No tenemos pruebas judiciales. No hay una sentencia definitiva, ni un expediente cerrado que permita archivar el asunto con la tranquilidad de una resolución legal. Pero tampoco estamos frente a la inocencia. Porque la verdad política no siempre se produce en los tribunales: suele revelarse en la secuencia de los hechos, en la repetición de los patrones, en la coreografía precisa con la que el poder se protege cuando algo amenaza con exponerlo.
Jeffrey Epstein muere en prisión mientras Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Tras su muerte, el Department of Justice cierra el caso bajo esa misma administración. Ghislaine Maxwell, figura central del entramado, permanece bajo control estatal en condiciones que han suscitado cuestionamientos públicos. Al mismo tiempo, el Partido Republicano vota una y otra vez para impedir que los archivos Epstein se hagan públicos en su totalidad. Y cuando el Congreso obliga a mostrarlos, el Estado responde con dilaciones, tachaduras, ediciones y silencios estratégicos. No es torpeza institucional: es administración del daño.
No estamos afirmando un delito concreto. Estamos señalando un patrón. Y cuando los patrones se repiten con esta coherencia, dejan de ser casualidad para convertirse en estructura.
Ese ecosistema de impunidad no se limita a Estados Unidos. Colombia tampoco ha estado al margen. En materiales gráficos y registros periodísticos asociados al entorno Epstein aparece Andrés Pastrana, no como una condena judicial —que no existe— sino como una imagen política profundamente reveladora. Fotografías difundidas públicamente lo muestran compartiendo espacios sociales con Ghislaine Maxwell, una de las figuras clave del círculo Epstein. No se trata de una prueba penal, sino de una cercanía simbólica que habla de élites que se mueven sin pudor entre el poder público y el privilegio privado. A esto se suman episodios ampliamente documentados de uso de helicópteros oficiales, vestimentas militares y escenificaciones de autoridad ocurridas a finales de los años noventa, cuando Pastrana ejercía la Presidencia de Colombia entre 1998 y 2002. No eran recursos personales: eran dispositivos y símbolos del Estado puestos al servicio del exceso.
No hablamos de culpabilidad judicial. Hablamos de abuso de poder, de la normalización del privilegio, de una cultura política donde las fronteras entre lo público y lo privado se disuelven, y donde la impunidad no es una anomalía sino una forma de gobierno.
Trump y Pastrana no son el mismo hombre ni enfrentan los mismos procesos. Pero sí aparecen inscritos en una lógica común: la de una derecha de élites que se protege a sí misma, que administra silencios, que convierte la cercanía con redes de explotación en un asunto social y no político. Una derecha que acumula poder sin asumir consecuencias, y para la cual la inocencia —sobre todo la de los más vulnerables— se convierte en el daño colateral de un negocio tan lucrativo como obsceno.
Esa es la derecha que gobernó Estados Unidos.
Esa es la derecha que hoy quiere volver al poder.
Una derecha que promete orden mientras ejerce dominación, que invoca la moral mientras opera en zonas grises, que habla de libertad mientras perfecciona mecanismos de control. Una derecha que no busca gobernar con límites democráticos, sino ejercer poder directo sobre las personas: sobre los cuerpos, sobre el miedo, sobre el silencio.
Y esa es la derecha que algunos quieren traer a Colombia como si fuera una opción política más.
No es una discusión moral abstracta. Es una advertencia política concreta. Porque los sistemas que viven de la impunidad no se corrigen solos: se reproducen, se expanden y regresan.
No tenemos pruebas judiciales.
Pero tampoco dudas.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
