La bota militar de Petro

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

La reciente dimisión de Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como Ministro de Defensa ha activado, una vez más, la maquinaria política que disputa el control de las armas, los discursos y los muertos. En cualquier otro país, esto sería motivo de alarma. En Colombia, es apenas martes.

Pero lo verdaderamente inquietante no es solo la renuncia, sino el giro progresivamente militarista del gobierno de Gustavo Petro. Porque mientras se agita el sonajero de generales para remplazar al ministro —tres nombres, tres uniformes, tres viejas estrategias de fuerza—, el país asiste con estupor al entierro de una promesa: la de la paz total, civil y democrática.

Sí, Petro, el mismo que llegó a la presidencia con la promesa de romper la lógica guerrerista del uribismo, se apresta a nombrar un nuevo militar al frente del Ministerio de Defensa. Ni la derecha se atrevió a tanto. Pero aquí estamos: al borde de tener un general de nuevo en el poder civil, esta vez con la bendición de un gobierno que se decía alternativo.

Pedro Sánchez, el general saliente, logró cierta simpatía nacional tras liderar la operación de rescate de los niños perdidos en la selva, así como la búsqueda del perrito Wilson, que capturó la atención y el corazón del país. Esa operación, cargada de simbolismo y humanidad, disfrazó —al menos temporalmente— la arbitrariedad de haber nombrado a un militar como ministro de Defensa. Fue un gesto romántico dentro de una guerra sin poesía.

Pero los nombres que suenan para reemplazarlo no tienen ni siquiera ese barniz emotivo. El General (r) Humberto Guatibonza, actual jefe de seguridad del presidente y viejo conocido de sectores del Centro Democrático. El General (r) José Daniel Gualdrón, vinculado a la lógica de “mano dura” que tanto daño ha hecho en los barrios populares. Y el General (r) Fabio Hernán López Cruz, aplaudido por los medios uribistas como el salvador de la patria. No son técnicos. Son fichas de un ajedrez político que el uribismo conoce muy bien. No tienen vínculos con la paz, sino con la vieja escuela de represión, jerarquía y control.

Porque sí: el uribismo necesita desesperadamente recuperar el relato de seguridad. Les urge volver a aparecer como los “fuertes” frente al crimen, aunque sus vínculos con el paramilitarismo y la corrupción estén documentados desde hace décadas. Para ganar votos necesitan miedo, y para producir miedo necesitan caos. Y Petro, tristemente, les está haciendo el trabajo fácil.

A esto se suma el fracaso evidente del Servicio Social para la Paz, otro espejismo vendido como “alternativa” al servicio militar obligatorio. Pero ¿qué pasó? Que solo los jóvenes de las ciudades —conectados, educados y privilegiados— pueden acceder a él. La mayoría, especialmente en las regiones rurales, no tiene acceso real a este programa. No hay financiación suficiente, no hay infraestructura, no hay voluntad de transformar la lógica de reclutamiento forzado en barrios populares. En la práctica, el Servicio Social no es más que el mismo servicio militar obligatorio, disfrazado de voluntariado social. Otro parche. Otro engaño. Otro programa clasista.

Y mientras tanto, ¿qué pasó con la prometida reforma a la Policía? Nada. Silencio. Ni una coma. Ni una ley. Ni un debate serio. La Policía Nacional, tristemente célebre por su brutalidad, sus abusos durante el estallido social, y sus vínculos con mafias locales, sigue intacta. Con sus escudos, sus motos, sus fusiles, y su doctrina enemiga de la ciudadanía. Otro incumplimiento, otra oportunidad perdida de dignificar la vida civil.

Y entonces, ¿qué nos queda? Un gobierno que decía representar el cambio, pero que solo ha sabido responder a los desafíos del orden público con más militarización. Que se desdice con cada general nombrado. Que pretende tapar sus incapacidades políticas con uniformes. Un gobierno que no reforma, no transforma, no democratiza: solo reemplaza civiles por militares.

Cuando vuelva la derecha —y volverá, porque Petro se está encargando de dejarle todo servido—, no nos extrañe ver a un Eduardo Zapateiro en el Ministerio de Defensa, firmando decretos como quien firma sentencias de muerte. Y entonces será demasiado tarde para preguntar cómo llegamos aquí. Porque llegamos así: con cada silencio, con cada concesión, con cada general posando para la foto de la paz mientras alista la guerra.

La decepción es tal, que a estas alturas uno se pregunta si el cambio era una promesa o un eslogan de campaña. Porque Petro, en lugar de desmontar la doctrina del enemigo interno, la ha reciclado. Y en vez de rodearse de civiles, ha llenado su gabinete de soldados.

Y así, Colombia pasa de tener una izquierda alternativa a tener una izquierda alternadamente militar. Lo único que le falta al ministro que viene es que nos hable de seguridad desde un tanque de guerra, con la Constitución en una mano y un dron en la otra.

El cambio prometido ha terminado siendo una tragicomedia. O mejor: una opereta militar.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Emilse Jiménez: La madre que camina entre las sombras buscando la luz en el Día de la Afrocolombianidad

por Sofia LopezComunicados, Género, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

A Emilse la conocí en una reunión virtual, de esas donde las cámaras parpadean y las voces se entrecortan, pero el alma se reconoce de inmediato. Era la sesión fundacional de nuestro Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz. No necesitó decir mucho para estremecerme. Su historia entró a la pantalla como entra el viento: sin pedir permiso, removiendo todo a su paso. Y la abracé con todo el amor del mundo, aunque fuera con palabras, aunque fuera desde lejos.

La abracé aún más fuerte el día que fundó la Guardia Intercultural Humanitaria, en el parque de Yumbo, Valle del Cauca, bajo el calor espeso de una mañana de sábado. Era el punto de partida, justo antes de subirnos a la chiva que nos llevaría al resguardo de Valle del Sol, donde ella cumpliría su misión. Emilse, con sus largas trenzas afrocolombianas y su acento dulce, se paró frente al grupo con la dignidad que dan el duelo y la esperanza. Supimos entonces que estábamos siendo testigos de algo más grande que nosotras mismas.

Venía bajando del monte como bajan las mujeres negras de las guerras: con la espalda cargada de historia, con las manos vacías de su hija y de su nieto, y con el corazón lleno de nombres sin tumba.

Emilse Jiménez no nació para ser heroína. Nació en Buenos Aires, Cauca, donde el río Cauca arrastra más muertos que peces y donde el plomo cae más rápido que la lluvia. Allá crio a Jessica Viviana Carabalí, una hija de fuego que aprendió a hablar en reuniones comunitarias, a escribir en carteles de protesta, y a soñar en clave de resistencia. Jessica fue lideresa social, se metió con los poderosos de turno, con los que pegaban a las mujeres en la oscuridad y con los que mandaban a matar desde sus escritorios.

El 25 de julio de 2018, Jessica cayó al suelo con dos disparos en el cuerpo. La encontraron al lado del patio de su casa. Dicen que fue su expareja, un exmilitar que ya la había golpeado antes. La llevaron al hospital. Duró quince días entre la vida y la muerte, y se fue sin hacer bulla. Tenía 32 años. Tenía futuro.

Desde entonces, Emilse no duerme igual. A veces se levanta de madrugada, con el corazón en la boca, tocando puertas como si su nieto aún pudiera estar detrás de alguna. Él también está desaparecido. Lo reclutó la guerra. Lo arrancaron de la escuela, del juego, de los abrazos de su abuela. Nadie sabe dónde está. O todos lo saben y nadie quiere decirlo.

Emilse no se dejó morir. A pesar de que el alma le duele, a pesar del miedo, a pesar de que no ha podido volver a su escuela en Masamorrero, donde enseñaba con tizas de colores y cuentos tejidos con memoria. A pesar de que recibe mensajes de amenaza, a pesar de que la buscan para callarla. A pesar de todo eso, Emilse se paró firme y creó la Guardia Intercultural Humanitaria. Porque entendió que su dolor no era solo suyo. Que la desaparición no tiene color, que el reclutamiento no distingue etnias, que la bala no pregunta por la cédula. Y entonces llamó a las madres indígenas, a las campesinas, a las de las ciudades, a las desplazadas, a las rebeldes. Las llamó a todas.

Así nació el Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz, así nació la Guardia Intercultural Humanitaria. No nació en una oficina, nació en las caminatas largas, en las asambleas de humo y panela, en las velas encendidas frente a los cementerios. Emilse es madre buscadora, pero también es madre sembradora. Siembra dignidad en la tierra dura del olvido. Siembra memoria con palabras dulces. Siembra justicia con manos temblorosas.

Con el tiempo, comprendimos que ella nunca decía el nombre del movimiento de la misma forma. A veces decía «Movimiento Nacional de Madres Buscadoras por la Paz», otras veces lo nombraba como «Movimiento Nacional de Madres Luchadoras por la Paz». Al principio creímos que era un error, una confusión comprensible en medio del dolor. Pero luego entendimos: era su mandato de mayora afrocolombiana, de mujer que invoca con la palabra. Para Emilse, ser madre implica ser buscadora, luchadora, sembradora. No le bastaba con decir “mujer”; necesitaba un adjetivo de resistencia. Y así nos renombraba a todas. Nos paría de nuevo. Y antes de hablar, en cada reunión, nos decía: «Compañeras, reciban un saludo de lucha ancestral, de bienestar y de resistencia», como quien sopla ceniza para reavivar la brasa.

Hoy, 21 de mayo, día de la Afrocolombianidad, día de la Diversidad Cultural, día de los pueblos que se niegan a arrodillarse, escribimos sobre Emilse porque su lucha es más grande que su tristeza. Porque ella no solo busca a los suyos: convoca a las que todavía pueden amar, a las que aún creen en la vida, a las que no han perdido la rabia ni la ternura.

Hoy celebramos a Emilse, no porque no tenga miedo, sino porque camina con él. Porque su duelo es un canto. Porque su amor no tiene fronteras. Porque en un país donde las madres entierran a sus hijos, ella decidió sembrar futuro con el mismo dolor con que otros siembran balas.

Por Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

Mondomo sangra: Zuleima y Esther Julia, las que sembraban vida

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Zuleima Mosquera caminaba entre cafetales y trochas rojas de barro que cicatrizan el territorio del norte del Cauca. Desde la vereda Puente Real, en Caldono, su voz se escuchaba en las asambleas comunitarias, en los talleres con niños, en las reuniones de la Zona de Reserva Campesina del Pital-Pescador. Era pequeña, fuerte y directa. Le gustaba organizar y sembrar. Hace poco viajó a Bogotá con una delegación de líderes comunales. Había que defender los derechos del campo con dignidad, sin escándalos, pero con terquedad.

El sábado 18 de mayo, su voz fue silenciada. Un hombre se acercó mientras ella compartía en un establecimiento público del corregimiento de Mondomo y le disparó a quemarropa. Zuleima cayó en el sitio. El asesino huyó en moto. Esa noche, la tierra que ella defendió con sus manos fue bañada por la sangre de otra mujer valiente.

En abril, también en Mondomo, una explosión estremeció la estación de Policía. Esther Julia Camayo, comunera indígena de la vereda San Isidro, del resguardo de Concepción, integrante de la ANUC y productora de café, murió junto a su hija herida. La comunidad había alertado sobre la presencia de hombres armados. Nadie actuó.

Ambas mujeres pertenecían a procesos sociales organizados. Ambas habían asumido el rol de lideresas en sus comunidades. Ambas fueron asesinadas en el norte del Cauca. Ambas asesinadas en un Mondomo sangriento, una región donde la violencia ya no es solo fuego cruzado: es una estrategia de exterminio selectivo.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 219 mujeres lideresas han sido asesinadas en Colombia. Muchas de ellas eran defensoras de la tierra, constructoras de paz, guardianas del agua, de la palabra y de la vida. Esta cifra no es una coincidencia ni una estadística: es un grito de alerta. Un mapa del miedo.

Particularmente en el Cauca, se configura un patrón de exterminio político contra las mujeres que lideran procesos sociales. Las lideresas son blanco de los actores armados porque representan una amenaza al control territorial. Su asesinato no es solo una pérdida individual: es un golpe al tejido organizativo, un mensaje para disuadir, un vacío que se llena con nombres afines a intereses criminales.

La protección estatal es una parodia trágica: botones de pánico, teléfonos celulares, chalecos antibalas que las marcan como objetivo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) es señalada por corrupción, lentitud e ineficacia. Las alertas tempranas, como la 036/23 y la nota humanitaria 019/23 de la Defensoría, se quedan archivadas mientras las balas siguen marcando el ritmo de la impunidad.

Zuleima y Esther no murieron por azar. Las mataron porque eran el rostro visible de la organización campesina e indígena. Porque se atrevían a hablar, a cuestionar, a convocar. En un país que presume haber firmado la paz, sus asesinatos indican que la guerra mutó, pero no terminó.

El norte del Cauca sangra. Mondomo sangra por sus mujeres valientes. Y la historia no puede seguir narrándose sin sus nombres, ni sin justicia.

Por:  Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 14M, 15M y16M

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Lo ocurrido el 14, 15 y 16 de mayo de 2021 en Colombia no puede quedar en la impunidad. La detención arbitraria de Dayana Mosquera en Buga, la ejecución de Sebastián Quintero en Popayán, el asesinato del líder campesino Cristian Torres en Leiva, la desaparición forzada de varios jóvenes en Cali, las graves lesiones a David Quiñonez y otros manifestantes, y el homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo, joven indígena del resguardo de Pitayó abatido por el ESMAD en Yumbo, son crímenes que claman justicia. Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y reparación. No son daños colaterales: son seres humanos, con historias, con sueños truncados por una violencia estatal que actuó con sevicia en medio del Paro Nacional. El país tiene una deuda con ellos y con la dignidad colectiva que resiste.

14 de mayo de 2021 – Buga, Valle del Cauca- detención Arbitraria

Entre las 8 y las 9 de la mañana, la mañana amaneció con la noticia que nadie quería escuchar. La fuerza del ESMAD irrumpió en un barrio popular y se llevó a Dayana Mosquera. No fue una detención cualquiera. Fue arbitraria, violenta, sin justificación.
Dayana, mujer del pueblo, conocida por su lucha y resistencia, ahora estaba en manos del Estado. Organizaciones sociales no tardaron en levantar la voz: “¡No a la violencia sexual! ¡No a la tortura! ¡No a la desaparición forzada!”. Su nombre empezó a ser un grito de alerta. El Estado colombiano fue señalado con responsabilidad directa por su integridad y exigieron su libertad inmediata. Dayana no es un número. Es una vida. Un rostro de la lucha. Y en esa mañana, el terror volvió a tomar calles que creíamos cotidianas.

14 de mayo de 2021 – Leiva, Nariño- desaparición forzada y asesinato

La desaparición de Cristian Torres Cifuentes no es una historia aislada. Es la réplica de una violencia que se vuelve sistemática. Líder campesino convocado a una reunión que nunca existió, engañado con falsas promesas, secuestrado en el camino. Su cuerpo apareció enterrado, callado testigo de una violencia que no cesa. Cristian dejó de ser una voz entre el pueblo. Fue silenciado con la crueldad del asesinato, justo a pocos metros de su motocicleta, esa que quedó abandonada como un símbolo de abandono y desamparo.
Sus compañeras y compañeros alertaron de otras falsas convocatorias, de ese método que pretende atrapar más voces, más vidas. La impunidad se disfrazó de abandono. El miedo se volvió ley.

14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- asesinato de Sebastian Quintero Munera

La muerte de Sebastián Quintero Munera no fue un accidente. Fue una ejecución en medio de la represión a un pueblo que clama justicia. Sebastián salió esa noche a vender arepas, a ganarse la vida, a cuidar a su gente. Avisó a su padre que estaría en la protesta por Alison, una joven menor que se había suicidado tras denunciar violencia sexual (abuso y acoso sexual) por parte del ESMAD. La protesta fue pacífica, llena de banderas, arengas y cultura, hasta que el Estado decidió responder con gas lacrimógeno, balas y bombas.
Sebastián fue alcanzado por una bomba de estruendo Venon, disparada por el ESMAD, que le explotó en el cuello. Su familia asegura que hubo intencionalidad, que sabían el daño que causaría. El joven, a un cuatrimestre de ser ingeniero informático, era un referente en su barrio, ayudando a otros jóvenes atrapados por la droga, trabajando en el emprendimiento familiar y resistiendo con dignidad.

14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- Lesion Ocular

Ese mismo día, David Quiñonez Villaquirán, un joven de 27 años, sufrió la pérdida total de su ojo izquierdo tras recibir un disparo indiscriminado de perdigones por parte del ESMAD en el barrio Bello Horizonte. David no participaba en la protesta; solo pasaba por el lugar buscando un medicamento. Fue víctima inocente de una violencia desmedida que marcó para siempre su vida.

14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Un joven de 24 años denunció que fue severamente lesionado luego de ser aplastado por una tanqueta del ESMAD.

14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Juan Diego Ortiz se desplazaba hacia Popayán para participar en el Paro Nacional. Al acercarse a la vía transversal 9, donde había barricadas, intentó ayudar a un compañero que no vio la tanqueta del ESMAD acercarse. En ese momento, fue atropellado por la tanqueta, sufriendo impactos en su cuerpo y rostro.

14 de mayo, cifras de la represión estatal

Hasta ese día, la Campaña Defender la Libertad había contado a 169 personas heridas por la Policía Nacional y el ESMAD, que con su fuerza desmedida parecían no querer entender que en las calles solo había protesta, no enemigos. Entre esos heridos, 17 perdieron la vista en uno o ambos ojos, una violencia brutal que apunta directo a apagar miradas. Nueve personas recibieron balas de armas de fuego, mientras que 37 defensores de derechos humanos soportaron golpes y empujones solo por estar allí, acompañando el clamor popular.

Las mujeres no se salvaron: 10 de ellas sufrieron violencias basadas en género, también ejercidas por quienes deberían proteger, no agredir. La detención fue la sombra más larga: 672 personas capturadas, muchas sin razón, otras torturadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos que el Estado niega pero no puede ocultar. Hubo 12 allanamientos a casas y espacios de resistencia, 8 de esos declarados ilegales, sembrando miedo y robo de libertad en nombre de la seguridad.

Las denuncias sumaban 444, todas historias de abuso de poder, violencia policial y arbitrariedades que se vuelven rutina. Y en medio de todo, la muerte se hizo presente: 3 personas cayeron, víctimas de las balas o la brutalidad, sin que hasta hoy se sepa con certeza quién cargará con esa culpa.

14 de mayo, Cali — Seguimiento e intimidación contra manifestante

A las 10 de la mañana, un hombre llegó con cámara a la casa de una mujer que había salido a marchar. No estaba solo: dos hombres vestidos con ropa militar la acechaban en el pasillo, mirándola con ojos duros, señalándola, llenándola de miedo. No era la primera vez ni sería la última. Días después, cuando intentaba hacer trámites sencillos, ellos seguían allí, recordándole que estaba bajo vigilancia. Ese acoso, sutil y cruel, es también parte de la represión.

14 de mayo — Denuncia de posibles fosas comunes en Buga y Yumbo

Las organizaciones de derechos humanos no se atreven a cerrar los ojos. En la zona rural de Buga y Yumbo, señalan la existencia de fosas comunes, lugares donde podrían estar enterrando los cuerpos de muchos jóvenes desaparecidos en medio de la violencia. En Yumbo, la represión fue asfixiante: la Policía y el ESMAD se convirtieron en fuerzas de ocupación, con francotiradores vigilando todas las avenidas, disparando miedo. Pero la gente no se calló. Con valor y esperanza, resistió. No cedió a la brutalidad ni al silencio impuesto.

15 de mayo de 2021 — Popayán — Militarización y estigmatización

El ministro de Defensa anunció toque de queda y la llegada del ESMAD y Ejército a Popayán, mientras señalaba a cuatro líderes sociales y defensores de derechos humanos como responsables de actos vandálicos, ofreciendo recompensa por su captura. Daniel Gallego (“Cheto”), Fabián Andrés Sánchez (“Maíz”), Andrés Duque (“Caleño”) no tienen procesos judiciales ni pruebas que los incriminen, pero quedaron marcados como objetivos militares. Ese mismo día y al siguiente, hombres en moto rondaron el caserío Julumito buscando a “Maíz”, en un claro acto de intimidación. Aunque autoridades locales rechazaron las acusaciones, la amenaza contra estos líderes persiste en medio de la militarización y la violencia estatal.

16 de mayo de 2021 — Yumbo — Homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo

John Alexander tenía apenas 21 años. Venía del Resguardo Indígena de Pitayó, en Silvia, Cauca, y como muchos jóvenes ese día salió a las calles de Yumbo con la esperanza de ser escuchado. Pero la voz de la protesta chocó con la brutalidad. En medio del enfrentamiento con el ESMAD, John recibió un disparo. Cayó sin vida en medio de una jornada que dejó otra víctima mortal y más de treinta heridos, todos en el marco de un Paro Nacional marcado por la violencia estatal.

Su muerte no es un número: es la historia truncada de un joven que luchaba por un país que aún no aprende a respetar el derecho a la protesta.

16 de mayo de 2021 — Cali — Detenciones arbitrarias en el Puente de las Mil Luchas

En el Puente de las Mil Luchas, ese mismo día, varios jóvenes desaparecieron de la vista pública sin explicación. Ángela Vanessa, Juan David, Óliver, Aves David, Daniel, Juan, Jhon Freddy y Jhon Alexander fueron detenidos sin orden clara, sin motivo aparente, y sus paraderos eran una incógnita que encendió la alarma en familiares y organizaciones sociales.

La sombra de la desaparición forzada se cernía sobre ellos, junto al riesgo de sufrir torturas o tratos crueles. Quienes los detuvieron olvidaron que la protesta no es delito, que su deber es proteger y no castigar. Las voces que clamaron por su liberación exigieron respeto por sus cuerpos, sus vidas, y por el derecho a expresar la rabia y la esperanza.

Por eso, es urgente la creación de una Comisión de Esclarecimiento de los Hechos de Represión de Estado durante el Estallido Social. No puede seguir reinando el silencio ni la distorsión oficial de los hechos. Se necesita una instancia con legitimidad social, técnica y moral que nombre a las víctimas, documente la verdad, identifique a los responsables y proponga garantías de no repetición. El esclarecimiento no es solo una tarea histórica, es una necesidad inmediata para la democracia, para la memoria, y para cerrar las heridas abiertas con justicia. La impunidad no puede ser el final del relato.

¡Comisión de Esclarecimiento ya!

 

 

Nuestra gira al Reino Unido: crónica de un viaje con vocación de justicia

por Sofia Lopez2025, Acuerdo de Paz, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

Nos recibió Inglaterra con una parábola de luz: veinte grados centígrados y un cielo limpio, sin la nube que suele empañar la memoria de estas islas. Bajo ese azul insólito empezó el itinerario de quien firma—Sofía López Mera, abogada defensora de derechos humanos, periodista y, cuando el deber se afloja, poeta. Esta crónica quiere contar, sin rodeos, lo que hicimos allá: primero en York, luego en Londres.

York: sembrar la palabra en terreno fértil

La Universidad de York y la Caravana Internacional de Juristas nos convocaron a un ejercicio académico, pero la teoría se nos quedó corta. Llevamos la herida abierta del suroccidente colombiano y relatamos los riesgos que asedian a abogados, comunidades y defensores. Presentamos dos frutos nacidos en la Octava Caravana de Juristas:

Justicia Indígena para la Paz: madres buscadoras, lideresas nasa y misak, defensoras afros y campesinas tejiendo justicia propia.

Guardia Intercultural Humanitaria: cincuenta mujeres—bastón indígena, pañuelo cimarrón, voz campesina—soñando la chiva de la paz, gracias al arrojo de Sol Guejia Villamil y Emilse Jiménez Popo.

En Colombia esas ideas levantaron polvo: nos amenazaron con denuncias por plagio, como si la paz tuviera patente. Que ladren—dijo el Quijote—, señal de que cabalgamos. Y cabalgamos hasta Inglaterra para abrirle micrófono a esas propuestas: no es delito, es deber.

Londres: la ciudad que escucha cuando se nombra la guerra

La capital británica dictó un ritmo exacto:

Parlamento británico, con el grupo parlamentario de derechos humanos y visita guiada entre vitrales.

Comité Internacional del Colegio de Abogados Westminster & Holborn: todas mujeres—catalanas, inglesas—y yo, colombiana, hilvanando causas.

FCDO, la cancillería británica, donde la diplomacia prestó oídos a las cifras de reclutamiento forzado y al 2026 que asoma con filo.

Acompañaron ABColombia y The Law Society, tendiendo puentes que ojalá resistan la marea.

Dos nombres sostuvieron el andamiaje: Pier Giuseppe, investigador de la Universidad de York que hace de la solidaridad método de trabajo, y Sara Chandler, fundadora de la Caravana Internacional de Juristas, mayora incansable que me preparaba la lonchera y cada reunión con el esmero de una madre que protege a su hija forastera. A ellos va mi gratitud más honda. Pier Giuseppe nos recuerda, con cada documento que redacta y cada puerta que abre, que la universidad no está condenada a los anaqueles: puede bajar al barro y transformar realidades con la misma pulcritud con que cita jurisprudencia. Sara Chandler, madre-abuela de espíritu ancho, fue más allá de la solidaridad: me cobijó en su propia familia y, entre agenda y agenda, deslizó la certidumbre de que el amor—cuando es puro—organiza mejor que cualquier protocolo.

Epílogo bajo el mismo cielo claro

La gira fue breve, suficiente para espigar un manojo de poemas sobre el tiempo y el amor que cargo en el pecho. Volvimos con la libreta saturada de promesas, mapas de riesgo y la certeza de que cada kilómetro andado ensancha la ruta: que la labor de los abogados defensores sea segura, que la justicia indígena y la guardia intercultural prosperen, y que los sueños de las madres encuentren, por fin, un cielo tan despejado como el que nos dio la bienvenida en Inglaterra.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

Sanando heridas, sembrando futuro

por Sofia LopezCauca, ComunicadosPublicado el No hay comentarios

El aula máxima de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca parecía, el pasado 15 de mayo, más bien un territorio de resistencia tejida con palabras. Desde las siete y media de la mañana, empezaron a llegar los cuerpos. Algunos cargaban cicatrices. Otros, memorias. Todos, una certeza: que la educación puede más que la guerra.

La profesora Paloma Muñoz, con la firmeza de quien entiende el valor de la palabra sembrada, fue anfitriona de un encuentro que se alejó de los salones fríos de la academia para convertirse en fogón colectivo. Se celebraba el Día del Maestro y la Maestra, sí, pero se celebraba sobre todo la posibilidad de seguir enseñando en un país donde la muerte también da cátedra.

El evento —convocado por el Observatorio Educativo y Pedagógico del Cauca— no fue un simposio más. Fue un espacio para preguntarse con coraje: ¿cómo acontece la educación en territorios donde los niños y las niñas han sido empujados al conflicto, al silencio, al olvido?

Desde la primera plenaria, se habló claro. La lideresa social Martha Elena Giraldo, del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, no trajo discursos escritos. Trajo historias. Habló del reclutamiento forzado —ese secuestro lento de la niñez— y del coraje de 50 mujeres que, desde distintos pueblos y geografías, han formado una Guardia Intercultural Humanitaria para salvar la vida. Mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas y buscadoras, unidas por el mismo dolor, pero también por la misma esperanza: que ningún niño más cargue un fusil en vez de un cuaderno.

Por su parte, Fernando Hurtado Daza, educador popular y director de la Casa de Educación Popular La Caracola, compartió una experiencia que no cabe en cifras: la de acompañar a niños y niñas de las comunas más empobrecidas de Popayán con herramientas que a veces el Estado olvida —el teatro, la lectura, la escritura, el cine—. Con ellas, dice, se pueden abrir ventanas cuando la vida parece sólo tener muros.

“No queremos que nuestros niños sueñen con ser sicarios , actored armados o reinas, queremos que sueñen con ser libres, libres de esta maldita guerra , libres de esta sociedad de consumo ”, dijo uno de los asistentes, en medio de la plenaria de la tarde. Y el auditorio enmudeció. No por indiferencia, sino porque esa frase golpeaba el pecho como un eco de todo lo que allí se estaba compartiendo.

La jornada cerró con arte, porque el arte también es territorio de paz. La Licenciatura en Educación Artística mostró lo que puede una canción, un trazo, una danza, cuando se trata de reparar lo que la violencia ha querido arrancar.

Y entre palabra y palabra, quedó claro lo esencial: que la educación popular no es una metodología, sino un acto radical de ternura y rebeldía. Que enseñar en medio del dolor es, también, una forma de resistir. Y que mientras haya una maestra, un maestro, una comunidad dispuesta a enseñar desde el amor, este país tiene futuro.

Desde Popayán, entre la lluvia de mayo y la dignidad intacta, una voz colectiva dijo lo que no suele salir en los noticieros:

Sí, a través de la educación popular podemos construir paz.

Gracias, profesora Paloma. Gracias, Unicauca. Gracias a quienes no se rinden. Aquí seguimos, contando lo que importa.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Consulta popular y la masacre laboral de Jóvenes en Paz

por Sofia LopezComunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Hace cuatro años, los jóvenes salieron a la calle. No por moda, no por redes, no por ideología: por hambre. Hambre de comida, sí, pero sobre todo de futuro. Hace cuatro años, cuando el hambre era más punzante que el miedo, salieron. No los llamó ningún partido ni los movilizó ninguna ONG. Salieron porque ya no cabía ni una gota más de abandono. Porque el Estado les negó todo, menos el terror.

Y salieron miles de Jóvenes, entre profesionales, estudiantes, desempleados, vendedores ambulantes, habitantes de calle. Salieron de las casas sin agua, sin empleo, sin futuro. Con las manos vacías y el corazón encendido. Porque sabían que si no lo hacían, nadie lo haría por ellos.

No era solo una protesta. Era el estallido de un pueblo al que le explotaron los sueños. Y sabían que les costaría caro. Desde el primer día, el Estado los trató como enemigos. Los persiguió, los mutiló, los torturó, los mató, los desapareció. Intentaron borrarlos del mapa. Pero no pudieron. Porque entre los escombros de las tanquetas y las ollas comunitarias, nació otra cosa: una esperanza política.

La fuerza de esa juventud parió el cambio. En 2022 eligieron, con voto rebelde y valiente, al primer gobierno popular de la historia de Colombia. No fue una conquista de partidos ni de tecnócratas con diplomas. Fue obra de las comunas de Cali, de los barrios de Popayán, de Medellín , Pasto, Bogotá, de Soacha, de Bosa, de los puntos de resistencia donde se cocinaba sancocho en olla comunitaria y dignidad. Fue la fuerza de los que pusieron el pecho.

Pero hoy, esa misma juventud siente la traición.

Más de 50 jóvenes siguen en prisión. Condenados con montajes judiciales, pruebas falsas y fiscales que aún responden al viejo régimen. No han recibido garantías, ni justicia, ni verdad. Y la promesa presidencial de una Comisión de la Verdad del estallido social, esa que Petro hizo en campaña y reafirmó en su primer año de gobierno, nunca se cumplió. No se instaló. No escuchó. No reparó. No hubo verdad para los mutilados, ni memoria para las madres que siguen llorando en silencio. Solo impunidad, esa que huele a archivo y suena a silencio.

Y si algo faltaba, el programa Jóvenes en Paz, la única política pública pensada para transformar la resistencia en futuro, hoy se tambalea.

315 jóvenes vinculados laboralmente al programa enfrentan ahora una masacre silenciosa: no les pagan, los contratos se vencieron, los procesos administrativos están paralizados. Se aferran a su trabajo en los territorios, pero el Estado los suelta de la mano. Irónicamente, no son las balas ni los gases esta vez: es la burocracia, la que mata en cuotas mensuales.

El programa fue improvisado desde su nacimiento. Diseñado desde una Consejería Presidencial para la Juventud que copió modelos urbanos sin entender la Colombia profunda, y ejecutado por una unión temporal que no logró contener la magnitud del reto.

Para intentar ordenar el caos, se nombró a Andrés Gallego Segovia, uribista pura sangre, exgerente del NO en el plebiscito de paz, exfuncionario de Pastrana, Duque y Santos, viejo zorro de la administración pública, experto en papeleo pero ciego ante el dolor del pueblo. Un gestor que conoce el escritorio, pero no el territorio. Con él llegaron los retrasos, los vacíos, el desgaste. Su administración agravó el desorden: pagos demorados, desinformación, y una cadena de precarización laboral disfrazada de gestión.

Sí, un uribista administrando el programa bandera de Gustavo Petro, el que prometía reciprocidad con los jóvenes que le dieron el triunfo. Si eso es posible en este gobierno, ¿qué más podríamos esperar?

Desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Francia Márquez, se intentó sostener el barco. Pero mientras tanto, Armando Benedetti, desde otros rincones del poder, propone reemplazar Jóvenes en Paz por otro programa, “Gestores para la Paz”. Una disputa burocrática de pasillos, donde lo que está en juego no son votos, sino vidas jóvenes.

Hoy, 16 de mayo, en horas del mediodía, varios integrantes del programa ‘Jóvenes en Paz’ se congregaron en la gris Bogotá en la calle 16 con carrera 5, en las inmediaciones del edificio de la Procuraduría General, como parte de una jornada de protesta que busca visibilizar las inconformidades de quienes están vinculados a la ejecución del programa impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Las razones son muchas, y todas duelen: el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de abril, la falta de claridad en la continuidad del programa, el cambio inesperado en su operación, la ausencia de insumos de trabajo, la alta carga laboral, y la mora en los pagos a proveedores de alimentos y espacios.

Y para rematar el pastelito —como si la precarización no bastara—, el Ministerio de Igualdad ha anunciado públicamente que dará por terminado de facto el convenio con la Unión Temporal Territorio de Paz el próximo 31 de mayo de 2025. Lo que eso significa no necesita traducción: despido masivo de cientos de contratistas, cierre de procesos comunitarios, y la muerte por inanición del único programa que intentó recoger los pedazos del estallido social.

Sí señor, esa es la coherencia del gobierno del cambio que hoy promueve una consulta popular por los derechos laborales, mientras masacra, por vía administrativa, a los jóvenes que encarnaron esa esperanza.

Y como si se tratara de una burla planificada, el Ministerio del Interior ha anunciado un nuevo programa: “Gestores de Convivencia”, con el que se capacitará a 12.000 jóvenes, ofreciéndoles un salario superior al mínimo para desarrollar habilidades en resolución de conflictos y cultura ciudadana. Un programa calcado en las oficinas, sin el barro de las comunas, pensado más como vitrina que como justicia. Un contrapeso burocrático al cuerpo caliente del estallido. Una cortina de humo para reemplazar memoria por estadística.

¿Quién responde por este desastre? ¿Quién le explica a los jóvenes por qué el gobierno por el que lucharon hoy los deja solos? ¿Dónde están los informes de ejecución, los soportes de desembolsos, los contratos firmados y no cumplidos? ¿Quién responde por la impunidad judicial que aún persigue a los manifestantes?.

Y, sobre todo, ¿con qué moral puede hablar este gobierno de un “segundo estallido social” si el primero lo dejó morir en el olvido?¿De qué dignidad laboral hablan Gustavo Petro, Francia Márquez y Carlos Rosero, si permiten que el hambre y la incertidumbre caigan sobre quienes les dieron el poder? De Armando Benedetti no se espera nada —su historial habla por él—, pero que quienes prometieron cambiarlo todo terminen repitiendo los peores vicios del poder es una traición que se escribe con sangre joven y contratos incumplidos.

La memoria es terca. Y los pueblos también. Si los que lucharon por el cambio siguen siendo desechables, entonces el poder no cambió: solo se mudó de rostro. Y mientras tanto, los que pusieron el pecho siguen esperando algo tan sencillo como justo: no ser traicionados.

Porque si esta es la forma de agradecer, lo que viene no es otro estallido. Es el ocaso de una esperanza. Y ese, como la historia, también se escribe con sangre joven.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 12M y13M

por Sofia Lopez2021, Abuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

En este país de silencios rotos y heridas abiertas, la historia de Alison y de tantas víctimas de violencia sexual durante el paro nacional no puede seguir siendo un secreto al que le den la espalda. Cada agresión es un grito que reclama justicia, una verdad que exige ser escuchada. No basta con palabras ni promesas: hace falta una Comisión de Esclarecimiento ya, un espacio donde se desnuden las violencias ocultas, donde la juventud, que apostó su esperanza en un cambio, no quede atrapada de nuevo en el abandono y el olvido. La verdad es urgente, la justicia es un derecho y la impunidad una herida que no cicatriza.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Tortura y violencia sexual

Ese día, Popayán temblaba de jóvenes. De los que no se rinden. De los que con piedras, cantos y primeros auxilios se atreven a enfrentar un país que les ha dado la espalda. Era 12 de mayo. La marcha había sido inmensa. Como un río desbordado de dignidad. Y cuando la tarde caía, ya muchos se devolvían a casa. Otros, solidarios, acompañaban aún a las brigadas de salud. A eso de las cinco y media, en la glorieta de la Chirimía, cuatro jóvenes —tres muchachos y una chica— fueron rodeados como si fueran criminales. Quince parejas motorizadas del GOES y el ESMAD, rugiendo con sus motos y bolillos como si la guerra fuera contra ellos. Los empujaron, los golpearon. A la muchacha le jalaron el pelo hasta que su cuerpo tocó el piso. La comunidad gritó, grabó, intentó impedir la brutalidad. Pero la furia oficial no escucha razones. Detuvieron a dos: un joven y a Emily , una mujer de apenas 18 años, con la vida por delante y la voz quebrada de tanto horror. Los llevaron a la URI. Ahí, según denunció su madre, seis policías abusaron sexualmente de su hija. No bastó con el dolor: le gritaron «perra», «¿qué hacés en la calle?», «¿por qué no estás cocinando?», «mechuda», «qué rico pa’ lamerte», «bajate los pantalones pa’ violarte». El compañero fue golpeado en los testículos mientras le escupían: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. No fue solo violencia física. Fue tortura. Fue humillación. Les tomaron fotos. Les dijeron que los iban a buscar. Que los iban a matar. Que agradecieran estar en la URI, porque si no, «ya estarían en otro lado». Emily fue golpeada en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Y mientras un agente del ESMAD desenfundaba un destornillador, lo blandía contra el pecho del joven como si fuera una daga. Los amenazaban. Les preguntaban por sus nombres, por dónde vivían. Les repetían, una y otra vez, que no se les olvidara: “los vamos a matar”.

Cuando dijeron que eran menores de edad, no hubo compasión, solo estrategia: «hay que llevarlos a la URI», dijeron en voz alta. A Emily quisieron llevarla primero a otro sitio. Un policía la subió a una moto y le dijo, sin pudor, que quería violarla. Ella saltó en movimiento, desesperada, y se aferró a un defensor de derechos humanos. Entonces la policía lo golpeó a él también. Y Emily, con un acto de coraje inconmensurable, se soltó para proteger al defensor. Aun con síntomas de asfixia y súplicas por su libertad, la arrastraron a la URI. Una hora y media después, se la devolvieron a su madre, miembro de la Misión Médica. Ella también fue golpeada al intentar recuperar a su hija. En ese país, a veces ser madre es una forma de resistencia.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Violencia sexual y suicidio

Mientras Emily luchaba por salir viva del engranaje policial, otra joven enfrentaba su infierno. A las nueve de la noche, Alison Lizeth Salazar Miranda, de 17 años, cruzaba una calle. No protestaba. No gritaba. Caminaba con su celular en la mano, grabando lo que pasaba. El número 05523 del ESMAD la vio. Y en este país, grabar una injusticia es delito. La aprehendieron como se caza a un animal. A la fuerza. A la brava. Cuatro hombres la tomaron de brazos y piernas, la arrastraron hacia la URI. Ella gritaba que la estaban desvistiendo, que le bajaban el pantalón. Nadie la escuchó. Le golpearon el pecho. Le dejaron hematomas.

Pasadas las nueve entró a la URI. Salió casi dos horas después. Su abuela la recibió. La abrazó. Intentó consolarla. Pero el alma de Alison ya estaba rota. El 13 de mayo, en la mañana, se quedó mirando su cuerpo en el espejo. Recorrió con los ojos los golpes. Los rastros. Y después escribió un post en el Facebook, como un grito final: “me manosearon hasta el alma”. Poco después, se quitó la vida.

Alison no murió por depresión. Ni por impulso. Alison murió por violencia estatal. Por el miedo. Por la vergüenza. Por el abandono. Su muerte fue el desenlace de una cadena de violencias que comenzaron con una patrulla, con un bolillo, con la orden de “subala”. Su suicidio fue un asesinato con uniforme.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Lesión ocular

Harold Conejo volvía de su trabajo, un hombre común con las manos curtidas por la cotidianidad, el rostro marcado por jornadas duras. Caminaba sin más destino que su casa cuando, desde la fría estructura de un CAI, un policía lo vio y decidió que su rostro debía ser blanco. El disparo fue certero, brutal, y el ojo izquierdo de Harold quedó herido de muerte. Esa bala no solo atravesó su piel; hirió también la esperanza de volver a ver sin miedo. Fue llevado al hospital San José, donde la lucha entre la vida y la violencia se escribió en cada latido.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Detención arbitraria y tortura

Alexander Ascué Medina caminaba por el centro, ajeno a los estallidos de la ciudad, sin imaginar que su identidad sería condena. Ser indígena en ese instante era ser culpable de un crimen que no había cometido. Policías y ESMAD, con la furia de quienes quieren borrar rostros incómodos, lo detuvieron, lo insultaron y lo golpearon hasta que la conciencia se le perdió en el suelo. Lo acusaron de pertenecer al CRIC, una etiqueta que sirvió para justificar el maltrato. Despojado de sus pertenencias y de su dignidad, despertó en el hospital, con el cuerpo marcado por la violencia y los ojos testigos de la brutalidad contra otro hombre cuya mano fue destrozada bajo la bota de un uniforme.

12 de mayo de 2021 – Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado paramilitar

La noche cayó en el Puente de los Mil Días y con ella llegó la sombra de la muerte. Treinta disparos rompieron el aire, atravesaron el miedo de quienes resistían, sembrando el caos y la desesperanza. Tres motos y una camioneta blanca, como símbolos de una violencia organizada, cruzaron la escena con la precisión de un terror calculado. Aquellos hombres armados no buscaban solo herir cuerpos, sino acallar voces, apagar la rabia de un pueblo que clama por justicia. El Puente de los Mil Días se convirtió en un escenario más de la guerra no declarada contra la protesta social.

12 de mayo de 2021 – Cali, Siloé – Envenenamiento con soda cáustica

En el barrio Siloé, la resistencia se expresaba en cada gesto, en cada piedra lanzada contra el miedo. Ese día, entre el humo de los gases y la rabia contenida, apareció la traición disfrazada de ayuda. Lo que debía ser bicarbonato para aliviar quemaduras se tornó en veneno: soda cáustica, corrosiva y cruel, fue entregada a los jóvenes que peleaban con el cuerpo y el alma. No fue solo un error, fue un ataque perverso que busca quebrar no solo la piel, sino la esperanza de un mañana diferente. En Siloé, la violencia se viste de mentira y amarga el alma de quienes resisten.

13 de mayo de 2021 – Villarrica y Puerto Tejada, Cauca – Ataque armado, amenazas y racismo estructural

Eran las cuatro de la tarde en Villarrica cuando un grupo de trabajadores bloqueaba el Parque Industrial, pidiendo justicia y respeto. Pero en lugar de respuestas, recibieron disparos desde una camioneta blanca de vigilantes de Huevos Kikes. Al exigir la placa del vehículo para denunciar, les negaron hasta esa verdad mínima. La Fiscalía y la Alcaldía guardaron silencio.

Esa misma tarde en Puerto Tejada, líderes sociales recibieron amenazas firmadas por las Águilas Negras, con fotos de sus casas tomadas sin permiso y mensajes que advertían tortura y muerte, incluso para sus hijos. En Cali, los barrios afrodescendientes sufrieron una represión brutal, donde el racismo estructural convirtió la protesta en delito y la piel negra en condena.

13 de mayo de 2021 – Valle del Cauca – Desapariciones, ejecuciones y fosas comunes

En Mulaló, el rumor corría como fuego entre la gente. Camiones que descargaban cuerpos sin nombre, cuerpos que nadie buscaba. Fosas comunes donde se enterraban los silencios, donde se escondían las desapariciones. Jóvenes que desaparecían luego de ser detenidos, llevados a Guacarí, donde les decían adiós con disparos en la oscuridad. Nadie preguntaba. Nadie respondía. La fuerza militar, bajo el nombre de “asistencia”, se había vuelto dueña de la vida civil. Y en ese dominio, la impunidad crecía, el miedo se hacía grande. Cali y todo el Valle eran un territorio de miedo y sangre. La represión no perdona. No respeta edades, ni sueños, ni familias. La ciudad se ahogaba en un silencio pesado, en un grito que nadie quería oír. Y mientras tanto, la justicia era solo una palabra que se repetía en vano.

 

Petro, despierta. No seas otro político de retórica vana que olvida a quienes lo eligieron. No seas indiferente ante el dolor de un pueblo que entregó su juventud, su vida y sus sueños para que tu proyecto se hiciera realidad. No permitas que la sangre derramada quede enterrada bajo el silencio de la impunidad. Colombia te mira con esperanza y con rabia; exige que la memoria de Alison y de todas las víctimas no sea un grito ahogado. Que esta historia de violencia no se repita. Que la Comisión de Esclarecimiento se instale ya, como un acto de verdad, reparación y dignidad. Porque sin verdad no hay paz, y sin justicia no hay futuro.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

 

Los once de Jericó

por Sofia Lopez2025, Medio Ambiente, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

A veces, en Colombia, ser campesino es ya una forma de delito. Y si se defiende el agua, peor. Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.

Este 13 de mayo de 2025 se reanuda la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.

La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a los que estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra, y dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.

El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.

Los campesinos resisten como la montaña. Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia. Que la tierra no se arrienda. Que la vida no se entrega.

Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares. Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz. ¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.

Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger. Que la protesta no es un delito. Que defender el territorio es un derecho. Por eso, hoy más que nunca: #EstoyConLos11DeJericó Porque no están solos. Porque no pedimos justicia: la exigimos. Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.

Por Prensa Justicia y Dignidad

#EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 10M y11M

por Sofia Lopez2021, 2025, Bogotá, Cali, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

El 10 y 11 de mayo de 2021 fueron dos días que marcaron el rostro de la violencia estatal, en pleno estallido social del paro nacional. Fue un periodo donde la protesta, que inicialmente clamaba por justicia y dignidad, se encontró con la brutalidad del poder. En medio de la protesta por justicia, la brutalidad del poder se desbordó. En Siloé, Aguacatal, Meléndez y Portada al Mar, el ESMAD y paramilitares desataron el terror, disparando contra manifestantes y dejando un rastro de muerte y desesperación. Entre los caídos, estuvo Daniel Alejandro Zapata, quien, después de nueve días en coma por un golpe del ESMAD, falleció el 10 de mayo. Su muerte, como las de tantos otros, se sumó a una lista de víctimas de un Estado que, en lugar de proteger, persigue y asesina a quienes exigen derechos.

10 de mayo de 2021 – Nacional – Inicio de diálogo nacional

Mientras el país entero ardía en marchas, lutos y gritos, el 10 de mayo se instaló el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Fue la respuesta formal a los días de movilización que comenzaron el 28 de abril. En las salas cerradas se hablaba de reformas, garantías, consensos. Afuera, el país sangraba.

Ese diálogo no llegó con el canto de los pájaros, sino con el eco de los disparos. Se instaló sobre un suelo herido por la represión, en medio de una crisis de derechos humanos que no cesaba. Era un gesto necesario, sí. Pero también insuficiente. Porque mientras se ofrecían palabras en la mesa, en las calles seguían lloviendo gases, bastonazos y balas.

10 de mayo de 2021 – Bogotá – Homicidio de Daniel Alejandro Zapata (20 años)

Ese mismo día, Bogotá perdió a otro hijo. Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, murió en la clínica EUSALUD, donde llevaba internado desde el 1 de mayo. Su crimen: haber salido a protestar. Su condena: un golpe en la cabeza que lo dejó sin conciencia, presuntamente causado por un artefacto lanzado por el ESMAD.

Durante nueve días su cuerpo resistió. El neurocirujano informó de un deterioro progresivo e irreversible. A las 12:45 p.m., su corazón dijo basta. La clínica llamó al CTI: fue muerte violenta. Otra más. La familia recibió el abrazo triste de quienes entierran a un joven que aún tenía sueños en los bolsillos. Daniel no fue el primero ni sería el último. Su nombre se suma a la larga lista de víctimas de una fuerza pública que, en vez de cuidar la vida, la revienta.

10 de mayo de 2021 – Cali – Incursión armada policial en el sector de Meléndez

En el barrio Meléndez, al sur de Cali, el 10 de mayo no hubo diálogo ni mesas de conversación. Hubo balas. Hubo gritos. Hubo persecuciones.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, terminó en estampida cuando el ESMAD y la Policía arremetieron con armas de fuego. Desde distintos puntos llegaban reportes: disparos, detenciones, golpes. Las redes sociales transmitían en vivo el terror. Los jóvenes corrían. Algunos caían.

A las 12:20 del mediodía, se denunció la detención de Alex Bolaños, un joven de 18 años. Testigos afirmaron que fue capturado por uniformados. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Organizaciones de derechos humanos exigieron su aparición, el respeto por su vida, por su derecho a un juicio justo. Pero el silencio oficial fue ensordecedor.

Meléndez, como Siloé, como La María, como tantos otros barrios, fue declarado campo de guerra por el Estado. Y aun así, entre el gas y el miedo, la juventud no se rindió.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sobrevuelo de helicópteros en la Universidad del Valle

A la 1:05 de la madrugada, cuando la ciudad dormía, la Universidad del Valle fue despertada por el rugido de los helicópteros. Volaban bajo. Cercaban. Espiaban. Abajo, la Minga Indígena resistía. El mensaje era claro: estamos vigilando. Estamos listos. La amenaza tenía forma de sombra aérea.

Las organizaciones indígenas denunciaron el sobrevuelo como un acto de intimidación. No era paranoia. Era experiencia: ya conocían el peso de la represión en la carne de sus pueblos. Ese zumbido nocturno se instaló en la memoria como un mal presagio, como otro capítulo del largo acoso contra quienes luchan desde la raíz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque del ESMAD en la glorieta de Siloé

A las 2:00 p.m., la glorieta de Siloé, que desde temprano había sido punto de concentración para manifestaciones pacíficas, se transformó en el escenario de un ataque brutal. El ESMAD irrumpió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, respondiendo al clamor popular con más represión. Los gritos de auxilio se mezclaron con el estruendo de las detonaciones. La intervención dejó múltiples personas heridas y sembró el pánico entre los asistentes. Testigos relataron el uso desproporcionado de la fuerza, un claro mensaje de que la protesta, por más pacífica que fuera, no tenía cabida en ese momento.

10 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo a la Guardia Indígena en la entrada a la ciudad

Esa misma tarde, a las 6:30 p.m., la Guardia Indígena, que intentaba llegar a Cali, se encontró con una barrera de militares y policías fuertemente armados. En la entrada de la ciudad, las fuerzas del orden impidieron el paso de los pueblos originarios, los cuales venían a alzar su voz en solidaridad con las protestas. Las organizaciones sociales alertaron que esta acción podría ser solo el preludio de un ataque armado contra los guardias, similar al que se había vivido el día anterior. En medio de una ciudad que ya respiraba represión, se temió que grupos paramilitares pudieran estar involucrados en el operativo. La militarización de la ciudad era cada vez más evidente.

10 de mayo de 2021 – Cali – Represión continuada en Siloé y saldo preliminar

La violencia no cesó. Desde las 2:00 p.m., el ESMAD y las fuerzas policiales avanzaron con más agresividad en Siloé, uno de los barrios más golpeados de Cali. La comunidad sufrió destrozos, heridas y temor. Al caer la noche, los reportes llegaron con cifras dolorosas: al menos 22 personas heridas y tres fallecidas tras los disparos. La situación en Siloé se calificó de crítica, con los organismos humanitarios pidiendo desesperadamente el cese de la represión. El barrio, como tantos otros, se había convertido en un campo de batalla sin razón, donde las víctimas no eran combatientes, sino civiles reclamando sus derechos.

10 de mayo de 2021 – Cali – Afectaciones a población vulnerable en El Aguacatal

A las 5:00 p.m. del mismo día, el barrio El Aguacatal, un sector popular de Cali, fue blanco de un ataque indiscriminado con gases lacrimógenos. En este sector no había movilización activa, pero el miedo y el caos se desataron de todas formas. La mayor tragedia fue el impacto sobre la población vulnerable: niños menores de cinco años y adultos mayores fueron afectados, provocando terror generalizado entre los habitantes. Este ataque, que violó claramente el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, fue un recordatorio de la deshumanización de un operativo que no distinguía entre los que luchaban y los que solo querían vivir en paz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a misión médica en la Portada al Mar

A las 5:00 p.m., el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército dirigieron su violencia hacia una misión médica en la Portada al Mar. Los voluntarios, que se habían dedicado a brindar primeros auxilios a los heridos, se convirtieron en blanco del ataque. Las fuerzas armadas dispararon contra los jóvenes que trataban de salvar vidas. El hecho se enmarcó dentro de una ofensiva más amplia, en la que se atacaba no solo a los manifestantes, sino también a quienes se habían comprometido con la humanidad. Este ataque fue denunciado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, un acto de terrorismo de Estado que busca silenciar la compasión.

 

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado contra manifestantes en la Portada al Mar

En esa misma tarde del 10 de mayo, la Portada al Mar vivió una nueva embestida. El ESMAD, la Policía y el Ejército atacaron a los manifestantes con armas de fuego y gases lacrimógenos. Los jóvenes caían, las madres lloraban, y la desesperación se apoderaba de todos. Múltiples heridos quedaron tendidos en el suelo, testigos de la brutalidad del operativo. Este ataque no fue aislado: se sumó a una serie de agresiones sistemáticas en toda la ciudad. La represión no era un accidente. Era parte de una estrategia de terror institucional destinada a frenar cualquier atisbo de protesta, cualquier grito de justicia.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sabotaje de comunicaciones y crisis en Siloé

Durante la noche del 10 de mayo de 2021, la ciudad de Cali experimentó una desconexión masiva de servicios esenciales como telefonía móvil, televisión y conexión a internet, especialmente afectando a la operadora Movistar. Esta interrupción coincidió con una grave escalada de violencia en el barrio Siloé, donde se escuchaban disparos y gritos de auxilio. La falta de comunicación dificultó gravemente el reporte de los hechos y la denuncia oportuna de violaciones a los derechos humanos. La crisis de información permitió que la represión se diera en la oscuridad, con la población civil atrapada en un limbo sin capacidad de alertar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado desde motocicleta en Calipso

El 10 de mayo de 2021, el sector de Calipso fue escenario de un nuevo ataque armado dirigido contra los manifestantes. Según los testimonios recogidos, una motocicleta, conducida por civiles, disparó directamente contra los manifestantes. Este tipo de agresión ha sido vinculado por organizaciones de derechos humanos con la actuación de grupos paramilitares, presuntamente coordinados con fuerzas del Estado. La violencia no solo se intensificaba, sino que adquiría características de una ofensiva que desbordaba cualquier control, evidenciando la grave situación que atravesaba la protesta social y la peligrosidad que enfrentaban los ciudadanos al salir a las calles.

11 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo Económico

Ese día, Cali se partió en dos. De un lado, los que luchaban; del otro, los que mandaban a callar. En Ciudad Jardín, entre hombres armados y complicidad estatal, se levantó un muro invisible que asfixió a la ciudad: alimentos, medicamentos y combustible no llegaron.

11 de mayo de 2021 – Cali – Montajes judiciales

Mientras la élite observaba desde sus camionetas de lujo, la Sijin cazaba heridos en los hospitales, tratando a quienes sufrían la represión como criminales. El derecho internacional se ahogaba en el polvo caliente de la ciudad. En paralelo, el aparato judicial se ponía en marcha para silenciar a los indígenas resistiendo en su «guarida indígena». Ya atacados por sicarios, ahora eran perseguidos por la justicia, convertidos en enemigos del orden. A su bastón de mando y sus danzas, les respondían con expedientes fabricados, con la ley como garrote. El 11 de mayo se consolidó como el día en que la justicia se vendió al poder, transformándose en otra herramienta de represión.

Es urgente, es necesario, es imperativo que la verdad se esclarezca. Las víctimas de esos días, las madres que lloran a sus hijos caídos, los jóvenes mutilados por el odio institucional, no pueden quedar condenados al olvido, al desdén de un poder que los considera meros obstáculos. ¡Hoy, más que nunca, es vital exigir una Comisión de Esclarecimiento que escuche, que nombre, que señale! ¡Una Comisión que arranque la impunidad de raíz y le devuelva al país la dignidad que se nos arrebata a plomo!

¡Comisión de Esclarecimiento YA!