La lucha de los últimos Pubenenses contra el exterminio

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Antes de la conquista española existían tres grandes grupos indígenas representativos: los Muiscas, los Taironas y los Pubenenses. Sobre los Pubenenses se sabe que tenían mecanismos centralizados de orden económico, político y religioso; que hicieron una alianza militar al mando del cacique Pubén, que surgió de la necesidad de contar con un ejército permanente para defender la integridad territorial. El cacique Pubén ordenó la construcción de cuatro fortalezas amuralladas situadas sobre los caminos obligados, donde debían acuartelarse tropas indígenas encargadas de repeler la incursión de los Pijaos y Yaporongos. Estos cuatro frentes tomaron los nombres de los caciques Mastales, Pisitao, Yambitará y Guacacallo.

La Confederación Pubenense estaba conformada por los indígenas Coconucos, Guambianos, Totoroes, Paeces, Guanacas, Pijaos y Pubenenses, y conformada por territorios que hoy ocupan los municipios de Popayán, Timbío, Sotará, El Tambo, Rosas, Puracé, Inzá, y Páez. En estos frentes se libraron varias batallas en las cuales los indígenas enfrentaron a los españoles, destacándose en el proceso de resistencia, la batalla de Mastales, Guazábara y Xamundi.

El cacique Payán comandaba las tribus de los Paeces y los Faguas, y fue asesinado en la batalla de Mastales. El cacique Calambás lideró la acción de los Pubenenses en Guazábara, donde murió junto al cacique Yazgüen, los caciques Piendemú, Tálaga, Cobaló y Tumbichucué de la agrupación de los Guambías, el cacique Zénzela de las tribus Toribíos y la Cacica Gaitana de los Paeces. Estos líderes encarnaron la resistencia que los Pubenenses libraron contra los españoles en defensa de su integridad como civilización.

La conquista española provocó una disminución de la población y número de pueblos indígenas, mientras los Pubenenses, Guambianos y Coconucos cayeron en poder de la conquista española, los Paeces, destacados como “guerreros”, fueron derrotados parcialmente por los invasores solo hasta el año 1.610.Los Pubenenses constituían un cacicazgo de pueblos Nasa que habitaron en el Valle de Pubenza, donde actualmente se ubica la ciudad de Popayán, que incluye el corregimiento de Julumito, lugar donde se encuentra el Resguardo de San José de Julumito. Los Pubenenses eran valientes guerreros que vivían en ranchos de paja, su civilización era superior a las tribus vecinas y contaban con una magnífica organización militar.

La población que habita el Resguardo de San José de Julumito se reconoce como descendientes de los Pubenenses, en consideración a su ubicación geográfica, registro histórico de los apellidos de los pobladores, y también por sus usos y costumbres. Se menciona por un lado que el nombre de Julumito proviene del nombre de un cacique llamado Julumu o Cucumico, mientras que historiadores manifiestan que proviene del Quechua Jucu que significa esclavo. Las primeras familias fueron de apellidos Chamizo, Trujillo, Angucho, Guasca, Yacumal y Lúligo. La comunidad indígena de Julumito viene de un largo proceso para su reconocimiento, y como pueblo indígena se dice que son los últimos Pubenenses.

Esta comunidad, los últimos Pubenenses, como se denominan la comunidad del Resguardo San José de Julumito, no tiene tierra a pesar de ser reconocida como Resguardo. La comunidad indígena como tal no cuenta con un espacio que garantice su pervivencia y el normal desarrollo de sus usos y costumbres. Lo anterior debido a un viejo litigio afortunadamente ya superado con la iglesia católica. Desde 1924 el Cabildo Indígena de Julumito en cabeza del entonces gobernador del Cabildo, Don Marcelino Medina, mediante litigio ante juzgado civil solicitó el reconocimiento de unos predios a favor de la comunidad indígena de San José Julumito, pero en dicho litigio se presentó la impugnación y oposición mediante la excepción al procedimiento interpuesta por la Arquidiócesis de Popayán por cuenta de la Iglesia de San Francisco de Julumito (hoy Iglesia Sagrado Corazón), mediante apoderado judicial doctor Adolfo Córdoba. La iglesia católica argumentaba su oposición en que ésta era la dueña exclusiva de los lotes de terreno objeto de la partición material.

Posteriormente, mediante la escritura pública No.242 del 04 de marzo de 1926 de la Notaría Única de Popayán, registrada en los folios 120-120592 y 120-120594 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, se evidencia que las tierras fueron adjudicadas al Cabildo de San José de Julumito, pero estos terrenos fueron entregados en Usufructo al culto y a la educación, siendo la Iglesia Católica la usufructuaria de los predios, pero la comunidad indígena debía conservar la propiedad.

Finalmente, el litigio por estos predios se resolvió a favor de la comunidad indígena, ya que la Parroquia del Sagrado Corazón de Julumito representada por el presbítero Carlos Fernando Sánchez, interpuso demanda de declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio contra el resguardo indígena de Julumito, el 18 de diciembre de 2009. Es decir, la iglesia ya no quería ser usufurctuaria, sino tener la propiedad de los predios de la comunidad indígena. En primera instancia, la Juez Sexto Civil del Circuito de Popayán le dio la razón a la iglesia y declaró el dominio pleno y absoluto por prescripción extraordinaria de dominio a favor de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Julumito de Popayán sobre los terrenos ubicados en la parcialidad de Julumito, sentencia que fue apelada por el cabildo indígena de San José de Julumito y que el Tribunal Superior de Popayán Cauca – Sala Civil revocó, reconociendo los derechos de la tierra a la comunidad indígena. Los predios, como estuvieron en usufructo de la iglesia, hoy ocupan lugares comunes como la escuela, el cementerio, la iglesia, la cancha. Son predios pequeños, que, si bien reconocen la existencia de una comunidad indígena con más de cien años de permanencia en el territorio, no garantizan la pervivencia de la comunidad reconocida como los últimos Pubenenses.

A razón de que se ganó el litigio con la iglesia católica, la comunidad del Cabildo Indígena de la Parcialidad San José de Julumito, inició su proceso de ampliación de Resguardo y está priorizada para la adquisición de la ampliación territorial por parte de La Agencia Nacional de Tierras. El predio de la antigua hacienda El limonar (Balcones), ubicado al occidente de la ciudad de Popayán en el corregimiento de Julumito, lugar donde se han ubicado los últimos Pubenenses, es reconocido por la comunidad indígena como parte de su territorialidad ancestral, y por esta razón, mediante los acuerdos con el Estado, fue priorizado para que se adquiriera por la Agencia Nacional de Tierras a favor de la comunidad indígena. La comunidad indígena manifiesta que comunicó al municipio de Popayán, a la Lonja de Propiedad Raíz de Popayán para que este predio no fuera objeto de negocio jurídico, y así mismo, se firmó un acuerdo con el sindicato de docentes ASOINCA y FE-PROVITEC, que es la empresa inmobiliaria del sindicato, a fin de que se le permitiera a la Agencia Nacional de Tierras la comprar el mencionado predio para dotar de tierras a la comunidad indígena de Julumito en su pretensión de ampliar su resguardo.

ASOINCA y FE-PROVITEC compró el predio que la comunidad indígena había proyectado para el proceso de ampliación de resguardo, desconociendo los acuerdos que existían a fin de garantizar que la comunidad indígena pudiera tener un territorio. Esta situación es responsabilidad de los entes del Estado que se demoraron en los procesos de compra de la tierra. La escritura del predio da cuenta de una compra por cuatro mil millones de pesos, aunque la comunidad indígena manifiesta que el predio en realidad fue comprado por nueve mil millones de pesos, en la actualidad ASOINCA oferta este predio por quince mil millones de pesos, suma que no pagará en efecto la Agencias Nacional de Tierras y por eso cada vez se ve más lejos la posibilidad de que esta comunidad indígena pueda acceder a la tierra para su pervivencia.

Los docentes de ASOINCA se defienden, manifiestan que el predio fue comprado con sus recursos, que fue un negocio legal, y señalan que la comunidad indígena está impidiendo el ejercicio de su derecho a la posesión sobre dicho inmueble. Señalan a la comunidad indígena como invasores que los atacan con papas bombas y cohetones. Los docentes manifiestan que han puesto las denuncias y que la fiscalía va capturar a los dirigentes indígenas. Por su parte, los indígenas manifiestan que los docentes usan armas de fuego para impedir su ingreso al lugar, y se mantienen en la posición de que esa finca debe ser objeto de ampliación de su resguardo por ser territorio ancestral. El conflicto ya ha escalado a medios de comunicación en donde los docentes hacen graves acusaciones y la comunidad indígena denuncia amenazas de grupos al margen de la ley. Ya se han presentado desplazamientos de al menos veinte familias indigenas como consecuencia de los señalamientos de ASOINCA.

El negocio inmobiliario de compra de predios para lotear eleva de manera abrupta el costo del valor de la tierra rural en la ciudad de Popayán, generando con ello el denominado proceso de gentrificación rural, que consiste en elevar el precio de los predios dificultando que comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a la tierra en el periurbano de Popayán, consolidándose una especie de despojo.

La Agencia Nacional de Tierras y los demás entes competentes, con la demora en los procesos de compra de tierra para las comunidades indígenas, son los únicos responsables de que se generen este tipo de conflictos interétnicos o sociales, porque estamos en presencia de un conflicto entre un gremio sindical y el movimiento indígena del Cauca. Por eso, el Estado debe resolver en justicia todas las afectaciones que ha causado a las partes. El gremio sindical docente y las comunidades indígenas deben ser conscientes que quienes disfrutan y sacan provecho de este conflicto son los terratenientes y la elite payanesa y caucana. Mientras se resuelven las disputas territoriales podemos manifestar con mucha tristeza que el ultimo pueblo Pubenense aún no tiene tierra y todo este conflicto lo llevará aún más por los derroteros del exterminio.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ES UNA POSIBILIDAD DE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS

por Sofia LopezDerechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvidoPublicado el No hay comentarios

Por: Corporación Justicia y Dignidad

Los antecedentes de la Corte Penal Internacional (CPI), datan de 1919, después de terminada la Primera Guerra Mundial, cuando los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. El estallido de la revolución en una Alemania debilitada por la guerra lo obligó a exiliarse en Holanda, donde adquirió un castillo en el que viviría hasta su muerte. El Tratado de Versalles de 1919, con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, estableció que el Káiser Guillermo II debía ser sometido a pública acusación por el delito de agresión ante un tribunal, conformado por jueces pertenecientes a las principales potencias, pero la reina Guillermina de Holanda, impidió que se realizará el juicio cuando rechazó su extradición. Después de la Primera Guerra Mundial se hizo visible la necesidad de adoptar y crear un código, y un tribunal penal internacional.

Un precedente más inmediato se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores firmaron, en Londres el 8 de agosto de 1945, el acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes criminales de guerra del eje Europeo. Mediante dicho acuerdo se crearon los tribunales internacionales para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y de Japón. El Tribunal Militar de Núremberg condenó a pena de muerte a doce lideres nazis, hubo siete sentencias de encarcelamiento, tres sobreseimientos (suspensiones de procesos) y se declaró con el título de criminales a tres organizaciones. En el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, con sede en Tokio, condenó a pena de muerte a siete jefes y altos cargos militares japoneses e impuso penas privativas de la libertad a otros dieciocho acusados.

En 1948, las Naciones Unidas consideraron por primera vez la posibilidad de establecer una corte internacional permanente para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Por los diferentes conflictos internacionales que generó la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS esta tarea se vio suspendida por décadas. Pero en la resolución 260 del 9 de diciembre de 1948 se adoptó la Convención sobre la Prevención y Sanción del delito de Genocidio. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó a la Comisión de Derecho Internacional, la preparación de un proyecto de estatuto de una corte penal internacional. En 1993, tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad y de genocidio en Yugoslavia, por lo que se estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994, con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o promotores del genocidio ruandés.

La Comisión de Derecho Internacional completó su trabajo en el proyecto de elaboración del estatuto para una corte penal internacional y en 1994 fue sometido a la Asamblea General. La Asamblea General estableció el comité ad hoc (comité excepcional) para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998; por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, para ser abierto inmediatamente a firma.

La Corte Penal Internacional- CPI es un tribunal permanente de justicia internacional cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. La Corte empezó a funcionar el 1 de julio del 2002, una vez entró en vigor el Estatuto de Roma, su tratado constitutivo.

La CPI puede actuar en cualquiera de los 120 países que suscribieron y ratificaron el Estatuto de Roma, o por otros Estados que hayan aceptado su jurisdicción o a solicitud de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Solo puede juzgar a personas naturales mayores de 18 años, no juzga Estados, ni personas jurídicas como Empresas o Multinacionales. Investiga los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma cometidos después 1 de julio de 2002 para genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, a partir del 17 de julio de 2018 para el crimen de agresión o a partir del momento de ratificación del Estatuto de Roma por parte de algún Estado.

El 5 de agosto de 2002, el expresidente Andrés Pastrana ratificó el Tratado de Roma, pero dejó consignada la salvedad prevista en el artículo 124, es decir, que la CPI tiene competencia en Colombia desde que entró en vigor el tratado de Roma, desde el 1 de noviembre de 2002 para los crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, pero no tendría competencia para investigar los Crímenes de Guerra. Esta excepción se estableció por un periodo de siete años comprendidos entre el 1 de noviembre de 2002 y el 1 de noviembre de 2009, y se realizó con la aspiración de facilitar un proceso de negociación de paz con los grupos subversivos en Colombia.

La CPI complementa los sistemas de justicia nacionales y solo se puede activar cuando un Estado no está dispuesto a impartir justicia o no puede hacerlo. Busca sancionar a los más responsables de los crímenes de competencia del Estatuto de Roma, escuchando y brindando protección a las víctimas, garantizando su participación en todas las etapas del proceso, y de igual manera, velando por su seguridad e integridad física y psicológica.

La CPI está conformada por cuatro órganos principales: la Presidencia, las Salas (que a vez se subdividen en Salas de Cuestiones Preliminares, la Sección de Primera Instancia y la Sección de Operaciones), La Fiscalía y la Secretaria. Además, cuenta con la asamblea de Estado partes del Estatuto de Roma y el Fondo fiduciario.

La denuncia sobre una situación en donde se haya cometido uno o varios de los crímenes de competencia de la CPI la puede realizar un Estado Parte o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Fiscal también puede iniciar de oficio una investigación, debiendo solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. Cuando la Fiscalía llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, cuando la Sala considere que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto es de competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación.

Desde junio de 2004, la situación en nuestro país fue objeto de un examen preliminar por parte de la Oficina del Fiscal de la CPI con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, centrado en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Durante 17 años, las organizaciones de la sociedad civil enviaron permanentemente comunicaciones sobre la situación de nuestro país en lo relacionado a la comisión de crímenes de lesa humanidad. En el marco de este examen preliminar, la anterior Fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, emitió informes públicos en donde destacó la existencia de prácticas sistemáticas y generalizadas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos”, al menos en varias brigadas militares en Colombia. Así mismo, mediante la figura del “Amicus Curie” (que traduce: amigos de la corte) ante la Corte Constitucional Colombiana, cuestionó el diseño de la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) en lo relativo a la investigación y sanción de los más responsables de la comisión de crímenes de competencia de la CPI.

Las organizaciones de la sociedad civil aspiraban que la apertura formal de un caso ante la CPI se diera al menos en tres líneas: la primera, relacionada con el paramilitarismo, la segunda relacionada con las ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes cometidos por la fuerza pública, y la tercera, enfocada al juzgamiento de los crímenes de guerra de las guerrillas. Con la firma del acuerdo de Paz del 2016 se crea la JEP y en virtud del principio de complementariedad, los crímenes cometidos por las guerrillas y la fuerza pública, son investigados por esta jurisdicción sin que pueda ser remplazada por la jurisdicción de la CPI y con el compromiso de que los derechos de las víctimas se vean restablecidos. Es importante anotar que hasta la fecha a ninguna víctima se le ha restablecido sus derechos en los tramites que adelanta la JEP.

El 28 de octubre de 2021 y por lo ya mencionado, el nuevo Fiscal de la CPI, Karim Khan, concluyó cerrar el examen preliminar de los crímenes bajo competencia de la Corte cometidos en Colombia. Es decir, como ya existía una jurisdicción especializada para investigar los crímenes de la fuerza pública y las guerrillas, entonces se cerraba el examen preliminar. Pero a la fecha nada se ha dicho sobre los crímenes de los paramilitares que se encuentran en la absoluta impunidad. El cierre del examen preliminar para Colombia significa que miles de víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI se vean privadas de conocer la verdad y obtener justicia.

Con las declaraciones reveladoras del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien actúa ante la JEP como testigo (ya que esta Jurisdicción no tiene competencia para investigar y sancionar la responsabilidad de los crímenes cometidos por los paramilitares), sumado a la inoperancia de los tramites surtidos en Justicia y Paz (trámite de la ley 975 de 2005 para juzgar a los paramilitares, que no funcionó porque los altos mandos paramilitares fueron extraditados y los que no están extraditados ya están en libertad y otros conforman las filas del clan del golfo y de las disidencias de las Farc), por todo esto, sumado a la muy conocida ineficiencia de la justicia ordinaria, se abre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro solicite con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil la reapertura del examen preliminar, al menos en lo que tiene que ver con el fenómeno del paramilitarismo y con personas que no pueden ser juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP está diseñada solamente para juzgar y actuar en los casos de guerrilleros, miembros de la fuerza pública y funcionarios del Estado o políticos vinculados al conflicto. Podrán acudir terceros únicamente de forma voluntaria. La JEP no puede investigar los crímenes de los expresidentes, presidentes, ni terceros que no tengan voluntad de acudir a la JEP. Entonces frente a los crímenes cometidos por estas personas sí tendría competencia la CPI.

No son tan ciertas las afirmaciones realizadas por Karim Khan, el Fiscal de la CPI que nos visitó recientemente, de que no pueda abrirse un examen preliminar para Colombia, que no exista voluntad política del organismo es diferente. El presidente Gustavo Petro, respaldado por las víctimas, puede solicitar la reapertura del examen preliminar ante la CPI, para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad que no serán objeto de investigación por la JEP tales como el paramilitarismo o los crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios del Estado. Con el acuerdo de colaboración de la Corte Penal Internacional y la JEP, y la apertura de la oficina de la CPI en Colombia se verificará que en efecto muchos crímenes están en la impunidad y se abre la posibilidad de justicia real para las víctimas.

Golpe de Estado blando, de dónde viene y para dónde va

por Sofia LopezComunicadosPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

 

Se denomina “golpe de Estado blando”, suave, o golpe no tradicional, a las técnicas no frontales y de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder, la mayoría de las veces el poder de la derecha. La expresión ha sido atribuida a Gene Sharp: filósofo, político, profesor, politólogo y escritor estadounidense.

Sharp fue también fundador del instituto “Albert Einstein”, una organización sin ánimo de lucro que estudia y promueve el uso de la acción no violenta para “democratizar el mundo”. El instituto “Albert Einstein” ha sido cuestionado por haber estado detrás de las “Revoluciones de colores”. A mediados del siglo XX, bajo la bandera de la democracia, distintos movimientos sociales euroasiáticos de base estudiantil protestaron por la instauración de un modelo liberal, reclamaron el fin de gobiernos supuestamente autoritarios y proclamaron la independencia nacional. El nombre derivó de la masiva utilización simbólica de colores o nombres de flores, empleados como elementos de identificación de la «No violencia».

Las Revoluciones de Colores fueron promovidas por Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Open Society Foundations, la USAID y el National Endowment for Democracy, su objetivo era propiciar cambios políticos en los países de la zona de influencia de la actual Rusia -antes países integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-

para que pasen a formar parte del bloque occidental de dominio estadounidense. Ha sido tan intensa la influencia de Estados Unidos en las Revoluciones de colores que derivaron en un conflicto bélico internacional entre Rusia y Ucrania.  Es decir, los golpes de Estado blandos son un invento y un experimento de Estados Unidos para derrocar gobiernos que no comparten la visión estadounidense sobre la organización económica, política y militar de las naciones.

El golpe de Estado blando tiene varias etapas. La primera, busca generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. La segunda, consiste en desarrollar campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de desgobierno. La quinta y última etapa, tiene por objeto forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

En Colombia estamos abordando las etapas del golpe de Estado blando, dónde los medios de comunicación al servicio del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y de la derecha fascista promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez juegan el papel protagónico. Por supuesto, el excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro, es un personaje que tendrá un papel estelar.

En las últimas semanas se ha hecho visible la puesta en marcha de la primera fase del golpe de Estado blando en nuestro país. El escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti por cuenta de los posibles hurtos de una niñera, que haría también las veces de espía y el probable proceso de contraespionaje adelantado por estos funcionarios, con el eficaz acompañamiento del fiscal Barbosa, han generado un clima de no gobernabilidad, de intriga, de mentira, que pretende involucrar directamente al Presidente de la República. Este proceso tiene una particularidad, y es que no se entiende como dos políticos tradiciones de la derecha como Laura Sarabia y Armando Benedetti, que no vienen del proceso político de izquierda ostentan tanto poder en el gobierno de Gustavo Petro, la desestabilización parece estar generada desde adentro, liderada por el fiscal general y publicitada al extremo por los medios de comunicación tradicionales.

Otra etapa que se agota en este fenómeno de defenstración la ejemplifica la denuncia de la periodista Camila Zuluaga, quien acusa al presidente Petro de orquestar seguimientos al estilo paparazzi, cuando ella supuestamente cubría el escándalo de la niñera espía, con carta conmovedora y lágrimas en los ojos ante las cámaras, posando como víctima, acusa al gobierno de violar la libertad prensa. Pero es que durante todo el mes de mayo los titulares eran sobre la violación de la libertad de prensa en Colombia, y el presidente fue requerido por la FLIP en varias oportunidades, al punto de que se le llamó la atención por exigir la verdad imparcial.

Como si fuera poco, se entregaron 90.000 firmas de dudosa procedencia, porque son entregadas por el uribismo, al congreso de la república, solicitando el archivo de las reformas, campaña a la que le han llamado “firmatón en contra de las reformas sociales de Petro”. Los efectos de esta campaña se vieron reflejados, ya que las congresistas del partido verde, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, partido de la coalición de gobierno, firmaron el día jueves una proposición de archivo a la reforma de la salud. Fue tal el exabrupto que terminó en escándalo con compañeros de su mismo partido en la sesión de votación en la cámara de representante. Las otrora candidatas progresistas en el momento de la elección son hoy alfiles de la derecha.

Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello enarbolan las banderas de la oposición en Colombia. Barbosa durante este mes y a fin de ocultar los crímenes del Clan del Golfo acuso al presidente Petro de violar su autonomía, acusación que fue respaldada con comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Los medios de comunicación, haciendo eco en sus titulares, acusan a Petro de no respetar la independencia de las ramas del poder público. Ha sido tal la persecución del fiscal Barbosa que ordenó una inspección judicial a la Casa de Nariño por el caso de la niñera espía y señaló al gobierno de interceptar comunicaciones, comparando la situación con los tiempos del F2 y del DAS. Llama bastante la atención que estas interceptaciones fueron ordenadas por la misma fiscalía días antes de que se presentara el famoso hurto de los 7.000 dólares en donde se acusa a la niñera. Lo que corroboraría que estamos en presencia de un entrampamiento para afectar la gobernabilidad.

Por su parte, la procuradora Cabello está dedicada a perseguir dirigentes elegidos popularmente. Ya son varias las suspensiones y destituciones que ha venido realizando contra funcionarios de alto nivel y congresistas del Pacto Histórico. Que la bancada del pacto histórico deba acudir a la Comisión Interamericana para la protección de sus derechos políticos, que además la OEA se pronuncie sobre la persecución que viene adelantando la Procuraduría, indica que es evidente que, aunque tenemos un gobierno de izquierda, existe un establecimiento controlado por la derecha que está en función del defenestro del gobierno actual.

Mientras que las primeras planas cubren el escandalo de la niñera, de la violación a la libertad de prensa, de los viajes chárter, de las supuestas interceptaciones y otros asuntos baladíes, el fiscal Barbosa no da cuenta sobre las investigaciones de los crímenes del Clan del Golfo, y por el contrario sigue insistiendo en la preclusión del proceso de expresidente Álvaro Uribe Vélez y se desentiende en absoluto de las confesiones de Salvatore Mancuso que involucran a la clase empresarial, a los medios de comunicación y a los políticos que ostentaron el poder antes del actual gobierno con el paramilitarismo. Por esta razón debe intervenir formalmente mediante la apertura de un caso en Colombia la Corte Penal Internacional.

Se ha configurado un ambiente de ingobernabilidad, los funcionarios del gobierno dan papaya, los canales de comunicación oficiales son demasiado débiles y la prensa tradicional es mendaz y voraz, al servicio de una derecha arraigada que seguirá jugando su papel protagónico en el golpe de Estado que parece avenirse. Queda entonces preguntarnos de manera concreta: ¿Estamos en un proceso de Golpe de Estado? La respuesta inapelable parece ser afirmativa. Coincidimos con el presidente Gustavo Petro, en Colombia se está gestando un golpe de Estado blando y Militar, y la derecha colombiana trabaja incansablemente para este objetivo.

SE ENCUENTRA DESAPARECIDO LIDER SOCIAL Y SU ESPOSA

por Sofia LopezAlerta Dignidad, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

 

Desde el 31 de mayo de 2023, aproximadamente a las 7 a. m, se encuentran desaparecidos el líder social JAIRO ENRIQUE TOMBE y su esposa LEONORA GOZALEZ. JAIRO ENRIQUE TOMBE es líder social egresado de la Maestría en Educación Popular de la Universidad del Cauca, padre de dos hijos, docente de la Institución Educativa de la vereda Navarro, corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de El Tambo- Cauca. Fue representante legal de Consejo Comunitario el Samán y es el representante legal de la organización social AFRONTAC. Su desaparición no ha sido reportada como accidente o en desaparición en movilización recreativa, por lo que se presume estaría relacionada con las labores de liderazgo social que JAIRO ENRIQUE TOMBE viene realizando.

Durante en el 2022 el departamento del Cauca reportó el mayor número de homicidios de lideres sociales y durante el 2023 la cifra sigue en ascenso. Los grupos armados que operan en la zona han sido señalados de cometer masacres, asesinatos contra docentes y lideres sociales. Por esta razón solicitamos que sea respetado el Cese al Fuego decretado por el gobierno nacional, y se respete la vida e integridad de JAIRO ENRIQUE TOMBE y LEONORA GONZALES. Al Estado de Colombia exigimos dar con el paradero de las personas desparecidas activando todas las rutas de protección y búsqueda urgente.

La Corporación Justicia y Dignidad se une a las labores de búsqueda del líder social y su compañera, exige al Estado de Colombia a través de sus instituciones lo siguiente:

  • Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación aperturar investigación penal y activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).
  • Solicitamos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a Medicina legal activar las rutas de Búsqueda Urgente y ponerse a disposición de los familiares de las personas desaparecidas para garantizar el acompañamiento integral.
  • Solicitamos a la Defensoría del Pueblo hacer acompañamiento humanitario a las familias de las personas desaparecidas a través de la defensoría comunitaria o la dupla de víctimas de la entidad.
  • Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hacer un llamado a los grupos armados para que se respete la vida de los lideres sociales en el departamento del Cauca.
  • Solicitamos a los sindicatos de profesores ASOINCA, SUTEV y FECODE hacer acompañamiento humanitario a las familias de las personas desaparecidas brindando la asesoría que este a su alcance.
  • Solicitamos a los medios de comunicación tradicionales y alternativos hacer máxima difusión de la noticia hasta dar con el paradero de las personas desaparecidas
  • Hacemos un llamado a las organizaciones sociales del Cauca y del país sumarse a la búsqueda del líder social y su esposa.

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNDAD

El Tambo-Cauca, junio 1 de 2023

Lo que se sabe y no se sabe del paramilitarismo en el Cauca

por Sofia LopezConflicto ArmadoPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos

de la Corporación Justicia y Dignidad

 

El paramilitarismo ha sido un instrumento del que se ha valido el Estado de Colombia para garantizar el control político, económico y social de las élites. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad indicó en su informe que en febrero de 1962, Estados Unidos envió una misión de cooperación militar denominada Yarborough, que sentó las bases de la doctrina contrainsurgente, conocida como doctrina de la Seguridad Nacional, y que se aplicaría en las décadas siguientes con graves consecuencias en materia de derechos humanos. Un componente de esta doctrina planteaba el involucramiento de los civiles en el conflicto armado en la modalidad paramilitar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fallar el caso de los diecinueve comerciantes, declaró responsable al Estado Colombiano, y esclareció formalmente el origen de los grupos paramilitares. Además, indicó, que a partir de la década de los sesenta, el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el entonces presidente de Colombia Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora Paloma Valencia, emitió el Decreto Legislativo No. 3398 del 24 de diciembre de 1965 “por el cual se organiza la defensa nacional”, que fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación del paramilitarismo. Este cuerpo normativo autorizaba a las fuerzas militares para armar a los civiles a fin de que pudieran colaborar en asuntos de seguridad nacional.

 

 

A partir de 1985, en la región del Magdalena Medio, se implementó un proyecto piloto paramilitar a órdenes de Paulo Emilio Guarín y Henry Pérez con apoyo de la fuerza pública y bajo el amparo legal de las normas citadas. Este proyecto piloto paramilitar se replicó posteriormente en el Urabá al mando de los hermanos Castaño Gil: Años después se consolidó como el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequibles” apartes del Decreto Legislativo 3398 de 1965 que dio origen al paramilitarismo. A pesar de no contar con sustento legal, el monstruo ya había sido creado, estaba más fortalecido que nunca y en pleno proceso de expansión.

Posteriormente se crearon las CONVIVIR, las cooperativas de seguridad privada promovidas insistentemente por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, que ayudaron a fortalecer el proyecto paramilitar. La figura de las CONVIVIR buscaba seguir dando sustento legal al paramilitarismo. Sobre ella se refirió el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en sentencia sobre los crímenes de José Hebert Veloza García, alias “HH”: “Desafiando el pasado desafortunado de la década de 1980, y desconociendo sus propias decisiones y las de la Corte Suprema de Justicia de 1989, (el Estado) decidió darle vía y amparo legal a la formación de estructuras armadas que usaban informantes con el permiso del uso de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, con el objetivo de establecer el orden público turbado en algunas zonas del país, expidiendo el decreto 356 de 1994”.

En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Carlos Castaño logró integrar los diferentes grupos que delinquían en el país, y que marcarían una de las épocas más sangrientas de su historia, en la que se registrarían más de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país. El Cauca estuvo en miras del gran proyecto paramilitar: llegó a estas tierras y se instaló de forma oficial desde el año 2000.

En febrero de 2000, las AUC anunciaron públicamente un plan para avanzar al departamento del Cauca. En una carta a los alcaldes de la zona, con copia para el Gobernador, los líderes de las AUC afirmaban que sacarían a los combatientes del departamento del Valle del Cauca y arrebatarían el control a las guerrillas. De las versiones libres de los paramilitares en Justicia y Paz se confirmó que 54 paramilitares provenientes de Tuluá se instalaron en las fincas Las Cañas, La Yolanda y Berejonal ubicadas entre Buenos Aires y Jamundí. En la vereda San Miguel de la Balsa, de Buenos Aires, instalaron una base de entrenamiento y realizaron ejercicios militares. Desde estos lugares realizaron varias incursiones militares en los municipios aledaños en el norte del Cauca.

Uno de los primeros crímenes que cometieron los paramilitares en el departamento del Cauca ocurrió el 9 de junio de 2000 en la vereda La Ventura del municipio de Buenos Aires, con el asesinato de pobladores y el establecimiento de controles económicos para paso de combustible y alimentos. El 21 junio de 2000,  en el mismo municipio, un grupo de hombres armados incursionó en la vereda San Francisco y asesinó a dos miembros de la comunidad, con lo que se produjo el éxodo de cientos de personas de las veredas La ventura y San Francisco.

Los paramilitares realizaron una reunión en la finca del narcotraficante Arcángel Henao, alias “El Mocho”, cerca de Cartago, Valle. A dicha reunión asistieron alrededor de 50 personas, y en ella se encontraban los jefes paramilitares Vicente Castaño, alias “El Profe”; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, y los narcotraficantes Diego León Montoya, alias “Don Diego”; Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, y  alias “El Mocho”. En ese encuentro, los jefes paramilitares hablaron de la necesidad de apoyar al “Bloque”, haciendo alusión a los 54 hombres que se habrían instalado en el Cauca, y expandirlo a otras regiones para combatir a la guerrilla. Por eso pidieron la colaboración económica de los asistentes, pues “manejaban el poder en el Valle” y también presentaron a “HH” como el nuevo jefe del “Bloque Calima”.

 

“H.H” se convirtió en el nuevo comandante. Elkin Casarrubia, conocido como “El Cura”, asumió como segundo al mando, y se dividieron las zonas en cuatro frentes: El norte del Cauca y Jamundí era manejado por José de Jesús Jiménez, alias “Martín” o “Sancocho”; el centro del Valle quedó a cargo de “El Cura”; Palmira, Florida, Pradera y Miranda las manejó el paramilitar Juan de Dios Úsuga alias “Geovany”, y Buenaventura estaba bajo el mando de “Félix”. Asimismo, alias “Fernando” quedó encargado de manejar las relaciones con los políticos. Orgánicamente, y según “H.H”, “El Bloque” tenía la siguiente estructura: Frente Cacique Calarcá (Sevilla, Bugalagrande, Andalucía); el Central (Tuluá, Buga, Río Frío, Trujillo); Frente Pacífico (Calima Darién, Dagua, Restrepo, Cisneros, Buenaventura); Frente Farallones (Jumbo, sur del Valle y norte del Cauca).

Los paramilitares incursionaron en Santander de Quilichao vestidos de civil bajo el mando de alias “El Capi” y “La Marrana”, pero, al poco tiempo, éstos le cedieron el mando a “Patepalo”, a quien encargaron supuestamente de detectar a milicianos y a colaboradores del sexto Frente de las Farc para asesinarlos. Cuando la cifra de homicidios en ese municipio se elevó, los paramilitares optaron por llevar a sus víctimas hasta el corregimiento de La Balsa, para desaparecer los cuerpos en el río Cauca. Varios cuerpos fueron rescatados por la Defensa Civil y entregados a sus familiares. Sin embargo, dentro de la Defensa Civil se encontraba Armando Lugo, un hombre que, aprovechando su condición, se volvió informante de los paramilitares para señalar a supuestos milicianos o colaboradores de la guerrilla, quienes terminaron asesinados. Con el tiempo Lugo, dejó la Defensa Civil y llegó a ser un mando medio del “Bloque Calima”, conocido con el alias de “El Cabezón”, y que tuvo nexos con miembros de la Fuerza Pública.

Santander de Quilichao fue uno de los puntos clave del Frente Farallones y, por esta razón, sus jefes instalaron a cuatro kilómetros del municipio, en la vereda Lomitas, un grupo de patrulleros con armas de largo alcance, para que controlaran las vías de comunicación, protegieran a los urbanos y demás hombres que se encontraban en fincas aledañas como “Barracón” y “Corcovado”, ésta última propiedad de Manuel Mosquera Chaux.

Entre los hechos más graves cometidos por los paramilitares en Santander de Quilichao estuvieron las masacres del Porvenir, Gualanday, y San Pedro, con victimas campesinas, indígenas y jóvenes; en esta zona también hicieron trabajos de la mal llamada “limpieza social”. Para finales del año 2000, el Frente “Farallones” del Bloque “Calima” se extendió a Suárez, Cauca. El 2 de diciembre de 2000, algunos de sus hombres asesinaron a cuatro campesinos y saquearon varias tiendas. Según algunos testigos, los paramilitares ingresaron por la vereda “El Amparo”, en donde había una base del Ejército encargada de proteger la represa de la Salvajina.

Los paramilitares también llegaron a Puerto Tejada a partir de diciembre de 2000. La Fiscalía estableció que los urbanos de Puerto Tejada dormían en una hacienda cercana al casco urbano y también estuvieron en municipios cercanos como Villa Rica, Padilla, Miranda, Corinto y Caloto.

El municipio de Cajibío había contado con la presencia desde antaño de un grupo de autodefensas campesinas en el corregimiento de Ortega, que se adhirió posteriormente a las AUC, tomando el nombre de Bloque Paramilitar “Mártires de Ortega”. Se tiene conocimiento acerca de que este grupo fue acogido por el Bloque “Calima” y entrenado política y militarmente en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el corregimiento de San Miguel de la Balsa, en donde se les dotó de armamento de guerra para la realización de su supuesta lucha antisubversiva en el municipio de Cajibío.

Durante el mes de noviembre de 2000, los paramilitares de las AUC arremetieron sin piedad en las veredas del municipio de Cajibío, y dejaron como saldo las masacres del “Carmelo” y de “La Pedregosa”, en las que fueron víctimas líderes sociales y comunales de la región, además de centenares de familias en condición de desplazamiento forzado.

Tropas pertenecientes al Batallón “José Hilario López”, adscrito a la Vigésima Novena Brigada, con sede en Popayán, incursionaron abruptamente en las veredas del municipio de Cajibío el 12 de diciembre de 2000, menos de un mes después de que las AUC llevaran a cabo sus primeras matanzas en este municipio.

Para el mes de enero de 2001, ocurrieron los lamentables hechos de la masacre de “La Rejoya”, en donde fueron acribillados y asesinados diez campesinos, y gravemente herido un civil, quienes se transportaban en un bus escalera, hecho que, días después, se auto-atribuyó el comandante Carlos Castaño, jefe de las AUC. El proceso judicial adelantado por esta masacre arroja serios indicios de la participación en los hechos de efectivos de las Fuerzas Militares de Colombia en coordinación con paramilitares.

Los paramilitares de Ortega, que luego se unieron al bloque “Calima” de las AUC, tuvieron estrecha relación con el coronel Fidel Ricardo Velandia Cáceres del Batallón “José Hilario López”, y el coronel Jaime Alberto Canal, miembro de la Tercera Brigada, específicamente del Batallón “Pichincha”. Esta información fue corroborada por el Consejo de Estado en una acción de grupo de su conocimiento.

Las masacres de “La Rejoya”, “La Pedregosa” y “El Carmelo” arrojaron un saldo de 300 familias desplazadas y fueron declaradas por la Fiscalía como crímenes de lesa humanidad.  El Bloque “Calima” se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 en la finca “El Jardín”, ubicada en el corregimiento de Galicia, municipio Bugalagrande, Valle del Cauca, con 564 miembros, y entregó 451 armas. Parte de la estructura del Bloque “Calima”, siguió operando de manera informal en esta región, manteniendo relaciones con algunos narcotraficantes del norte del Valle. Del bloque “Calima” salió Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien fuera el comandante en jefe de la organización criminal “Los Urabeños” o “Clan del Golfo”.

Como en otras partes del país, en el Cauca, empresarios y políticos apoyaron el proyecto paramilitar. De Juan José Chaux Mosquera, exgobernador del Cauca, quien falleció sin ser condenado, los paramilitares manifestaron que, más que colaborador, era orgánico y actuaba como emisario político. Protagonizó bochornosos episodios de la farándula política entrando por los sótanos el Palacio de Nariño en compañía del abogado del paramilitar y narcotraficante alias “Don Berna”.

Los paramilitares en el Cauca salpicaron a la empresaria María del Carmen Flores Fajardo. Uno de los hijos de Jacobo Sadovnik, cofundador de la asociación de Transportadores Coomotoristas, denunció penalmente a la gerente de la empresa María Del Carmen Flores Fajardo por el homicidio de su padre, con base en las declaraciones que dieron los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz: “A mi papá lo mataron los paramilitares y, según las versiones de “HH” en Justicia y Paz, quien dio la orden fue la señora María del Carmen Flores Fajardo, por quedarse con el control de la asociación”. Ella nunca fue investigada ni sancionada por estos hechos. Los más osados la llaman la “Gata Caucana”, haciendo alusión al modus operandi de Enilse López, la empresaria costeña, que se hizo dueña del negocio de las apuestas con apoyo de los paramilitares y el narcotráfico. No se sabe quién ordenó traer a los paramilitares al Cauca, no se sabe qué políticos apoyaron a los paramilitares en el Cauca, no se sabe qué empresarios financiaron a los paramilitares en el Cauca! Estas verdades quedaron a medias con la extradición del paramilitar “HH” a los Estados Unidos.

El proyecto paramilitar actual retoma de nuevo su forma inicial, sin unidad nacional de mando que les permite invisibilizarse ante la opinión pública, y en la que ejercen el control bajo diferentes nombres: inicialmente denominados como “bandas criminales”, posteriormente se hicieron llamar “Águilas Negras”, “Organización Nueva Generación”, “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, “Clan del Golfo”, “Los Gaitanistas”, “Los Machos”, “Los Contadores”, “Los Mayimbú”. La característica principal de estos grupos es estar al servicio del narcotráfico.

Después del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y Las Farc, se rearmaron mandos medios de las extintas Farc, quienes no firmaron el Acuerdo de Paz ni se desmovilizaron; estos exguerrilleros se organizaron militarmente, y hoy se hacen llamar las “disidencias”, quienes actúan mayoritariamente como bandas criminales al servicio del narcotráfico; su actuar es similar al modus operandi paramilitar, asesinando líderes sociales, guardias indígenas, amenazando a la población, generando desplazamientos masivos de población y realizando prácticas de reclutamiento forzado, entre otras atrocidades.

 

 

 

 

 

 

NOS SIGUEN MATANDO: ESCANDALOSA CIFRA DE ASESINATOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

por Sofia LopezConflicto Armado, Derechos Humanos y Protesta Social, ImpunidadPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad  

 

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales hecha desde la Organización de Naciones Unidas en su artículo 1 establece que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por tanto, toda persona que, de cualquier forma, promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.

No existe una lista cerrada de acciones que se definan dentro del ejercicio de defensa de los Derechos Humanos y puede ser llevada a cabo incluso desde las instituciones del Estado, las labores comunitarias, los movimientos populares, indígenas, de género, a favor de la infancia, de la vivienda digna, del medio ambiente, entre otras. Cuando nos referimos a líderes sociales en términos particulares, nos estamos refiriendo también a personas que defienden derechos humanos. Las cifras de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia siguen siendo escandalosas, al punto de llegar a la barbarie máxima. El mes de abril y este comienzo del mes de mayo son una radiografía espeluznante del panorama que se está padeciendo:

El miércoles 3 de mayo fue asesinado el guardia indígena de Jambaló, William Vargas, quien quedó atrapado en el fuego cruzado de los grupos armados de la columna “Dagoberto Ramos” de las disidencias de la FARC y del ELN.  En la Minga Humanitaria celebrada a finales de abril, los actores armados responsables del asesinato del líder indígena se habrían comprometido mediante comunicados públicos a “desescalar” el conflicto en la región.

El martes 2 de mayo fue asesinado Diego Fernando Papamija Chilito, líder social de Argelia, Cauca, secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico y fiscal del comité de carreteras de Argelia. Su cuerpo sin vida presentaba impactos de arma de fuego, y fue encontrado en la vía que conduce de Balboa a Argelia en el Cruce de San Alfonso.

El martes 4 de abril, Herney Muñoz fue sacado de su casa por integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC en el corregimiento La Planada de Balboa, Cauca. Su cuerpo sin vida, presentaba impactos de arma de fuego, y fue hallado en la vereda El Turbio. El líder social se distinguía por organizar la famosa Semana Cultural y Deportiva del corregimiento La Planada. Días antes, los medios de comunicación informaron sobre la ocurrencia de una masacre el 20 de marzo, donde fueron asesinadas tres personas en la vereda La Primavera en zona rural de Balboa, Cauca. Al parecer, las víctimas en realidad fueron cinco, y se especula que eran supuestos integrantes de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC que estarían cobrando vacuna a traficantes de droga. Los integrantes de la Columna “Carlos Patiño”, en retaliación, asesinaron al líder social Herney Muñoz sólo porque ejercía labores de liderazgo social, además de buscar causar terror en la población civil.

Según Front Line Defenders -ONG irlandesa que busca proteger a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos-, los líderes sociales en Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a constantes amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en pro del cumplimento de los derechos humanos. Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en la lista de los países donde más asesinan defensores de derechos humanos en el mundo. Durante el 2022, fueron asesinados en Colombia el 46% del total de los defensores asesinados en todo el mundo. Según Front Line, en nuestro país fueron asesinados 186 defensores, y En Ucrania, con una guerra de por medio, fueron asesinados 50 defensores, ocupando el segundo lugar.

Juan Pappier, subdirector para Las Américas de la ONG Human Rights Watch, denunció que durante el primer trimestre del 2023 se habrían cometido 33 asesinatos contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Según las cifras de INDEPAZ, durante el mes de abril y principios del mes de mayo se presentaron 59 homicidios de lideres sociales. Para el observatorio de violencias Alerta Dignidad, la cifra llegó a los 61 homicidios. Esto quiere decir que, en tan solo 34 días, se duplicó el número de homicidios de líderes sociales sobre la totalidad del primer trimestre del 2023.

¿Quién está protegiendo a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Existe una política pública destinada a la protección de estas figuras públicas que propenden por la dignidad y seguimiento de los derechos humanos en Colombia?

La realidad cruda es que no se sabe quién protege a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia: la política pública de protección hacia estas personas es difusa, no existe un órgano o institución del Estado que se responsabilice de su formulación y ejecución, no es efectiva ni arroja resultados, no cuenta con presupuesto propio. Y en tiempos de Paz Total debe enfrentarse activamente el hecho de que las cifras de homicidios de líderes sociales va en aumento.

En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos cuentan con dos mecanismos que, podría suponerse, funcionan como una especie de política pública de protección a personas líderes y defensoras de derechos. En primer lugar, está el Proceso Nacional de Garantías como espacio de deliberación política y de participación de la sociedad civil, y en segundo lugar, los mecanismos legales ejecutados por la Unidad Nacional de Protección, que son específicamente para la atención de quienes defienden derechos humanos, además de los programas de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de diálogo político de alto nivel de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre el tema de las garantías para el ejercicio pleno de la labor de defensa de derechos humanos. En este espacio se acuerdan acciones, lineamientos de política, medidas concretas para enfrentar la persistente violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Esta instancia no resuelve casos individuales ni situaciones de riesgo inminente: visto más de cerca, representa sólo un espacio consultivo no vinculante en donde la sociedad civil es solamente escuchada por el Estado.

El Proceso Nacional de Garantías se encuentra en crisis, es un modelo anacrónico implementado desde el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, que no ha resuelto en el suroccidente colombiano las necesidades básicas para garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos, y que no incide de manera contundente en acciones concretas de protección a los defensores; es más, ni siquiera permite el buen funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección o, en materia de acceso a la justicia, no logra llegar a encarar los procesos penales para que pueda superarse la etapa de la indagación preliminar y el desarchivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ultimas, el dialogo político nacional y regional de alto nivel entre la sociedad civil y el Estado no se traduce en la defensa de la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia sino que se erige como un parapeto de justicia corrupta, obsoleta y meramente burocrática.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se evidenció cómo en la Unidad Nacional de Protección se comenten diferentes tipos de delitos: muchas camionetas de la UNP han sido incautadas con estupefacientes y armas; así mismo, muchos funcionarios de la entidad han sido vinculados con carteles del narcotráfico. De una entidad que apenas se está depurando de la criminalidad pululante en su interior no se puede esperar la correcta implementación de medidas de protección para los ciudadanos que la requieren con urgencia. Los estudios de evaluación de riesgo no se realizan ni siquiera con acciones de tutela, y cuando se realizan, el CERREM –Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-, de manera objetiva, no tiene en cuenta los contextos de agresión que han padecido las personas defensoras de los derechos humanos, y es prácticamente imposible que implementen esquemas de seguridad duros con blindaje, ya que la UNP manifiesta que no hay carros blindados en el territorio nacional. Así mismo, nunca se implementan las medidas de urgencia, ni siquiera existiendo una disposición legal que así lo permita.

Y es que es tan lamentable la situación de protección de quienes defienden derechos humanos en este país, que ni siquiera las medidas cautelares de protección que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia se implementan de manera  inaplazable. La cancillería, a cargo del canciller Álvaro Leiva, se ha caracterizado por desconocer el funcionamiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en particular y, en general, del derecho internacional de los derechos humanos. Empecemos por señalar que la cancillería presentó un absurdo Proyecto de Ley que buscaba el cumplimiento inmediato de las órdenes de tribunales internacionales: es necesario que alguien instruya al canciller y le haga claridad acerca de  que en este momento no se necesita  una ley para la aplicación de las decisiones de tribunales internacionales, ya que son de aplicación automática. En concreto, podríamos decir que el grupo de derechos humanos de la cancillería ni siquiera se toma el trabajo de programar reuniones de concertación de medidas cautelares. En los gobiernos de derecha más sanguinarios que ha tenido Colombia, al menos se garantizaba con prontitud la realización de estas reuniones, y las víctimas beneficiarias de las medidas cautelares eran escuchadas oportunamente. Fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que garantizó los derechos políticos al Presidente Gustavo Petro, pero es, en su gobierno, la cancillería misma la que obstaculiza la implementación de los mecanismos de protección desde dicho sistema.

Hacemos un clamor desesperado para que se diseñe y se implemente de manera perentoria una política pública de protección a los defensores de derechos humanos en Colombia: Nos siguen matando, y cada día tenemos que llorar a nuevas personas líderes y lideresas sociales asesinadas.

 

“AJUA”, ¿el grito que pretende acallar la verdad por medio de un golpe de Estado?

por Sofia LopezConflicto Armado, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera

Abogada,  periodista y defensora de derechos humanos

de la Corporación Justicia y Dignidad

 

Este miércoles 10 de mayo, los reservistas y veteranos de las fuerzas militares salieron a la Plaza Bolívar en Bogotá para protestar y manifestarse en oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro. La convocatoria pública se hizo por redes sociales y estuvo a cargo del excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro Miranda. Como era de esperarse, dicho militar fue recibido como el líder de esa cofradía.

Es evidente, los militares retirados estarían planeando un golpe de Estado, o por lo menos así lo confirmó el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia -ACORE-, en entrevista con “la W”. El coronel en retiro John Marulanda,  manifestó: “Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de ACORE, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”.

Eduardo Zapateiro el hombre detrás de la protesta de reservistas y veteranos de las fuerzas militares, desde el inicio de su carrera ha estado involucrado muy de cerca en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Solo un personaje de un talante tan siniestro como Zapateiro sería el apto para conflagrar un golpe de Estado en Colombia. Masacres, falsos positivos y desapariciones forzadas, son algunos de los casos en los que se relaciona el nombre de Eduardo Zapateiro que evidencian una vida militar muy acorde a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

 

Zapateiro ingresó al ejército el 1 de diciembre de 1985, y operó en el departamento de Santander y en la zona del Magdalena Medio, lugares donde Henry Pérez  y Pablo Emilio Guarín conformaban, para la época, el grupo paramilitar del Magdalena Medio, con apoyo del ejército nacional. En el año 1987, Zapateiro fue nombrado comandante del Pelotón del

“Batallón de Infantería número 15 Francisco Paula Santander”, con jurisdicción en el departamento de Santander. A finales de este año, 19 comerciantes fueron desaparecidos forzadamente. Los comerciantes salieron de Cúcuta con rumbo a Medellín para transportar mercancía y el 6 de octubre de 1987, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo Santander, fueron desaparecidos por el grupo paramilitar del Magdalena Medio. Los 19 comerciantes fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por estos hechos y en 2008, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del exgeneral del Ejercito Farouk Yanine Díaz, quien fue Comandante de la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga, y además era superior de Eduardo Zapateiro.

Desde el 1 diciembre de 1988 hasta el 23 de junio de 1989, Eduardo Zapateiro, subalterno del exgeneral Yanine Díaz, fue el Jefe de Inteligencia del “Batallón de Infantería número 27 en Magdalena”. En este tiempo, exactamente el 18 de enero de 1989 fueron asesinados en Bucaramanga 12 funcionarios que investigaban la desaparición de los 19 comerciantes.

Desde el 7 de septiembre de 1994 hasta el 1 de junio de 1996 Eduardo Zapateiro fue nombrado comandante de Compañía del “Batallón Voltígeros” en Urabá, que integraba la Brigada XVII del ejército. La Fiscalía de Justicia y Paz han manifestado que las masacres, asesinatos y desplazamientos forzados que cometieron los paramilitares entre 1996 y 2004 en el Urabá, fueron efectuadas en complicidad con la Brigada XVII del Ejército, así como con miembros de la Policía y agentes de los organismos de seguridad especializados DAS, SIGIN y DIGIN.

El 1 de marzo de 1995, Jaime Enrique Quintero Cano, padre de Juan Fernando Quintero, reconocido futbolista de la selección Colombia y del Junior de Barranquilla, se presentó ante la IV Brigada del Ejército para prestar el servicio militar. Jaime Enrique Quintero Cano fue seleccionado para integrar el segundo contingente de 1995, del Batallón de Infantería Voltígeros y fue trasladado a la Brigada XVII en la zona del Urabá donde Eduardo Zapaterio ejercía como capitán. De acuerdo con testimonios de algunos militares, Jaime Enrique Quintero Cano, a su llegada, tuvo un fuerte altercado con el entonces capitán Zapateiro. Como respuesta al enfrentamiento, Zapateiro dio la orden de desvincularlo del Ejército y devolverlo inmediatamente a Medellín en transporte público. En su traslado fue detenido por los paramilitares y desde entonces se encuentra desaparecido forzadamente.

En la noche del 12 de agosto de 1995, alrededor de 15 paramilitares asesinaron a 18 personas en el municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Los paramilitares entraron a una discoteca llamada “El Aracatazo”, acusaron a varias personas de ser supuestos colaboradores de la guerrilla, los obligaron a tenderse al piso boca abajo y les dispararon. Las víctimas pertenecían al “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria”, SINTRAINAGRO, eran líderes de izquierda y militaban en el Partido Comunista Colombiano. El Estado colombiano fue Condenado en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de esta masacre, por la omisión de tomar medidas que pudieran contrarrestar el ataque paramilitar y evitar la violación a los derechos humanos.

El paramilitar Ever Veloza alías HH. señaló en versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz que la masacre del Aracatazo fue en coordinación con el Batallón Voltígeros, a órdenes del General en retiro Rito Alejo del Río. Es por esta razón que el procurador Alfonso Pío Fernández Angarita, ha insistido que Eduardo Zapateiro debe ser llamado en declaración por estos hechos.

“Vorágine”, un medio de comunicación independiente, menciona que la alianza entre los paramilitares y la unidad del Ejército en el Urabá, comandada por Zapateiro era tan cercana, que incluso realizaban actuaciones de enfrentamientos coordinados entre ellos para fingir distancia ante la población civil. Esta información se sustentó en un testimonio que rindió el exmilitar Carlos Arturo Furnieles Álvarez el 16 de abril de 2009.

Eduardo Zapaterio está involucrado también con casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cuando era brigadier general de la Quinta Brigada. El 22 de febrero de 2014, el campesino Jorge Eliécer Hernández Blanco, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Limón, en el municipio de San Pablo, Bolívar, fue asesinado por las tropas de la Fuerza de Tarea Marte. El comandante de la Quinta Brigada que respondía por esa jurisdicción era Zapateiro. El oficial salió a justificar ante los medios de comunicación la muerte del campesino indicando que se trataba de alias “Severo” y que era enlace con Frente 24 de las Farc.

El 24 de agosto de 2014, en “Nuevo Girón” Santander, Jhon Alexander Velásquez fue asesinado por militares de la Quinta Brigada y reportado como agresor de la tropa, al supuestamente ser portador de una granada de mano. El expediente contra los militares llegó hasta el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de un conflicto de competencias. Con las pruebas que aportó la Fiscalía se demostró que la granada pertenecía al Ejército y que había una orden de operaciones para hacer control militar en el Barrio Girón. La conclusión del Consejo Superior de la Judicatura fue que posiblemente se trató de un homicidio en estado de indefensión, ya que según la necropsia, el joven se encontraba de espalda al recibir los disparos, la granada era del Ejército y no hubo agresión de la víctima. Zapateiro de nuevo salió en defensa de los militares afirmando “que no había ninguna posibilidad de que los soldados le pusieran una granada al joven, pues las tropas del Batallón Mercedes Ábrego no llevan ese tipo de explosivos en sus equipos”, insinuando que el portador de la granada era el joven y no los uniformados.

En el Gobierno del presidente Iván Duque, Eduardo Zapateiro fue nombrado como comandante general de las Fuerzas militares. Ostentando este alto cargo militar se refirió en medios de comunicación a los magistrados de la JEP como “víboras venenosas” por el ejercicio judicial de vincular a militares en el caso 03 relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Zapateiro, como comodante general del ejército, ordenó la ejecución de operaciones militares en donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas los vejámenes cometidos en marco del paro nacional y la masacre del Putumayo.

Durante el estallido social del 2021 en la ciudad Cali, se gestó, por parte del gobierno un laboratorio para imponer un golpe de Estado local a fin de reprimir la protesta social de forma violenta. La orden de “asistencia militar” impartida por Iván Duque la llevó a cabo Eduardo Zapateiro, quien viajo hasta la ciudad de Cali donde instaló un “Puesto de Mando Unificado”, se reunió con el gremio empresarial y se comprometió a restablecer el orden público “a como diera lugar”. Efectivamente este compromiso se manifestó en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los puntos de protesta social y en los barrios populares de la ciudad de Cali, dejando como víctima a la población civil que ejercía legítimamente su derecho a la protesta social. La ciudad estaba tan militarizada a merced del general Zapateiro, que parecía estar gobernando en todo el departamento del Valle del Cauca, mediante la figura inconstitucional de la asistencia militar, ya que el accionar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, fue omisivo frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles, militares y policías.

El 28 de marzo de 2022, a las 6:00 a. m., tropas de la división de asalto aéreo del Ejército descendieron a la vereda “Bajo Remanso”, del municipio de Puerto Leguízamo -Putumayo, se vistieron de negro y asesinaron a 11 personas. Luego, el ejército se llevó los cuerpos de las víctimas y retuvo ilegalmente por horas a los demás pobladores. Las organizaciones sociales denunciaron que los fallecidos eran civiles del municipio de Puerto Leguízamo. El General Eduardo Zapateiro afirmó que las personas fallecidas formaban parte de la estructura criminal “Gao-r 48”, reviviendo con fuerza la práctica criminal de los falsos positivos.

Detrás de las intenciones de un Golpe de Estado se encontraría sin duda alguna Eduardo Zapateiro, quien convocó a la manifestación de reservistas y veteranos de la Fuerzas militares, y quien ya tiene experiencia en golpes de Estado locales, como el ocurrido en Cali con el Paro Nacional.

El presidente Gustavo Petro reaccionó manifestado en su cuenta twitter: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado ¿Porque les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero”. Y es que esta misma semana a instancias de la JEP, el paramilitar Salvatore Mancuso, en diligencia judicial, ha empezado a involucrar a altos mandos militares, políticos y empresariales en la conformación de grupos paramilitares, en el diseño y ejecución de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Veinte años después la verdad empieza a sonar y pretenden acallarla con el particular grito “AJUA”, en la modalidad de golpe de Estado.

 

 

 

 

 

Paro Nacional en Popayán, dos años después

por Sofia LopezDerechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

La coyuntura de la movilización social del Paro Nacional en Colombia del año 2021 tuvo como detonante una reforma tributaria lesiva y regresiva, impulsada por el Gobierno de Iván Duque y un acumulado de malestares sociales producto de injusticias y desigualdades estructurales de vieja data. La respuesta del gobierno de ese entonces fue la represión hacia quienes salieron a ejercer el legítimo derecho a la protesta, así como el planeamiento y posterior ejecución de abominables prácticas de terrorismo de Estado que nos recuerdan la violencia padecida por los jóvenes en las dictaduras militares del Cono Sur, en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido por promover grupos paramilitares, integrar redes de narcotráfico y ser el responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante sus mandatos, ordenó, la mañana del viernes 30 de abril de 2021, a través de la plataforma “Twitter”, el uso de armas oficiales en contra de los manifestantes cuando dijo: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Plantón frente al Comando de la Policía de Popayán.

En consecuencia con lo anterior, el domingo 2 de mayo de 2021, el presidente, Iván Duque, implementó la figura de la “asistencia militar”, a pesar de que existía jurisprudencia constitucional que protegía el legítimo derecho a la protesta. Estas dos órdenes de Estado derivaron en la militarización de la protesta social en todo el territorio nacional y en la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos en contra de manifestantes y no manifestantes.

En contraposición a estas determinaciones, la Corte Suprema de Justicia, desde el 22 de septiembre de 2020 profirió sentencia que protegió el derecho a la protesta social en Colombia, tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Entre las medidas dispuestas por la Sala de Casación Civil, está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominó como “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Así mismo, la providencia ordenó la suspensión de las escopetas “calibre 12” usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa en función por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

Mural en memoria a Sebastián Quintero Múnera

La brutalidad con la que actuaron las fuerzas policiales y militares en contra de la protesta social en Colombia, configuró un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Las violaciones a los  derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el miércoles 28 de abril de 2021, evidenciaron la existía de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública colombiana en las manifestaciones ciudadanas, lo que derivó en la estigmatización hacia quienes, sin violencia, salieron a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales e hizo practicable también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso inadecuado de armas letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida, la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y libertad de prensa.

En la ciudad de Popayán se reprimió de manera violenta y desproporcionada las manifestaciones pacíficas de protesta social. Desde su inicio, la represión del Estado se dirigió en contra de los jóvenes de los barrios populares, los estudiantes universitarios y las organizaciones sociales de base y de derechos humanos de la ciudad. El sector social de los “Sin Techo” fue atacado sistemáticamente por la Policía Nacional desde el mismo miércoles 28 de abril, afectando a niños y mujeres, realizando detenciones arbitrarias, que durante el 2022 se tradujeron en montajes judiciales que hoy tienen privados de la libertad a líderes sociales.

En la tarde del jueves 29 de abril, en el marco del paro nacional, las organizaciones sociales y populares que integran “Los Sin Techo” hicieron una rueda de prensa a orillas de la carretera panamericana, contiguo al lote donde fue desalojado el campamento humanitario el día inmediatamente anterior, propiedad de la familia de la senadora caucana Paloma Valencia. Durante la realización del ejercicio periodístico sufrieron provocaciones y saboteos por parte de miembros de La Policía Nacional. Hacia las 6 p. m., cuando “Los Sin Techo” habían terminado la rueda de prensa y se dirigían a otros puntos de protesta, fueron detenidos de manera arbitraria algunos líderes sociales. Entre las víctimas de la detención se encontraba el joven Andrés Duque, conocido públicamente como “El Caleño”; el procedimiento fue grabado en vivo en las redes sociales, y por la presión comunitaria fue dejado en libertad horas después.

La detención de Alison Meléndez, una joven menor de edad, se produjo el miércoles 12 de mayo a las 8:57 de la noche, en medio de protestas ocurridas en el barrio “La Esmeralda”, y fue transmitida en vivo través de redes sociales. Alison fue detenida arbitrariamente y sufrió abuso sexual por parte de uniformados de la Policía Nacional en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía. Al día siguiente la menor se suicidó, dejando en sus redes sociales el mensaje “me manosearon hasta el alma”. Este abominable crimen provocó en la población payanesa y caucana un gran repudio y rechazo social, lo que incitó a una gran manifestación popular convocada por las organizaciones de mujeres.

El día sábado 14 de mayo se llevaron a cabo varios plantones populares de rechazo en el comando de la Policía y en la URI de la Fiscalía. La respuesta de la Policía fue atroz y hubo presencia de infiltrados dentro de la marcha que habrían ingresado por la parte trasera de las instalaciones de la fiscalía, se registraron videos de camionetas blancas en las que desaparecieron dos jóvenes a pocas cuadras de donde se realizaba la marcha, se usaron ilegalmente armas no convencionales para las protestas que cobraron la vida del joven estudiante Sebastián Quintero Múnera, también resultaron decenas de heridos, decenas de detenidos y la conflagración de las instalaciones de la URI de la Fiscalía y de Medicina Legal.

Durante la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de mayo se realizaron varios allanamientos ilegales por parte del Ejército Nacional en la ciudad, en donde se evidenció la ausencia de órdenes de allanamiento y captura, muy seguramente con fines de desaparición forzada. Por fortuna la reacción comunitaria impidió desenlaces fatales.

El domingo 15 de mayo, en el marco de las labores de la “asistencia militar” decretada por la Presidencia de Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano anunció en una rueda de prensa en el Batallón José Hilario López: “En Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de “Andrés”, “Cheto”, “Maíz” y “Caleño”, por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021”. Molano hacía alusión al incendio de las instalaciones de la URI, y ofreció la suma de 50 millones de pesos por sus paraderos. Las personas señaladas por Molano son lideres sociales del Cauca; meses después se presentaron una serie de amenazas de muerte por medio de panfletos que culminaron con un montaje judicial.

De esta manera, la ciudad de Popayán se encontraba totalmente militarizada y el alcalde Juan Carlos López y el Gobernador Elías Larrahondo Carabalí entregaron la ciudad y el departamento a las fuerzas militares para el control del orden público mediante la figura de la asistencia militar. Fueron relevados de sus cargos como máximas autoridades de Policía, instalando como en Cali, el Puesto de Mando Unificado –PMU-, lo que dejó al departamento del Cauca a merced del General Eduardo Enrique Zapateiro.

El ataque armado de la Policía a los inermes habitantes de Bello Horizonte, el día 14 de mayo, cuando hacían una “velatón” por la muerte del estudiante Sebastián Quintero Múnera, da cuenta de la ejecución de una orden de ataque militar a los barrios populares en Popayán, así mismo, los allanamientos irregulares en el barrio Yambitará por parte del Ejército el día 15 de mayo, indican que estaba lejos de cesar la violencia de Estado en la ciudad.

Desde Bogotá se denunció, por parte de la “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”, operaciones de inteligencia militar y policial en contra de personas y organizaciones populares que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. El plan consistía en usar los vehículos policiales con modificaciones y ocultamiento de los colores verdes y de los símbolos de la institución, polarizarlos y alterar las placas. Algunos vehículos habrían sido pintados en los sitios de parqueo del Comando de Policía en el barrio “El Cadillal”. Las actuaciones previstas, combinarían así, formas y accionar paramilitares para evitar que la cuestionada policía fuera responsabilizada.

Se presentaron constantes ataques en contra de la prensa, de los defensores de derechos humanos, así mismo se amenazó a la juez contencioso administrativa que mediante fallo de acción de tutela restringió el uso de las “Venom”, dispositivo letal usado por el ESMAD que generó pánico entre los manifestantes y causó la muerte del Joven Sebastián Quintero Múnera.

Un año después del estallido social, el viernes 17 de junio de 2022, previo a las elecciones presidenciales, fue detenido nuevamente y de manera arbitraria, por personas de civil sin identificación, el líder social Andrés Duque, en hechos que también quedaron grabados en directo a través de las redes sociales. A pesar de la evidente ilegalidad de su captura, se le impuso “medida de aseguramiento intramural”, y se le imputaron cargos por los delitos de “avasallamiento de bien inmueble”, “violencia contra servidor público” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. También fue víctima de este montaje judicial y privado de su libertad el artista, estudiante y líder social Bremen Hinestroza, figura emblemática del paro nacional, quien usó traje de colores patrios y símbolos de repudio a la guerra y a la injusticia social. A pesar de que estos dos líderes sociales fueron designados por el actual presidente de La República, Gustavo Petro Urrego, como “voceros de Paz”, los integrantes del “Centro Democrático” señalaron que no eran lideres del Paro Nacional, acusación falsa si se tiene en cuenta que la persecución de estos líderes se orquestó por su participación en el Paro Nacional en medio de su pedido de reivindicaciones, sobre el tema de la vivienda digna. Ellos continúan presos por ejercer el derecho a la protesta social, sin que el gobierno nacional haya podido restablecer aún su libertad.

Fueron días de terror vividos en la ciudad que quedarán en la memoria de los payaneses como nuestras muy patojas y lúgubres noches de los lápices.

La Justicia Indígena en clave de Paz Total

por Sofia LopezPueblos y TerritoriosPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera Abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

El Cauca alberga la mayor parte de la población indígena del país. A su vez, es uno de los departamentos de Colombia que más ha padecido las consecuencias del conflicto armado interno, ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y un sinnúmero de infracciones al derecho internacional humanitario; por tanto, la población indígena del Cauca ocupa un lugar representativo en el proceso de victimización de esta guerra que aún se mantiene vigente.  

Llama la atención que las comunidades indígenas no hayan tenido hasta ahora una participación activa en los diferentes procesos de Paz llevados a cabo en el transcurso de la historia nacional, pese a que siguen siendo las principales afectadas por la violencia en sus territorios ancestrales, sin hablar de los espacios simbólicos de construcción de nación, en donde también han sido invisibilizadas y discriminadas desde los discursos elitistas.

Solo existe como referencia la participación en el proceso de negociones de Paz con el Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame.  En mayo de 1991, durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, este movimiento firmó la paz y retornó a la vida sin armas. Participaron en la Asamblea Nacional Constituyente a través de Alfonso Peña Chepe, hermano de uno de los comandantes desmovilizados quien, junto a los dirigentes indígenas Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, promovió importantes cambios a favor de las comunidades nativas en Colombia. Tras la desmovilización del Quintín Lame surgió la Alianza Social Indígena -ASI- como fuerza política que, al día de hoy, se mantiene en el escenario político nacional.

En los acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se incorporaron los derechos de las minorías étnicas a través de la inclusión del Capítulo Étnico: un conjunto de principios aplicados transversalmente en los Acuerdos, con el fin de garantizar los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos.

Desde que iniciaron los Diálogos de Paz en noviembre de 2012, los pueblos indígenas solicitaron que se creara una instancia que les permitiera incluir sus propuestas y que garantizara que los acuerdos que se pactaran entre el gobierno y las FARC no afectarían su cosmovisión ni sus reivindicaciones históricas. Sin embargo, su petición sólo fue aceptada cuando ya se habían acordado cinco de los seis puntos del Acuerdo Final.  En el mes de junio de 2016 fueron citadas las comunidades para la construcción del Capitulo Étnico. Al final quedó un sinsabor: el Capítulo Étnico se estableció, en últimas, para que los Acuerdos de Paz no se cayeran por falta de consulta previa y, por tanto, no existió una participación real y efectiva de las comunidades étnicas en el proceso. La implementación y la verificación del Capítulo Étnico también están corriendo la misma suerte, pues nunca han existido recursos para tal fin. Mientras tanto, los territorios de las comunidades siguen siendo los escenarios de violencias, y los beneficios prometidos, entre ellos el de la “no repetición”, no han llegado.

Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios. Esta es una manifestación concreta de la regla general, según la cual, el Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”, teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”, según se dispone en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tanto la consulta como el consentimiento son aplicables a acciones administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre los derechos y los intereses particulares de los pueblos indígenas.

Siendo la consulta previa y el consentimiento informado derechos fundamentales de rango constitucional que detentan las comunidades indígenas y, en general, toda comunidad que vaya a ser intervenida por el Estado dentro de su territorio, ¿por qué no se ha dado la aplicación debida a este derecho en el marco de los procesos de Paz? La guerra se libra en los territorios indígenas, y gran parte de las víctimas las ponen estos pueblos. La participación directa de estas comunidades es, por tanto, esencial para la consolidación de una paz estable y duradera en el transito a la paz total.

Por otra parte, el contexto de la guerra del Cauca es particular, pues es una constante en la dinámica bélica el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas; pero también es cierto que muchos comuneros indígenas han disuelto por la fuerza el vínculo con sus comunidades para unirse a las filas de los grupos armados, fracturando el tejido social y organizativo, y profundizando los odios que se atizan aún más entre indígenas desertores contra sus comunidades de origen. Al igual que ocurre con las fuerzas legítimas del Estado, que en muchas ocasiones pone a su ejército a atacar al pueblo del que han surgido sus miembros, en los territorios indígenas se libra realmente una guerra fratricida, una especie de autoexterminio étnico del que se benefician los intereses del capital proyectados sobre estos territorios y, de forma particular, el negocio del narcotráfico que los usa como títeres en un escenario deshumanizado y criminal.

En una guerra donde los indígenas han sido reclutados o instrumentalizados por los actores armados y el narcotráfico para atacar a sus propias comunidades, juega un papel fundamental la justicia especial indígena. El artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de la Jurisdicción Especial Indígena, en donde se les otorga a las comunidades la facultad de establecer autoridades judiciales propias, así como la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos autónomos bajo la sujeción de la Constitución y de la Ley. Teniendo estas facultades constitucionales a través de la Jurisdicción Especial Indígena, los pueblos pertenecientes pueden construir una política pública de paz que involucre a sus comunidades y que logre desescalar el conflicto armado en los territorios, proteger a los menores víctimas de reclutamiento forzado y llegar a unos acuerdos locales que permitan sanar las fracturas organizativas que ha dejado la guerra.

Así lo ha entendido el movimiento indígena caucano desde sus facultades en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, fundamentados en el Derecho Mayor, el Derecho Propio y la Ley de Origen; mediante la resolución 021 del 12 de agosto de 2022, las 139 Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- pertenecientes a once pueblos, Ampiuille, Polindara, Nasa, Misak, Epedara-Siapidara, Yanakuna, Totoroéz, Embera, Kokonuko, Kisgo e Ingas, mandataron la operatividad y el desarrollo de los Diálogos Humanitarios Para La Vida con perspectiva de Paz con los actores armados ilegales, legales y terceros involucrados en el conflicto. Esta iniciativa busca consolidar agendas de paz entre los grupos armados y  la población civil, y aterrizar las Políticas Públicas de Paz ya existentes en los territorios.

En el marco de este mandato, las comunidades indígenas se han convocado a la realización de La Minga Humanitaria, Política y Social por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz Total e Integral de Los Pueblos, que busca posicionar y empoderar a las autoridades y comunidades indígenas, a los sectores sociales, étnicos, populares, sindicales, estudiantiles, a jóvenes, mujeres, procesos rurales y urbanos del suroccidente colombiano, así como a los principales actores políticos, en el marco de la construcción de paz desde sus propios contextos territoriales, en coordinación con el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por otra parte, esta Minga busca conocer de fondo las voluntades reales por parte de los diferentes actores armados, del gobierno nacional y local, de los gremios económicos y de la sociedad civil frente a la construcción de la Paz Real e Integral. Esto implica desescalar el conflicto y avanzar en el cese multilateral de hostilidades.

Dentro del marco de la Jurisdicción Especial Indígena, este ejercicio permitirá encontrar vías alternas en búsqueda de la Paz en los territorios, pero también dinamizará la Política Pública de Paz, ya que ha encontrado en los actores armados y en su incumplimiento del cese al fuego sus principales detractores, y en el Fiscal General, en la Procuradora General de la Nación, y en el mismo Congreso de la República, grandes obstáculos para materializar las reglas mínimas de consolidación de los Diálogos de Paz con todo los actores en conflicto.

Pedagogía de Paz  en los territorios indígenas y una Jurisdicción Especial Indígena en clave de Paz Total que silencia el ruido de los fusiles y las metrallas en el Cauca: esa es la apuesta de las comunidades y la única alternativa concreta que hasta ahora se vislumbra.

Relatores de la ONU cuestionan las judicializaciones de manifestantes del Paro Nacional 2021

por Sofia LopezAbuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el No hay comentarios

Por: Sofía López Mera Abogada defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa implementa en la actualidad el llamado “derecho penal del enemigo” dentro del cual, quienes sean contrarios a su posición política e ideológica, serán tratados como sujetos sin derechos y no como ciudadanos. Este derecho es un concepto acuñado por Günther Jakobs desde 1985, y se refiere a que alguien puede ser castigado sin haber cometido delito alguno utilizando como medio de justificación la pretendida peligrosidad del sancionado. Es una forma de negar, parcial o totalmente, los derechos procesales y sustantivos que corresponden a toda persona. Así, el enemigo no se considera ciudadano, sino que es algo menor que éste y, por ello, no merece la aplicación de las garantías y derechos de la ciudadanía. Por lo menos así lo confirman los patrones sistemáticos identificados por los relatores de la ONU acerca de las judicializaciones en medio del paro nacional colombiano del 2021.

Leicy Mercedes Benavidez, lideresa social de Pasto, quien coordina la campaña de Ollas Comunitarias en los barrios más vulnerables de la ciudad, fue vinculada a un proceso penal dirigido en contra de los jóvenes que integran La Primera Línea mediante la utilización de operaciones y de agentes encubiertos ilegales que no contaban con la autorización de un juez competente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, además de ser ilegales en su obtención y en su apreciación, carecen de convicción y resultan contradictorias; con dicho material probatorio no se llega a la conclusión de que Leicy Mercedes participó de actos vandálicos en el marco de las movilizaciones del paro nacional. Por esta razón, no se le impuso medida de aseguramiento, y se ha solicitado la preclusión de la investigación.

El 23 de febrero del presente año, cuando la lideresa abordó un taxi de placas SVR293 en dirección a su casa de habitación, fue llevada a un destino distinto; la mujer pidió ayuda a través de redes sociales. En el momento de llegar La Policía, la lideresa social fue requisada, su reclamo no fue atendido y fue llevada al centro de atención transitoria -CAT-, en donde fue golpeada y maltratada verbalmente; así mismo, se le quitó el celular y fue borrado el video donde ella pide ayuda en redes sociales. No se le permitió llamar a un familiar y, gracias al video publicado en su facebook, fue encontrada por sus familiares, quienes exigieron su liberación inmediata. Era evidente: La Policía orquestaba una desaparición forzada. En esta última semana, la lideresa y de más jóvenes judicializados recibieron amenazas por parte de uno de los agentes encubiertos de La Fiscalía, quien les manifestó que todos los de La Primera Línea que se salvaron en ese proceso penal, serán asesinados simulando accidentes o robos. A pesar de los pedidos de protección ante los entes del Estado, Leicy se encuentra en absoluto desamparo, afrontando situaciones de exilio, desplazamiento forzado y, ahora, confinamiento.

El 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Garantías de Buga otorgó la libertad por vencimiento de términos al joven Sebastián Simanca, víctima de montaje judicial en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Entre otras muy confusas acusaciones, fue señalado de participar de las protestas en el marco del paro nacional, y de realizar actos vandálicos como la quema del camión de bomberos. Los elementos de pruebas de La Fiscalía son insuficientes y contradictorios, y la acusación resulta tan mal formulada que no son claros los hechos jurídicamente relevantes, es decir, que no se sabe puntualmente de qué se le acusa. Luego de año y tres meses de presentado el escrito de acusación, la audiencia aún no se ha realizado.

El 29 de abril en horas de la tarde en Popayán, en el marco del paro nacional, las organizaciones sociales y populares que integran “Los Sin Techo” hicieron una rueda de prensa a orillas de la carretera panamericana, contiguo al lote donde fue desalojado el campamento humanitario el día anterior. Durante la realización del ejercicio periodístico sufrieron provocaciones y saboteos por parte de miembros de La Policía Nacional. Hacia las 6:00 p.m., cuando “Los Sin Techo” habían terminado la rueda de prensa y se dirigían a otros puntos de protesta, fueron detenidos arbitrariamente. Entre las víctimas de la detención arbitraria se encontraba el líder social Andrés Duque, conocido públicamente como “El Caleño”: el procedimiento fue grabado en vivo en redes sociales. Por la presión comunitaria, fue dejado en libertad horas después.

El 15 de mayo de 2021, en el marco de las labores de la “asistencia militar” decretada por la Presidencia, el entonces ministro de Defensa Diego Molano anunció en una rueda de prensa dentro de las instalaciones del Batallón José Hilario López: “En Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de “Andrés”, “Cheto”, “Maíz” y “Caleño”, por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021”. Molano hacía alusión al incendio de las instalaciones de la URI, y ofreció la suma de 50 millones de pesos por sus paraderos. Las personas señaladas por Molano son lideres sociales del Cauca, entre ellos Andrés Duque. Luego se presentaron una serie de amenazas de muerte por medio de panfletos que culminaron con un montaje judicial. El 17 de junio de 2022, previo a las elecciones presidenciales, y con el fin estratégico de desestabilizar y de generar terror y zozobra ante el eventual triunfo del entonces candidato Gustavo Petro, fue detenido arbitrariamente por personas de civil, sin identificación, el líder social Andrés Duque, en hechos que quedaron grabados en directo por las redes sociales. A pesar de la evidente ilegalidad de su captura, se le impuso “medida de aseguramiento intramural”, y se le imputaron cargos por los delitos de “avasallamiento de bien inmueble”, “violencia contra servidor público” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. Llama la atención que el líder social no ha contado hasta ahora con una defensa técnica que garantice el reconocimiento de su calidad de detenido político, a pesar de que, en cada una de las audiencias realizadas, conglomerados de personas integrantes de organizaciones sociales y populares del Cauca piden su libertad con consignas y gritos. También exigen la libertad del artista y líder social Bremen Hinestroza, figura emblemática del paro nacional por su traje de colores patrios y sus símbolos de repudio a la guerra y a la injusticia social. A pesar de que estos dos líderes sociales fueron designados por el presidente de La República como “voceros de Paz”, el congresista Christian Garcés del Partido Centro democrático los señaló de “colados”: “Hay dos invasores de tierras colados en los ‘voceros de paz’ que Gustavo Petro quiere dejar libres, ambos imputados por éste y otros delitos que no fueron cometidos en desarrollo de las protestas del paro nacional”. Acusación temeraria, si se tiene en cuenta que la persecución de estos líderes se orquestó por su participación en el paro nacional en medio de su pedido de reivindicaciones, específicamente sobre el tema de la vivienda digna. Ellos continúan presos por ejercer el derecho a la protesta social, sin que el gobierno nacional haya podido restablecer aún su libertad.

Cinco relatores especiales adscritos a la ONU y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria cuestionan la legalidad de las privaciones de la libertad de jóvenes judicializados en medio del paro nacional de 2021, muchos casos similares a estos fueron estudiados por los relatores. Los hallazgos describen un patrón de violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, cuyas características fueron la judicialización mediante el uso inapropiado del derecho penal o implementación del derecho penal del enemigo, así como la estigmatización a las personas que participaron en las manifestaciones.

El 24 de marzo de 2023 se dio a conocer el comunicado del relator especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y de la relatora especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el Terrorismo, en los que se presentó un diagnóstico sobre los hechos ocurridos en el año 2021 en nuestro país relacionados con las detenciones y las judicializaciones en el marco de a represión estatal en el paro nacional.

Dentro de sus principales hallazgos, los relatores de la ONU comunicaron su preocupación por la existencia de “un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta”. Dicho patrón tendría dos modalidades: la primera  se presentó simultáneamente con el paro nacional durante los primeros meses del estallido social por medio de la judicialización de manifestantes mediante la aplicación indiscriminada de figuras jurídicas tales como “captura en flagrancia” y el “traslado por protección”.

En esta modalidad, la Fiscalía apeló al uso de tipos penales como “daño en bien ajeno”, “violencia contra servidor público”, “perturbación en servicio de transporte”, “empleo y lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. A pesar de que la mayor parte de las personas judicializadas en esta modalidad recuperaron su libertad, en muchos casos se presentaron imputaciones para estigmatizar y desincentivar la protesta social.

La segunda modalidad a la que se refirieron los relatores de la ONU se presentó entre junio de 2021 y 2023 en una etapa posterior a las movilizaciones. Las judicializaciones en este caso se produjeron mediante capturas con orden judicial sustentadas en posibles montajes, y apelando al uso de tipos penales desproporcionados como “terrorismo”, “concierto para delinquir”, “tentativa de homicidio”, “instigación a delinquir”, “secuestro”, “tráfico, fabricación y porte de explosivos”, entre otros. Ante esta modalidad, los relatores expresaron su preocupación, ya que identificaron que el objetivo de este tipo de imputaciones es desestimular a la ciudadanía y a los manifestantes a ejercer sus derechos, y a estigmatizar a las personas que participaron en la protesta social.

Los relatores subrayaron su preocupación por la interpretación consagrada en la Directiva N° 002 de 2021, y promovida por Francisco Barbosa, actual fiscal General de la Nación, que ordenaba investigar los posibles actos delictivos de la protesta como “terrorismo”, en contraste con el criterio que hasta ese momento consagraba  la derogada  Directiva N° 008 de 2016, la cual indicaba que debían tipificarse bajo el delito político de “asonada”, otorgando un carácter político.

En el informe, los relatores de ONU destacan que las personas judicializadas en esta modalidad son, en su mayoría, jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y cuestionaron la consideración de Las Primeras Líneas como grupos de delincuencia común organizada -GDCO- para justificar un tratamiento más restrictivo de la libertad.

En el mismo sentido, el pasado 29 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado recogiendo las preocupaciones de los relatores, y señalando que “Expertos de la ONU han solicitado a Colombia que deje de utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo, para procesar a personas por participar en protestas contra las políticas del Gobierno”.

Se necesita con urgencia una ley de alternatividad penal para quienes fueron privados de su libertad con ocasión de los hechos ocurridos durante el paro nacional y, de esta manera, restablecer sus derechos fundamentales, entre ellos, la libertad.