¡Nos falta una, nos faltan todas!

En Colombia están desapareciendo niñas. Y nadie hace nada.

No es exageración. Es real: niñas de 13 a 16 años que salieron de casa y no volvieron. Tienen nombre, rostro, sueños, una madre que llora, una cama intacta esperando.

María Paula Artunduaga (13 años) — 25 de mayo. San Vicente del Caguán, Caquetá. Subió a un taxi con otra niña y un hombre. No volvió.

Zhaida Dayana Briñez (15 años) — 18 de mayo. Usme, Bogotá. Desapareció sin dejar rastro. Su nombre ni circuló.

Helen María Tejada (14 años) — 30 de mayo. Colegio Villa del Progreso, Usme. Salió con su bolso rosado. Nadie la ha vuelto a ver.

Horiannys Hernández (14 años, venezolana) — 31 de mayo. Fontibón, Bogotá. La vieron caminando por última vez.

Irlanda Méndez Daza (14 años) — 31 de mayo. Aguazul, Casanare. Iba rumbo a Villavicencio. Su madre busca sin descanso.

Isabella Usse (14 años) — 3 de junio. Buenos Aires, Medellín. Brackets, cicatriz en el labio. Se la tragó la ciudad.

Karen Valeria Quevedo (15 años) — 3 de junio. Cáqueza, Cundinamarca. Se bajó de una bodega. Y desapareció.

Nicole Guevara Cadena (16 años) — 5 de junio. Bucaramanga. Salió del colegio. Hay mensajes anónimos que dicen que no volverá.

María José Hernández (13 años) — 3 de junio. Cali. Por fortuna, ya apareció. Su caso recuerda que cada día cuenta.

Mientras las desapariciones crecen, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz grita. Y no lo escuchan.

El ICBF no es refugio. Muchas adolescentes huyen de sus centros por los tratos que reciben. Las Consejerías de Mujer y Derechos Humanos están desconectadas. La Fiscalía pierde denuncias o no actúa. Los mecanismos de búsqueda se activan tarde —o nunca.

Este país está dejando perder a sus niñas. Está fallando en su deber más básico: proteger la infancia.

Nos falta una. Nos faltan todas. Y no dejaremos de nombrarlas.

Si sabes algo, comunícate: movimientodemadresymujeres@gmail.com, +57 316 8860675

#NosFaltaUna

#NosFaltanTodas

#NiñezEnRiesgo

#ColombiaDespierta

#ICBFReformaYa

 

El sicario tenía 15 años

El siete de junio no fue un día distinto a los demás en Colombia. El sol pegaba duro en el sur, rajando techos y calentando las calles polvorientas donde la infancia juega con lo poco que tiene: piedras, balones desinflados y sueños rotos. Fue una tarde luminosa, sin lluvia, pero cargada de esa electricidad espesa que antecede al estruendo. Y estalló: atentaron contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El país se sacudió. Las redes sociales ardieron. La derecha apuntó a la izquierda. La izquierda respondió que era una estrategia de la misma derecha, un autoatentado, un movimiento electoral vil. El nombre de la senadora María Fernanda Cabal salió a relucir, junto con las afirmaciones incendiarias que había hecho contra Uribe Turbay por los excesivos gastos de su campaña y sobre todo desde que el mismísimo Álvaro Uribe Vélez lo designó como cabeza de lista en las elecciones del Senado. Nadie hablaba con certezas. Todos hablaban con rabia.

Algunos sectores de izquierda fueron claros: rechazaron el atentado, pidieron garantías para todos los precandidatos. Fue un gesto sensato, necesario, pero insuficiente. Porque, en medio del griterío político, los más oportunistas hicieron lo de siempre: le echaron la culpa a Petro. Y mientras el senador herido se debatía entre la vida y la muerte, Vicky Dávila, sin rubor, encabezaba los gritos de “¡Fuera Petro!” frente a la clínica. Como si el odio necesitara testigos.

Sí hubo una alocución presidencial. Seria, institucional. El presidente expresó solidaridad con la familia Uribe Turbay, canceló su viaje a Francia y condenó el atentado. Pero no logró calmar el clima enrarecido. Sus palabras, aunque prudentes, no bastaron para enfriar un país incendiado por la sospecha.

Nadie —entre toda esa niebla de discursos, trinos y cámaras— habló del otro protagonista de este drama: un niño de quince años. Un menor de edad que disparó y huyó a pie. Que confesó que le pagaron por hacerlo. Que, según algunas fuentes, ahora está en riesgo de ser asesinado porque ya sabe demasiado.

El sicario era un niño. Y Colombia, otra vez, prefiere matarlo que protegerlo.

Sí, fue un menor de edad el que jaló el gatillo. Un sicario adolescente que confesó haber recibido dinero para hacer el trabajo. Lo hizo a pie, como quien va a la tienda por un encargo. Lo detuvieron corriendo, con el miedo tatuado en los ojos y el cuerpo liviano de quien apenas empieza a crecer. No era un monstruo. Era un niño usado como instrumento. Como lo son hoy cientos, miles, de menores que la guerra, la mafia y la política han reclutado y olvidado.

Colombia ha fallado como nación porque ha abandonado a su infancia. La ha dejado a merced de fusiles, pandillas, clanes y padrinos que los usan, los queman y los tiran. Más de 800 niños y adolescentes están al servicio de las redes del crimen, como soldados sin bandera, como huérfanos de patria.

Este atentado no es solamente un hecho político. Es un síntoma de la descomposición profunda que nos atraviesa. Es el retrato de una sociedad que ya no se inmuta porque un niño mate. Es la evidencia brutal de que estamos exterminando nuestro futuro sin pestañear.

Miguel Uribe Turbay salvó la vida. Pero el país sigue herido. Y el niño que disparó es la herida abierta que nadie quiere mirar.

Nos estamos disparando a nosotros mismos. Y lo más grave no es que el tiro duela. Es que ya no duele.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia e Dignidad del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

¿Dónde está José Francisco Valle? Una crónica para no olvidar en el Día Mundial del Medio Ambiente

Por los caminos de niebla y espanto que descienden desde Cali hacia el Pacífico, por la ruta antigua El Queremal-Buenaventura, desapareció el pasado 1º de mayo el agroecólogo costarricense José Francisco Valle. Hoy se cumplen 36 días de su desaparición. Y aunque hizo varias llamadas antes de esfumarse, en una de ellas dijo algo claro, algo grave, algo que no se puede pasar por alto: estaba siendo extorsionado por miembros de la Policía Nacional.

Lo dijo con su propia voz. Lo escucharon personas cercanas. Lo reportaron. Y sin embargo, desde entonces, nada ha pasado. O peor aún, lo que ha pasado es el silencio.

Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, sus amigos y familiares hacen pública esta denuncia, porque mientras los gobiernos hablan de sustentabilidad y verde, ellos buscan a un hombre que sembraba futuro y al que el país le ha dado la espalda. Un hombre que recorría Colombia asesorando proyectos de cacao y agroecología, que se hospedaba en cuartos alquilados y dormía poco para recorrer mucho. Un hombre prudente, generoso, comprometido con la tierra.

Su última ubicación conocida fue una llamada desde la zona rural del municipio de Dagua, en la vía vieja que conecta El Queremal con Buenaventura. Dijo que lo tenían retenido. Que eran policías. Que lo estaban extorsionando. Y luego, el silencio.

Lo extraño es que la Policía afirma saber desde qué vereda se hizo la llamada, pero se niega a dar esa información. ¿Por qué? ¿Qué esconden? ¿Por qué se han tardado más de un mes en hacer algo tan básico como rastrear una llamada? ¿Qué intereses se interponen entre José Francisco y su derecho a aparecer con vida?

La moto en la que viajaba, una XRE-190 roja, placas CPQ81F, tampoco ha sido hallada. Él se hospedaba en la carrera 6 #3-32 de Cali, en un lugar que no figura como hostal, una casa con vecinas que recibieron esa última llamada. Ahora la policía las investiga, pero no avanza en lo esencial: la búsqueda real del desaparecido.

Desde el primer momento, la versión oficial ha sido turbia, contradictoria e inverosímil: que salió el 30 de abril en la noche, que fue el 1º en la mañana, que quizás iba “a ver un charco”… pero todos quienes lo conocían insisten: José Francisco era prudente y nunca se habría arriesgado sin razón, y menos ese día.

Este no es solo un caso de desaparición. Es un caso de violación a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Porque cuando una persona denuncia que está siendo extorsionada por agentes de la fuerza pública, y 36 días después no hay rastro suyo, y la información es ocultada, lo que hay no es una investigación: es encubrimiento.

José Francisco Valle debe aparecer con vida. La sociedad civil exige verdad y acción inmediata. Cualquier información puede dirigirse al número +593 99 900 1377 o al correo huertaschayamansa@gmail.com

Hoy, Día del Medio Ambiente, se alza una voz por la vida. La tierra que él cuidaba hoy lo reclama. Los amigos que lo aman hoy lo buscan. Y Colombia entera tiene la obligación de responder.

¿Dónde está José Francisco Valle?

¿Por qué la policía no quiere decir la verdad?

¿Qué están escondiendo?

Por Prensa Justicia & Dignidad 

Regresaron los fantasmas: la Policía vuelve a reprimir y el gobierno calla

El primero de mayo de 2025, en un país que aún no ha sanado las heridas del Paro Nacional de 2021, desapareció José Valle, un agroecólogo costarricense que viajaba por Buenaventura. En su última llamada, alcanzó a denunciar que estaba siendo extorsionado por policías. Desde entonces, no se sabe nada de él. Su rastro se pierde en la misma ruta donde cientos de líderes sociales han sido silenciados y donde, una vez más, la Policía aparece en el centro de una historia de miedo, impunidad y abandono estatal.

No es un caso aislado. El retorno de los abusos policiales en Colombia es una realidad que se niega a morir, incluso en medio de discursos progresistas y reformas prometidas que, en la práctica, no han cambiado la doctrina de una institución formada para la guerra, no para la vida civil.

A finales de mayo, en Cartagena, siete policías golpearon brutalmente a un menor de edad, sin que los gritos de su comunidad sirvieran para detenerlos. “¡Es un niño!”, se escuchaba mientras lo reducían a la fuerza. Días después, en Bogotá, Angie Alejandra Rodríguez Moreno, una joven de 27 años, recibió un disparo letal durante una requisa policial en el barrio Villamaría. Según las versiones oficiales, fue “un altercado”, pero quienes conocen el patrón saben que es otra víctima del exceso de fuerza que nadie quiere mirar.

Las cámaras ya no graban. Las redes ya no arden como antes. El país está atrapado en la inercia electoral del 2026, donde tanto la derecha como sectores de izquierda apuestan a la memoria corta. La reforma prometida a la Policía ha sido una modernización técnica, no un cambio estructural. Se les dieron más motos, más cámaras, más tecnología, pero ningún cuestionamiento real a su doctrina militar.

Mientras tanto, el silencio institucional es ensordecedor. El nombramiento de un ministro de Defensa militar, algo que ni siquiera Uribe se atrevió a hacer, deja un mensaje peligroso para la democracia: las armas mandan. La línea entre defensa nacional y seguridad ciudadana se ha vuelto borrosa. No hay reforma que valga si no hay justicia. Y no hay justicia mientras los crímenes de uniforme se sigan ocultando bajo el ruido de las campañas.

Ni de izquierda ni de derecha: lo que hay es politiquería. Y en medio de ese juego de poder, las víctimas siguen cayendo. Las familias de Angie, de José, del niño golpeado en Cartagena, no necesitan promesas, necesitan respuestas, justicia y verdad. El mensaje que envía el Estado es claro: los crímenes cometidos por policías pueden ocurrir, pueden doler, pero no importan lo suficiente como para impedir que se repitan.

Nos debe doler que lo extraordinario se vuelva rutina. Que los abusos ya no sorprendan. Que la desaparición de un extranjero, denunciada en tiempo real, se disuelva sin escándalo alguno. Colombia no puede permitirse ser una democracia donde se naturaliza la represión y se institucionaliza el olvido.

Lo mínimo, lo indispensable, lo urgente: una reforma policial de verdad, con enfoque en derechos humanos, con formación en civilidad, con sanciones reales. Y un compromiso con las víctimas que no dependa del color del gobierno, sino de la dignidad de la vida.

Por Prensa Justicia & Dignidad

El fuego no cesa en el suroccidente: un llamado desde la sangre Awá

Luis Aurelio Araujo Hernández no era solo el coordinador general de Camawari, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte. Era la palabra firme de su pueblo, el bastón que guiaba caminos, el cuidador de la montaña y de la memoria. Este martes 3 de junio de 2025, lo asesinaron junto a sus escoltas Jesús Alveiro Chaves Quejuan y Yackson Orlando Solarte Chunata.

Ocurrió en el resguardo de Cuaiquer Viejo, zona rural de Ricaurte, Nariño. Sujetos fuertemente armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaban, dispararon sin clemencia y luego prendieron fuego al vehículo con los tres cuerpos adentro. Así, entre llamas, quisieron borrar sus huellas.

Pero no se borra así el legado de un pueblo. No se extingue con fuego el derecho a la vida, ni el eco de un territorio que lleva décadas clamando justicia. La muerte de Luis Aurelio no es un hecho aislado: es parte de una cadena de masacres que sigue apretando el cuello del suroccidente colombiano. Es la violencia sistemática contra quienes defienden la tierra, el agua, la vida y el derecho a existir sin miedo.

¿Cuántos más deben morir para que el país se digne a mirar hacia Nariño?

¿Cuántas veces más tendrá que arder una camioneta para que el Estado escuche el llanto de los pueblos indígenas?

La guerra debe parar.

El suroccidente no aguanta más.

Hoy los Awá entierran a un líder.

¿Colombia enterrará también su conciencia?

Por un país que escuche, antes de que no quede nadie para hablar.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Guatemala: Operadores de justicia en la mira del poder

En las calles empedradas de Ciudad de Guatemala, el eco de las manifestaciones contra la corrupción aún resuena. La esperanza que una vez encarnó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ve opacada por una ola de persecuciones judiciales que buscan silenciar a quienes osaron desafiar las estructuras de poder corruptas.

La CICIG: Una esperanza de justicia

Establecida en 2007 mediante un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco, la CICIG tenía la misión de desmantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operaban con impunidad en el país. Bajo la dirección del jurista colombiano Iván Velásquez, la comisión logró avances significativos:

Procesamiento de expresidentes y altos funcionarios por corrupción.

Desarticulación de redes criminales infiltradas en el Estado.

Colaboración con el Ministerio Público para fortalecer la justicia.

Estos logros no pasaron desapercibidos. La CICIG se convirtió en un símbolo de esperanza para una ciudadanía harta de la corrupción endémica.

La reacción del poder

Sin embargo, el éxito de la CICIG también generó enemigos poderosos. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales, investigado por la comisión, decidió no renovar su mandato, alegando interferencias en la soberanía nacional. Desde entonces, una serie de acciones han buscado desmantelar los avances logrados:

Nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general, señalada por Estados Unidos como «actor corrupto y antidemocrático».

Designación de Rafael Curruchiche al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también sancionado por EE.UU.

Persecución judicial contra exfiscales y jueces que colaboraron con la CICIG, muchos de los cuales se han visto obligados al exilio.

Una justicia castigada por hacer justicia

Desde hace casi una década, Guatemala atraviesa una regresión autoritaria que ha convertido a sus operadores de justicia más valientes en fugitivos. Jueces, fiscales y abogados que antes eran reconocidos por desmantelar redes de corrupción ahora enfrentan acusaciones penales, exilio forzado o prisión. La consigna es clara: castigar a quienes tocaron las fibras del poder corrupto enquistado en el Estado.

La persecución judicial no es un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática de venganza impulsada por redes político-económicas que fueron expuestas por la extinta CICIG y la FECI. El mensaje es contundente: nadie que se atreva a investigar al poder está a salvo.

Casos como el de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI condenada a prisión por denunciar actos de corrupción de un juez, muestran la crudeza de esta arremetida. Tras ser declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, Laparra fue liberada solo para enfrentar nuevas amenazas legales que la empujaron al exilio. Su historia no es única.

Exilio como única salida

Cerca de 100 operadores de justicia han sido criminalizados o forzados al exilio en los últimos años. Entre las figuras clave de la lucha contra la impunidad hoy fuera del país se encuentran:

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, destituido por la fiscal general tras investigar al expresidente Giammattei. Vive en EE. UU. con asilo político.

Érika Aifán, jueza de Mayor Riesgo, hostigada con procesos de antejuicio y amenazas por conocer casos sensibles.

Miguel Ángel Gálvez, también juez de Mayor Riesgo, forzado a retirarse por campañas de desprestigio.

Claudia Paz y Paz, exfiscal general, reconocida internacionalmente por su lucha contra estructuras criminales, ahora reside fuera del país.

Pablo Xitumul y Gloria Porras, ambos con trayectoria intachable, también han sido blanco de denuncias infundadas y amenazas constantes.

Un país sin garantías para quienes defienden la legalidad

La situación en Guatemala ha sido duramente señalada por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó al país en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2023, destacando el «ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales» y la «criminalización y privación de la libertad de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos y periodistas».

La CIDH observó con preocupación la persistencia de la criminalización mediante el uso indebido del derecho penal, la prisión preventiva arbitraria y las órdenes de captura internacional contra quienes se han visto forzados a huir.

La ONU también ha expresado preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala, señalando las injerencias del Ministerio Público que han socavado los resultados del proceso electoral y puesto en entredicho la independencia de los poderes públicos.

Gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a actores clave del Ministerio Público, como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, por considerarlos “corruptos y antidemocráticos”. En 2023, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a varios fiscales y jueces guatemaltecos en la Lista Engel. El Reino Unido, por su parte, denunció el abuso sistemático contra fiscales independientes.

La Cancillería colombiana también reaccionó rechazando la orden de captura emitida por una corte guatemalteca contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, considerándola sin fundamento jurídico y una represalia por su labor anticorrupción.

Culpables por luchar contra la corrupción

En junio de 2025, una corte guatemalteca emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez —excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia— y Luz Adriana Camargo, fiscal general de ese país, por su participación en las investigaciones sobre la trama de sobornos de Odebrecht. La acusación, calificada como persecución política por expertos, busca reescribir la historia e incriminar a quienes sacaron la podredumbre a la luz.

El precio de la valentía

Quienes alguna vez representaron una esperanza real de transformación para Guatemala hoy viven con miedo, lejos de sus familias, y sin poder ejercer su profesión. Pero su lucha no fue en vano. El archivo de sus investigaciones, los testimonios que recolectaron, los procesos judiciales que impulsaron siguen vivos, y son una memoria activa de la dignidad.

Desde Justicia & Dignidad, expresamos nuestra profunda solidaridad con los juristas Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por su incansable lucha por la justicia, así como con los operadores judiciales guatemaltecos que han sido criminalizados y forzados al exilio por cumplir con su deber. Hacemos un llamado urgente a la comunidad jurídica internacional a alzar su voz frente a este atropello a la independencia judicial. No podemos permanecer en silencio mientras se persigue a quienes defendieron el Estado de derecho y combatieron la corrupción con valentía.

Como escribió Iván Velásquez en el décimo aniversario del caso La Línea:

“Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala.”

Madre buscadora asesinada por alzar la voz contra los armados

El crimen de Lina María Puentes Vega deja al descubierto el abandono estatal a las madres buscadoras en el Huila, mientras la desaparición forzada se normaliza en el suroccidente colombiano.

Lina María Puentes Vega fue asesinada en la tarde del 31 de mayo, a plena luz del día, cerca de la escuela donde estudiaba su nieta, en la vereda Nueva Reforma de Baraya, Huila. No fue un robo, ni una bala perdida. La mataron porque era buscadora, porque denunciaba, porque no se rendía. Porque era madre, hermana, y secretaria de la Junta de Acción Comunal.

A Lina la silenciaron los mismos que acechan a las lideresas comunitarias del Huila. Fue un crimen selectivo. Un castigo. Un mensaje contra quienes se atreven a alzar la voz en territorios controlados por grupos armados que hoy no tienen bandera ni causa, pero sí un plan: reemplazar a la fuerza a las juntas comunitarias con personas afines a sus prácticas delictivas.

Lina dedicaba sus días a buscar a sus hermanos, José Oswaldo y Wilson Armando Puentes Vega, desaparecidos en medio del conflicto armado. Era parte activa de la Red de Buscadoras y Buscadores Tras las Huellas de la Vida, un colectivo de mujeres que camina entre fosas, papeles viejos y memorias dolorosas, con la esperanza de volver a abrazar —aunque sea en una urna— a sus seres queridos.

También era la voz clara que se oponía, sin miedo, a la presencia de actores armados en su territorio. Los denunciaba por lo que son: estructuras de miedo, extorsión y saqueo. “Esto ya no es política, esto es delincuencia”, dijo alguna vez en una reunión comunal. No lo dijo con odio. Lo dijo con verdad.

Las amenazas no eran nuevas. Baraya se ha convertido en uno de los corredores de disputa territorial entre facciones armadas ilegales, en especial el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, subestructura Darío Gutiérrez, comandadas por alias Calarcá. Según versiones de la comunidad, fue alias Chala, integrante de ese grupo, quien disparó contra Lina. Se presume que buscaba a otra mujer, pero terminó atacando a la lideresa, quizás porque era la única que no se callaba.

Ese mismo día, tropas de la Novena Brigada del Ejército realizaron un operativo en la zona. Dos presuntos integrantes del grupo armado fueron capturados tras un enfrentamiento. Pero ya era tarde. Lina estaba muerta. Las instituciones llegaron solo a recoger los restos de la dignidad que el Estado no supo proteger.

La muerte de Lina María no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de terror que busca minar a las organizaciones comunitarias, reemplazar liderazgos legítimos por voceros armados, y perpetuar el miedo como forma de control.

Mientras las madres siguen buscando a sus hijos y hermanos desaparecidos, el Estado no las acompaña. No hay esquemas de protección eficaces. No hay garantías para la vida. Y la desaparición forzada, ese crimen que hiere dos veces —cuando se los llevan y cuando se olvida—, se ha vuelto una sombra que recorre el suroccidente del país como si fuera costumbre.

En la casa de Lina María aún se siente su ausencia como un eco que retumba en las paredes. Su nieta pequeña —la misma que esperaba en la escuela el día del crimen— pregunta por qué su abuela no volvió. La respuesta no cabe en palabras: la asesinaron por buscar la verdad, por no callar, por ser digna.

Afuera, la comunidad todavía no puede nombrar el miedo, pero lo respira. Las mujeres de la Red de Buscadoras lloran, abrazan a su familia, pero también juran no detener la búsqueda. Porque cada cuerpo hallado es un acto de amor, y cada nombre rescatado del olvido, una forma de resistencia.

El asesinato de Lina María Puentes Vega fue un crimen político, un mensaje de quienes pretenden gobernar el silencio. Pero Lina ya es semilla. Y como toda semilla, florecerá en cada madre que no se rinde, en cada comunidad que defiende su derecho a vivir sin fusiles apuntando a la esperanza.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Día del Campesino: la lucha eterna por la tierra y la dignidad

Hoy, Día del Campesino, Colombia se pone el disfraz de la fiesta para honrar a los que trabajan la tierra y pierden hasta la dignidad en el intento. Este país que se enorgullece de su campo, ha convertido al campesino en un mártir de la resistencia y un sobreviviente del despojo. Pero, atención, esta vez la música suena diferente. Con Gustavo Petro en el poder, parece que al fin alguien se acuerda de que sin campesinos no hay patria, y que sus derechos no pueden ser solo palabras gastadas. Mucho queda por hacer, claro, pero abrir esa ventana ya es un milagro en esta Colombia que siempre miró al campo con indiferencia y desprecio.

Durante el siglo XIX, Colombia decidió cambiar su modelo económico. Adiós a la explotación minera —esa vieja fiebre de oro—, y hola a la agricultura. Pero no a la agricultura para todos, sino a la agricultura de despojo, arriendo y terraje. Fue en ese siglo cuando el campesino y el indígena dejaron de ser dueños y se convirtieron en simples piezas de una maquinaria agrícola que los trató como fuerza de trabajo barata, sin rostro ni nombre. Los resguardos indígenas desaparecieron, se parcelaron sin piedad, y el indígena perdió hasta la identidad, tornándose en un campesino sin tierra, sometido al terraje, sin tierra y sin voz.

No era la primera vez que la tierra generaba conflictos, pero sí la que empezó a delinear las líneas de un conflicto que aún hoy hace eco en nuestras montañas y valles. La entrega de baldíos a terratenientes entre fines del siglo XIX y principios del XX creó el latifundio, esa monstruosidad que es raíz, tronco y ramas de todas las heridas sociales. Para el sacerdote jesuita Javier Giraldo, esa obsesión por la tierra, el acceso a ella, fue el detonante principal del conflicto armado que empezó a germinar.

Desde la década de 1920, los campesinos colombianos —esos mismos a los que durante siglos se les había explicado que la tierra era de Dios pero que, curiosamente, siempre terminaba escriturada a nombre del patrón— comenzaron a impacientarse. A través de movilizaciones agrarias, empezaron a exigir no ya el cielo, sino algo más terrenal: el derecho a la propiedad sobre la tierra que trabajaban, y a no ser considerados meramente como músculo barato al servicio de los terratenientes. Por aquellos días, en Córdoba, surgieron núcleos organizativos como el Baluarte Rojo de Loma Grande, San Fernando, Canalete y Callejas. Para 1928, Colombia, tan temerosa del comunismo como amante de los títulos de propiedad, ya contaba con el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario —este último, para más escándalo, germen del temido Partido Comunista Colombiano—. Como quien dice, el campo había dejado de ser mudo.

Con la Gran Depresión de 1929, que hundió a los banqueros gringos pero terminó ahogando al campesino colombiano, la protesta rural se encendió. En Sumapaz, Viotá, el Tequendama y Córdoba, la tierra dejó de sembrarse en silencio. Nacieron las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales y las Unidades de Acción Rural. En 1942 nació la Confederación Campesina e Indígena, símbolo de una resistencia que la violencia posterior intentó apagar a sangre y fuego. Con la crudeza del denominado periodo de la violencia en Colombia las organizaciones campesinas fueron diezmadas, y para la década del cincuenta solo sobrevivía la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia.

Existieron varios intentos gubernamentales para conjurar el problema del acceso a la tierra, mediante la expedición de leyes de Reforma Agraria. El problema nunca se resolvió, porque cada iniciativa fue contrarrestada por intereses económicos y políticos contrarios que empantanaron y volvieron inocuos los proyectos que se adelantaron.

La Ley 200 de 1936, obra de López Pumarejo, intentó meterle mano al problema de la tierra en plena crisis económica. Se trataba de sanear títulos, proteger colonos y permitirles volverse dueños tras cinco años de posesión. Pero los terratenientes pusieron el grito en el cielo. Resultado: la Ley 100 de 1944, una contrarreforma disfrazada de ley de aparcerías, alargó el plazo a quince años y les devolvió el control. Así, la primera Reforma Agraria terminó siendo letra muerta, los campesinos fueron expulsados y los latifundios, preservados como si nada.

En el contexto de la Guerra Fría, el gobierno de Alberto Lleras Camargo impulsó la Ley 135 de 1961 para frenar el avance de los movimientos campesinos. La reforma buscó mejorar las condiciones del campo mediante la redistribución de tierras, el apoyo a zonas de minifundio y la creación de instituciones como el INCORA, el Consejo Social Agrario y el Fondo Nacional Agrario.

Las primeras guerrillas surgieron como formas de autodefensa campesina: liberales en los años 40 y 50, y comunistas en los 60. En el fondo, su origen estuvo ligado al problema no resuelto del acceso a la tierra y al fracaso de una reforma agraria real, lo que dio pie al conflicto armado en Colombia.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1967, fortaleció la lucha campesina, pero el poder aliado con los terratenientes bloqueó cualquier reforma real. Con Misael Pastrana en el gobierno, se detuvieron los intentos de reforma agraria. En 1972, el Pacto de Chicoral entre el Estado y los terratenientes frenó la movilización campesina, frustró la redistribución de tierras, concentró la propiedad y aceleró el despojo de campesinos.

La Ley 1 de 1968 amplió las causas de expropiación y reguló la Unidad Agrícola Familiar. Durante el gobierno de Pastrana (1970-1974) se promulgaron las Leyes 4 y 5 de 1973, alineadas con el Pacto de Chicoral. En 1975, con López Michelsen, la Ley 6 sustituyó la Reforma Agraria por programas como el Plan de Alimentación y Nutrición y el Fondo de Desarrollo Rural Integral, que buscaban fomentar la convivencia entre explotaciones capitalistas y otros tipos de producción, sin atender jurídicamente las demandas campesinas.

En los 80 surgieron organizaciones políticas y campesinas como Unión Patriótica, A Luchar, FENSA y ANTA, y la lucha campesina alcanzó su auge en 1987. En respuesta, en 1982 se aprobó la Ley 35 para restablecer el INCORA y el Plan de Rehabilitación Nacional para zonas afectadas por la violencia. Sin embargo, la Constitución de 1991 protegió a indígenas y afrocolombianos, pero relegó a los campesinos a ser solo fuerza laboral, limitando sus derechos a tres artículos. A mediados de los 90, el sector agrario entró en crisis por las políticas neoliberales y la apertura económica.

Durante la administración de Ernesto Samper, la Ley 60 de 1994 reemplazó la Ley 135 de 1961, promoviendo un mercado de tierras con subsidios para que campesinos compraran directamente. La ley fomentó la colonización y titulación de baldíos, pero no tocó los latifundios improductivos, muchos controlados por narcotraficantes. Además, se reglamentaron las Zonas de Reserva Campesina, lo que permitió la creación de organizaciones como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).

En la década del 2000, las Asociaciones Campesinas de Arauca, Valle del Río Güéjar y Catatumbo surgieron como resistencia a la violencia paramilitar, buscando proteger sus territorios y evitar el desplazamiento.

En 2013, el Paro Nacional Agrario unió a campesinos, mineros, transportadores, educadores y estudiantes, dando origen en 2014 al proceso de Dignidad Agropecuaria Colombiana.
Tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Farc, no hubo Reforma Agraria, sino formalización de la propiedad y procesos de restitución para víctimas del conflicto, basados en la Ley de Víctimas. En ese contexto nació la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) para abordar la sustitución de cultivos.

En 2018, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Campesinado, pero Colombia, bajo Duque, se abstuvo de votar.

En 2022, con Petro, se presentó una reforma para reconocer al campesinado como sujeto político y de derechos, protegiendo territorio, agua y soberanía alimentaria. También se aprobó la Jurisdicción Agraria y Rural para llevar justicia al campo, y en 2024 se reguló a los jueces agrarios con un procedimiento especial para disputas campesinas.

Aunque hay desconfianza y obstáculos, Colombia empieza a escuchar a sus campesinos, que han resistido siglos de despojo y violencia. Que el campesino deje de ser solo “trabajador agrícola” y se convierta en sujeto de derecho es una victoria en el papel, pero queda lograr justicia real. Porque la tierra no es solo suelo, sino historia, memoria y dignidad, y mientras siga en disputa, seguirá latiendo el corazón herido de Colombia.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de Justicia & Dignidad

¡Hasta que vuelvan a casa! Semana Internacional del Detenido Desaparecido

Del 26 al 31 de mayo, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, recordamos que en distintas regiones del país persiste una de las formas más atroces de violencia: la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes. Un crimen que se oculta tras el velo del reclutamiento forzado por actores armados ilegales y la trata de personas por redes criminales. 

 Según cifras de la Fiscalía General de la Nación y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han interpuesto cerca de 800 denuncias por desaparición forzada de menores de edad en contextos de reclutamiento. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el aumento alarmante de estos casos, especialmente en el Catatumbo. En una visita reciente a Tibú y Cúcuta, Scott Campbell, representante de la ACNUDH en Colombia, denunció que al menos 36 menores han sido reclutados en lo que va del año. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha documentado 21 casos entre enero y abril de 2025. 

 Esta forma encubierta de desaparición forzada sigue arrebatando infancias y dejando a cientos de familias sumidas en la incertidumbre. 

 En 2016 se reportaron 0 casos de reclutamiento forzado en estas regiones; en 2023 se contabilizaron 186 casos, y solo en el primer semestre de 2024 ya iban 107 casos. En el Cauca, municipios como Argelia (17 casos), Toribío, Caldono y Corinto se han convertido en epicentros de esta tragedia. 

 Desde 2020, con la pandemia como telón de fondo, los grupos armados intensificaron su control territorial y el uso de menores no solo como combatientes o informantes, sino también en labores forzadas asociadas a cultivos ilícitos. 

  Un informe del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz (2024) documenta cómo, en el suroccidente del país —especialmente en Cauca, Nariño y Valle del Cauca—, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen enfrentando la reconfiguración del conflicto tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la aparición de disidencias, el fortalecimiento del ELN y la expansión de nuevas estructuras armadas. 

 Así mismo, desde del 2024 el Movimiento ha registrado más de 100 casos, de los que alarman las cifras de algunos departamentos como: Cauca (41), Valle del Cauca (25), Bogotá (8), Huila (5), Risaralda (5), Antioquia (4), Tolima (4) y Nariño (3); además 51 casos ocurrieron en el 2024 y 41 han ocurrido en lo que va del 2025, por lo que preocupa que durante el año las cifras puedan aumentar. Además, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas de este crimen, son niños, niñas y adolescentes entre los 13 y los 17 años, destacando que las niñas y adolescentes son mayoritariamente raptadas (74 casos), en comparación con los niños y adolescentes (36 casos). 

 Pero estas cifras no son solo estadísticas 

 Detrás de cada número hay un nombre, una historia interrumpida, una silla vacía en la escuela. Hay madres con el corazón en vilo, hermanos que no entienden por qué su hermana no volvió, abuelas que siguen preguntando al viento. 

  La memoria también ha sido atacada. En Popayán, un mural que honraba a 589 menores reclutados en el Cauca fue vandalizado. Pintaron de negro los rostros, como si el olvido se impusiera a la fuerza. 

¿A quién le incomoda la memoria? 

¿A quién le duele que se nombren los desaparecidos? 

  El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 desapariciones relacionadas con el conflicto desde 2016, de las cuales 304 corresponden a menores. La impunidad campea en el 98% de estos casos, y el subregistro sigue siendo abismal. 

  En el Valle del Cauca, especialmente en Cartago, se ha documentado la existencia de redes criminales herederas del Cartel del Norte del Valle, que mantienen circuitos ilegales de tráfico de niños, niñas y adolescentes. Los captan, trasladan y comercializan como mercancía, para luego entregarlos a grupos armados con fines de reclutamiento forzado, trata de personas e incluso tráfico de órganos. 

  Este fenómeno es sistemático y opera con total impunidad, aprovechando la vulnerabilidad social, la ausencia de garantías para la niñez y la debilidad institucional en territorios periféricos. 

  En Colombia, la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes no solo está ligada al conflicto armado. También se entrelaza con redes de trata de personas. Estas redes captan menores en contextos de pobreza, migración y violencia estructural, y los trasladan sin dejar rastro, separándolos de sus familias y ocultando su paradero. Esto constituye una forma de desaparición forzada con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos. 

  Según la Procuraduría General de la Nación, entre 2020 y 2023 se registraron 709 casos de trata de personas, con un alarmante aumento del 400% en menores de 12 a 17 años entre 2022 y 2023. En 2024, la Defensoría del Pueblo atendió más de 150 casos, siendo niñas y adolescentes el grupo más afectado. 

  Estas prácticas deben ser reconocidas como desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de dar con su paradero y garantizar verdad, justicia y reparación para sus familias. 

  Desde los territorios, las madres y mujeres siguen buscando. Frente a la persistencia del reclutamiento y la desaparición de menores, urge garantizar medidas efectivas para el esclarecimiento de los casos, protección a quienes buscan y reparación a quienes han sido despojados. 

  Pero ¿qué tiene que ver la Semana Internacional del Detenido Desaparecido con el reclutamiento forzado y la trata? 

  Según Naciones Unidas (2025), «la desaparición forzada se utilizó y se sigue utilizando como método de terror para controlar territorios». 

 Los menores reclutados y víctimas de trata también son víctimas de desaparición forzada: son arrancados de sus familias, trasladados sin dejar rastro y ocultados por redes armadas o criminales. 

  Por eso, en esta semana de memoria, no basta con recordar, es necesario denunciar que las desapariciones con fines de reclutamiento y trata deben ser reconocidas, investigadas y sancionadas como desapariciones forzadas. 

 Y que, mientras una sola madre siga buscando, no habrá paz ni justicia verdadera en este país. 

  ¡Hasta que vuelvan a casa! 

 

Por: Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad 

 

 

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 20m al 25m

Del 20 al 25 de mayo de 2021, en Colombia se desató una oleada de represión estatal que dejó una estela profunda de graves violaciones a los derechos humanos. No fueron hechos aislados ni errores de procedimiento: fueron órdenes claras y planificadas desde lo más alto del poder. Iván Duque, su ministro de Defensa Diego Molano, y el general Eduardo Zapateiro siguen en la impunidad, mientras los crímenes cometidos, delitos de lesa humanidad, permanecen en la sombra del olvido oficial. Es esta historia de dolor y silencio la que pesa sobre la memoria colectiva, una deuda que no puede quedar sin castigo ni reconocimiento. Ahora, en manos del gobierno que se anuncia como “el de la esperanza”, está la urgente tarea de alumbrar ese camino oscuro, abrir una puerta a la justicia y al restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas. No es solo un acto de reparación, es la condición para que la democracia recobre su alma y para que Colombia vuelva a creer en sí misma.

Por eso clamamos por una comisión de esclarecimiento ¡ya!

20 de mayo de 2021 – Sede Almacén Éxito Calipso, Cali – Secuestro, violencia y posible tortura

Esa noche no dormía nadie. En el barrio Calipso de Cali, los gritos se colaban entre las rendijas de las casas y el concreto del almacén Éxito parecía tragar gente. Los vecinos juraban que dentro había presos, que se escuchaban los gritos y  los golpes. Un comando del ESMAD custodiaba el lugar como si fuera su cuartel. A quien se acercara, lo espantaban con una granada en la mano. Veinticuatro horas después, cuando por fin entraron los organismos de derechos humanos, lo que vieron no se olvida: sangre seca en el piso, manos marcadas en las paredes, rastros de lo que pudo ser un infierno.

20 de mayo de 2021 – Nacional – Instalación de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Protesta Social

Mientras tanto, en Bogotá se firmaban papeles. Se instalaba la Mesa Nacional de Garantías, una promesa que nacía vieja, arrugada. El decreto 003 era un vestido bonito sobre un cuerpo lleno de moretones. Había protestas, sí, pero también muertos, desaparecidos, presos sin razón. Lo que se discutía en los salones del poder era apenas un eco lejano de lo que ardía en las calles.

20 de mayo de 2021 – Varias ciudades – Hostigamiento, desapariciones forzadas, tortura y violencia estatal

Los panfletos volaban como palomas negras. Jóvenes señalados, perseguidos, cazados. Algunos aparecían muertos, otros no aparecían nunca. A los que volvían se les notaba el miedo tatuado en la piel. Cuerpos con signos de tortura, con los ojos aún abiertos de tanto horror. Era la política del terror con uniforme y presupuesto.

20 de mayo de 2021 – La Romelia, Pereira – Detenciones arbitrarias, golpes y judicialización fallida

En La Romelia, Pereira, la noche trajo un operativo militar con 200 soldados. Parecía guerra. Detuvieron a 23 jóvenes; once fueron llevados ante un juez, golpeados, encadenados, tratados como criminales. Nada probó la fiscalía. Salieron libres tras quince horas de audiencia, pero con el alma doblada y los cuerpos rotos por el sol, la sed y los grilletes.

20 de mayo de 2021 – Parque de los Niños, Bucaramanga – Hostigamiento a comunicadores populares

En Bucaramanga, lo que dolía era la palabra. Periodistas populares fueron señalados como vándalos por los mismos que debían representar al pueblo. Fotografías, videos, insultos desde las curules. La libertad de prensa era un delito si mostraba la represión.

20 de mayo de 2021 – Viaducto García Cadena y Estación Central de Policía, Bucaramanga – Detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas

A Johan Ferney y Camilo Andrés los atrapó dos veces la policía. La primera, para callarlos. La segunda, para castigarlos. Los golpearon, los esposaron a unas vallas siete horas sin baño ni comida. Las amenazas les llegaban al oído como cuchillos: violación, muerte, exterminio.

20 de mayo de 2021 – Vía a Cali (sector Río Ovejas) – Ataque con artefacto explosivo contra Guardia Indígena

En la vía Panamericana, los comuneros indígenas eran puente y no barricada. Llevaban comida, medicina, vida. Pero siete encapuchados les tendieron una trampa. Lanzaron un artefacto explosivo que no mató, pero dejó claro el mensaje: aquí no se permite la paz.

20 de mayo de 2021 – Tuluá, Valle del Cauca – Asesinato y heridos por ataque armado contra manifestantes

En Tuluá, a la altura de la curva de las feas, un joven de la Primera Línea cayó. Lo mataron dos hombres que salieron del cañaduzal con plomo en las manos. Dos más quedaron heridos. Fue una emboscada pensada, planeada, ejecutada con precisión criminal.

20 de mayo de 2021 – Cali (Siloe, Univalle, Calipso, Paso del Comercio) – Ataques armados, detenciones arbitrarias y uso de centro de tortura La ciudad ardía en varios frentes.

En Siloe, gases y balas. En Calipso, un muerto más y camionetas sin placas rondando con hombres sin nombre. En Univalle, cuatro detenidos sin paradero. En la Simón Bolívar, el almacén Éxito se convertía en un centro de tortura improvisado, con sangre que el jabón no borró. En Paso del Comercio, motorizados disparaban a las ocho de la noche: dos muertos, varios heridos. Cali era un mapa de horror.

21 de mayo de 2021  – Cali – Uso irregular de vehículos oficiales

Un carro sin placas, con hombres armados, con uniforme y sin nombre. En Cali, ese 21 de mayo, la legalidad era un disfraz. Los mismos vehículos oficiales se prestaban para las sombras, para borrar huellas, para desaparecer la ley.

21 de mayo de 2021 – Tuluá y San Pedro (Valle del Cauca) – Ataques armados por civiles y asesinato

A medianoche, en Tuluá y San Pedro, los civiles armados salieron de cacería. Uno fue capturado, otro logró disparar desde un carro. Dos muertos más. Tres heridos. El pueblo respondió incendiando el vehículo del asesino. Era la única justicia posible en medio del caos.

21 de mayo de 2021 – Cartago – Represión policial, heridos y detenciones arbitrarias

En Cartago, el ESMAD entró como si fuera una invasión. Lanzó granadas, gases, detuvo sin razón. Heridos por todos lados, casas rotas, niños llorando. A un detenido lo dejaron grave y sin atención. Las motos de la policía ardieron. Algunos decían que fueron ellos mismos quienes les prendieron fuego, para culpar a los otros.

21 de mayo de 2021 – Cali y Yumbo – Uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial

Organismos de derechos humanos documentaron que entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2021, al menos 39 muertes en Cali y Yumbo estarían relacionadas con uso excesivo de la fuerza pública. De las víctimas, al menos 11 eran personas afrodescendientes, lo cual evidencia un patrón de violencia racializada.

21 de mayo de 2021 – Colombia – Detenciones ilegales, tortura y desapariciones temporales

Los centros de detención eran cualquier sitio: buses, estaciones, supermercados. A Edwin lo orinaron, lo golpearon, lo hicieron firmar papeles. A Duglan lo extorsionaron. Las familias pagaban por tenerlos de vuelta, vivos o al menos enteros. Era una cadena de tortura que se tejía en la impunidad.

21 de mayo de 2021– Soledad, Atlántico – Violencia sexual y homofobia en detención

En Soledad, tres jóvenes fueron arrestados. Uno era gay. A ese le fue peor. Lo manosearon, lo penetraron con los dedos, se burlaron de su orientación. La policía reía. La tortura tenía forma de chiste homofóbico.

22 de mayo de 2021– Cali, punto de concentración Calipso – Lesión ocular a defensor de derechos humanos

Yonatan Castillo no fue a protestar. Fue a defender derechos. Lo dejaron medio ciego. La policía le lanzó gases al rostro como quien lanza una piedra. Otra vez, el enemigo era quien protegía a los demás.

22 de mayo de 2021– La Delfina, Valle del Cauca – Ataque armado y uso indiscriminado de gases

A las 2:30 a.m., mientras la comunidad indígena dormía en La Delfina, el ESMAD atacó con armas, granadas, gases y perdigones. Niños, mujeres, abuelos despertaron en medio del humo y el estruendo. No había crimen, solo descanso. Pero el descanso también era resistencia.

22 de mayo de 2021 – Cali, barrio Calipso-Puerto Madera – Ataque armado, homicidios y represión a la prensa

Cayó la noche y con ella el estruendo. El ESMAD y el GOES entraron a Calipso como si fuera territorio enemigo. No hubo aviso ni medida. Gases, explosivos y ráfagas de fusil contra un barrio lleno de gente. Dispararon a todo lo que se movía.

Jhon Erik, un pelado con los sueños intactos, cayó por un disparo en el pecho. Otros cinco quedaron heridos. También atacaron a periodistas y defensores de derechos humanos. Lo dicen los vecinos: fue una cacería. La policía disparó como si la ley les diera licencia para matar. Y el Estado, mudo. Cómplice.

23 de mayo de 2021 – La Guinea, Corregimiento de Cisneros, Dagua – Ataque con fusiles, gases y detenciones arbitrarias

El 23 de mayo amaneció con fusiles. En La Guinea, cerca de Cisneros, Dagua, no hubo diálogo ni advertencia. El ESMAD y el Ejército cayeron de golpe sobre el punto de resistencia: gases, disparos y gritos. Había niños, mujeres, viejos. No importó. Tres fueron retenidos —una mujer y dos menores del Cabildo Indígena Nuevo Despertar—, y uno más desapareció entre el monte. La ORIVAC alzó la voz, pero el estruendo del Estado, otra vez, quiso apagarla a plomo.

23 de mayo de 2021 – La Paila, norte del Valle del Cauca – Amenaza de detención e intimidación por policías de civil

En La Paila, donde el Valle se despide y el Quindío empieza, la protesta seguía firme. Pero esa tarde no llegaron uniformados: llegaron de civil, con cara de nadie y armas escondidas. Querían llevarse a alguien —no dijeron a quién ni por qué. La comunidad se plantó y les torció el plan. No se fueron sin dejar rastro: grabaron rostros, lanzaron amenazas y se perdieron entre la gente como sombras. La Policía calló. Y el miedo quedó sembrado.

23 de mayo de 2021– Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado a toma cultural comunitaria y agresión a la prensa

Eran las 5:50 de la tarde. En el Puente de los Mil Días, la comunidad bailaba, cantaba, resistía. Era una toma cultural, no una batalla. Pero la Policía llegó con fusiles. Dispararon aunque había niños, viejos, y cuerpos quebrados por la vida. No hubo heridos, pero el miedo se quedó a vivir ahí.

Esa noche, la gente señaló al hotel Eclipse: desde allí —decían— operaban agentes encubiertos. El Canal 2 fue a comprobarlo. Los recibieron a tiros. Así, en la cara, contra la prensa, contra la verdad.

23 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca – Ataque del ESMAD a manifestantes y heridos civiles

Cuando la tarde se apagaba, el ESMAD encendió el caos en Cartago. Llegaron con sus trajes de guerra y rompieron la protesta a golpes y gases. Varios civiles cayeron heridos, sin más culpa que la de alzar la voz. La gente, cansada de tanta bala y tanto olvido, pidió lo básico: que el Estado deje de disparar contra su propio pueblo.

24 de mayo de 2021 – Panorama nacional

Gobierno y Comité del Paro firmaron un preacuerdo: garantías para la protesta, dijeron. Palabras que suenan bien, sobre el papel. Pero ese mismo día, en varias ciudades, la represión siguió su curso, implacable, como si nada hubiera cambiado. La distancia entre el diálogo y la realidad, a veces, es una herida abierta que no deja de sangrar.

24 de mayo de 2021 – Cali – Allanamiento violento a defensora de derechos humanos

A las 3 de la mañana, sin aviso ni orden clara, la Policía, el GOES y la SIJIN, algunos vestidos de civil, destrozaron la puerta de Sandra Castro. Ella, defensora de derechos humanos, guardaba en su casa la memoria del Paro Nacional: registros, documentos, pruebas. Todo fue arrebatado. No la dejaron ni vestirse ni llamar. La violencia no solo fue contra su hogar, sino contra la resistencia misma. El Estado, otra vez, tocando puertas donde debería proteger.

24 de mayo de 2021 – Cali y Popayán – Allanamientos simultáneos y capturas a líderes sociales

Mientras en la casa de Sandra Castro sonaba el golpe violento, en Cali otras ocho viviendas de líderes sociales fueron allanadas. Seis personas capturadas, entre ellas defensores del Observatorio “Pedro Vaca”. En Popayán, la persecución siguió el mismo camino: casas invadidas, derechos pisoteados, denuncias en el aire. Todo fuera del horario legal, sin respeto por las garantías mínimas. El gobierno de Iván Duque no solo mira hacia otro lado, sino que pone la mano en la balanza para aplastar la resistencia.

24 de mayo de 2021 – Cali, Puerto Resistencia – Corte de servicios y militarización

El 24 de mayo, en Puerto Resistencia, apagaron la luz y callaron las voces digitales. Cortaron la electricidad, el Wi-Fi, los datos móviles. Dos camiones policiales rodearon el punto de encuentro como perros de presa. Los defensores de derechos humanos miraban con miedo, esperando el golpe que parecía inevitable. La calma antes de la tormenta.

24 de mayo de 2021 – Cali – Presión empresarial para asistir a marcha

En Cali, para la marcha del 25 de mayo, no fue sólo la calle la que se llenó de protestas. Empresarios presionaron a sus trabajadores para que asistieran con camisa blanca. La consigna venía con amenaza: quien no cumpliera, podía perder el empleo. Así se fabrica la protesta obligada, entre miedo y obediencia.

24 de mayo de 2021 – Cali – Desaparición forzada de dos jóvenes

Eran las 6:20 de la tarde cuando la policía se llevó a Alejandro Mosquera y Carlos Ocampo, en la esquina de la calle 70 con carrera 7. Dos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, nadie sabe dónde están. El silencio de las autoridades pesa más que cualquier respuesta.

24 de mayo de 2021 – Cali, barrio Quintas de Salomia – Uso excesivo de fuerza policial

En la noche, mientras el ministro Molano hacía discursos en el Senado sobre “protocolos” para la fuerza pública, en Quintas de Salomia la policía respondía con balas a la protesta. Palabras de un lado, plomo del otro. Así se escribe la historia de este país.

24 de mayo de 2021 – Pronunciamiento institucional

La UBPD y la ONU dijeron que el Estado por fin movió fichas ante las denuncias de desapariciones en las protestas. Un avance, dicen, pero para muchos organizaciones sociales, esas acciones son un espectáculo con poca luz y muchas sombras. La verdad, esa que la gente reclama, sigue esperando su turno.

 

24 de mayo de 2021 – Universidad de Pamplona, Norte de Santander

Veinticinco estudiantes en la Universidad de Pamplona, firmes en su plantón, fueron atacados por civiles armados con perdigones. La violencia los obligó a dispersarse, a dejar la lucha por miedo a perderlo todo: su vida, su seguridad. Así apagan voces que solo buscan ser escuchadas.

24 de mayo de 2021 – Soacha, Cundinamarca-Irrupción violenta, detenciones y persecución

En Soacha, el ESMAD no solo llegó a reprimir, llegó a sembrar miedo y caos. Detuvieron a manifestantes y a gente que nada tenía que ver. Familiares y abogados golpearon puertas que no se abrieron. El Comando de Policía negó información, ocultó a los detenidos como si fueran sombras.

Al caer la tarde, con el Centro Comercial Ventura de testigo, comenzó la cacería. Lanzador múltiple «Venom», drones, helicópteros; tecnología al servicio de la represión indiscriminada. La gente huyó, buscando refugio, pero el miedo quedó pegado a las calles.

25 de mayo de 2021- Cali- Persecución a periodistas y abogados

Alberto Tejada, del Canal 2, y el Equipo Jurídico N21 no solo documentaban, también resistían. Pero el poder les puso el ojo: seguimientos constantes y hostigamiento. En la noche, disfrazados de trabajadores de telefonía, acosaron al Equipo Jurídico que estaba en su lugar de trabajo, analizando, registrando, haciendo memoria junto a Justicia y Paz.

La persecución no perdona ni a quienes luchan con palabras y pruebas.

25 de mayo de 2021- Amenaza directa a defensor de derechos

Rodrigo Becerra recibió un mensaje que no se olvida fácil: una foto de un panfleto amenazando a líderes del paro, con el nombre de su hijo. El miedo llegó a la familia, la intimidación tocó la puerta de lo más sagrado. El mensaje es claro: la resistencia tiene precio, y la amenaza, nombre propio.