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El sábado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel ejecutaron un ataque militar en Irán que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de la República Islámica: no solo jefe político, sino figura espiritual central para millones.

Para entender la magnitud simbólica, imaginen que una potencia extranjera bombardeara el Vaticano, destruyera la Basílica de San Pedro y asesinara al Papa ante 1.300 millones de católicos. No un atentado aislado. No un fanático solitario. Una operación militar deliberada entre Estados. Eso significaría tocar la cúspide espiritual de una comunidad global.

Jameneí representaba algo equivalente —en proporción simbólica— para millones de fieles chiíes dentro de los casi 2.000 millones de musulmanes del mundo. No era un funcionario administrativo. Era la fusión entre autoridad religiosa y poder político. Cuando se toca esa figura, no se activa solo la geopolítica: se activa la fe.

Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es demoledora. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso unilateral de la fuerza salvo en legítima defensa inmediata o con autorización del Consejo de Seguridad. La soberanía no es una sugerencia decorativa. La prohibición de ejecuciones extraterritoriales no es retórica académica. El derecho internacional no reconoce la figura del presidente convencido de su propia justicia.

Y, sin embargo, la operación fue ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad y sin declaración formal de guerra del Congreso estadounidense. Eso no es interpretación creativa: es ruptura del marco jurídico que se proclamó después de 1945 para evitar que el mundo volviera a incendiarse.

Aquí aparece la paradoja mayor: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de guerra. No es un rumor; es un proceso abierto en una jurisdicción internacional. Y, aun así, actúa como socio estratégico en una operación de esta magnitud. La legalidad internacional parece aplicarse selectivamente.

Y luego está Donald Trump.

Trump ha declarado en múltiples ocasiones que su brújula es su propia moral y que no respetará el derecho internacional. Esa moral ha estado rodeada de controversias públicas, incluida su aparición en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein y señalamientos persistentes que, aunque no hayan producido condenas judiciales firmes, forman parte del debate internacional sobre su conducta. No se trata de insultos; se trata de estándares. En una democracia madura, esas sombras deberían invitar a prudencia, no a expansión militar.

Porque la pregunta no es retórica: ¿qué ocurre cuando la moral privada de un gobernante sustituye al derecho público?

En una civilización coherente, cualquier líder que ordenara la ejecución extraterritorial de un jefe de Estado o figura espiritual sin mandato internacional enfrentaría un escrutinio jurídico severo. En un orden basado en reglas, la fuerza no sustituye al proceso ni la legalidad depende del poder militar del actor. Pero vivimos en la era de la excepción permanente.

Irán ha respondido con furia, como era previsible. Cuando se toca un símbolo espiritual, la reacción no es técnica: es histórica. La región vuelve a tensarse, el Golfo se militariza y las bases estadounidenses se convierten en blancos. La espiral se acelera.

Nos dijeron que era el siglo XXI. Pero cuando la política exterior se guía por impulsos personales y no por normas comunes, regresamos a una versión tecnológica del Medioevo: fe contra fe, poder contra derecho, cruzadas con drones.

El mundo no es un tablero de Monopoly.

Los misiles no son tuits.

Y el derecho internacional no puede convertirse en un accesorio opcional.

Si las normas solo obligan a los débiles, entonces no existe orden internacional: existe jerarquía armada.

Y la jerarquía armada nunca ha sido sinónimo de civilización.

Que los dioses —los de 1.300 millones de católicos, los de casi 2.000 millones de musulmanes y los de quienes no creen en ninguno— nos amparen. Porque cuando el derecho se arrodilla ante la voluntad del poder, la historia no avanza. Retrocede.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Otra vez las palabras oficiales se repiten como un cassette rayado: “acción necesaria por seguridad”, “objetivos legítimos”, “defensa frente a amenazas”. Pero la realidad tiene otra forma: cráteres humeantes, familias destrozadas, escuelas convertidas en ruinas.

El 28 de febrero de 2026, durante una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, un misil impactó la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán. Según las autoridades de Irán, en ese ataque murieron 148 personas, principalmente niñas que estaban estudiando, y varias decenas resultaron heridas. Las imágenes muestran pupitres aplastados bajo escombros y útiles escolares manchados de sangre.

Este tipo de hechos no son “muertes”, como si fueran estadísticas de tráfico. Son niñas asesinadas. Esa palabra duele porque describe con precisión lo que ocurre cuando una operación que se dice “militarmente necesaria” no distingue entre objetivo combatiente e infancia inocente.

Ese mismo bombardeo formó parte de un ataque más amplio en el que también fue asesinado el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán y autoridad religiosa de enorme peso en su sistema político, como resultado de los mismos ataques militares conjuntos. Y aquí es donde el lector tiene que mirar más allá de los eslóganes.

¿Violación del derecho internacional?

Sí.

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la soberanía de otro Estado, salvo en casos de legítima defensa ante un ataque armado o con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay indicios públicos ni resolución del Consejo que haya autorizado estos ataques de forma legal.

Además, el Derecho Internacional Humanitario (los Convenios de Ginebra y sus Protocolos) exige tres principios básicos cuando hay conflicto armado:

Distinción: separar a combatientes de civiles.

Proporcionalidad: evitar daños civiles desproporcionados.

Precaución: tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño a civiles.

Cuando una escuela llena de niñas es reducida a polvo, esos principios no se cumplieron. Y eso convierte lo que llaman “operación militar” en violación del derecho internacional —posible crimen de guerra si se demuestra que no hubo intención legítima de actuar contra objetivos militares únicamente—.

Entonces, ¿qué hay detrás de esto? La idea del llamado “Gran Israel”: una visión maximalista, inspirada en lecturas históricas y religiosas, que concibe una extensión de influencia o control que va más allá de las fronteras actuales, imaginando un horizonte que abarca desde el Éufrates hasta el Nilo.

Esa visión está vinculada simbólicamente con una idea de dominio regional que no se limita a cuestiones de seguridad, sino que toca recursos naturales, rutas estratégicas y, en última instancia, ambición geopolítica. Y cuando esa ambición se traduce en alianzas militares con Estados Unidos, impulsadas más por intereses de poder y beneficio que por respeto a la ley internacional —como se ha acusado al gobierno de Donald Trump y a Netanyahu—, el resultado es devastador: menores asesinadas, derechos humanos pisoteados y un derecho internacional tratado como adorno retórico.

Otra vez el imperio iniciando una guerra, otra vez arrastrando al mundo hacia la barbarie con el pretexto de la seguridad y el orden. Otra vez las niñas convertidas en víctimas de decisiones tomadas en despachos lejanos, donde la pólvora no huele y la sangre no salpica. Otra vez la infancia pagando el precio de la ambición geopolítica. Un imperio que habla de civilización mientras deja escuelas en ruinas y niñas asesinadas no puede reclamar superioridad moral: solo deja tras de sí la marca de la violencia y la vergüenza histórica.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo