Han transcurrido cinco años desde la desaparición forzada de Narly Gómez Jiménez y, al día de hoy, su paradero continúa siendo un misterio. La pregunta se mantiene vigente en cada rincón del Cauca y del país: ¿DÓNDE ESTÁ NARLY?. Para su hija —hoy de 10 años— el interrogante es todavía más doloroso: “¿Dónde está mi mamá?”. A diario, la menor sigue dibujando esperanzas en cartas dirigidas a su madre, aguardando su regreso. Sin embargo, y a pesar de múltiples denuncias y de la exigencia de familiares y organizaciones sociales, no se tiene noticia alguna sobre Narly.
Presunta muerte de Ever Yobany Imbachi y la impunidad de sus familiares
En el transcurso de las investigaciones, se ha conocido que Ever Yobany Muñoz Imbachi —excompañero sentimental de Narly y señalado como principal implicado en su desaparición— habría sido asesinado en el departamento del Huila. No obstante, sus hermanos, quienes participaron activamente en los hechos que rodean la desaparición de Narly, no han sido vinculados formalmente al proceso judicial.
Según testimonios de habitantes del municipio de La Sierra, estos familiares presuntamente saben dónde se encuentra Narly y han llegado a vanagloriarse con expresiones de que “jamás será encontrada”. Además, los allegados de Narly han denunciado hostigamientos y amenazas por parte de estos individuos, cuyo propósito sería apropiarse de los bienes que dejó el militar asesinado. Esto mantiene en constante zozobra a la familia de Narly y a su hija, quienes han tenido que enfrentar no solo la ausencia de la madre, sino también un acoso permanente que pone en riesgo su integridad y su seguridad.
Omisiones estatales y la ineficacia de las medidas cautelares de la CIDH
El 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Narly y de su hija, al considerar la situación de extrema gravedad y urgir al Estado colombiano a tomar acciones inmediatas para dar con su paradero. Sin embargo, a la fecha, estas medidas no han surtido el efecto esperado:
• El Estado no ha cumplido con su obligación de ubicar a Narly.
• La protección de la menor se ha visto gravemente vulnerada, pues continúan los hostigamientos por parte de las personas implicadas en la desaparición.
Denuncias de violencia previa y fallas en la investigación
El caso de Narly no surgió de manera aislada. El 16 de diciembre de 2019, ella denunció a Ever Yobany por agresiones físicas y psicológicas. A pesar de exponer ante la Fiscalía General de la Nación los maltratos que sufrió durante su convivencia, no se le otorgó ninguna medida de protección. Esa inacción permitió que, con el paso de las semanas, se consumara su desaparición forzada.
Tras los hechos, los familiares realizaron labores de búsqueda: recabaron testimonios, inspeccionaron posibles lugares donde pudo haber estado Narly y consiguieron pruebas como audios, prendas de vestir, mensajes y números telefónicos. Aun así, la Fiscalía Séptima especializada, a cargo de la fiscal Martha Liliana Cerón, demoró en realizar diligencias clave, como la entrevista en cámara Gessel a la menor, la toma de declaraciones a testigos o la inspección de la camioneta alquilada el 27 de enero de 2020. Incluso se negó a recibir prendas halladas por la familia en la zona donde supuestamente desapareció Narly.
En lugar de informarles sobre los avances —respetando la reserva del sumario—, los investigadores han manifestado sentirse “estresados” por la insistencia de quienes solo buscan justicia. El panorama de impunidad se agrava con la reciente muerte de Ever Yobany y la nula vinculación de sus familiares a la investigación, pese a los múltiples indicios que los relacionan con los hechos.
La desescolarización de la hija de Narly
A todo lo anterior se suma la afectación directa a la menor, quien ya vive la tragedia de no saber qué pasó con su madre. Los familiares de Narly han denunciado que la menor fue desescolarizada por parte de la Secretaría de Educación de Popayán y solo mediante una acción de tutela lograron su reintegro a una institución educativa.
No obstante, la niña también ha sido víctima de acoso por parte de la docente responsable, quien la señala insistentemente por manifestar síntomas de déficit de atención. Estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de la menor y profundizan el trauma generado por la desaparición de su madre.
¿Qué ocurrió el 27 de enero de 2020?
Ese día, Narly Gómez Jiménez fue vista por última vez en compañía de su excompañero sentimental y padre de su hija, Ever Yobany Muñoz Imbachi, soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro. Según las averiguaciones familiares, Narly, Ever Yobany y su hija se trasladaron a una zona rural de Popayán para supuestamente revisar unos lotes. Sin embargo, la menor manifestó que su padre se fue con su madre, la dejó encerrada y más tarde regresó solo, con los brazos manchados de sangre.
Testigos de la zona declararon haber visto a la pareja discutiendo y bajando en dirección a un río, para luego observar al militar de regreso, sin camisa, mojado y visiblemente alterado. Posteriormente, Ever Yobany alquiló una camioneta y se dirigió al corregimiento de Guachicono (municipio de La Vega) junto con su hermana Ruby Muñoz, con la aparente intención de dejar a la niña con familiares que no contaban con la autorización de Narly. Finalmente, la menor fue entregada a los parientes de la víctima.
Ese mismo 27 de enero se denunció la desaparición forzada ante la URI de la Fiscalía de Popayán, asignándose la investigación a la Fiscalía Séptima especializada con número de radicación 190016000601202000871.
La impunidad continúa
Resulta alarmante que, pese a los múltiples indicios que señalaban a Ever Yobany Muñoz Imbachi como principal implicado en la desaparición forzada de Narly Gómez Jiménez, la Fiscalía General de la Nación no haya avanzado en diligencias contundentes antes de la muerte de este. Igualmente, sus hermanos —testigos clave y posibles cómplices— no han sido llamados a responder. El Ejército Nacional, en particular la brigada a la que pertenecía Ever Yobany, tampoco ha contribuido a esclarecer los hechos ni a brindar información que facilite encontrar a Narly.
Exigimos respuestas: ¿Dónde está Narly?
El Estado colombiano está obligado a buscar a los desaparecidos, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. Hasta la fecha, no se ha cumplido con esos deberes en el caso de Narly Gómez Jiménez.
Las organizaciones sociales, los familiares y amigos de Narly seguiremos exigiendo su reaparición con vida. Continuaremos señalando a los presuntos responsables y a las entidades estatales que, por acción u omisión, han contribuido a perpetuar la impunidad.
Hoy, 27 de enero de 2025, reclamamos al Estado colombiano, a la Fiscalía General de la Nación y en especial a la fiscal especializada Martha Liliana Cerón que procedan con celeridad y transparencia. Que se explique a la familia de Narly —y a la sociedad civil— por qué a lo largo de estos cinco años no se han adelantado acciones efectivas que conduzcan a su paradero, garanticen justicia y protejan a su hija.
¡Seguiremos buscando a Narly hasta encontrarla!
