Los caminos de la historia están hechos de huellas que no se borran con el viento. El 9 de mayo de 2021, en pleno Paro Nacional, la dignidad se tomó las calles con bastones, tambores y pañoletas verdes y rojas. Pero también se tomó las calles el miedo. Ese día, en Cali y en otras regiones del país, el Estado —ese que debería cuidar la vida— se quitó la máscara y actuó como verdugo. Atacaron a la Minga Indígena a bala limpia. Desaparecieron a una mujer en Paso del Comercio. Hostigaron a una joven por brindar agua y gasas. Hallaron sin vida a Brahian Gabriel en Risaralda. Y usaron un arma, el Venom, como quien amansa un rebaño a plomo. Lo que ocurrió no fue un exceso. Fue una política. No fue un error. Fue una decisión.
No hay un solo fallo judicial que restituya los derechos de las víctimas. Nadie responde. Nadie repara. Nadie se disculpa. Y por eso hay que decirlo claro: lo que hicieron fue cercenar el derecho a la protesta, criminalizar la dignidad, desaparecer a los que alzaron la voz. Lo que vivieron las comunidades indígenas y los jóvenes en las calles fue terrorismo de Estado.
9 de mayo de 2021- Cali- Ataque Armado en contra de la Minga Indígena
La tarde del 9 de mayo de 2021, el sol ardía sobre Cali, pero la calma de la ciudad se vio rota por el estruendo de disparos. La Minga Indígena, que había llegado a la capital del Valle del Cauca en apoyo al Paro Nacional, se encontraba en pleno proceso de protesta cuando fue atacada violentamente. Lo que empezó como una movilización de resistencia por parte de los pueblos indígenas se convirtió en un campo de batalla, donde el poder de las armas y la impunidad del Estado se desplegaron con ferocidad.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde su participación en el Paro Nacional, había sido pieza clave en la organización del levantamiento popular. Desde el 30 de abril, miles de indígenas se habían desplazado hasta Cali, buscando visibilizar sus demandas y rechazar las políticas del gobierno de Iván Duque, que, según ellos, hacían parte de un proceso de exterminio y despojo de sus tierras.
El ataque llegó en horas de la tarde, entre las 2:20 y las 3:00 p.m., cuando los miembros de la Minga se movilizaban en una chiva (un bus escalera) por la vía Cañas Gorda, en el límite entre Cali y Jamundí. Allí, un grupo de civiles armados, con la complicidad de la policía, bloqueó la vía y comenzó a disparar indiscriminadamente. Los agresores, que portaban camisetas blancas, lanzaron insultos racistas y comenzaron a atacar a los indígenas con armas de fuego. Fue un tiroteo que duró cerca de 20 minutos, dejando a 13 personas heridas, entre ellas tres mujeres líderes reconocidas en la región.
Los heridos fueron: Daniela Soto Pito, Marlon Yesid Martínez, Jerson Ignacio Tróchez Tenorio, Segundo Pequí Ramos, Alexánder Frider Yule Ramos, Kevin Antonio Mora, Pedro Herney Ramos Perdomo, Dubán David Ciclos Ñuscue, Eduardo Ul Ul, Yerson Javier Tálaga Ulcué, Sandro Leonel Camayo Ipia, Iván René Casso Hurtado
La violencia no cesó. A la par del ataque armado, helicópteros militares sobrevolaban la sede de la Universidad del Valle, donde la Minga se encontraba asentada. En las calles, hombres de civil, fuertemente armados y bajo la vigilancia de la policía nacional, rodeaban a los indígenas, mientras las órdenes de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque se hacían sentir con fuerza. La situación era tensa, y el temor a un operativo militar se palpaba en el aire.
A pesar de los ataques, la resistencia indígena no claudicó. Los heridos fueron llevados a distintos centros asistenciales, pero muchos de ellos, temerosos de ser capturados o judicializados, optaron por ser atendidos por sus propios promotores de salud. La represión se agudizaba, y la violencia seguía su curso sin que nadie se detuviera a evaluar las consecuencias.
El 11 de mayo, en una asamblea social y popular realizada en la Universidad del Valle, la Minga Indígena decidió regresar al Cauca. La ciudad de Cali ya no era segura para ellos; las autoridades locales y nacionales, bajo las órdenes de los ex presidentes, habían ordenado su expulsión. Así, los indígenas regresaron a sus tierras, pero con la marca de una resistencia que no se somete a la fuerza, pero que sigue siendo constantemente amenazada.
La historia de ese 9 de mayo de 2021 es la historia de la resistencia de un pueblo que lucha por su dignidad, que exige el respeto a sus derechos y que, a pesar de la violencia del Estado, sigue luchando por la paz y por la justicia en Colombia.
9 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de mujer indígena
Aquel domingo, el Paso del Comercio hervía. Humo de llantas, cantos de resistencia y pasos firmes de mujeres indígenas que, con bastón en mano, tejían la palabra en medio del asfalto. Allí, en ese cruce de ciudad convertida en trinchera, una de ellas desapareció. Nadie volvió a saber de ella. La vieron por última vez mientras recogía algunos víveres y hablaba con los jóvenes que cuidaban las barricadas. Luego, nada. El viento se la tragó o, mejor dicho, se la tragó la guerra sucia que no da la cara. No hubo parte oficial. No hubo explicación. No hubo cuerpo. Solo el silencio y el miedo. Otro nombre que se suma a la lista de los que no están y nadie busca.
9 de mayo de 2021 – Cali – Hostigamiento a mujer manifestante del Paro Nacional
En otra esquina de la misma ciudad, una muchacha, joven como tantas que se lanzaron a la calle con el alma en alto, fue visitada por la policía. No para protegerla, sino para advertirle. Llegaron a su casa con fotos en la mano, con sonrisas torcidas y palabras que eran amenazas envueltas en legalidad. Le dijeron a su madre que la niña estaba haciendo parte de la violencia porque la habían visto en una moto con unas bolsas. Pero no eran explosivos, ni piedras. Eran vendas, suero, pan, agua. Cosas simples para sostener a los que se atrincheraban en la esperanza. A ella le ataron las manos, lo dijo llorando en un video. Se las ataron no solo físicamente, sino en la forma más brutal: con el miedo. Y aun así, habló. Y señaló al Estado. Porque cuando la vida se defiende, hasta el silencio puede ser una traición.
9 de mayo de 2021 – Risaralda – Encuentran el cuerpo de un joven desaparecido
En Risaralda, mientras los árboles de café seguían dando sombra, encontraron a Brahian Gabriel Rojas López. El cuerpo, no la vida. La vida se la habían quitado días antes. Nadie dijo cómo, nadie dijo quién. Solo apareció su cadáver y con él, una certeza: que en este país a los jóvenes los entierran antes de tiempo. Brahian tenía sueños, como todos, y quizás también rabia, como muchos. Pero ni una cosa ni la otra justifican que haya sido desaparecido y que su nombre aparezca, ya tarde, en los informes de los organismos de derechos humanos, esos que siempre llegan después del disparo.
9 de mayo de 2021 – Todo el país – Arma Venom contra manifestantes
Esa noche, en muchas ciudades, llovió plomo y gas. Pero no con fusiles ni revólveres. Llovió desde tanquetas. Desde artefactos que parecían de ciencia ficción. El Venom, le llaman. Una especie de cañón que escupe treinta cartuchos en segundos. Costó millones. Lo usaron como quien usa una vara para golpear sin dejar rastro. El protocolo decía que debía dispararse hacia el cielo, en arco, para dispersar, no para matar. Pero lo usaron desde el suelo, a ras, directo al pecho, a los ojos, a las casas. Como si la protesta fuera una guerra, y los manifestantes, enemigos de la patria. Cada descarga valía millones. Pero la vida de los muchachos no valía nada. Y así, el Estado, con su máquina de humo y fuego, nos dejó claro de qué lado estaba.
Hoy, a cuatro años, seguimos sin respuestas. Las madres siguen buscando. Las comunidades indígenas siguen cuidando a sus muertos y a sus vivos. Los jóvenes, los que quedan, siguen exigiendo que no se olvide. No hay sentencias. No hay verdad. No hay justicia. Solo hay impunidad vestida de institucionalidad. Por eso gritamos que hace falta una Comisión de Esclarecimiento que hable claro, que diga nombres, que reconstruya cada minuto de horror de ese 9 de mayo.
Porque sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Porque la verdad no se esconde detrás de los escritorios del poder, sino en los cuerpos heridos, en las casas allanadas, en las calles vacías donde una vez se gritó libertad. Porque fue el Estado. Porque lo vimos. Porque no lo olvidamos. Y porque no nos vamos a callar.
¡Comisión de Esclarecimiento Ya!
