11 de mayo: No hay Día de la Madre que festejar

por Sofia Lopez2025, Desaparición forzadaPublicado el No hay comentarios

El 11 de mayo amaneció como todos los días de madre: con rosas en las esquinas, promociones de almuerzos en los restaurantes y abrazos en los noticieros. Pero para Sandra, Mónica, doña Zoraida y doña Blanca, no hay nada que celebrar. Para ellas, el Día de la Madre no llega. Se quedó perdido, como sus hijos, en algún recodo de esta guerra que nunca termina.

Sandra aún guarda la camisa de Daniel con olor a campo. Él se fue de Santander a Caldono en el 2023. “Para ayudarle a mi mamá”, decía. Allá consiguió trabajo en una trilladora de café, pero también lo alcanzó la guerra. Fue reclutado forzosamente, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Sandra ha ido a veredas, fiscalías, consejos de derechos humanos. Solo encuentra puertas cerradas, y a veces —en el mejor de los casos— una mirada de lástima.

Mónica, en cambio, vive con la duda clavada en el pecho. A Laura, su negra linda, se la llevaron con engaños en el Naya. Dicen que no quiso unirse a la guerra y que por eso la mataron. No hay cuerpo. No hay tumba. Solo rumores. Solo ese dolor agudo de la incertidumbre, esa herida que no deja cicatriz porque sigue abierta.

Doña Zoraida ya casi no puede caminar, pero cuando pudo hacerlo, dejaba su trabajo como recicladora y subía cerros, cruzaba cordilleras en Nariño, enfrentaba a los señores de la guerra cada vez que alguien le decía que habían visto a una mujer parecida a Dianita. Fue en 2006 cuando el ELN se la llevó. Le contaron que podría estar en una vereda llamada Damasco. Fue, preguntó, volvió. Y nada. El tiempo se le ha ido esperando, y el país se ha ido olvidando.

Doña Blanca ya es abuela. Tiene el cabello blanco y la voz quebrada, pero aún conserva la fuerza para gritar el nombre de su hijo: Heiner Andrés. Lo desapareció el bloque paramilitar Libertadores del Sur que opera en Nariño. Desde entonces, no ha parado de buscar. Nadie le responde. Nadie le explica. Solo sabe que a su hijo se lo tragó la guerra.

Son las madres que buscan. Las que caminan con los pies rotos y el corazón en carne viva. Las que no tienen ni abrazo, ni tumba, ni verdad. A ellas no las mencionan en los discursos oficiales ni les llegan las flores del supermercado. Se enfrentan a una sociedad indiferente y a un Estado que repite, una y otra vez, que está haciendo lo posible.

Pero ellas saben que no es cierto.

Este 11 de mayo, para ellas no hay regalo ni festejo. Solo la memoria viva de los hijos arrebatados por la guerra, el eco de los nombres que nadie quiere pronunciar y la certeza amarga de que, mientras no estén todos los hijos, no habrá ningún Día de la Madre.

Porque mientras haya una madre buscando a su hijo, este país no puede celebrar nada.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz .

Madres buscadoras en Colombia: Promesas en papel y una realidad de violencia e impunidad

por Sofia Lopez2025, Conflicto Armado, Desaparición forzada, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Emilse recuerda el día en que tuvo que irse de Buenos Aires, Cauca. No porque quisiera, sino porque le dejaron claro que no tenía otra opción. “No busque más, dedíquese a hablar contra Petro o váyase”, le dijeron. Sabía que quedarse era una sentencia de muerte. No lo dudó. Huyó con lo puesto, dejando atrás su casa, su comunidad, su lucha por encontrar a su sobrino, reclutado a la fuerza por un grupo armado. Hoy, en una ciudad que no es la suya, la siguen buscando. Le preguntan por ella, la vigilan. Su salud se ha deteriorado, pero su miedo no le permite descansar.

Margot también sabe lo que es perderlo todo. Hace años, en Nariño, los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur se llevaron a Raúl, su esposo. “No lo busque”, le advirtieron. Pero Margot no hizo caso. Lo buscó en cada camino, en cada vereda, en cada fosa. Lo encontró muerto. Desde ese día, su vida cambió. Ahora acompaña a otras mujeres que, como ella, no descansan hasta saber la verdad.

Zoraida apenas tiene 60 años, pero su cuerpo parece más viejo. Su columna no aguantó más y dejó de reciclar. Su casa, hecha de costales y piso de tierra, apenas la protege del frío. Lo único que le queda es la búsqueda de Diana, su hija, reclutada forzadamente en los 2000. Nunca volvió a saber de ella.

Mónica llegó al Cauca desde Cali, buscando una vida mejor. Pero la suya se rompió cuando a Laura, su hija, se la llevaron con promesas de trabajo al Naya. Cuando se negó a unirse a los armados, la mataron. Desde entonces, Mónica ruega que las autoridades envíen una misión de búsqueda, pero nadie escucha.

Valery tiene nueve años y todavía le escribe cartas a su mamá desaparecida. Las deja en su almohada, esperando que algún día regrese. Yarlin pregunta cada noche: “¿Dónde está Narly, mi hermana?”

Así se cuentan las historias de dolor de las mujeres del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz. Todas siguen esperando que la Ley 2364 de 2024 sea más que una firma en un papel.

En Colombia, la desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más devastadoras a los derechos humanos. A pesar de los avances normativos, como la aprobación de la Ley 2364 de 2024, las madres buscadoras continúan enfrentando amenazas, violencia y un Estado que no ha garantizado su seguridad ni su derecho a la verdad.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha individualizado a 111.640 personas desaparecidas hasta marzo de 2024, pero la Comisión de la Verdad sostiene que entre 1985 y 2016, al menos 210.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, estas cifras pueden ser mucho mayores debido al subregistro, ya que este crimen se comete en la clandestinidad y con complicidad de diferentes actores.

A pesar del Acuerdo de Paz de 2016, el conflicto armado sigue afectando gravemente a regiones como el suroccidente colombiano, donde el reclutamiento forzado de jóvenes ha aumentado de manera alarmante. Para muchas madres y familiares, la desaparición de sus hijos a manos de grupos armados ilegales solo tiene una consecuencia inmediata: el desplazamiento forzado y el desarraigo. Sin garantías de seguridad, su única opción es huir, dejando atrás sus hogares y su historia.

La aprobación de la Ley 2364 de 2024 fue recibida con esperanza, ya que contempla 22 compromisos divididos en cuatro ejes fundamentales:

1. Reconocimiento de las mujeres buscadoras y prevención de su estigmatización.

2. Protección ante amenazas y ataques.

3. Garantía de derechos fundamentales como educación, vivienda y salud.

4. Medidas contra la impunidad y a favor de la verdad.

Sin embargo, su implementación ha sido prácticamente nula, dejando a las madres buscadoras sin protección, sin recursos y en un estado de vulnerabilidad extrema.

Uno de los mecanismos clave de la ley es el Registro Único de Mujeres Buscadoras, pero este sigue el mismo patrón restrictivo del Registro Único de Víctimas. Sus criterios de inclusión son limitados, ya que solo contempla los casos dentro del conflicto armado, ignorando otras formas de desaparición como las ocurridas en el estallido social de 2021.

Nos preguntamos entonces: ¿serán excluidas las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en el contexto de la protesta social? ¿Acaso el Estado pretende seguir negando estos casos con trabas burocráticas?.

Además, el registro impone una carga de prueba enorme sobre las personas que buscan a sus seres queridos, obligándolas a demostrar la desaparición de sus hijos en un país donde los expedientes se pierden, las instituciones encubren y la justicia brilla por su ausencia.

Mientras el Estado tarda en cumplir lo que promete en el papel, las madres buscadoras siguen enfrentando una realidad brutal. Amenazas, asesinatos selectivos, hostigamientos y campañas de desprestigio hacen parte de su día a día. La violencia de género también juega un papel central, pues muchas de estas mujeres son blanco de agresiones sexuales y violencia simbólica para intentar silenciarlas.

El costo de buscar la verdad es alto. Muchas han tenido que huir del país y vivir en el exilio, obligadas a abandonar su lucha o continuarla desde la distancia, lejos de la tierra donde desaparecieron sus hijos.

La Ley 2364 de 2024 fue presentada como un paso histórico en la protección de las buscadoras, pero hasta ahora su implementación ha sido casi inexistente. Mientras tanto, las desapariciones continúan, el reclutamiento forzado no se detiene y las madres que buscan a sus hijos siguen quedándose solas, perseguidas y sin respuestas.

El Estado ha fallado en brindar protección y en garantizar el derecho a la verdad. Las madres buscadoras siguen enfrentándose a un sistema que las ignora, mientras los responsables de las desapariciones continúan en la impunidad.

No queremos pensar que esta ley es solo otra promesa vacía. Pero la realidad de las madres buscadoras en Colombia nos obliga a preguntarnos si la seguridad, la verdad y la justicia seguirán siendo solo palabras en los discursos oficiales, mientras en las calles las madres siguen buscando a sus hijos en medio del miedo y la desesperanza.

Guantánamo: El campo de concentración del siglo XXI

por Sofia Lopez2025, Abuso de autoridad ( judicial, Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad, Derecho a las garantías judiciales, Desaparición forzadaPublicado el No hay comentarios

La historia de la humanidad está marcada por episodios de horror, de esos que la memoria colectiva intenta enterrar pero que, con brutal insistencia, resurgen en nuevos escenarios, con nuevos verdugos y nuevas víctimas. El siglo XX nos dejó las huellas imborrables de Auschwitz, Dachau y Treblinka, lugares donde la humanidad se desmoronó bajo el yugo del Tercer Reich. Y, aunque la Historia suele disfrazar sus repeticiones con otros nombres, el horror sigue encontrando refugio en estructuras de metal, alambres de púa y burocracias de ultraderecha que justifican lo injustificable. Guantánamo es hoy el reflejo de esos tiempos oscuros, un campo de concentración legitimado por la maquinaria del poder global.

Desde que Estados Unidos se apropió de Guantánamo a finales del siglo XIX, tras la independencia de Cuba de España, la base naval se convirtió en una anomalía jurídica: una porción de suelo cubano ocupado ilegalmente y en un bastión del imperialismo estadounidense en el Caribe. Cuba ha rechazado una y otra vez los cheques de alquiler que Washington envía, pero el coloso del norte no tiene intenciones de marcharse. La base ha sido utilizada como punto de control militar, centro de detención de refugiados y, finalmente, como un limbo legal para aquellos a quienes el gobierno estadounidense desea desaparecer forzadamente en ultimas.

En 2001, tras los atentados del 11-S y la invasión de Afganistán, Guantánamo se transformó en un laboratorio del terror. Prisioneros, capturados sin juicio ni pruebas fehacientes, fueron enviados a un lugar donde las leyes internacionales no se aplican, menos el derecho internacional de los derechos humanos. La tortura, el aislamiento y la deshumanización se convirtieron en el pan de cada día. Con eufemismos como «técnicas mejoradas de interrogatorio», se justificaron vejaciones inimaginables. Y todo, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional, que ha preferido ignorar lo que allí ocurre.

Si los detenidos de la «guerra contra el terrorismo» fueron las primeras víctimas de esta farsa jurídica, el futuro de Guantánamo parece incluso más macabro. La administración de Donald Trump emitió un memorando que propone la ampliación de la base para albergar a 30.000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. «Un lugar duro para escapar», sentenció Trump, mientras anunciaba que el centro de detención se convertiría en la solución para los «peores extranjeros ilegales criminales».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida con el mismo lenguaje frío y calculador que en su día utilizaron los arquitectos del Holocausto. «Es mejor que se les retenga en un lugar seguro como la Bahía de Guantánamo, construida para migrantes», afirmó, mientras proponía habilitar el campo de golf de la base para extender su capacidad de detención.

Nada en este discurso es nuevo. Es la repetición del mismo esquema de segregación, represión y exterminio lento que ha sido utilizado contra aquellos considerados «indeseables» por regímenes autoritarios. Guantánamo es, hoy por hoy, un gueto moderno, un campo de concentración revestido de tecnocracia, con protocolos y burocracia que validan la existencia de una prisión sin condena, una cárcel sin derechos.

La existencia misma de Guantánamo es una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional. Pero la indiferencia global ha permitido que siga operando como un limbo, una licencia abierta para grave violaciones a los derechos humanos. El mundo ha olvidado las lecciones de Núremberg, ha dejado de lado los tratados internacionales que, en teoría, impiden las detenciones arbitrarias y la tortura. El silencio es cómplice, y la continuidad de Guantánamo demuestra que el poder no necesita justificar sus atrocidades cuando el resto del mundo elige mirar hacia otro lado.

El horror del siglo XXI no se esconde en campos de exterminio clandestinos. Se exhibe a plena luz del día, con comunicados oficiales y ruedas de prensa, con memorandos firmados por presidentes y aprobados por burócratas que han reducido la dignidad humana a una cifra en un informe de seguridad nacional. El campo de concentración de Guantánamo sigue operando, sin hornos crematorios, pero con el mismo desprecio por la vida. La historia, como siempre, se repite y la justicia no se asoma.

Mientras tanto, en Colombia, la derecha encarnada en Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Vicky Dávila e Iván Duque (quien ahora sueña con ser Secretario General de la OEA), celebran la inhumanidad y defienden los intereses del imperio del norte con la esperanza de que este les ayude a recuperar el poder. Dios nos libre de una Colombia gobernada de nuevo por el Centro Democrático.

 

¿DÓNDE ESTÁ NARLY?

por Sofia Lopez2025, Cauca, Derecho a la libertad, Desaparición forzada, Feminicidio, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Han transcurrido cinco años desde la desaparición forzada de Narly Gómez Jiménez y, al día de hoy, su paradero continúa siendo un misterio. La pregunta se mantiene vigente en cada rincón del Cauca y del país: ¿DÓNDE ESTÁ NARLY?. Para su hija —hoy de 10 años— el interrogante es todavía más doloroso: “¿Dónde está mi mamá?”. A diario, la menor sigue dibujando esperanzas en cartas dirigidas a su madre, aguardando su regreso. Sin embargo, y a pesar de múltiples denuncias y de la exigencia de familiares y organizaciones sociales, no se tiene noticia alguna sobre Narly.

Presunta muerte de Ever Yobany Imbachi y la impunidad de sus familiares

En el transcurso de las investigaciones, se ha conocido que Ever Yobany Muñoz Imbachi —excompañero sentimental de Narly y señalado como principal implicado en su desaparición— habría sido asesinado en el departamento del Huila. No obstante, sus hermanos, quienes participaron activamente en los hechos que rodean la desaparición de Narly, no han sido vinculados formalmente al proceso judicial.
Según testimonios de habitantes del municipio de La Sierra, estos familiares presuntamente saben dónde se encuentra Narly y han llegado a vanagloriarse con expresiones de que “jamás será encontrada”. Además, los allegados de Narly han denunciado hostigamientos y amenazas por parte de estos individuos, cuyo propósito sería apropiarse de los bienes que dejó el militar asesinado. Esto mantiene en constante zozobra a la familia de Narly y a su hija, quienes han tenido que enfrentar no solo la ausencia de la madre, sino también un acoso permanente que pone en riesgo su integridad y su seguridad.

Omisiones estatales y la ineficacia de las medidas cautelares de la CIDH

El 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Narly y de su hija, al considerar la situación de extrema gravedad y urgir al Estado colombiano a tomar acciones inmediatas para dar con su paradero. Sin embargo, a la fecha, estas medidas no han surtido el efecto esperado:
• El Estado no ha cumplido con su obligación de ubicar a Narly.
• La protección de la menor se ha visto gravemente vulnerada, pues continúan los hostigamientos por parte de las personas implicadas en la desaparición.

Denuncias de violencia previa y fallas en la investigación

El caso de Narly no surgió de manera aislada. El 16 de diciembre de 2019, ella denunció a Ever Yobany por agresiones físicas y psicológicas. A pesar de exponer ante la Fiscalía General de la Nación los maltratos que sufrió durante su convivencia, no se le otorgó ninguna medida de protección. Esa inacción permitió que, con el paso de las semanas, se consumara su desaparición forzada.
Tras los hechos, los familiares realizaron labores de búsqueda: recabaron testimonios, inspeccionaron posibles lugares donde pudo haber estado Narly y consiguieron pruebas como audios, prendas de vestir, mensajes y números telefónicos. Aun así, la Fiscalía Séptima especializada, a cargo de la fiscal Martha Liliana Cerón, demoró en realizar diligencias clave, como la entrevista en cámara Gessel a la menor, la toma de declaraciones a testigos o la inspección de la camioneta alquilada el 27 de enero de 2020. Incluso se negó a recibir prendas halladas por la familia en la zona donde supuestamente desapareció Narly.
En lugar de informarles sobre los avances —respetando la reserva del sumario—, los investigadores han manifestado sentirse “estresados” por la insistencia de quienes solo buscan justicia. El panorama de impunidad se agrava con la reciente muerte de Ever Yobany y la nula vinculación de sus familiares a la investigación, pese a los múltiples indicios que los relacionan con los hechos.

La desescolarización de la hija de Narly

A todo lo anterior se suma la afectación directa a la menor, quien ya vive la tragedia de no saber qué pasó con su madre. Los familiares de Narly han denunciado que la menor fue desescolarizada por parte de la Secretaría de Educación de Popayán y solo mediante una acción de tutela lograron su reintegro a una institución educativa.
No obstante, la niña también ha sido víctima de acoso por parte de la docente responsable, quien la señala insistentemente por manifestar síntomas de déficit de atención. Estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de la menor y profundizan el trauma generado por la desaparición de su madre.

¿Qué ocurrió el 27 de enero de 2020?

Ese día, Narly Gómez Jiménez fue vista por última vez en compañía de su excompañero sentimental y padre de su hija, Ever Yobany Muñoz Imbachi, soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro. Según las averiguaciones familiares, Narly, Ever Yobany y su hija se trasladaron a una zona rural de Popayán para supuestamente revisar unos lotes. Sin embargo, la menor manifestó que su padre se fue con su madre, la dejó encerrada y más tarde regresó solo, con los brazos manchados de sangre.
Testigos de la zona declararon haber visto a la pareja discutiendo y bajando en dirección a un río, para luego observar al militar de regreso, sin camisa, mojado y visiblemente alterado. Posteriormente, Ever Yobany alquiló una camioneta y se dirigió al corregimiento de Guachicono (municipio de La Vega) junto con su hermana Ruby Muñoz, con la aparente intención de dejar a la niña con familiares que no contaban con la autorización de Narly. Finalmente, la menor fue entregada a los parientes de la víctima.
Ese mismo 27 de enero se denunció la desaparición forzada ante la URI de la Fiscalía de Popayán, asignándose la investigación a la Fiscalía Séptima especializada con número de radicación 190016000601202000871.

La impunidad continúa

Resulta alarmante que, pese a los múltiples indicios que señalaban a Ever Yobany Muñoz Imbachi como principal implicado en la desaparición forzada de Narly Gómez Jiménez, la Fiscalía General de la Nación no haya avanzado en diligencias contundentes antes de la muerte de este. Igualmente, sus hermanos —testigos clave y posibles cómplices— no han sido llamados a responder. El Ejército Nacional, en particular la brigada a la que pertenecía Ever Yobany, tampoco ha contribuido a esclarecer los hechos ni a brindar información que facilite encontrar a Narly.

Exigimos respuestas: ¿Dónde está Narly?

El Estado colombiano está obligado a buscar a los desaparecidos, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. Hasta la fecha, no se ha cumplido con esos deberes en el caso de Narly Gómez Jiménez.
Las organizaciones sociales, los familiares y amigos de Narly seguiremos exigiendo su reaparición con vida. Continuaremos señalando a los presuntos responsables y a las entidades estatales que, por acción u omisión, han contribuido a perpetuar la impunidad.

Hoy, 27 de enero de 2025, reclamamos al Estado colombiano, a la Fiscalía General de la Nación y en especial a la fiscal especializada Martha Liliana Cerón que procedan con celeridad y transparencia. Que se explique a la familia de Narly —y a la sociedad civil— por qué a lo largo de estos cinco años no se han adelantado acciones efectivas que conduzcan a su paradero, garanticen justicia y protejan a su hija.

¡Seguiremos buscando a Narly hasta encontrarla!

 

La Escombrera: Crimen de Estado y la Lucha por la Verdad

por Sofia Lopez2025, Antimilitarismo, Conflicto Armado, Derechos Humanos y Protesta Social, Desaparición forzada, Ejecuciones Extrajudiciales, Genocidio, Impunidad, Justicia, Medellín, Memoria, Resistencia, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El hallazgo reciente de restos humanos en La Escombrera, un sector de la Comuna 13 de Medellín, reaviva el debate sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado colombiano en estos crímenes de lesa humanidad. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los restos pertenecen a al menos cuatro personas, todas ejecutadas con tiros de gracia entre 2002 y 2003, un período marcado por operaciones militares como la controvertida Operación Orión.

La JEP ha enfatizado que insinuar que las familias de las víctimas enterraron a sus seres queridos en este lugar es una postura que minimiza el sufrimiento y la lucha incansable por la verdad que estas han llevado a cabo durante décadas. Desde que en 2001 surgieron las primeras denuncias sobre el uso de La Escombrera como fosa común, el Estado ha demostrado una alarmante negligencia al ignorar estas alertas, lo que ha prolongado la impunidad de los responsables.

En los últimos meses, tras remover más de 37.000 metros cúbicos de tierra y escombros, se logró exponer una pequeña porción de la verdad oculta en este lugar. La investigación confirma que dos de las víctimas fueron asesinadas y enterradas en el mismo sitio, lo que evidencia el uso de La Escombrera como lugar de ejecución y encubrimiento. A pesar de estas revelaciones, se estima que más de 500 personas desaparecieron durante este período, aunque el número real podría ser mayor debido al miedo de muchas familias a denunciar.

La JEP ha llamado a los familiares de víctimas a aportar muestras de ADN para agilizar la identificación de los restos. Hasta ahora, los avances forenses han permitido preservar estructuras óseas hasta en un 85%, lo que podría facilitar la identificación y entregar respuestas a las familias que han vivido en incertidumbre durante décadas.

Este caso también pone en cuestión el rol del Estado, no solo como garante de derechos, sino como responsable directo por su participación o connivencia en estas violaciones masivas. La Operación Orión, llevada a cabo con el argumento de combatir a grupos armados ilegales, se tradujo en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, hechos que el aparato estatal no puede evadir ni ignorar.

El caso de La Escombrera subraya la necesidad de una justicia transicional eficaz y una reparación integral para las víctimas. Solo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia será posible cerrar las heridas abiertas por estas graves violaciones a los derechos humanos.

#DesaparicionesForzadas #JusticiaTransicional #ResponsabilidadDelEstado #VerdadYReparación #LaEscombrera

 

Restauración de los Murales de la Memoria en Solidaridad con las Madres Buscadoras y en Denuncia contra las Violaciones de Derechos Humanos

por Sofia Lopez2025, Cauca, Derecho a la vida, Derechos Humanos y Protesta Social, Desaparición forzada, Ejecuciones Extrajudiciales, Genocidio, Impunidad, Masacre, Popayán, Resistiendo al olvidoPublicado el Un comentario

El pasado domingo 19 de enero, el movimiento social y de derechos humanos, artistas populares y la ciudadanía de Popayán se reunieron en el sector del Tablazo para la creación de un mural en solidaridad con las Madres Buscadoras de la Comuna 13 de Medellín. Estas valientes mujeres, víctimas de negacionismo estatal, continúan luchando incansablemente por encontrar a sus seres queridos desaparecidos durante la Operación Orión.

El evento contó con la participación de aproximadamente 100 personas, quienes plasmaron en un mural de 500 metros de largo en la carretera Panamericana de Popayán, frases como «Las cuchas tienen razón» y «Uribe dio la orden», en alusión a los 6.402 casos de falsos positivos ocurridos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Asimismo, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz pintó un mural en denuncia de la desaparición forzada de 589 niños, niñas y adolescentes en el Cauca tras la firma del Acuerdo de Paz. Este llamado exigió su liberación inmediata y la erradicación del reclutamiento forzado en la región.

Sin embargo, el día de hoy, 21 de enero, los murales fueron vandalizados. Manchas negras cubrieron gran parte de las obras, especialmente aquellas que incluían el rostro y nombre de Álvaro Uribe Vélez, lo que sugiere que los responsables son afines al uribismo. Este acto de censura ocurre cerca de terrenos pertenecientes a la senadora uribista Paloma Valencia, lo que genera aún más interrogantes sobre los intereses detrás de estos hechos.

Lejos de desanimarse, el movimiento social ha convocado a una jornada de restauración de los murales de la memoria en la Loma del Tablazo, programada para la tarde de hoy. Este acto busca reafirmar el compromiso de la ciudadanía con la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos.

¡Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta jornada por la memoria y la dignidad!

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Reinician excavaciones en La Escombrera para encontrar desaparecidos del conflicto armado en Medellín

por Sofia Lopez2025, Antioquia, Conflicto Armado, Desaparición forzada, Ejecuciones Extrajudiciales, Genocidio, Impunidad, Medellín, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

El 7 de enero de 2025 se reiniciaron oficialmente las excavaciones en La Escombrera, Medellín, en busca de personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano. Las excavaciones fueron suspendidas durante la temporada de fin de año, pero se reanudan tras el hallazgo de restos óseos el 19 de diciembre de 2024, luego de 146 días de trabajo. Durante ese tiempo, se descubrieron los restos de dos hombres y una mujer, lo que valida las denuncias de grupos de víctimas como el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, cuyo trabajo ha sido históricamente desestimado.

La JEP está liderando la intervención en un área priorizada de 2.417 m² dentro de La Escombrera, donde se estima que podrían encontrarse hasta 500 cuerpos. La zona, ubicada en la Comuna 13, fue utilizada como base paramilitar durante los años más intensos del conflicto, siendo un lugar clave para ejecuciones y desapariciones forzadas.

La identificación de los restos puede tardar meses debido a la falta de muestras de sangre por parte de las familias afectadas, debido a la lentitud del Estado en intervenir el lugar.

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¡Comisión de esclarecimiento YA!

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Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

En el contexto de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, las víctimas y organizaciones sociales que han sufrido la represión del gobierno de Iván Duque se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo fue solicitar apoyo para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Estallido Social de 2021, así como pedir una audiencia temática durante el 190º periodo de sesiones, que se celebrará en la sede de la CIDH en Washington DC en julio de este año.

Las víctimas y organizaciones de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño denunciaron la violencia sufrida y los mecanismos de impunidad instaurados por la Fiscalía General de la Nación. Se destacaron las amenazas, persecuciones y hostigamientos recibidos por las víctimas que denunciaron los hechos, así como la falta de funcionamiento de los mecanismos de garantías para la protesta social y la mesa de víctimas de la fuerza pública que se caracterizan por la escasa participación de las regiones.

Durante el encuentro con la CIDH, se resaltaron los incumplimientos del Estado de Colombia respecto a las recomendaciones emitidas por este organismo durante su visita de trabajo en 2021. Se puso énfasis en la persistencia de mecanismos de impunidad en el suroccidente del país, especialmente en la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación para identificar y sancionar a los responsables, tanto agentes estatales como no estatales, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los jóvenes manifestantes. Se denunciaron las deficiencias en los procesos forenses llevados a cabo por el Instituto de Medicina Legal, señalando que estas instituciones parecen estar más enfocadas en montajes judiciales contra los jóvenes que en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Se resaltó la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, muchas de las cuales han sido sometidas a múltiples desplazamientos forzados tras presentar sus denuncias. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos para recibir atención humanitaria por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, argumentando que no califican como víctimas del conflicto

 

 

rmado. Es fundamental aclarar que estas personas son víctimas de acciones irregulares perpetradas por la Policía Nacional y los escuadrones paramilitares conformados durante el paro nacional.

Durante la reunión se pusieron de relieve casos específicos de violencia, como los homicidios de Michael Aranda y Daniel Sánchez, llevados a cabo por la policía el 28 de mayo en Siloé, así como el atentado contra la Minga indígena el 9 de mayo, que dejó gravemente heridos a 8 comuneros indígenas, en estos hechos criminales participaron tanto la policía como de individuos armados de civil. También se mencionó el trágico asesinato de Angie Valencia en el sector de Calipso y el caso de Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Además, se abordaron los casos de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca durante el paro nacional, así como la persecución de los jóvenes líderes de las protestas y su actual situación de indefensión.

Se señalaron los hechos ocurridos el 28 de mayo en Pasto, Nariño, que dejaron un número indeterminado de heridos, incluido Cristian Yovani Bastidas, quien fue víctima de mutilación ocular y posteriormente se suicidó debido a las profundas afectaciones emocionales que sufrió. En el departamento del Cauca, se denunciaron los ataques sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas, quienes a pesar de haber informado a la Defensoría del Pueblo sobre los actos de agresión, hostigamiento y amenaza durante el paro en Popayán, no vieron avances en las investigaciones.

También se denunciaron las prácticas racistas que quedaron instaladas desde el paro nacional, donde a los miembros de pueblos indígenas se les prohibió el acceso a ciertos lugares exclusivos de la ciudad de Cali, así como los ataques a las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca y sus instalaciones de salud en Popayán por parte de sectores extremistas que reprimen la protesta social.

El Paro Nacional de 2021 fue una acción política importante que llevó al presidente Gustavo Petro al cargo, pero las víctimas del estallido social se sienten abandonadas y enfrentan una desesperanzadora impunidad. Por esta razón la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro busca establecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como garantizar la no repetición de los hechos.

Este viernes, las víctimas del suroccidente y sus organizaciones presentarán la propuesta de la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Paro Nacional ante los Ministerios de Defensa y Justicia. Además, están a la espera de una reunión con el Vice Ministerio de Juventudes para abordar esta importante iniciativa.

En América Latina, se han establecido diversas comisiones de esclarecimiento para abordar casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Por ejemplo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue creada en 2014 por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México. Esta comisión, integrada por expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y criminología, se encargó de investigar los hechos de manera independiente.

Otro ejemplo es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU. La CICIG tenía como objetivo apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Cabe destacar que en esta comisión participaron destacados profesionales como el actual ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo.

Considerando la relevancia y el éxito de iniciativas similares en la región, se espera que la propuesta de las víctimas del estallido social sobre la creación de una comisión de esclarecimiento sea bien recibida por el gobierno nacional y se inicien las rutas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

¡Comisión de esclarecimiento Ya !

Hallazgos y recomendaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Colombia.

por Sofia LopezConflicto Armado, de órganos de control), Derecho a la alimentación, Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad, Derecho a la reunión pacífica, Derecho a la salud, Derecho a la vida, Derecho a las garantías judiciales, Derechos Humanos y Protesta Social, Desaparición forzada, Detención arbitraria, Detención en centros clandestinos o no legales, Ejecuciones Extrajudiciales, ejecutiva, Género, Homicidio, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por invitación del presidente Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco en Colombia con el propósito de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. La delegación que condujo la visita estuvo liderada por la Presidenta de la CIDH, Comisionada Roberta Clarke; el segundo vicepresidente y Relator para Colombia, José Luis Caballero; los Comisionados Stuardo Ralón y Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak y Gloria De Mees, junto a la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. Así mismo, integraron la delegación los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Javier Palummo.

La delegación visitó la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En dichos lugares, la CIDH se entrevistó con autoridades de los diferentes poderes del Estado y se escuchó a organizaciones de la sociedad civil, grupos indígenas y afrocolombianos, activistas, personas defensoras y con liderazgo social y comunitario, sindicatos y gremios empresariales, así como de partidos políticos. La CIDH también visitó algunos de los principales centros de reclusión del país.

En la rueda de prensa del viernes 19 de abril, la CIDH presentó sus observaciones preliminares destacando varios aspectos de la crítica situación de derechos humanos y humanitaria que padece Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que Colombia, un país caracterizado por desigualdades extremas y arraigada pobreza, enfrenta una compleja transformación socioeconómica en medio de prácticas históricas de racismo y discriminación de clases. La presencia de grupos armados delincuenciales en territorios vulnerables agrava esta situación, generando un clima de violencia que socava los derechos humanos en el país.

El acuerdo de paz de 2016, centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y el dejar las economías ilegales, se percibía como un punto de inflexión hacia una sociedad más justa e incluyente. Sin embargo, la implementación de estas acciones ha enfrentado  obstáculos significativos, incluida la persistencia de la violencia contra firmantes de paz,  defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el pueblo ROM, han sido sistemáticamente excluidas. Además, el patriarcado ha instaurado una jerarquía de género que subyuga a mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTI. Esta discriminación se agudiza al entrelazarse con factores económicos, fortaleciendo así la exclusión social y política.

En las áreas habitadas principalmente por comunidades étnicas, persisten una serie de problemas graves, como asesinatos, amenazas a líderes y lideresas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y un aumento en la extorsión y el secuestro. La presencia y control territorial de los grupos armados han llevado a situaciones de resistencia, confinamiento y desplazamiento interno de la población, lo que representa una crisis que amenaza la identidad cultural y la supervivencia de estas comunidades

Las mujeres y personas LGBTI, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas con discapacidad o en situación de movilidad, continúan siendo víctimas de violencia sexual y reproductiva en las áreas rurales bajo control de grupos armados.

A pesar de que  a pesar de que los grupos étnicos, mujeres y población LGBTI sufren de manera desproporcionada los impactos de los conflictos, siguen siendo excluidos de manera sistemática de participar equitativamente en los procesos de paz y en la gobernanza. Además, enfrentan mayores barreras para acceder a la educación, la tierra y otros recursos productivos.

La raíz del conflicto armado en Colombia, así como de las recientes manifestaciones masivas en 2019, 2020 y 2021, reside en la desigualdad y la discriminación arraigadas en el país. En muchos territorios rurales, el Estado tiene una presencia mínima, lo que resulta en la falta de seguridad, servicios sociales, acceso a la educación e infraestructuras básicas. Los grupos armados aprovechan esta vulnerabilidad para reclutar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El conflicto armado en Colombia, desideologizado y centrado en economías ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas y de personas, ha generado violencia indiscriminada, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamiento interno masivo. La falta de presencia estatal en zonas rurales profundiza la inseguridad y la exclusión.

Además, la crisis humanitaria se agrava con el flujo masivo de personas en movimiento, incluyendo venezolanos, haitianos, ecuatorianos y personas de otros países fuera de la región, lo que incrementa el riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud.

A pesar de los avances en la implementación del acuerdo de paz, no existe una efectiva coordinación entre entidades gubernamentales para la ejecución de las medidas acordadas. Es necesario priorizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en la implementación y garantizar la protección de los derechos de quienes participan en el proceso de paz.

La continuidad de estos problemas se atribuye a la impunidad sistemática, que implica una falta de diligencia en las investigaciones y una falta de identificación y sanción de los responsables intelectuales incluso cuando hay condenas. La impunidad sistemática en Colombia supone un obstáculo significativo para la justicia y la superación de violaciones de derechos humanos. Es fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar una investigación y sanción efectivas de los responsables de violaciones de derechos humanos.

Además, la Comisión Interamericana visitó centros de detención y observó condiciones inaceptables a pesar de los esfuerzos para tratar a la población penitenciaria.

Los testimonios recopilados de diversas regiones del país reflejan la angustia, la incertidumbre y el sufrimiento que experimentan frente a la violencia reinante, la imposición del dominio territorial por parte de grupos armados y la convivencia forzada con ellos. Todo esto se desarrolla en un contexto de abandono histórico por parte del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Colombia lo siguiente:

  • Desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad en Colombia.
  • Cumplir con la obligación internacional de proteger la vida y la integridad de las personas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas donde se hayan decretado ceses al fuego bilaterales, alineando las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el acuerdo de paz de 2016.
  • Priorizar el debate constructivo y los consensos en el Congreso para la aprobación de leyes necesarias para la implementación del acuerdo de paz, incluyendo la reforma a la ley de víctimas.
  • Exhortar a la fiscalía general de la nación y al poder judicial a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos.
  • Fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de proyectos productivos, infraestructura, acceso al agua, construcción de vías de comunicación y oferta de alternativas para todas las personas, especialmente la juventud.

La CIDH espera que el Estado y la sociedad en su conjunto pueden lograr los acuerdos sociales y políticos necesarios para impulsar las transformaciones que permitan alcanzar la paz y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en Colombia. Reconociendo que esto requerirá de un compromiso firme con el diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos en todas las esferas de la sociedad colombiana.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.