso a medicamentos, esconderlos o retrasarlos cuando el gobierno no les es afín, poniendo en jaque la salud nacional como si manejara las llaves del reino.

Y están los primos del norte, Luis Alberto Moreno y Bernie Moreno, moviendo fichas desde Estados Unidos. Ambos son señalados por sectores políticos y sociales de conspirar abiertamente contra el gobierno de Gustavo Petro. Con un gobierno progresista, no pueden mandar como cuando el país era tratado como herencia familiar, y por eso —según múltiples voces críticas— hacen de todo para sabotear al gobierno, atacar al pueblo colombiano y preparar el terreno para el regreso del uribismo en 2026.

Uribe es famoso, poderoso, protagonista de todos los cuentos de terror que empiezan por “érase una vez, en Antioquia”. Ha sido señalado de fomentar el paramilitarismo, de tener cercanías con el cartel de Medellín durante su paso por la Aerocivil, de cargar con la sombra de los falsos positivos, y en Estados Unidos aparece mencionado como “narcotraficante número 82” en un informe que ha circulado por años en el debate público. Donde él pasa, las sombras lo siguen como clientes fieles.

Pero pocos hablan del personaje realmente enigmático: su Señora.

Lina Moreno no aparece en cámaras sino en susurros.

No da discursos sino órdenes silenciosas.

No firma leyes sino influencias.

Y como repiten las abuelas del país:

“Cuando el marido es malvado, la esposa no está tejiendo bufandas.”

A lo largo de los años se ha visto envuelta en tropiezos laborales, disputas discretas y esa habilidad casi sobrenatural de estar cerca del poder sin aparecer nunca en el acta. Y alrededor de ella se mueven los personajes que completan este cuadro familiar.

Está Carlos Enrique Moreno Mejía, señalado por críticos y denunciantes de manipular la distribución de medicamentos como si fueran piezas de un ajedrez privado que puede inclinar la salud pública.

Está Luis Alberto Moreno, el primo que ha navegado durante décadas por las élites financieras y diplomáticas del continente, influyendo en decisiones que afectan el destino de países enteros, siempre desde la altura cómoda que da pertenecer a un clan acostumbrado a ordenar y decidir.

Y está Bernie Moreno, el primo que, desde Estados Unidos, dedica tiempo y micrófonos a despotricar contra el gobierno de Petro, repitiendo el libreto trumpista, atacando toda política social y promoviendo la narrativa de que Colombia vive en un supuesto caos. Una estrategia que, según sus críticos, busca debilitar al gobierno progresista y justificar la intervención política —directa o indirecta— del uribismo en el escenario internacional.

Todos ellos comparten una obsesión que atraviesa generaciones: el poder.

En la Nación del Sagrado corazón, cualquier reunión de este clan se interpreta como conspiración. Y cuando ellos se juntan, hasta los volcanes tiemblan.

Se dice que mueven fichas, que hacen llamadas al norte, que preparan el “regreso del orden”. No sabemos si es cierto, pero aquí, todo lo que suena, retumba.

Porque la democracia en este país es ese perro callejero que todos dicen amar pero nadie alimenta. Y cuando un clan como este decide volver al poder, la democracia no es el plato fuerte: es el mantel.

Por eso, cuando se mira con detenimiento, no sorprende la conclusión inevitable:

detrás de un maléfico hombre no solo hay una maléfica mujer como Lina Moreno, sino un hermano, dos primos, y quién sabe cuántos más, operando en las sombras de una historia que Colombia conoce demasiado bien.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo