El infierno en el Dollarcity de Siloé: lo que nadie cuenta del asesinato de Didier Andrés Quintero

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

La noche del 28 de mayo de 2021, cuando se cumplía un mes del estallido social que sacudió a Colombia, el barrio Siloé, en Cali, vivió una jornada que dejó marcas imborrables. La memoria oficial habla de saqueos, disturbios, y violencia desbordada. Lo que pocos se atreven a contar es que esa noche, en un almacén Dollarcity vacío desde el inicio del paro, jóvenes manifestantes fueron encerrados, incendiados y algunos, asesinados. Uno de ellos fue Didier Andrés Quintero, de 17 años.

El encierro

En la versión que no salió en los boletines de prensa ni en los informes oficiales, testigos relatan que policías vestidos de civil, con chalecos antibalas, ingresaron al Dollarcity de Siloé acompañados por la fuerza pública. Dentro del almacén, donde ya no quedaban productos ni señales de saqueo, fueron encerrados varios manifestantes. Afuera, los gases y los disparos. Adentro, la desesperación.

«Había humo, gritos. No era un saqueo, era una trampa», dice un joven que logró escapar. La comunidad, al ver el fuego, rompió un muro del local comercial. Por ese hueco salieron los muchachos como pudieron: algunos con las ropas quemadas, otros arrastrándose, y varios más fueron detenidos por los mismos hombres que provocaron el incendio.

Didier: el joven barbero que quería estudiar

Didier Andrés Quintero no salió con vida. Tenía 17 años, trabajaba como barbero para ayudar a su familia y soñaba con seguir estudiando. Era alegre, entusiasta y solidario. Quienes lo conocieron recuerdan que no le gustaba la violencia, pero sí la justicia. Fue alcanzado por los hombres de civil cuando intentaba huir. Lo subieron por la fuerza a una camioneta. Horas después, su cuerpo apareció en el sector La Playa del barrio Brisas de Mayo, con siete impactos de bala y rastros de quemaduras.

“Lo mataron para sembrar terror”, dice una lideresa comunitaria. “Era un niño, no un criminal”.

La orden que incendió el país

El asesinato de Didier se inscribe en un contexto de represión sistemática contra la protesta. El 28 de abril de 2021, Colombia salió a las calles en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque Márquez. Dos días después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un trino fatídico: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas…” La violencia se institucionalizó.

El 2 de mayo, Duque decretó la asistencia militar en las ciudades, figura que no sólo fue inconstitucional sino que dio vía libre a la militarización de la protesta. En Cali, epicentro de la resistencia, la represión fue brutal, selectiva y planificada.

El 28 de mayo, Duque y el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, estuvieron en la ciudad, avalando públicamente las operaciones. Ese mismo día, en Siloé, más de 60 personas fueron detenidas, algunas golpeadas, torturadas y trasladadas a lugares no oficiales, como el sótano de la Fiscalía. Otros fueron judicializados por terrorismo, sin pruebas.

La narrativa oficial: el silencio cómplice

La Fiscalía, en lugar de investigar los crímenes cometidos por agentes estatales, optó por ocultar. En medio de la tragedia humanitaria, la institución mantuvo una actitud de inoperancia e incluso persecución contra líderes sociales y manifestantes. El fiscal Francisco Barbosa, cercano al poder político, encabezó una gestión marcada por la cooptación institucional y la impunidad.

El asesinato de Didier Andrés Quintero no ha tenido justicia. Ni el coronel Edgar Vega Gómez ni el teniente Néstor Mancilla Gonzales, quienes lideraban los operativos ese día, han sido llamados a responder. Ninguno de los civiles armados y protegidos con chalecos antibalas ha sido identificado formalmente.

Siloé: herida abierta

El barrio Siloé fue durante el paro un bastión de dignidad popular, pero también el epicentro de la represión. Aquella noche, además de Didier, fueron asesinados Michel Aranda y Daniel Stiven Sánchez Quiceno. El Estado sembró terror para apagar el fuego de la protesta, pero el eco de sus crímenes sigue resonando.

Didier no murió en un saqueo. Fue asesinado tras ser retenido ilegalmente, quemado y ejecutado por quienes debían proteger la vida. Su caso, como el de tantos otros, sigue esperando verdad y justicia.

Porque a veces, para matar la esperanza, primero hay que prenderle fuego.

Por: Sofía López, abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad.

Daniel Sánchez, 4 años de Impunidad

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Ejecuciones Extrajudiciales, Impunidad, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

A esta hora, un 29 de mayo de hace cuatro años, los vecinos de Siloé ya sabían. Las redes lo habían dicho con la crudeza de una imagen que no puede borrarse. Los familiares aún lo negaban. Aún tenían esperanza. Aún lo buscaban. Pero la verdad cayó como un ladrillo desde la boca de alguien que no quería decirlo, que lo murmuró como una disculpa: “encontramos el cuerpo de Daniel”.

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Era del barrio, de los que madrugan con la pala y se acuestan con la esperanza de que lo poquito sirva. Hacía lo que podía para ayudar a su mamá. Esa noche no regresó.

Entonces comenzó la película de terror.

Pero no era una película. Era un guion real escrito desde arriba. Desde las órdenes de Estado. Desde el trino con voz de mando de Álvaro Uribe Vélez autorizando a soldados y policías a usar sus armas para defenderse del «terrorismo vandálico». Desde el decreto de asistencia militar de Iván Duque, que llenó las calles de uniformados, tanquetas y balas, y dejó en las aceras los cuerpos de quienes apenas reclamaban pan, educación, futuro.

El 28 de mayo de 2021, lo detuvieron arbitrariamente en la glorieta de Siloé, frente a Dollarcity. No era un terrorista, era un muchacho. Un adolescente. Le dispararon en la pierna, lo arrastraron como si no doliera. Testigos dicen que lo subieron a una tanqueta del ESMAD. Que pedía ayuda. Que gritaba que era menor de edad. Que los brigadistas intentaron alcanzarlo y también les dispararon.

Esa noche, Siloé ardió en fuego y rabia. Y a la mañana siguiente, el cuerpo de Daniel apareció calcinado dentro del local incendiado. Pero no se había quemado con el fuego. Se había quemado con el silencio.

La Fiscalía dijo que fue un accidente. Que Daniel murió por inhalación de gases calientes. Que se trató de una “culpa exclusiva de la víctima”. Como si él mismo se hubiera golpeado, arrastrado, encerrado. Como si el Estado no hubiera estado allí, con toda su maquinaria, para cazar.

El fiscal de Cali, Jhon Freddy Encinales, repitió esa versión como quien obedece una orden. No investigó. No recibió testimonios clave. No revisó videos ni fotos. No escuchó. No quiso escuchar.

La familia de Daniel tuvo que suplicar para que les entregaran su cuerpo. Medicina Legal se negó al principio, diciendo que no podían identificarlo, aunque ya lo habían hecho. Cuando finalmente lo devolvieron, el cadáver estaba destrozado: cortes sin justificación, suturas irregulares, músculos raspados donde había golpes. Le faltaban pedazos. No solo de cuerpo. También de verdad.

El informe forense tardó un mes en llegar. Los anexos, tres. Cuando llegaron, no coincidían. Las radiografías eran de alguien más. No mostraban fracturas visibles. No mostraban la historia del cuerpo de Daniel. No mostraban nada.

Tampoco hay pruebas de laboratorio. Ni de sus prendas. Fueron entregadas, sí, pero no al expediente. Acabaron destruidas en una funeraria. Lo que podía hablar, fue silenciado.

La investigación pasó un año después a la unidad de Derechos Humanos en Bogotá. La fiscalía 207 apenas repitió entrevistas y amenaza permanentemente con el archivo del caso. No reconstruyó hechos. No judicializó a nadie. El caso sigue flotando en una carpeta con polvo. Sin culpables. Sin justicia. Sin verdad.

Los responsables tienen nombre y rango: Iván Duque Márquez, expresidente; Diego Molano, exministro de Defensa; Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Ellos no solo sabían. Ellos ordenaron. Autorizaron. Justificaron. Supervisaron. Y repitieron que todo estaba “bajo control”, mientras el país contaba muertos. Por acción y omisión, por la sistematicidad de los hechos, por la política estatal de represión violenta contra la protesta social, son responsables de crímenes de lesa humanidad. La cadena de mando los incrimina. Las órdenes firmadas los señalan. Las madres que no tienen a sus hijos los acusan.

El presidente Petro prometió una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes del paro. Lo dijo en campaña, lo repitió en discursos. Hoy, esa comisión no existe. No hay decreto, ni plan, ni escucha real a las víctimas. La promesa murió antes de nacer.

Las víctimas de ese mayo sangriento están hoy peor. Muchas están desplazadas. Amenazadas. Calladas. No pueden siquiera inscribirse en el Registro Único de Víctimas porque la ley no se los permite. Ese registro es solo para víctimas del conflicto armado, como si el estallido social del 2021 no fuera también hijo de esa guerra prolongada, como si no fuera una consecuencia de que Duque le falló a la paz. Los protocolos no reconocen la represión como crimen. El Estado se niega a mirarse al espejo. No reciben ayuda humanitaria. No tienen atención psicosocial. Nadie les protege la vida ni la dignidad. La impunidad es total. Intacta. Triunfante.

A esta hora, hace cuatro años, una madre, doña María Deiba, recibió la noticia que le arrancó la mitad del alma. Desde entonces, Crisol Yurani, hermana de Daniel, se prometió luchar hasta el último día para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

A esta hora, hace cuatro años, el país perdía a un hijo más, y ganaba una herida más. Una que no cierra porque no hay justicia. Porque no hay voluntad. Porque a Daniel lo mataron dos veces: primero la bala, luego el olvido.

Y esta historia no es solo la de Daniel. Es la de muchos. Es la de un país que sigue caminando sobre cadáveres mientras promete no repetirlos.

Pero la voz de su madre y su hermana, y la de quienes aún nombran a los que faltan, no ha callado. Sigue latiendo. Aunque tiemble, aunque duela. Porque hay verdades que no pueden quedar enterradas.

Porque cada cuerpo merece justicia. Porque Daniel tenía 16 años.
Y porque a esta hora, hace cuatro años, comenzó un horror que aún no ha terminado.

Por: Sofía López, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

 

 

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 17M, 18M y 20M

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Ahora que el gobierno habla de un segundo estallido social, no puede permitirse el lujo de olvidar el primero. Porque allí, en las calles que sangraron, en las madres que todavía buscan, en los jóvenes con el rostro tatuado de miedo, sigue latiendo un país que no ha sanado. No puede haber revolución sin memoria, ni cambio sin justicia. No se puede hablar de transformaciones mientras las víctimas del primer grito colectivo siguen esperando que alguien les devuelva el nombre, el cuerpo, la dignidad.

17 de mayo de 2021 – Bogotá, Colombia- Informe Oficial sobre Violaciones en el Marco de la Protesta

En los escritorios de la Fiscalía y la Defensoría se redactan comunicados, no verdades. Allá, entre corbatas y aire acondicionado, anotaron que fueron siete muertos y mucho vandalismo. No más. No dijeron nada del niño que perdió un ojo, ni del joven que no volvió a su casa. Tampoco hablaron de las cárceles improvisadas ni de los golpes que no salen en los noticieros. Las cifras oficiales son frías porque no sienten, y porque quienes las firman nunca han tenido que correr con miedo por la Séptima, ni esconderse en una panadería. Afuera, en cambio, la memoria se tejía en redes y cuadernos, con nombres y lágrimas. Una verdad camina en las calles, la otra se encierra en oficinas con membrete.

17 de mayo de 2021 – Bogotá, carrera séptima con calle 21- Lesiones Personales y Persecución en Bogotá

Cuando cayó la noche, también cayó la electricidad. Apagaron las luces, como si al quitarles el brillo a los postes pudieran tapar los disparos. El ESMAD llegó sin decir palabra y disparó sin preguntar. A Johnatan Giraldo lo marcaron con plomo, y esa herida le quedó en el pecho y en el alma. No lo dejaron llegar al hospital tranquilo. Lo persiguieron como si fuera delincuente, como si curarse fuera un delito. Dicen que también había hombres sin uniforme, armados, disparando con la venia de los escudos. La violencia no caminaba sola: iba tomada de la mano con la impunidad.

17 de mayo de 2021 – Yumbo, Valle del Cauca-Represión Militarizada y Graves Violaciones a los Derechos Humanos

En Yumbo, el amanecer se volvió guerra. Las tanquetas bajaron por las calles como si vinieran a tomar un pueblo enemigo. No había frontera, no había trinchera. Sólo casas humildes y gente que gritaba por pan y dignidad. Los gases entraron por las ventanas, los disparos por las puertas. A un joven con discapacidad lo hirieron buscando a su hermano. En los hospitales, el miedo era más grande que el dolor. Nadie quería ser curado si eso significaba ser capturado. Los indígenas Nasa estaban allí, como siempre: resistiendo. A uno lo bajaron del carro a golpes, a otra le intentaron arrancar la dignidad en plena calle. Las tanquetas no sólo disparaban, también filmaban. A los encapuchados los armaron para que justificaran la represión. Y cuatro jóvenes no volvieron a ver el sol. En Yumbo, la protesta fue enterrada con plomo.

17 de mayo de 2021 – Cartago, Valle del Cauca-Represión y Violencia Estatal Contra la Población

En Cartago, la represión fue puntual, como una carta enviada desde Yumbo. Llegó con gases, con motos, con gritos. Era la lección del miedo. Pero también hubo resistencia, solidaridad, vecinas que abrían las puertas, enfermeros que atendían sin preguntar. La comunidad entendió que la represión no era local: era nacional. Y que el silencio también mata. Por eso exigieron, entre el humo y la rabia, que pararan la masacre.

 

18 de mayo de 2021 – Cali – Homicidio- Julio César Caicedo Salguero

Julio César no quería pagar un peaje ilegal. Iba en moto, se bajó, caminó, y un joven armado le disparó cinco veces. Cayó en seco, en el asfalto de Calimío. Su familia cargó el cuerpo hasta el hospital porque ni la policía quiso entrar al barrio. Así lo mataron: por caminar libre en una ciudad sitiada por el miedo.

 

18 de mayo de 2021 – Puerto Madera, Cali- Represión con disparos y heridos

A las 7:50 de la noche, en Puerto Madera, la protesta se hacía con cacerolas. Entonces llegaron dos hombres en moto y dispararon sin mirar. Dos jóvenes cayeron. Al principio nadie entendía. Después, la rabia fue más clara que la pólvora. No era casual: era mensaje.

 

18 y 19 de mayo de 2021 – Bajo Cauca, Antioquia- Represión violenta contra protesta campesina, indígena y minera

En el Bajo Cauca, los campesinos, los indígenas y los mineros caminaron juntos por sus derechos. Marchaban por la tierra, por la vida, por el derecho a existir. Pero la respuesta fue plomo, gas caducado, represión sin rostro. Mandaron infiltrados a dañar la protesta, a romper la palabra. A los líderes los marcaron, a los niños los hirieron. El Estado se disfrazó de enemigo.

 

19 de mayo de 2021 – Bucaramanga, Santander- Represión con heridos graves

Un joven corría. Atrás venía el Esmad. Le dispararon un gas directo al rostro. Cayó. Tenía la cara rota, la piel quemada. Nadie lo ayudó. Esa noche, Bucaramanga entendió que el dolor no se improvisa: se planifica.

 

19 de mayo de 2021 – Barrancabermeja, Santander- Uso ilegal de establecimientos comerciales para detenciones y violaciones a derechos humanos

Las tiendas de barrio se volvieron cárceles. Las fincas, centros de detención. Allí metían a los jóvenes, sin orden, sin juez. Los defensores de derechos humanos no podían entrar. Eran tratados como enemigos. En el barrio Boston, el miedo era la nueva moneda. Y las armas, el nuevo idioma.

 

19 de mayo de 2021 – Usme, Cundinamarca, Ciudad Bolívar- Represión generalizada y afectación a civiles

En Usme y Ciudad Bolívar, la guerra entró por las ventanas. El gas durmió con las familias. A los niños les ardían los ojos, a las abuelas se les cortaba la respiración. Cortaron la luz, tumbaron puertas, persiguieron a quienes daban agua o refugio. No buscaban vándalos: buscaban sembrar terror.

 

19 de mayo de 2021 – Cali- Represión con asesinatos y violencia sexual

A Angie Johana Valencia la mató una bala que entró al Éxito sin pagar. En Puerto Madera, volvieron los disparos desde motos. Mujeres fueron agredidas sexualmente. Callaron, porque el miedo también aprieta la garganta. En Calipso, los médicos eran acosados por ayudar. Ni la salud fue neutral.

19 de mayo de 2021 – Varias localidades-  Represión y hostigamiento a defensores de derechos humanos

A los que defendían la vida les lanzaron gases vencidos, los golpearon, los siguieron. Les dijeron guerrilleros, les dijeron bandidos. Pero eran los que buscaban a los desaparecidos, los que cargaban listas y fotografías. En esos días, defender derechos humanos era ponerse una cruz en la espalda.

Hoy, cuando el gobierno de Gustavo Petro habla de un segundo estallido social, debe tener claro que el primero no ha terminado. Que la herida sigue abierta. Que la dignidad no se repara con discursos. Que no hay revolución sin justicia ni justicia sin memoria. Las víctimas del 2021 no son parte del pasado: son el presente incómodo que exige respuestas. No basta con reconocer la represión: hay que hacer justicia. Porque si no se escucha a los que sangraron por un país mejor, la historia volverá a gritar. Y esta vez, con más fuerza.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

 

Así amaneció el Cauca: entre cilindros, candidatos y saqueos

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Martes 27 de mayo. El gallo no cantó en Rosas: lo silenció el estruendo de un cilindro bomba que explotó en plena vía Panamericana. Porque así es como amanece el Cauca: no con sol, sino con humo. No con esperanza, sino con miedo. Un miedo programado, orquestado, rentable.

En El Cofre, entre Popayán y Piendamó, hombres armados montaron un espectáculo de rutina: camión atravesado, vehículos pintados, cilindros puestos como adornos letales. En Caloto, otro cilindro cerraba el paso, como si el camino estuviera vetado por decreto de guerra. En Miranda, vereda Guatemala, un artefacto explosivo esperaba pacientes en la carretera, mientras la gente cruzaba por el costado, como si fuera normal. Y en Santander de Quilichao, pancartas de un grupo armado amanecieron colgadas en la zona urbana, como si fueran anuncios de supermercado.

En Guachené también hubo pancartas, grafitis y el mismo silencio de siempre. Un silencio cómplice, burocrático, electoral.

Y que no nos vengan con el cuento de que esto es culpa del gobierno de Petro o del comunismo internacional, o del Castrochavismo. ¡Por favor! Ya nos sabemos esta película. Aquí lo que se está cocinando, otra vez, es una campaña electoral con sabor a plomo y miedo. Las derechas, esas que huelen a moho de finca ganadera y a whisky de club militar, ya activaron su maquinaria: retórica de orden, camuflado a la medida, y el viejo truco del “enemigo interno”.

Porque claro, ¿qué mejor forma de vender el viejo cuento de la “seguridad” en el 2026 que sembrando más caos desde ahora? Los comerciantes de la guerra saben lo que hacen: entre más explosiones, más rating. Entre más cilindros, más contratos. Entre más miedo, más Cabal. Porque sí, entre más cilindros en El Cofre o en Rosas, más posibilidades de verla a ella no solo en el Congreso, sino —Dios no lo quiera— en la Presidencia. Colombia no puede caer más bajo. Pero ojo, que siempre hay un sótano más.

El libreto está escrito: se intensifica la violencia, se agita el fantasma del terrorismo, se promete mano dura, se esconde el saqueo. Y el pueblo, ¿qué? El pueblo sobrevive. A pie, esquivando explosivos, cruzando puentes bajo riesgo, esperando que alguien gobierne sin necesidad de armarse hasta los dientes.

Ya sabemos quiénes son, qué quieren y a qué vienen: a repetir el ciclo de siempre. No más Uribes. No más Palomas Valencias con discursos aprendidos. No más candidatas del miedo vendiendo patria como si fuera detergente.

Esto no es seguridad. Es una estrategia de campaña. Una campaña de horror, de sangre y de cinismo.

Así amanecimos en el Cauca. Y si a usted le sorprende, es porque nunca ha tenido que vivir entre la pólvora, la propaganda y la indiferencia.

Por Sofía López, abogada y periodista de la Corporación Justicia & Dignidad

 

 

 

 

Los Once de Jericó #EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

A veces, en Colombia, ser campesino ya es una forma de delito.

Y si se defiende el agua, peor.

Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.

Desde el 13 de mayo de 2025 se reanudó la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Lo más grave: pretenden imponerles medida de detención preventiva.

Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.

La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a quienes estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra; que dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.

El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.

Pero los campesinos resisten como la montaña.

Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia, que la tierra no se arrienda, que la vida no se entrega.

Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares.

Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz.

¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.

Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger.

Que la protesta no es un delito.

Que defender el territorio es un derecho.

Tenemos que sumarnos.

Exigir su libertad inmediata.

Que regresen a sus veredas, a sus cafetales, a sus ríos.

Que sigan defendiendo la vida.

Por eso, hoy más que nunca:

#EstoyConLos11DeJericó

Porque no están solos.

Porque no pedimos justicia: la exigimos.

Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.

Por defender el territorio, NO deben ser privados de la libertad.

Por ejercer su derecho a la protesta pacífica, NO deben ser privados de la libertad.

Por cuidar la vida, NO deben ser privados de la libertad.

A la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo:

¿Qué mal le queda a su Fiscalía perseguir la protesta social para favorecer a una empresa que viola derechos humanos?

Señor Presidente Gustavo Petro:

¿Qué mal le queda a su gobierno —que dice ser Colombia Potencia Mundial de la Vida— permitir que una multinacional que viola derechos humanos se salga con la suya?

¡Libertad para los 11 de Jericó!

Corporación Justicia y Dignidad

Los cuerpos marcados y la justicia de espaldas 25 de mayo de 2025 – Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual

por Sofia Lopez2025, GéneroPublicado el No hay comentarios

En la vereda La María, en Jambaló, al norte del Cauca, el 10 de junio de 2009 dejó de ser un día cualquiera. Para una mujer —cuyo nombre aquí no diremos porque aún la protegen el silencio y el miedo—, ese fue el día en que dos soldados del Ejército Nacional, Carlos Pulgarín y Héctor Elías Luján, le arrebataron la vida tal como la conocía. La interceptaron cuando caminaba, como tantas veces, por el monte que une a su comunidad con el resto del país. La violaron. Eran miembros activos de la Tercera Brigada.

El horror no terminó ahí. Quien la encontró después fue otro militar, que no se hizo el de la vista gorda y reportó el hecho. Fue él quien activó —a su modo— un intento de justicia. Pero lo que siguió fue otro tipo de violencia: amenazas, operativos disfrazados de presencia militar en su casa, seguimientos, miedo. Su abogada también fue testigo de esa persecución, de cómo se convirtió en objetivo solo por atreverse a hablar.

Ella vivía en Chimicueto. Tenía sueños simples: estudiar secretariado, cuidar a su familia, vivir en paz. Pero la guerra se le metió hasta los huesos. La Fiscalía encargada, bajo el mando del reconocido fiscal Juan Carlos Olivero —eterno funcionario de la Unidad de Derechos Humanos en Cali, tristemente célebre por maltratar a las víctimas y promover la impunidad en el suroccidente colombiano— recibió la denuncia, pero convirtió el proceso en una sala de interrogatorios que hurgaban más en su dignidad que en la responsabilidad de sus agresores. No hubo enfoque diferencial, ni perspectiva de género. Solo papeles, demoras y un sistema ciego.

Años después, logró que los responsables fueran condenados. Pero uno de ellos, Carlos Pulgarín, se fugó. No está tras las rejas. Hoy, se encuentra en libertad gracias a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. El otro también camina sin restricciones. Ella, en cambio, vive desplazada. Medianamente reparada por la justicia contencioso-administrativa —una indemnización sin alma, sin abrazo, sin verdad—, intentó levantar a su familia.

Pero la guerra volvió. En noviembre de 2023, su hijo menor de edad fue reclutado por un grupo armado. No supo más de él. La historia volvió a empezar.

Más al sur, en Puerto Caicedo, Putumayo, octubre de 2004 es recordado como el mes más oscuro por ocho mujeres. Juan Pablo Sierra Daza, apodado “el monstruo”, las violó en una sola semana. También asesinó a Rosalía, una campesina, y a Juan Guillermo, un niño motorista. No fue un delito aislado. Fue una operación de terror cometida con los paramilitares de las AUC. Las autoridades lo sabían. La comunidad lo gritó. Pero años después, Sierra Daza también se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también quedó libre.

Las víctimas, en cambio, no han vuelto a caminar tranquilas por sus calles. Cambiaron de casa. Algunas, de nombre. De vida. La justicia no fue hecha para ellas.

Ambos casos están hoy en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primero cuenta incluso con medida cautelar. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para que haya una verdadera posibilidad de justicia.

Estos dos casos, de la Colombia invisible, nos muestran lo mismo: un sistema judicial que se arrodilla ante la impunidad, una paz que no se negoció con las mujeres en el centro, y un país que les sigue fallando. Hoy, Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, no se trata de cifras ni conmemoraciones vacías. Se trata de reconocer que el cuerpo de las mujeres ha sido campo de batalla y que la justicia, muchas veces, ha sido cómplice por omisión.

Ellas no han pedido venganza. Solo han pedido verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero ni siquiera eso han recibido.

Por Justicia & Dignidad

Diez muertos en cuatro días: el Cauca bajo el fuego

por Sofia Lopez2025, Alerta Dignidad, Comunicados, Pueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

El café sigue brotando en las lomas del norte y el oriente del Cauca, pero la sangre también. En pueblos como Miranda, Toribío, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Puerto Tejada, Páez-Belalcázar, Caloto… la muerte se volvió rutina. No baja en helicóptero ni anda camuflada: se desliza como el río en invierno, lenta, sucia, inevitable. Y esta semana llegó con furia.

El lunes 19 de mayo, como si fuera un pacto entre sombras, la violencia se desató por partida múltiple. En Miranda, a las 9 de la noche, sonaron los disparos en el barrio Villa Paola. Andrés Mauricio Casamachín y Darwin Realpe, conocido como Gemelo, cayeron acribillados. Uno murió en el acto, el otro alcanzó a ser llevado al hospital, pero la muerte ya lo había alcanzado. Eran jóvenes de la vereda Monterredondo. No se sabe quién ni por qué. En el norte del Cauca, esas preguntas valen la vida.

Horas antes, en la madrugada del lunes, otra tragedia golpeó a Toribío. En la vereda Soto, corregimiento de Tacueyó, un concierto en el balneario Piedra Grande terminó en masacre. Mauricio Capote, futbolista aficionado e hincha furioso del Deportivo Cali, y su hermano José Capote, conocido como DJ José, fueron asesinados a tiros. Una tercera persona resultó herida. El cabildo indígena abrió investigación, pero nadie ha dicho nada. Solo el eco de la música, ahora roto, y el llanto de una familia que perdió a dos de los suyos.

Ese mismo día, en el oriente caucano, Pedro Antonio Jorge, comunero del resguardo de Cohetando, fue asesinado tras acudir a una cita en el puente El Naranjal, sector de Tálaga, zona rural de Páez-Belalcázar. Allá fue interceptado por hombres armados que lo ejecutaron a balazos. Su cuerpo fue hallado horas después por campesinos que dieron aviso a las autoridades indígenas. El 20 de mayo, en la vereda La Palma, lo despidieron con bastones de mando alzados y la voz colectiva de un pueblo que ya no sabe cómo pedir respeto por la vida. “La vida es sagrada”, repitieron los mayores. Pero parece que para otros no lo es.

El martes 20, en Santander de Quilichao, Jhoiner Darío Peña Mulcue, de apenas 18 años, fue asesinado en el barrio Panamericano. Caminaba como caminan todos los muchachos allá: con los sueños en la cabeza y el miedo en la espalda. Le dispararon sin más. No era la hora de morir, pero en este territorio a nadie le preguntan.

Ese mismo día, en la vía que conecta Santander de Quilichao con Cali, desapareció Óscar Ortiz, comerciante y dueño del hotel Los Samanes. Lo secuestraron en plena carretera. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Algunos señalan a las disidencias, otros prefieren callar. Pero en el norte del Cauca, el silencio también mata.

El jueves 22, la tragedia se repitió en Puerto Tejada. En el barrio Carlos Alberto Guzmán, sector conocido como 4 Esquinas, José Jaime Castillo Velasco, de 17 años, caminaba junto a un familiar. Un hombre se le acercó como quien saluda, desenfundó un arma, y le disparó por la espalda cuando intentó escapar. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Dicen que el asesino pertenece a la pandilla «Los 23», una de tantas que imponen su ley a sangre fría. José Jaime no tenía antecedentes, ni enemigos, ni tiempo para habérselos hecho. Solo tenía juventud.

Ese mismo jueves, al borde de la vía entre Timba y La Balsa, encontraron un cuerpo. Un hombre joven, de piel morena, sin identificar. Nadie lo ha reclamado. Nadie lo llora en público. Lo mataron como se mata a los que no importan. Y en esta tierra, a los jóvenes los tratan como si fueran prescindibles.

Y en Caloto, en el corregimiento de Alto del Palo, el espanto llegó también. Dos personas fueron asesinadas y hasta ahora sus nombres se desconocen. No hay fotografías, ni versiones oficiales. Solo el miedo que corre por las veredas como el viento por los cañaduzales. Se habla de un ataque armado. Se habla en voz baja. Porque en el norte del Cauca, hablar fuerte puede costar caro.

Diez muertos en cuatro días. Una semana como tantas, pero más encabronante que otras. Porque no fueron enfrentamientos. No fueron errores. Fueron ejecuciones. Jóvenes asesinados en la esquina, en la fiesta, en la calle. Comuneros emboscados en cita. Secuestrados en plena vía. Desaparecidos de un día para otro. Una tierra que ya no se siembra solo de café sino también de velas. Y de miedo.

Mientras el país habla de elecciones, candidaturas, reformas, aquí seguimos contando muertos. Sin titulares. Sin justicia. Sin paz. En el norte y el oriente del Cauca no se vota por el futuro, se reza para sobrevivir al presente.

Por Prensa Justicia & Dignidad

La bota militar de Petro

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Conflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

La reciente dimisión de Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como Ministro de Defensa ha activado, una vez más, la maquinaria política que disputa el control de las armas, los discursos y los muertos. En cualquier otro país, esto sería motivo de alarma. En Colombia, es apenas martes.

Pero lo verdaderamente inquietante no es solo la renuncia, sino el giro progresivamente militarista del gobierno de Gustavo Petro. Porque mientras se agita el sonajero de generales para remplazar al ministro —tres nombres, tres uniformes, tres viejas estrategias de fuerza—, el país asiste con estupor al entierro de una promesa: la de la paz total, civil y democrática.

Sí, Petro, el mismo que llegó a la presidencia con la promesa de romper la lógica guerrerista del uribismo, se apresta a nombrar un nuevo militar al frente del Ministerio de Defensa. Ni la derecha se atrevió a tanto. Pero aquí estamos: al borde de tener un general de nuevo en el poder civil, esta vez con la bendición de un gobierno que se decía alternativo.

Pedro Sánchez, el general saliente, logró cierta simpatía nacional tras liderar la operación de rescate de los niños perdidos en la selva, así como la búsqueda del perrito Wilson, que capturó la atención y el corazón del país. Esa operación, cargada de simbolismo y humanidad, disfrazó —al menos temporalmente— la arbitrariedad de haber nombrado a un militar como ministro de Defensa. Fue un gesto romántico dentro de una guerra sin poesía.

Pero los nombres que suenan para reemplazarlo no tienen ni siquiera ese barniz emotivo. El General (r) Humberto Guatibonza, actual jefe de seguridad del presidente y viejo conocido de sectores del Centro Democrático. El General (r) José Daniel Gualdrón, vinculado a la lógica de “mano dura” que tanto daño ha hecho en los barrios populares. Y el General (r) Fabio Hernán López Cruz, aplaudido por los medios uribistas como el salvador de la patria. No son técnicos. Son fichas de un ajedrez político que el uribismo conoce muy bien. No tienen vínculos con la paz, sino con la vieja escuela de represión, jerarquía y control.

Porque sí: el uribismo necesita desesperadamente recuperar el relato de seguridad. Les urge volver a aparecer como los “fuertes” frente al crimen, aunque sus vínculos con el paramilitarismo y la corrupción estén documentados desde hace décadas. Para ganar votos necesitan miedo, y para producir miedo necesitan caos. Y Petro, tristemente, les está haciendo el trabajo fácil.

A esto se suma el fracaso evidente del Servicio Social para la Paz, otro espejismo vendido como “alternativa” al servicio militar obligatorio. Pero ¿qué pasó? Que solo los jóvenes de las ciudades —conectados, educados y privilegiados— pueden acceder a él. La mayoría, especialmente en las regiones rurales, no tiene acceso real a este programa. No hay financiación suficiente, no hay infraestructura, no hay voluntad de transformar la lógica de reclutamiento forzado en barrios populares. En la práctica, el Servicio Social no es más que el mismo servicio militar obligatorio, disfrazado de voluntariado social. Otro parche. Otro engaño. Otro programa clasista.

Y mientras tanto, ¿qué pasó con la prometida reforma a la Policía? Nada. Silencio. Ni una coma. Ni una ley. Ni un debate serio. La Policía Nacional, tristemente célebre por su brutalidad, sus abusos durante el estallido social, y sus vínculos con mafias locales, sigue intacta. Con sus escudos, sus motos, sus fusiles, y su doctrina enemiga de la ciudadanía. Otro incumplimiento, otra oportunidad perdida de dignificar la vida civil.

Y entonces, ¿qué nos queda? Un gobierno que decía representar el cambio, pero que solo ha sabido responder a los desafíos del orden público con más militarización. Que se desdice con cada general nombrado. Que pretende tapar sus incapacidades políticas con uniformes. Un gobierno que no reforma, no transforma, no democratiza: solo reemplaza civiles por militares.

Cuando vuelva la derecha —y volverá, porque Petro se está encargando de dejarle todo servido—, no nos extrañe ver a un Eduardo Zapateiro en el Ministerio de Defensa, firmando decretos como quien firma sentencias de muerte. Y entonces será demasiado tarde para preguntar cómo llegamos aquí. Porque llegamos así: con cada silencio, con cada concesión, con cada general posando para la foto de la paz mientras alista la guerra.

La decepción es tal, que a estas alturas uno se pregunta si el cambio era una promesa o un eslogan de campaña. Porque Petro, en lugar de desmontar la doctrina del enemigo interno, la ha reciclado. Y en vez de rodearse de civiles, ha llenado su gabinete de soldados.

Y así, Colombia pasa de tener una izquierda alternativa a tener una izquierda alternadamente militar. Lo único que le falta al ministro que viene es que nos hable de seguridad desde un tanque de guerra, con la Constitución en una mano y un dron en la otra.

El cambio prometido ha terminado siendo una tragicomedia. O mejor: una opereta militar.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Mondomo sangra: Zuleima y Esther Julia, las que sembraban vida

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Género, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Zuleima Mosquera caminaba entre cafetales y trochas rojas de barro que cicatrizan el territorio del norte del Cauca. Desde la vereda Puente Real, en Caldono, su voz se escuchaba en las asambleas comunitarias, en los talleres con niños, en las reuniones de la Zona de Reserva Campesina del Pital-Pescador. Era pequeña, fuerte y directa. Le gustaba organizar y sembrar. Hace poco viajó a Bogotá con una delegación de líderes comunales. Había que defender los derechos del campo con dignidad, sin escándalos, pero con terquedad.

El sábado 18 de mayo, su voz fue silenciada. Un hombre se acercó mientras ella compartía en un establecimiento público del corregimiento de Mondomo y le disparó a quemarropa. Zuleima cayó en el sitio. El asesino huyó en moto. Esa noche, la tierra que ella defendió con sus manos fue bañada por la sangre de otra mujer valiente.

En abril, también en Mondomo, una explosión estremeció la estación de Policía. Esther Julia Camayo, comunera indígena de la vereda San Isidro, del resguardo de Concepción, integrante de la ANUC y productora de café, murió junto a su hija herida. La comunidad había alertado sobre la presencia de hombres armados. Nadie actuó.

Ambas mujeres pertenecían a procesos sociales organizados. Ambas habían asumido el rol de lideresas en sus comunidades. Ambas fueron asesinadas en el norte del Cauca. Ambas asesinadas en un Mondomo sangriento, una región donde la violencia ya no es solo fuego cruzado: es una estrategia de exterminio selectivo.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 219 mujeres lideresas han sido asesinadas en Colombia. Muchas de ellas eran defensoras de la tierra, constructoras de paz, guardianas del agua, de la palabra y de la vida. Esta cifra no es una coincidencia ni una estadística: es un grito de alerta. Un mapa del miedo.

Particularmente en el Cauca, se configura un patrón de exterminio político contra las mujeres que lideran procesos sociales. Las lideresas son blanco de los actores armados porque representan una amenaza al control territorial. Su asesinato no es solo una pérdida individual: es un golpe al tejido organizativo, un mensaje para disuadir, un vacío que se llena con nombres afines a intereses criminales.

La protección estatal es una parodia trágica: botones de pánico, teléfonos celulares, chalecos antibalas que las marcan como objetivo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) es señalada por corrupción, lentitud e ineficacia. Las alertas tempranas, como la 036/23 y la nota humanitaria 019/23 de la Defensoría, se quedan archivadas mientras las balas siguen marcando el ritmo de la impunidad.

Zuleima y Esther no murieron por azar. Las mataron porque eran el rostro visible de la organización campesina e indígena. Porque se atrevían a hablar, a cuestionar, a convocar. En un país que presume haber firmado la paz, sus asesinatos indican que la guerra mutó, pero no terminó.

El norte del Cauca sangra. Mondomo sangra por sus mujeres valientes. Y la historia no puede seguir narrándose sin sus nombres, ni sin justicia.

Por:  Prensa Justicia & Dignidad

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 14M, 15M y16M

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Lo ocurrido el 14, 15 y 16 de mayo de 2021 en Colombia no puede quedar en la impunidad. La detención arbitraria de Dayana Mosquera en Buga, la ejecución de Sebastián Quintero en Popayán, el asesinato del líder campesino Cristian Torres en Leiva, la desaparición forzada de varios jóvenes en Cali, las graves lesiones a David Quiñonez y otros manifestantes, y el homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo, joven indígena del resguardo de Pitayó abatido por el ESMAD en Yumbo, son crímenes que claman justicia. Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y reparación. No son daños colaterales: son seres humanos, con historias, con sueños truncados por una violencia estatal que actuó con sevicia en medio del Paro Nacional. El país tiene una deuda con ellos y con la dignidad colectiva que resiste.

14 de mayo de 2021 – Buga, Valle del Cauca- detención Arbitraria

Entre las 8 y las 9 de la mañana, la mañana amaneció con la noticia que nadie quería escuchar. La fuerza del ESMAD irrumpió en un barrio popular y se llevó a Dayana Mosquera. No fue una detención cualquiera. Fue arbitraria, violenta, sin justificación.
Dayana, mujer del pueblo, conocida por su lucha y resistencia, ahora estaba en manos del Estado. Organizaciones sociales no tardaron en levantar la voz: “¡No a la violencia sexual! ¡No a la tortura! ¡No a la desaparición forzada!”. Su nombre empezó a ser un grito de alerta. El Estado colombiano fue señalado con responsabilidad directa por su integridad y exigieron su libertad inmediata. Dayana no es un número. Es una vida. Un rostro de la lucha. Y en esa mañana, el terror volvió a tomar calles que creíamos cotidianas.

14 de mayo de 2021 – Leiva, Nariño- desaparición forzada y asesinato

La desaparición de Cristian Torres Cifuentes no es una historia aislada. Es la réplica de una violencia que se vuelve sistemática. Líder campesino convocado a una reunión que nunca existió, engañado con falsas promesas, secuestrado en el camino. Su cuerpo apareció enterrado, callado testigo de una violencia que no cesa. Cristian dejó de ser una voz entre el pueblo. Fue silenciado con la crueldad del asesinato, justo a pocos metros de su motocicleta, esa que quedó abandonada como un símbolo de abandono y desamparo.
Sus compañeras y compañeros alertaron de otras falsas convocatorias, de ese método que pretende atrapar más voces, más vidas. La impunidad se disfrazó de abandono. El miedo se volvió ley.

14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- asesinato de Sebastian Quintero Munera

La muerte de Sebastián Quintero Munera no fue un accidente. Fue una ejecución en medio de la represión a un pueblo que clama justicia. Sebastián salió esa noche a vender arepas, a ganarse la vida, a cuidar a su gente. Avisó a su padre que estaría en la protesta por Alison, una joven menor que se había suicidado tras denunciar violencia sexual (abuso y acoso sexual) por parte del ESMAD. La protesta fue pacífica, llena de banderas, arengas y cultura, hasta que el Estado decidió responder con gas lacrimógeno, balas y bombas.
Sebastián fue alcanzado por una bomba de estruendo Venon, disparada por el ESMAD, que le explotó en el cuello. Su familia asegura que hubo intencionalidad, que sabían el daño que causaría. El joven, a un cuatrimestre de ser ingeniero informático, era un referente en su barrio, ayudando a otros jóvenes atrapados por la droga, trabajando en el emprendimiento familiar y resistiendo con dignidad.

14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- Lesion Ocular

Ese mismo día, David Quiñonez Villaquirán, un joven de 27 años, sufrió la pérdida total de su ojo izquierdo tras recibir un disparo indiscriminado de perdigones por parte del ESMAD en el barrio Bello Horizonte. David no participaba en la protesta; solo pasaba por el lugar buscando un medicamento. Fue víctima inocente de una violencia desmedida que marcó para siempre su vida.

14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Un joven de 24 años denunció que fue severamente lesionado luego de ser aplastado por una tanqueta del ESMAD.

14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Juan Diego Ortiz se desplazaba hacia Popayán para participar en el Paro Nacional. Al acercarse a la vía transversal 9, donde había barricadas, intentó ayudar a un compañero que no vio la tanqueta del ESMAD acercarse. En ese momento, fue atropellado por la tanqueta, sufriendo impactos en su cuerpo y rostro.

14 de mayo, cifras de la represión estatal

Hasta ese día, la Campaña Defender la Libertad había contado a 169 personas heridas por la Policía Nacional y el ESMAD, que con su fuerza desmedida parecían no querer entender que en las calles solo había protesta, no enemigos. Entre esos heridos, 17 perdieron la vista en uno o ambos ojos, una violencia brutal que apunta directo a apagar miradas. Nueve personas recibieron balas de armas de fuego, mientras que 37 defensores de derechos humanos soportaron golpes y empujones solo por estar allí, acompañando el clamor popular.

Las mujeres no se salvaron: 10 de ellas sufrieron violencias basadas en género, también ejercidas por quienes deberían proteger, no agredir. La detención fue la sombra más larga: 672 personas capturadas, muchas sin razón, otras torturadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos que el Estado niega pero no puede ocultar. Hubo 12 allanamientos a casas y espacios de resistencia, 8 de esos declarados ilegales, sembrando miedo y robo de libertad en nombre de la seguridad.

Las denuncias sumaban 444, todas historias de abuso de poder, violencia policial y arbitrariedades que se vuelven rutina. Y en medio de todo, la muerte se hizo presente: 3 personas cayeron, víctimas de las balas o la brutalidad, sin que hasta hoy se sepa con certeza quién cargará con esa culpa.

14 de mayo, Cali — Seguimiento e intimidación contra manifestante

A las 10 de la mañana, un hombre llegó con cámara a la casa de una mujer que había salido a marchar. No estaba solo: dos hombres vestidos con ropa militar la acechaban en el pasillo, mirándola con ojos duros, señalándola, llenándola de miedo. No era la primera vez ni sería la última. Días después, cuando intentaba hacer trámites sencillos, ellos seguían allí, recordándole que estaba bajo vigilancia. Ese acoso, sutil y cruel, es también parte de la represión.

14 de mayo — Denuncia de posibles fosas comunes en Buga y Yumbo

Las organizaciones de derechos humanos no se atreven a cerrar los ojos. En la zona rural de Buga y Yumbo, señalan la existencia de fosas comunes, lugares donde podrían estar enterrando los cuerpos de muchos jóvenes desaparecidos en medio de la violencia. En Yumbo, la represión fue asfixiante: la Policía y el ESMAD se convirtieron en fuerzas de ocupación, con francotiradores vigilando todas las avenidas, disparando miedo. Pero la gente no se calló. Con valor y esperanza, resistió. No cedió a la brutalidad ni al silencio impuesto.

15 de mayo de 2021 — Popayán — Militarización y estigmatización

El ministro de Defensa anunció toque de queda y la llegada del ESMAD y Ejército a Popayán, mientras señalaba a cuatro líderes sociales y defensores de derechos humanos como responsables de actos vandálicos, ofreciendo recompensa por su captura. Daniel Gallego (“Cheto”), Fabián Andrés Sánchez (“Maíz”), Andrés Duque (“Caleño”) no tienen procesos judiciales ni pruebas que los incriminen, pero quedaron marcados como objetivos militares. Ese mismo día y al siguiente, hombres en moto rondaron el caserío Julumito buscando a “Maíz”, en un claro acto de intimidación. Aunque autoridades locales rechazaron las acusaciones, la amenaza contra estos líderes persiste en medio de la militarización y la violencia estatal.

16 de mayo de 2021 — Yumbo — Homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo

John Alexander tenía apenas 21 años. Venía del Resguardo Indígena de Pitayó, en Silvia, Cauca, y como muchos jóvenes ese día salió a las calles de Yumbo con la esperanza de ser escuchado. Pero la voz de la protesta chocó con la brutalidad. En medio del enfrentamiento con el ESMAD, John recibió un disparo. Cayó sin vida en medio de una jornada que dejó otra víctima mortal y más de treinta heridos, todos en el marco de un Paro Nacional marcado por la violencia estatal.

Su muerte no es un número: es la historia truncada de un joven que luchaba por un país que aún no aprende a respetar el derecho a la protesta.

16 de mayo de 2021 — Cali — Detenciones arbitrarias en el Puente de las Mil Luchas

En el Puente de las Mil Luchas, ese mismo día, varios jóvenes desaparecieron de la vista pública sin explicación. Ángela Vanessa, Juan David, Óliver, Aves David, Daniel, Juan, Jhon Freddy y Jhon Alexander fueron detenidos sin orden clara, sin motivo aparente, y sus paraderos eran una incógnita que encendió la alarma en familiares y organizaciones sociales.

La sombra de la desaparición forzada se cernía sobre ellos, junto al riesgo de sufrir torturas o tratos crueles. Quienes los detuvieron olvidaron que la protesta no es delito, que su deber es proteger y no castigar. Las voces que clamaron por su liberación exigieron respeto por sus cuerpos, sus vidas, y por el derecho a expresar la rabia y la esperanza.

Por eso, es urgente la creación de una Comisión de Esclarecimiento de los Hechos de Represión de Estado durante el Estallido Social. No puede seguir reinando el silencio ni la distorsión oficial de los hechos. Se necesita una instancia con legitimidad social, técnica y moral que nombre a las víctimas, documente la verdad, identifique a los responsables y proponga garantías de no repetición. El esclarecimiento no es solo una tarea histórica, es una necesidad inmediata para la democracia, para la memoria, y para cerrar las heridas abiertas con justicia. La impunidad no puede ser el final del relato.

¡Comisión de Esclarecimiento ya!