Petro tenía razón: el cambio climático desata guerras y Estados Unidos busca el botín en Nigeria

El presidente Gustavo Petro advirtió en su discurso ante la ONU que el cambio climático no solo traería huracanes y sequías, sino también guerras y desplazamientos forzados. Dijo que los pueblos serían expulsados por el fuego o por el hambre, y que las futuras guerras ya no serían por religión ni por ideologías, sino por agua, tierra y energía. Nigeria es hoy una confirmación de aquellas palabras.

Los medios internacionales insisten en contarlo como un conflicto religioso: cristianos contra musulmanes. Las cifras se repiten, los titulares se copian, y la narrativa se acomoda al guion de siempre: el fanatismo africano, el caos africano, la barbarie africana. Pero debajo de esa superficie sangrienta hay otra historia, más vieja, más conocida y más conveniente para algunos.

En el norte de Nigeria, el desierto avanza. Las comunidades campesinas pierden sus tierras por la sequía, los pastores fulani —musulmanes en su mayoría— se ven obligados a desplazarse hacia el sur, donde viven agricultores cristianos. De esa tensión por el territorio, el agua y la supervivencia, nacen los choques. El cambio climático los empuja, pero los intereses internacionales los aprovechan.

En ese contexto apareció Boko Haram, una milicia extremista que dice luchar contra Occidente, pero que en realidad ha servido para justificar la militarización del país. Bajo el pretexto de combatir al terrorismo islámico, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han desplegado bases militares y programas de “cooperación” en toda la región del Sahel. Dicen venir a traer seguridad, pero sus ojos miran más abajo: hacia el subsuelo.

Porque Nigeria no es pobre.

Es uno de los países más ricos del continente.

Bajo su tierra se esconde una de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta, además de oro, litio, estaño, coltán, uranio y minerales raros que hoy son esenciales para la industria tecnológica y la transición energética mundial. Las grandes compañías extranjeras —Shell, Chevron, ExxonMobil— se han beneficiado durante décadas de esos recursos, dejando tras de sí contaminación, pobreza y despojo.

En los últimos años, con la demanda creciente de litio y gas natural, el interés geopolítico sobre Nigeria se multiplicó. Y como suele ocurrir, cuando una potencia codicia una riqueza, primero envía sus discursos humanitarios. Donald Trump, habló de “persecución a los cristianos” en Nigeria y sugirió que Estados Unidos debe intervenir. Pero detrás de esas palabras no había compasión, sino una excusa perfecta para ampliar el control sobre la región energética más estratégica de África occidental.

Así se fabrica el relato: se convierte un conflicto social y climático en una guerra de religiones, se exageran cifras de asesinatos selectivos, se siembran miedos y se justifica la presencia militar extranjera. La maquinaria mediática prepara el terreno para la intervención económica. Y mientras tanto, el pueblo nigeriano, víctima del hambre y de la codicia, huye entre incendios, sin saber si la próxima bala vendrá del cielo o del desierto.

Nigeria no está en guerra consigo misma.

Nigeria está siendo desgarrada por la codicia global.

Sus fronteras arden entre la desesperación climática y la ambición petrolera, mientras los poderosos del norte del mundo siguen usando a África como el espejo donde proyectan sus negocios.

Los pobres de Nigeria—los campesinos, los pescadores, los niños desplazados— no mueren por religión. Mueren por el precio del petróleo, por el valor del litio, por los sueños de otros.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Trump, la Chimoltrufia de la geopolítica: la estrategia del caos calculado

Donald Trump volvió a hacerlo. Prometió entrar por tierra en Venezuela —como quien amenaza con colarse a una fiesta sin invitación— y al otro día su aliado Marco Rubio salió a desmentirlo. No habrá invasión, ni un zapato yanqui pisará el barro de Apure. Es decir, la vieja estrategia de Washington: decir una cosa, hacer otra, y culpar a los medios cuando alguien nota la contradicción.

Trump es la Chimoltrufia de la geopolítica: “como digo una cosa, digo otra”. Un día anuncia guerras, al siguiente se desdice, y mientras tanto deja al mundo temblando. Lo hace con la ligereza de quien juega Risk con vidas ajenas. Su política exterior cabe en un tuit: amenaza, confunde, sonríe y se va a jugar golf.

Pero el truco no es improvisado. En comunicación política se llama “control narrativo por ambigüedad”: lanzar una amenaza para movilizar a los halcones y luego recular para parecer sensato. Es el arte de generar caos para luego vender calma. Trump incendia la casa y luego se toma la foto apagando el fuego.

Cada declaración es un globo de ensayo. Mide la reacción de los mercados, de los votantes de Florida y del Pentágono. Si hay ruido, avanza. Si no, se desdice. Es la estrategia del poder por incertidumbre: mantener a todos —enemigos y aliados— sin saber qué hará mañana.

Y mientras los medios se entretienen con sus berrinches, los verdaderos muertos siguen cayendo. En el Caribe, pescadores pobres son baleados en altamar por operativos “antinarcóticos” que, según la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, son ejecuciones extrajudiciales. Pero de eso nadie habla: Washington es el juez y verdugo del mundo libre.

A Colombia, por atreverse a denunciarlo, la castigan. Al presidente Petro, a su familia y a Benedetti los meten en la Lista Clinton. No por narcotráfico, sino por insolencia diplomática. Porque en el imperio, cuestionar al imperio es el verdadero pecado.

Trump lo sabe. No gobierna: performa. Su política exterior no es una doctrina sino un espectáculo. En su libreto, Venezuela es el decorado, el Caribe un tablero y la verdad un accesorio.

Y mientras el planeta discute si invadirá o no, él ya ganó: impuso el tema, marcó la agenda y recordó al mundo quién tiene el micrófono más grande.

Trump no necesita entrar por tierra. Ya entró en la cabeza de todos y nos robo la paz.

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Estados Unidos comete ejecuciones extrajudiciales y castiga a Colombia por decirlo

Colombia fue castigada. No por narcotráfico, ni por corrupción, ni por terrorismo. Fue castigada por decir la verdad.

El presidente Gustavo Petro, con la osadía que pocos jefes de Estado se atreven a sostener frente a Washington, denunció lo que el mundo debía escuchar: que los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico podían ser ejecuciones extrajudiciales. La respuesta fue inmediata y brutal. No hubo diplomacia, hubo represalia.

En cuestión de días, el mandatario colombiano, su familia y su embajador Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton, ese invento del Departamento del Tesoro que, bajo el pretexto de luchar contra el lavado de activos, se ha convertido en un arma de castigo político. Y por si fuera poco, llegaron las amenazas de nuevos aranceles y restricciones comerciales. Un mensaje nítido: quien critique la política militar de Estados Unidos será sancionado.

Pero el fondo del asunto no es Colombia. El fondo es la vida. Porque mientras Washington se escuda en su lucha antidrogas, lo que realmente está ocurriendo en las aguas del Caribe son muertes sin juicio, sin proceso y sin defensa.

Las imágenes son claras. Lanchas pequeñas, tripuladas por pescadores, hombres pobres de las costas de Colombia, Venezuela, Guyana y Trinidad y Tobago, alcanzadas por misiles estadounidenses bajo la acusación de ser “narcolanchas”. Sin pruebas. Sin órdenes judiciales. Sin capturas.

En varios de esos casos, los familiares de las víctimas denunciaron que se trataba de pescadores locales que salieron a faenar y nunca regresaron. Lo confirmaron medios caribeños, defensores de derechos humanos y hasta autoridades regionales.

Los pescadores se están organizando. En Trinidad y Tobago, en el puerto de Cedros y en la costa de Chaguaramas, se realizaron marchas y plantones exigiendo el cese de los ataques. “Nos están matando en nuestro propio mar”, decía una pancarta. Pero el mar calla, y Washington también.

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son claros:

El uso letal de la fuerza solo es legítimo cuando hay una amenaza inminente y no existen medios menos letales disponibles. Si un Estado sospecha que una embarcación transporta drogas, debe interceptarla, no destruirla. Debe detener y judicializar, no ejecutar.

Por eso, organismos internacionales han levantado la voz:

Human Rights Watch calificó las acciones como “ejecuciones extrajudiciales”, recordando que Estados Unidos “no puede reemplazar la justicia por la pólvora”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los ataques y recordó que “ninguna potencia puede arrogarse el derecho de quitar la vida fuera de un marco legal”.

Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron una declaración formal afirmando que estos bombardeos violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho al debido proceso.

Organizaciones como Amnistía Internacional, WOLA y CEJIL señalaron que las operaciones marítimas estadounidenses equivalen a “una política de ejecuciones sumarias encubierta bajo el discurso antidrogas”.

Y entonces aparece Colombia, la antigua aliada, la obediente, la que por décadas acató cada orden en nombre del Plan Colombia. Ahora, con Petro en el poder, osa decir lo que nadie decía: que hay una frontera ética y que Estados Unidos la ha cruzado.

La respuesta fue el castigo. Meter al presidente en la Lista Clinton es un gesto simbólico de poder. No se sanciona al corrupto ni al narcotraficante; se sanciona al que denuncia. Se castiga al que rompe el silencio.

Pero callar no es opción.

Porque si se deja sin nombre una ejecución, mañana será legal matar en el mar.

Porque si se silencia a un presidente por denunciar, mañana se silenciará a un pueblo entero.

La libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de expresión no se negocian. Son el último refugio cuando el poder abusa. Y desde este rincón del sur, entre montañas y mares, hay que decirlo con todas las letras: sí, Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, y sí, Colombia está siendo castigada por denunciarlo.

El mar no se limpia con misiles. La justicia no se impone con listas negras.

Y la verdad, por más que la bombardeen, siempre flota.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

No es solo Petro. También es Francesca Albanese.

No es solo Gustavo Petro, el presidente incómodo que osa pronunciar la palabra vida en medio del ruido de los fusiles. También es Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, una abogada italiana que decidió cumplir con su deber: mirar de frente la barbarie y nombrarla por su nombre. Desde su despacho, desde sus viajes a Cisjordania y sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos, Francesca ha descrito lo que el poder mundial prohíbe decir: que lo que ocurre en Palestina no es una guerra, sino una ocupación prolongada, un régimen de apartheid, una maquinaria de despojo que se ha vuelto genocidio. Lo escribió con precisión jurídica y con la calma de quien no tiene miedo. Y por eso, Estados Unidos la sancionó.

La acusan de “presionar” a la Corte Penal Internacional por investigar a israelíes y estadounidenses. Le aplicaron las sanciones del decreto ejecutivo 14203, la incluyeron en la lista negra del Departamento de Estado, le cerraron las puertas financieras y le prohibieron entrar en suelo norteamericano. Sus cuentas y transacciones quedaron congeladas en el sistema internacional; las empresas y bancos que la toquen serán castigados. Es una manera elegante de decirle: “Cállate o desaparecerás del mapa”. Porque así opera el nuevo totalitarismo: ya no necesita quemar libros ni encarcelar poetas, basta con borrarlos de los bancos y de los algoritmos.

Francesca Albanese ha dicho que esas sanciones violan la inmunidad que protege a los relatores de Naciones Unidas. Pero el imperio no reconoce inmunidades cuando la verdad duele. Su pecado fue documentar cómo Israel, con apoyo de las potencias occidentales, ha transformado la Franja de Gaza en un laboratorio de exterminio: hambre como arma, hospitales convertidos en ruinas, niños convertidos en cifras. En su informe “From Economy of Occupation to Economy of Genocide”, denunció cómo las empresas de Estados Unidos y Europa obtienen ganancias de esta devastación. Lo que era una “ocupación” se volvió un “negocio del genocidio”. Y al tocar el dinero, tocó el nervio sagrado del poder.

No es solo Francesca. Es el castigo a quien osa mirar. Es la advertencia a todo aquel que se atreva a decir que el rey está desnudo. En el mundo de hoy, decir la verdad se paga con aislamiento, sanciones o muerte civil. Lo mismo hacen con Petro cuando habla de Palestina, con los periodistas palestinos que aún escriben bajo las bombas, con los médicos que rescatan cuerpos sin anestesia y sin electricidad. Las palabras libres son tratadas como delitos.

Y mientras tanto, la derecha mundial —esa cofradía que no cree en Dios pero adora el dinero— cierra filas alrededor de Israel. Gobiernos, corporaciones, plataformas y medios repiten el mismo guion: “defensa propia”, “antisemitismo”, “seguridad nacional”. Y así, el horror se disfraza de justicia, y el genocidio se vende como una operación quirúrgica. Todo encaja en el plan de siempre: borrar a un pueblo para construir sobre sus ruinas el paraíso de unos pocos.

Porque —no nos engañemos— todos los caminos llevan a Roma, perdón, a Israel. La derecha global es cómplice de un genocidio insoportable, transmitido en tiempo real, pixel a pixel, cadáver a cadáver. Y detrás del humo y del dolor, asoma el rostro de Donald Trump, que a través de su yerno Jared Kushner —el arquitecto de los “Acuerdos de Abraham”— sueña con levantar un emporio inmobiliario para los mega ricos del planeta sobre los escombros de Gaza. No es una metáfora: quieren que la ciudad mártir se convierta en un paraíso fiscal rodeado de muros, un Dubai del despojo.

Pero la historia no se deja enterrar. Por cada palabra silenciada, otras mil se levantan. Por cada sanción, una conciencia despierta. Francesca Albanese no está sola. Los pueblos la miran con respeto, con rabia y con amor, porque saben que ella está pagando el precio de decir lo que todos sabemos y el poder niega: que el genocidio tiene patrocinadores, y que el silencio también mata.

 

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El problema no es Petro, el problema es Donald Trump que se cree rey del mundo: el Sáhara se levanta en protesta.

En el mapa parece un vacío, una franja amarilla entre Marruecos, Argelia y el Atlántico. Pero ese vacío está lleno de gente, de historia y de una injusticia que ya dura medio siglo. Se llama Sáhara Occidental, y allí vive —o sobrevive— el pueblo saharaui, un pueblo que fue expulsado de su tierra por los intereses de otros.

Todo empezó en 1975, cuando España, la antigua potencia colonial, decidió irse del territorio sin hacer lo que debía: permitir un referéndum para que los saharauis eligieran su destino. En lugar de eso, el dictador Franco —agonizando, pero todavía con poder— firmó un acuerdo con Marruecos y Mauritania, repartiendo el Sáhara como si fuera una finca. Marruecos ocupó la zona norte y comenzó lo que llamó la “Marcha Verde”: miles de marroquíes cruzando el desierto para “reclamar” la tierra. Detrás de ellos venía el ejército.

Los saharauis huyeron bajo las bombas y las balas. Miles murieron, otros miles se refugiaron en el sur de Argelia, en un lugar llamado Tinduf, donde aún viven en campamentos que parecen ciudades de lona. Allí crearon su propio gobierno en el exilio: la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 80 países, pero ignorada por quienes mandan en el mundo.

Desde entonces, Marruecos controla el Sáhara Occidental con mano de hierro. Lo llama “sus provincias del sur” y promete autonomía, no independencia. Pero los saharauis no quieren ser una región dentro de otro país: quieren decidir por sí mismos, como cualquier pueblo. La ONU lo reconoce, pero el referéndum sigue postergado. Cincuenta años de promesas diplomáticas y discursos huecos.

Y cuando parecía que nada podía empeorar, llegó Donald Trump. En 2020, en los últimos días de su gobierno, reconoció oficialmente que el Sáhara pertenece a Marruecos. No lo hizo por convicción, ni por amor a la paz. Lo hizo porque Marruecos, a cambio, aceptó reconocer al Estado de Israel. Un trueque político disfrazado de diplomacia.

Un pedazo de desierto por una embajada más.

Ahora, cinco años después, el “plan Trump” vuelve a la mesa de la ONU. Su idea —revivida por diplomáticos estadounidenses— propone una autonomía bajo soberanía marroquí. Y miles de saharauis han salido a las calles de los campamentos de Tinduf para decir no. Cuatro días seguidos de protestas, gritos, banderas y consignas: “Preferimos ser refugiados a ser marroquíes”. En medio del desierto, los olvidados vuelven a hacerse oír, mientras los grandes del mundo ajustan borradores y comunicados con aire de importancia.

Detrás de tanto revuelo diplomático hay razones menos espirituales. El Sáhara no es solo arena: tiene fosfatos, uno de los minerales más codiciados del planeta, usado para fertilizantes y baterías. Además, el viento que sopla sobre esas dunas es perfecto para energía eólica, y sus costas están llenas de pesca y posibles reservas de petróleo. Las empresas europeas y norteamericanas lo saben, y firman contratos con Marruecos para explotar recursos que no le pertenecen. Todo en nombre del progreso, claro, esa palabra que suele justificar cualquier expolio.

Mientras tanto, en los campamentos de Tinduf, los niños saharauis aprenden geografía sin patria. Saben que su país está al otro lado del desierto, donde ahora hay minas, muros y bases militares. Viven del apoyo internacional y de la memoria de sus abuelos, que aún sueñan con volver.

El conflicto del Sáhara no ocupa titulares porque no hay cámaras ni turistas. Es un drama silenciado: el de un pueblo invisible que resiste sin guerra, sin armas, solo con su identidad. Marruecos impone su versión, Estados Unidos la bendice, Europa mira a otro lado y la ONU escribe comunicados cada año para recordar que sigue “preocupada”.

Y mientras tanto, Trump, sigue queriendo dibujar el mundo con su marcador grueso: borra fronteras, firma tratados, reparte territorios. Cree que la historia es un tablero y los pueblos, fichas de su juego. Pero los saharauis, esos que él ni menciona, siguen ahí, bajo el sol, recordando a todos que no hay mapa que borre la dignidad de un problema nos rque el problema no es Petro.

El problema es Donald Trump, que se cree rey del mundo.

Y en Colombia también deberíamos salir a protestar, gritarlo en las calles, pintarlo en los muros, escribirlo en la piel:

No Kings, tampoco queremos Reyes !!

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Paren el mundo, me quiero bajar !!

La derecha global —esa hermandad de trajes planchados, sonrisas ensayadas y discursos sobre “valores tradicionales”— decidió que no vale la pena esperar a que el mundo se acabe solo. Si el planeta se iba a caer, mejor empujarlo.

Y lo hacen con precisión quirúrgica: destruyen ecosistemas, bombardean pueblos, siembran odio y fabrican una crisis emocional mundial como si fuera un producto más en su vitrina del desastre.

Donald Trump, el payaso del apocalipsis, volvió a la escena mundial con su guerra contra los pobres del mar. Bombardeó embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, según él, en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”.

Pero los “narcotraficantes” eran pescadores. “No eran pescadores”, dijo mientras caían los misiles.

Ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de combate marítimo.

Y en tierra, la persecución de migrantes latinos en Estados Unidos se volvió una cacería humana, con el mismo odio con que los nazis cazaban judíos. Todo en nombre del orden, la seguridad y la bandera.

En Gaza, Benjamin Netanyahu bombardea niños, hospitales y escuelas con la impunidad del que se cree Dios. Hace unos días una escuela fue destruida: 36 muertos, 18 de ellos niños.

Y mientras el mundo se tapa los ojos, repite el cuento de la “guerra contra el terrorismo”.

La hipocresía llegó al punto en que Trump vendió “acuerdos de paz” entre Israel y Hamás, no para acabar la guerra, sino para que su yerno construyera paraísos inmobiliarios sobre las ruinas y los cuerpos de Gaza.

La paz es el nuevo nombre del negocio: la firma se hace con corbata, pero el contrato se escribe con sangre.

Nos dijeron que todo estaba bien, que confiáramos. Y nosotros, anestesiados frente a las pantallas, vimos el genocidio convertido en espectáculo.

En Colombia, la derecha no se quiso quedar atrás. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Efraín Cepeda, Katherine Miranda y otros patriotas de micrófono fueron a Washington a pedir intervención militar contra su propio país.

Trump, feliz de tener público, los escuchó y vociferó que Gustavo Petro era narcotraficante, incluyéndolo junto a su esposa y su hijo en la Lista Clinton.

Ya lo había insinuado Tomás Uribe en sus trinos: que había que extraditar a los “determinadores políticos” del narcotráfico, o sea, los de izquierda.

Chismes, paranoia y servilismo. Alimentan la cabeza de un psicópata imperial, y el resultado puede ser un bombardeo yanqui en territorio colombiano.

Y mientras tanto, la campaña presidencial del 2026 es una fiesta de la muerte.

Una exreina, convertida en “Miss Bala”, aparece en videos virales con Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, vendiendo bala como si fuera perfume.

Vicky Dávila dice que los tres millones de votantes del Pacto Histórico somos un peligro.

María Fernanda Cabal exige que la izquierda sea ilegal.

Mauricio Cárdenas compra votos con casas.

Y Abelardo promete “destripar a la izquierda” si gana.

No es metáfora. Es el anuncio de lo que viene.

La derecha que gobernó por décadas bajo Uribe se quedó corta: lo que preparan ahora es una campaña de sangre, sin máscaras.

Y en Brasil, el espejo: 152 jóvenes asesinados en Río de Janeiro por la policía, celebrados como “éxito operativo” por un gobernador bolsonarista que ya suena como candidato presidencial.

La derecha no teme al exceso de fuerza. El exceso es su manera de gobernar.

Todos ellos se dicen cristianos, pro-vida, defensores de la familia y los valores.

Pero su Dios es un dios de guerra.

Predican moral mientras llenan los bolsillos, justifican el exterminio y convierten la muerte en política pública.

Rezan por los fetos, pero bombardean niños.

Hablan de amor, pero viven del odio.

Y nosotros, atrapados entre rezos, pantallas y discursos, sentimos que la locura se vuelve sistema, que la violencia se normaliza, que la depresión se convierte en estado global.

Como dijo Mafalda: “Paren el mundo, me quiero bajar”.

Porque la derecha no solo está matando el planeta, también está destruyendo nuestra mente.

El aire se llena de miedo, los noticieros de mentiras, y la esperanza se esconde como un animal herido.

Y entonces el Apocalipsis deja de dar miedo.

Porque si este es el mundo que ellos defienden, el fin ya no suena como castigo, sino como descanso.

El último respiro antes de que la locura termine de devorarlo todo.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

El gobernador bolsonarista de Río de Janeiro y la masacre en las favelas

El amanecer del 29 de octubre de 2025 en el norte de Río de Janeiro fue de silencio y llanto. En una plaza del Complexo da Penha, vecinos colocaron decenas de cuerpos sobre el suelo, apenas cubiertos. Eran las víctimas de una de las operaciones policiales más sangrientas en la historia de la ciudad: 132 personas muertas, según confirmó la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro.

El operativo, ejecutado por la Policía Militar y autorizado por el gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) —el mismo de Jair Bolsonaro—, tenía como objetivo debilitar al grupo criminal Comando Vermelho. La magnitud del enfrentamiento dejó una estela de horror: cuerpos decapitados, vecinos atrapados en tiroteos, familias que aún buscan a sus desaparecidos.

Lejos de condenar lo ocurrido, Castro calificó la acción de “éxito”. “Las únicas víctimas fueron los policías muertos”, dijo, negando que hubiera civiles inocentes entre los fallecidos. Sus palabras repitieron el viejo discurso del bolsonarismo: justificar la violencia en nombre del orden.

Río de Janeiro conoce bien ese guion. La “guerra contra el crimen” ha sido una constante, pero sus víctimas se repiten: jóvenes negros y pobres de las favelas. En 2022, la policía estatal mató a más de mil personas. En 2021, una operación en el Jacarezinho dejó 28 muertos; ahora, el Complexo da Penha supera cualquier registro. La ONU y Amnistía Internacional han denunciado un patrón de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza

Las autoridades insisten en que los muertos eran delincuentes. Pero los cuerpos alineados, las heridas en la espalda y los relatos de ejecuciones apuntan a otra verdad: una política de seguridad que confunde justicia con venganza.

El gobernador Cláudio Castro, aliado político de Bolsonaro, ha convertido esa retórica en bandera. Promete control y orden, pero entrega sangre y miedo. La Defensoría Pública exige una investigación independiente, aunque en Brasil la impunidad suele ser la regla.

La tragedia del Complexo da Penha revela más que una masacre: expone el rostro de un Estado que ha perdido el límite moral. Cuando los gobiernos construyen poder sobre el terror de los pobres, la democracia muere lentamente.

Y así, bajo la bandera del orden, las derechas autoritarias del mundo siguen acercándose a su sombra más oscura: la negación de los derechos humanos.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

El Uribismo quiere exterminar hasta la poesía

En Medellín, la ciudad que un día se levantó de entre el miedo con la palabra como bandera, hoy se libra una batalla silenciosa. No suenan las balas, pero resuenan los decretos. No hay sangre, pero se desangra la cultura. El Festival Internacional de Poesía de Medellín —que durante más de tres décadas convirtió el dolor en canto y la muerte en palabra viva— está bajo amenaza.

El ataque viene disfrazado de trámite. El Concejo de Medellín impulsa la derogatoria del Acuerdo 40 de 1997, la norma que reconoció oficialmente al festival y garantizó su apoyo institucional. Esa decisión, de concretarse, significaría cortar la raíz de uno de los espacios de resistencia más profundos del país.

Según datos del propio festival y medios locales, la Alcaldía de Medellín aporta cerca del 25 % del presupuesto total que hace posible que poetas de todo el mundo lleguen a leer en las comunas, en los parques, en las cárceles. Sin ese apoyo, el festival quedaría herido, no por falta de talento ni de amor, sino por la fría maquinaria del poder.

Pero lo que está en juego no es solo una partida presupuestal. Es una visión del mundo.

El poder —en manos de una mayoría de corte uribista en el Concejo— quiere domesticar la palabra, institucionalizarla, someterla. Pretende que la poesía sea administrada, vigilada, digerida. Que deje de ser un acto de insurrección y se vuelva protocolo.

Y eso, metafóricamente, es fascismo: el miedo del poder ante la belleza libre, la necesidad de controlar la imaginación, la censura disfrazada de eficiencia. Así comenzaron otros regímenes: no quemando libros al principio, sino cerrando presupuestos, desplazando a los artistas, debilitando los espacios donde la palabra respira.

El Festival Internacional de Poesía de Medellín no es solo un evento: es una herida abierta que se transformó en canto. Nació en medio de la guerra, cuando las calles eran territorios del silencio, y desde entonces ha sido testimonio de que el arte puede más que la muerte.

Hoy, quienes lo atacan, no soportan que exista un lugar donde se hable de paz sin permisos, donde la esperanza tenga micrófono, donde los poetas digan lo que el poder calla.

Pero la poesía no se rinde.

Aunque el Concejo cierre las puertas, los versos seguirán caminando por las comunas, subiendo las montañas, respirando en los cuerpos que se niegan al miedo. Porque no hay decreto que pueda anular un poema, ni presupuesto que pueda silenciar la voz de un pueblo que se sabe vivo.

La poesía es trinchera, es raíz y vuelo.

Y mientras haya una sola voz dispuesta a pronunciar la palabra “vida”, el poder jamás podrá exterminarla.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Trump, Uribe, Maduro y Ortega: los rostros del narcisismo colectivo en la política continental

En la política contemporánea, pareciera que las sociedades viven atrapadas en un espejo que solo refleja su propia imagen. En lugar de buscar comprender al otro, muchos grupos políticos y sociales se aferran a la idea de que solo ellos representan la verdad, la moral o la patria. Esta necesidad de reafirmarse como “los buenos” o “los puros” frente a un enemigo siempre malvado es un síntoma de lo que el psicoanalista Erich Fromm describió como una forma de narcisismo colectivo: el amor desmedido hacia el propio grupo que impide reconocer los errores y bloquea la empatía.

Fromm, en El corazón del hombre (1964), advertía que la identificación excesiva con una nación, religión o partido puede cegar moralmente a las personas. Aunque no usó literalmente el término “narcisismo grupal”, sí advirtió que los individuos pueden proyectar su necesidad de superioridad en entidades colectivas, justificando así la intolerancia o la violencia. En sus palabras, el ser humano tiende a buscar refugio en el grupo “para escapar de la soledad de su propia libertad”, y en ese refugio puede perder la capacidad de autocrítica.

Ese espejo narcisista se ha vuelto una constante en las democracias actuales. En Estados Unidos, Donald Trump encarnó y amplificó esa pulsión colectiva de grandiosidad. Su lema “Make America Great Again” prometía recuperar una grandeza perdida, pero también alimentaba el resentimiento y el miedo al declive. El historiador Christopher Lasch, en La cultura del narcisismo (1979), explicó que las sociedades modernas producen sujetos necesitados de reconocimiento, incapaces de soportar la frustración y ansiosos por encontrar culpables externos. Trump canalizó ese deseo colectivo de sentirse excepcional, proyectando la culpa hacia inmigrantes, periodistas o minorías.

En Colombia, un fenómeno similar puede observarse en torno a Álvaro Uribe Vélez y el movimiento político que lleva su nombre. El uribismo se ha sostenido sobre un relato heroico: el del salvador que libra a la patria de sus enemigos internos. Cualquier crítica se interpreta como traición, y todo disenso se percibe como amenaza. El psicoanalista Wilhelm Reich, en Psicología de masas del fascismo (1933), explicaba que los líderes autoritarios logran su poder cuando encarnan el “yo ideal” de las masas: fuertes, decididos, seguros. Pero esa imagen de fuerza suele ocultar miedo, rigidez emocional y represión colectiva.

Este tipo de narcisismo no pertenece únicamente a la derecha. En la izquierda también se reproduce, aunque adopte otros disfraces. El psicoanalista Vamik Volkan, experto en conflictos étnicos y nacionales, acuñó el concepto de “narcisismo de grupo herido” para describir cómo comunidades o naciones enteras se aferran a viejas heridas como parte de su identidad. En líderes como Nicolás Maduro o Daniel Ortega se observa ese patrón: frente a la crítica interna o internacional, se presentan como los únicos defensores del pueblo, incluso cuando sus políticas lo empobrecen o reprimen. Así, toda disidencia es interpretada como traición y el ideal de justicia se transforma en una lucha por la supervivencia del poder.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en La agonía del Eros (2012), lleva este diagnóstico a un nivel más profundo. Según él, vivimos en una era dominada por el narcisismo social, donde el sujeto ya no es capaz de mirar al otro sino solo su propio reflejo. “Sin el otro, no hay relación, solo espejo”, escribe Han. En ese mundo, tanto el amor como la política pierden su sentido original: la posibilidad de encuentro. Cuando la mirada se encierra en el yo —individual o colectivo—, la realidad del otro desaparece y con ella se extingue la empatía.

El patrón se repite en casi todos los contextos políticos: primero viene la idealización del líder o del grupo; luego la negación de los errores y la proyección de la culpa hacia un enemigo externo; después la destrucción del diálogo; y finalmente el aislamiento moral. Las redes sociales, amplificadoras de ego y polarización, terminan consolidando ese ciclo. Cada comunidad se encierra en su burbuja emocional y confirma sus propias creencias, sin espacio para la duda ni la escucha.

Comprender estas dinámicas no es un ejercicio teórico, sino una necesidad urgente. Las sociedades atrapadas en el narcisismo colectivo pierden la capacidad de reconocerse en su humanidad compartida. Romper el espejo significa aceptar que ningún grupo tiene el monopolio de la verdad, que la autocrítica no es traición y que la empatía es una forma de inteligencia política.

El desafío de nuestro tiempo no está en vencer al adversario, sino en volver a mirarlo a los ojos sin miedo. Solo así podremos salir del reflejo y reencontrarnos como pueblos capaces de verse —y comprenderse— de verdad.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Trump, sanciones y soberanía: cómo la ofensiva contra Petro fortalecerá a la izquierda en Colombia

Habrá un momento —más pronto que tarde— en que la derecha colombiana comprenderá lo que nunca quiso entender: que las sanciones, las amenazas extranjeras y las pataletas imperiales no hunden a la izquierda. La fortalecen. La historia ya lo enseñó en otros rincones del continente, pero aquí, en la patria del uribismo, algunos insisten en aplaudir a Donald Trump como si fuese rey de ultramar. No han aprendido nada.

En los próximos meses, cuando arrecie la ofensiva política y diplomática contra Gustavo Petro, su familia y su gobierno, el tiro se devolverá. Y no por magia, sino por una ley tan vieja como la política misma: cuando el extranjero pretende mandar, los pueblos se cierran, se abrazan y responden. Le pasó a Brasil. Le pasó a Canadá. Le pasará a Colombia.

En Brasil, Trump creyó que podía salvar a Bolsonaro agrediendo la economía brasileña con aranceles del 50 %. ¿Resultado? El pueblo no culpó a Lula, sino a Bolsonaro por la vergüenza internacional. Lula repuntó: subió en aprobación, creció en intención de voto y hasta consiguió apoyo legislativo en un Congreso dominado por la derecha. En Canadá, la historia fue igual de elocuente. Las burlas, las amenazas y la pretensión grotesca de convertir al país en “el Estado número 51” indignaron a la ciudadanía. La derecha, que llevaba 25 puntos de ventaja, se desplomó. El pueblo cerró filas en defensa de su dignidad nacional.

Pero aquí, los uribistas —siempre tan originales— creen que esta vez será distinto, que “esta vez sí” el intervencionismo extranjero les traerá gloria. Pobres.

Colombia vivirá lo contrario. La torpeza trumpista y la torpeza criolla producirán un resultado inevitable: la izquierda se unirá como no lo hacía desde hace décadas. Lo que hoy son tensiones internas, mañana será bloque compacto. La palabra soberanía volverá a tener sentido real, y el pueblo comprenderá, incluso sin leer teoría, que el progresismo no es solo un proyecto político: es un dique frente al abuso externo.

Mientras tanto, las voces que celebran sanciones extranjeras quedarán en ridículo. No existe espectáculo más impopular que ver a connacionales pidiendo intervención de un gobierno foráneo. Eso no da votos: da vergüenza.

Y los hechos ya empezaron a hablar. La consulta del Pacto Histórico —boicoteada desde el inicio por el Consejo Nacional Electoral, saboteada por la Registraduría, con poquísimas mesas, sin suficientes tarjetones, sin jornada electoral nacional, con confusión inducida y con el campo prácticamente eliminado del mapa— terminó con 2.500.000 votos. ¿Fracaso? Solo para quien no sabe sumar.

Ese resultado será la semilla. Porque mientras Donald Trump continúe con su hostigamiento, y el uribismo llegue al extremo de pedir una intervención militar extranjera, el pueblo hará lo contrario: se radicalizará en defensa de la patria y de la democracia. A partir de ahí se abrirá el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente. No será un capricho, será una consecuencia lógica: el país querrá blindar su soberanía y sus reformas.

Y si ese nuevo escenario incluye —porque lo exigirá el pueblo, no las élites— ampliar el mandato de Gustavo Petro o permitir la reelección, será para asegurar la continuidad del proyecto progresista frente al intervencionismo. Nadie en sus cinco sentidos preferirá marines sobre democracia. Y cuando ocurra, será con legitimidad popular, no con imposición.

El progresismo llegará a 2026 no debilitado, sino fortalecido. Y el próximo gobierno será continuidad del actual. No porque lo diga Petro, ni porque lo reclame su partido, sino porque lo habrá decidido una ciudadanía que despertó tarde, pero despertó. Y porque el reyezuelito del norte, sin quererlo, habrá provocado exactamente eso.

Cuando todo esto ocurra, la derecha hará lo que mejor sabe: quejarse. Y Donald Trump, como siempre, gritará desde lejos. Pero ya será tarde. Habremos aprendido —por fin— lo que Brasil y Canadá entendieron antes: las pataletas del imperio no domestican pueblos; los unen.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo